Según los datos de Eurostat, en la UE el paro alcanzó en el pasado mes de noviembre a 26,061 millones de personas (10,7%), de las que 18,8 millones pertenecen a la zona euro (11,8%). En relación a noviembre del año 2011 el desempleo aumentó en la UE-27 en 2,012 millones de personas y en 2,015 en la zona euro. En España, el desempleo alcanzó a 6,150 millones de trabajadores (26,6%) y, junto a Grecia (26,0%), encabeza la estadística de la UE.

Particularmente resulta lacerante el desempleo juvenil por debajo de los 25 años: 24,4% en los países de la eurozona y del 23,7% en la UE-27 a partir del 21,6% y del 22,2% alcanzado en el año 2011. En España alcanzó el 57,6% y, también junto a Grecia (57,6%), encabeza la clasificación en el conjunto de la UE, algo que resulta insoportable y que debería ser motivo de sonrojo para los que tienen alguna responsabilidad en esta materia.

Estos datos confirman, sin paliativos, el rotundo fracaso de la política económica y social (incluso el economista jefe del FMI ha reconocido sus propios errores, a pesar de que el “Fondo”-como Institución- insista contradictoriamente en sus brutales políticas de austeridad) que se vienen llevando a la práctica en la UE y en España desde mayo del 2010 y de manera más acentuada con el Gobierno de Rajoy (año 2012). De acuerdo con las “Propuestas sindicales para promover el crecimiento, el empleo y la cohesión social, ante la crisis española”, presentadas por UGT y CCOO al Gobierno, grupos parlamentarios y medios de comunicación, las políticas dedicadas exclusivamente a la corrección del déficit y de la deuda han atacado las bases del Estado de Bienestar Social y, algunas medidas llevadas a cabo, han dado prioridad a los mercados de capitales (rescate del sector financiero) y a los movimientos especulativos en detrimento de la economía real y de la Europa Social, con decisiones poco transparentes y escasamente democráticas que, además, incumplen los programas electorales y generan un fuerte desempleo y una mayor desigualdad y pobreza, así como múltiples muestras de desapego de la ciudadanía hacia la clase política.

Resolver el problema del desempleo debe ser el eje central de la política económica y social de cualquier Gobierno, sobre todo cuando la resolución de este problema resulta fundamental para la corrección del déficit, de la deuda e, inclusive, para la sostenibilidad de las pensiones. Sin embargo, resulta muy evidente que para el Gobierno lo prioritario no es la lucha contra el desempleo sino reducir (sin conseguirlo) el déficit y la deuda pública ¿Qué tiene que ocurrir y a qué cifras tenemos que llegar para que el Gobierno tome alguna medida para atajar el desempleo? ¿A qué espera el Gobierno para sentarse a consensuar un plan para abordar el desempleo (sobre todo el juvenil) con los sindicatos, los empresarios y la oposición?

Debemos recordar que las cifras de desempleo seguirán aumentando en una economía en plena recesión (el crecimiento en este año será también negativo: en torno al -1,4% del PIB) y en un mercado de trabajo degradado por la reforma laboral (facilita y abarata el despido y otorga un poder abusivo a los empresarios), como se demuestra con la proliferación de expedientes de regulación de empleo: Iberia, Santander-Banesto, Bankia, Telemadrid, Roca, Administraciones Públicas… que, no sólo contemplan despidos, también exigen reducir salarios, precarizar más las condiciones de trabajo y la salud laboral, aumentar la jornada de trabajo con el mismo salario… Efectivamente, en el pasado año los expedientes de regulación de empleo aumentaron considerablemente. Según CCOO, en los primeros 10 meses de 2012 se notificaron a las Administraciones Públicas un total de 27.055 expedientes (crecen un 70,5% en cómputo anual), que han afectado a 374.773 personas, lo que representa un crecimiento del 53,4%, en relación con las personas involucradas en el mismo periodo del año anterior.

Ante semejante situación no caben atajos. La propuesta de la CEOE de instaurar un nuevo contrato para los jóvenes limitado al SMI (otro ejemplo significativo de “contrato basura”) resulta intolerable y pone de manifiesto la incapacidad de los empresarios para presentar alternativas que no signifiquen nuevos sacrificios para los trabajadores: desregular las condiciones de trabajo, reducir los salarios, abaratar el despido, bajar las cotizaciones de los empresarios a la seguridad social. En definitiva, transferir rentas del trabajo al capital a sabiendas de que esta solución no resuelve el problema del desempleo, porque no estamos ante un problema de costos salariales (otros costos son manifiestamente superiores: financiación, energía, transportes, comunicaciones…). El empleo depende de la actividad económica y, por lo tanto, de la demanda que tengan los empresarios; éstos nunca contratarán por el solo hecho de que los jóvenes tengan salarios más bajos. Una política de estas características significaría alentar aún más la sustitución de trabajadores con más antigüedad por los más jóvenes que, por otra parte, serían discriminados al no estar cubiertos por la negociación colectiva. En definitiva, una nueva vuelta de tuerca a la devaluación interna de los salarios al amparo de la crisis -que, en este caso, sufrirían los jóvenes más indefensos-, sin que los empresarios hayan cumplido los compromisos adquiridos en el último AENC: se ha producido una escasa inversión de los excedentes de explotación en capital productivo y, además, se ha obtenido un excesivo beneficio por el aumento de precios en la venta de sus productos; por otra parte, los beneficios generados por un aumento de la productividad han ido a parar en la práctica a manos de los empresarios.

