Una de las medidas principales del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar es la reducción por ley de la actual jornada laboral máxima de cuarenta horas semanales, vigente desde 1983, a 38 horas y media en 2024 y las 37 horas y media en 2025, todo ello sin disminución de los salarios. El Ministerio de Trabajo y Economía Social cifraba en 12 millones las personas trabajadoras que se verían beneficiadas por la medida. A partir de 2025 en el ámbito diálogo social se evaluarán los resultados de esta reducción y de las futuras rebajas de la jornada laboral teniendo en cuenta las particularidades de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas.

Responsables del Ministerio de Trabajo y Economía Social han manifestado que la reducción por ley de la jornada laboral no entrará en vigor de forma inmediata, sino que se tratará en el diálogo social. En ese ámbito de negociación con los interlocutores sociales se abordará la propuesta legislativa para cumplir con este compromiso central en el acuerdo del Gobierno progresista. Los sindicatos CCOO y UGT han expresado su apoyo a la medida, pues defienden que la reducción de la jornada laboral mejora la productividad de las empresas y facilita la conciliación laboral y personal, aunque la consideran insuficiente y demandan mayor ambición para alcanzar las 35 horas semanales.

Por el contrario, las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han criticado el compromiso de reducir por ley la jornada laboral, alegando que supone una vulneración del diálogo social que perjudicara a la productividad de las empresas y aumentaran los costes empresariales. En su rechazo a esta medida las patronales han sido arropadas por algunas entidades afines a grandes grupos empresariales, que alertan que la medida puede hacer que las empresas se replanteen sus decisiones de invertir en España o incluso, irse fuera, y que en algunos sectores y empresas afectará a las próximas subidas salariales. Las patronales y los sindicatos coinciden en el papel fundamental del diálogo social y la negociación colectiva en la determinación y ordenación del tiempo de trabajo.

Un ejemplo de la polarización social y política sobre la reducción de la jornada laboral se dio en Francia cuando el Gobierno socialista de Lionel Jospin, con Martine Aubry como ministra de Trabajo, impulsó en el período entre 1998 y 2002 la reducción del tiempo con la implantación, por ley, de la reducción de la jornada a 35 horas semanales. La medida obtuvo muchas críticas, en particular entre los sectores empresariales, que rechazaban las 35 horas, sin una reducción salarial, alegando una pérdida de competitividad de las empresas francesas en el exterior. Pese a todas estas críticas, en diciembre de 2014 se hizo público un informe de la Comisión de Investigación del Parlamento francés, sobre los efectos de la ley de las 35 horas, en sus conclusiones recogía que entre 1999 y 2000 el desempleo se redujo en 350.000 parados menos, también se reseñaba que el PIB se incrementó más que en otros períodos de crecimiento sin reducción de jornada y que las personas trabajadoras francesas estaban entre las más productivas de Europa.

En la actualidad el desarrollo tecnológico y la creciente digitalización está transformando la sociedad y la economía, con resultados positivos como el incremento de la productividad y la implantación de nuevas actividades. Pero es innegable que también introduce efectos negativos por la destrucción de empleo y las incertidumbres sobre el futuro del trabajo. Los cambios productivos no se pueden dejar en manos de la desregulación, como vienen practicando las políticas neoliberales, se requiere un marco regulador para una transición justa, en el que se inscribe la legislación del tiempo de trabajo, la innovación social y políticas públicas para proteger las consecuencias sobre el empleo y las condiciones de trabajo.

La reducción del tiempo de trabajo fue determinante en el desarrollo del modelo de producción capitalista y en el nacimiento del movimiento obrero, las primeras leyes sobre la jornada laboral de ocho horas diarias se promulgaron en algunos países en el periodo de la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, como resultado de la presión organizaciones obreras y de los movimientos huelguísticos. Siendo hitos relevantes la regulación en 1856 en Australia para el sector de los trabajadores de las obras públicas y en 1868 en Estados Unidos se promulgo una ley federal de la jornada laboral de ocho horas dirigida a los trabajadores de la administración, aunque no se generalizaría su aplicación en todo el país hasta entrado el siglo XX.

Muy relevante en la lucha por la reducción horaria y la mejora de las condiciones de trabajo es la   huelga del 1 mayo de 1886 en Chicago, cuando se consigue la jornada de ocho horas en este estado, debido a la magnitud y represión de la huelga, en su memoria se estableció el Día Internacional del Trabajo. Los primeros países que establecer una legislación estatal y para todos los trabajadores de la jornada de ocho horas a inicios del siglo XX, fueron, entre otros.  la antigua Unión Soviética, España, Portugal, Noruega, Suiza, Suecia, Bélgica, Francia. En el Tratado de Versalles de 1919 introdujo la jornada diaria de ocho horas y la constitución ese mismo año de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que impulso la expansión de las normas laborales.

En España la reducción jornada es una reivindicación histórica del movimiento obrero, a finales del siglo XIX Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE y de la UGT, señalaba en la Comisión de Reformas Sociales la necesidad de la redistribución de los beneficios empresariales obtenidos por los aumentos de la producción fruto de la nueva maquinaria, la reducción de las horas de trabajo y la mejora de las condiciones laborales. En nuestro país por las Cortes Constituyentes de 1873 promulgaron la Ley Benot sobre la jornada laboral, que regulaba las jornadas de los trabajadores menores de edad. En 1919 se estableció la jornada de ocho horas de trabajo diario y 48 horas semanales, una gran conquista sindical de inicios del siglo XX por la huelga de la “La Canadiense”, una empresa de producción y distribución de energía eléctrica, que paralizo la actividad de fabril de Barcelona, pues la huelga fue secundada por los trabajadores de otras muchas empresas.

Más adelante, en 1931, la Constitución de la Segunda República española incorporo la regulación de la jornada de trabajo entre otras medidas de carácter laboral. La Ley de 1 de julio de 1931, con Francisco Largo Caballero como ministro de Trabajo, regula la reducción de la jornada de trabajo a 48 horas semanales y 8 horas diarias. Tras el período de dictadura franquista, el primer gobierno socialista presidido por Felipe González, y siendo Joaquín Almunia el ministro de Trabajo aprobó la Ley 4/1983, de 29 de junio, de fijación de la jornada máxima legal en cuarenta horas y de las vacaciones anuales mínimas en treinta días, que modificó el Estatuto de los Trabajadores de 1980. Esta ley que fue rechazada por las patronales al considerar que se invadía la negociación colectiva, y también fue criticada por los sindicatos por la desregulación laboral que introdujo en su aplicación.

Actualmente que se debate sobre la jornada semanal de cuatro días o las 32 horas semanales, cabe recuperar el vaticinio, aunque parezca lejano, de John Maynard Keynes que en 1930 preveía que 100 años después la jornada laboral seria de 15 horas semanales, para paliar el desempleo originado por los avances de las tecnologías. Las críticas y los debates sobre las iniciativas para reducir el tiempo de trabajo no son algo nuevo pues se han producido históricamente, la reducción de la jornada laboral es un camino que se ha producido tendencialmente a lo largo del capitalismo. Sin este avance económico y social no se habría alcanzado el actual volumen de empleo y las posibilidades de creación de nuevos puestos de trabajo serían hoy menores.