Sí, este es el número de españoles que están en riesgo de pobreza y exclusión social. O si se prefiere, el 28,6 por ciento de la población. En una España que, siendo el 9,2 por ciento de los habitantes de la Unión Europea, tiene más del 11 por ciento del total de europeos en situación de pobreza y exclusión social. En una España que, dentro de la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, se comprometió en 2010 a reducir el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en 1,4 millones antes del año 2020. En una España que, lejos de cumplir, en el periodo 2011-2015 ha incrementado en 1.062.084 las personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Lo que significa que, de aquí a 2020, para cumplir su compromiso, debería reducir en más de 2,4 millones las personas en esta situación.

La crisis que sufrimos ha cambiado la sociedad, aunque seguimos viviendo en un mundo hedonista, consumista y cada vez más anestesiado ante el dolor ajeno. Por estos motivos, es necesario que los españoles que no sufren la exclusión y la pobreza se pongan frente al espejo de la sociedad en la que viven, para conocer una realidad que no quieren ver o desconocen. Porque solo desde el conocimiento y la sensibilización se podrá erradicar esta existencia de sufrimiento y pobreza, que no está tan lejos como muchos quieren creer. Una erradicación en la que todos los ciudadanos debemos poner nuestro grano de arena. Dentro de una política global que garantice a todos los ciudadanos el acceso a los derechos sociales.

En España, se consideran pobres a las personas que viven en hogares con una renta inferior al 60 por ciento de la mediana de la renta nacional equivalente en unidades de consumo, es decir, inferiores a 667,6 euros.

En España, la población con privación material severa (PMS) agrupa a personas que viven en hogares en los que sus miembros cumplen al menos cuatro de estos nueve ítems de consumo básico: 1.- Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad…) en los últimos 12 meses; 2.- No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada; 3.- No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año; 4.- No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días (o su equivalente vegetariano); 5.- No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (por un importe de hasta 650 €); 6.- No puede permitirse disponer de teléfono; 7.- No puede permitirse disponer de un televisor en color; 8.- No puede permitirse disponer de una lavadora; 9.-No puede permitirse disponer de un automóvil.

Por último, son población con baja intensidad de trabajo por hogar (BITH), es decir, viven en hogares con una intensidad de empleo inferior al 0,26. Esta cifra sale de la relación entre el número de meses trabajados efectivamente por todos los miembros del hogar y el número total de meses que, en teoría, podrían trabajar como máximo todas las personas en edad de trabajar del hogar.

La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, una de las siete iniciativas emblemáticas de la estrategia Europa 2020 para un crecimiento sostenible, inteligente e integrador, se marcó como objetivo sacar de la pobreza y la exclusión a 20 millones de europeos antes del año 2020. Para ello, se planteó medidas en cinco campos de actuación: 1.- Tomar medidas en todo el espectro de políticas (mercado de trabajo, renta mínima, sanidad, educación, vivienda y acceso a cuentas bancarias básicas); 2.- Utilizar mejor los fondos de la UE para apoyar la inclusión social, con la propuesta de dedicar el 20 por ciento del Fondo Social Europeo a la lucha contra la pobreza y la exclusión social; 3.- Abogar por pruebas sólidas de lo que funciona y lo que no en cuanto a innovaciones de política social antes de aplicarlas en general; 4.- Trabajar en colaboración con la sociedad civil para contribuir con mayor eficacia a que se apliquen las reformas de política social; 5.- Mayor coordinación entre las políticas de los países miembros.

Propósitos muy loables y que los países se apresuraron a firmar. Pero que necesitan de la presión y de la acción de los ciudadanos europeos para que puedan llevarse a cabo de manera colectiva en la Unión Europea y particularmente en cada país. En lo que respecta a España, es preciso corregir los recortes de los últimos años y aumentar el gasto social en general, y en particular el destinado a erradicar la pobreza y la exclusión social. España no puede seguir siendo el país con el gasto público social más bajo por habitante de la UE-15, con solo el 71 por ciento del promedio. España debe aumentar sus ingresos públicos para conseguir ser una sociedad con más igualdad.

Está muy bien que gracias a marcar la x en el IRPF, con las subvenciones asociadas al 0,7 por ciento, se ha atendido en 2016 a casi siete millones de personas en situación de exclusión social. Pero las administraciones y el resto de actores deben hacer más, impulsando un cambio de modelo social integrador.

Y algo comienza a cambiar, con un gobierno en minoría que ha tenido que aceptar las propuestas del PSOE en cuanto al incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el decreto que prohíbe los cortes de luz a hogares vulnerables y la inclusión de la financiación de la ley de dependencia dentro del modelo de financiación autonómico. Pero hay que seguir profundizando en este cambio con un papel más relevante de la sociedad civil a través del Tercer Sector.

Es preciso ser ambiciosos e ir más allá del compromiso establecido con la UE a través de la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social. Me refiero a un gran pacto de Estado para Abolir la Pobreza, donde además del compromiso político y social, también exista un compromiso presupuestario suficiente y permanente hasta lograrlo. La cantidad tendría que rondar en torno a mil millones de euros anuales.

Y por si alguien tiene dudas, la pobreza acorta la vida más que la obesidad, el alcohol y la hipertensión.