Las alternativas para salir reforzados de la crisis y crear empleo pasan por modificar la política económica y social en la UE. En este sentido, el Gobierno debe trabajar en este ámbito para dilatar en el tiempo la reducción del déficit y la corrección de la deuda; reducir los intereses de la deuda soberana, con la intervención del BCE y del Mecanismo de Estabilidad Europeo; y garantizar el crédito a las empresas a un costo razonable, sobre todo después del rescate de nuestro sistema financiero. En nuestro país, el Gobierno debe potenciar la formación y el reciclaje profesional (estudiar la experiencia alemana); reformar los servicios públicos de empleo (buscando la eficacia en la intermediación laboral); impulsar políticas activas de empleo (actualmente con escaso soporte presupuestario); y trabajar para cambiar nuestro modelo productivo, entre otras medidas.

Por su parte, la izquierda y los sindicatos -siguiendo el ejemplo de Francia- deben abrir debates públicos en la búsqueda de propuestas relacionados con el reparto del trabajo existente (reducción de jornada); la democracia industrial (participación de los representantes de los trabajadores en la empresa); y la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo: trabajo social (dependencia); enseñanza infantil (0 a 3 años); tecnologías de la información y de las telecomunicaciones (TIC); investigación, innovación y diseño; empleos verdes… Debemos ser conscientes que muchos empleos perdidos no volverán, lo que nos obliga a “todos” a agudizar el ingenio en la búsqueda de nuevas soluciones para un problema insoportable desde cualquier punto de vista.

Por otra parte, mientras se reactiva la economía y se crea empleo, los desempleados de larga duración deben tener derecho a una prestación económica. En este sentido, resulta intolerable la actitud del Gobierno, regateando la prórroga del plan PREPARA” (vence el 15 de febrero), en contra de una demanda generalizada de la oposición y de los sindicatos que reivindican una respuesta a los dos millones de trabajadores en paro que han agotado todas sus prestaciones y subsidios por desempleo y carecen de toda ayuda pública. No es nueva esta actitud, lo que demuestra la gran insensibilidad del Gobierno y constata, una vez más, que el costo de la crisis lo siguen pagando los de siempre (los más débiles), marginando otras alternativas más justas y equitativas (reforma fiscal) para repartir el costo de la crisis. En este sentido, los sindicatos denuncian que en España se producen menos ingresos fiscales que en la eurozona (8 puntos menos: 85.000 millones de euros) y, por eso, exigen una reforma fiscal en profundidad que garantice un sistema fiscal eficaz y sostenible, con el propósito de que el gasto se sitúe en la media de la zona euro: 5 puntos adicionales del PIB (53.000 millones de euros). Esta política de ingresos y gastos -además de una decidida lucha contra el fraude fiscal- debería facilitar el saneamiento de las cuentas públicas, la reactivación de la economía, la generación de empleo y la protección de las personas más necesitadas.

No resulta extraño que en las actuales circunstancias los sindicatos se sientan incomprendidos y especialmente molestos ante la poca atención que presta el Gobierno a sus justas reivindicaciones y teman una nueva y previsible ofensiva antisocial en los próximos meses. A pesar de ello, siguen redoblando su apuesta por el diálogo social sin que ello signifique abandonar las movilizaciones sociales sectoriales impulsadas por diversos colectivos afectados por la crisis (sanidad, enseñanza, transporte público, sector financiero, administraciones públicas…).

En la actualidad, el Gobierno sólo cuenta con el apoyo del sector financiero, de los empresarios (CEOE), de la “caverna mediática” y el silencio cómplice de la jerarquía de la Iglesia católica. Como consecuencia, se ha enfrentado a la oposición, a los sindicatos y a la mayoría social, sobre todo cuando se han tomado decisiones controvertidas -con efectos muy negativos para el empleo- que se han impuesto sin respaldo programático electoral: contrarreforma laboral; amnistía fiscal; aumento del IVA; pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos; reducción de las pensiones y de las prestaciones sociales; contrarreforma de la enseñanza; privatización de la sanidad… La respuesta política de la ciudadanía sólo es cuestión de tiempo y previsiblemente se producirá en la próxima confrontación electoral, como ya adelantan todas las encuestas. La pregunta que se hacen muchos es si estará suficientemente preparado el principal partido de la oposición y, sobre todo, si habrá recuperado su credibilidad en las formas de hacer política (democracia, ejemplaridad y transparencia) y en la lucha decidida -y claramente diferenciada de los postulados ideológicos de la derecha-, contra el desempleo, la desigualdad y la pobreza.