No se trata de echar muertos a la cara de nadie. No es lícito utilizar políticamente el dolor de las familias que han sufrido la pérdida de seres queridos.

Este es el comportamiento lamentable, carroñero incluso, que los dirigentes de la derecha, incluido el gobierno autonómico de Madrid, han mantenido respecto al reciente asesinato de dos guardias civiles a cargo de unos narcos en Barbate. El PP y Vox no han dudado en echar esos fallecidos y a sus familias contra el ministro del Interior y han utilizado el caso hasta la náusea con fines electorales en Galicia.

No obstante, sí es preciso reclamar las respuestas que hasta ahora no se han dado en relación al fallecimiento de más de siete mil personas mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de la COVID.

Respuestas y transparencia en cuanto a la información disponible sobre lo que realmente ocurrió. Respuestas en forma de asunción de las responsabilidades pendientes. Y, sobre todo, respuestas de las que obtener enseñanzas de futuro, para que algo tan terrible no vuelva a suceder jamás.

Algunos hechos están debidamente contrastados ya. Estas miles de personas mayores fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid. A estas personas gravemente enfermas no se las derivó a los hospitales, como hubiera sido lógico en cualquier otro momento y circunstancia. Y se ha probado la existencia de unos “protocolos” de la administración autonómica que ordenaba evitar las derivaciones hospitalarias.

Las consecuencias de estos hechos son bastante fáciles de inferir. Algunos de estos mayores podrían haber tenido un desenlace diferente al fallecimiento rápido en caso de haber sido atendidos en un hospital. Un informe publicado por Infolibre eleva hasta el 65% el porcentaje de mayores supervivientes entre los que efectivamente lograron ser trasladados a un servicio hospitalario.

Otra consecuencia fácilmente deducible: estas personas mayores que fallecieron sin derivación, en caso de no haberse salvado, hubieran tenido una muerte más digna merced al tratamiento paliativo disponible en los hospitales y no disponible en las residencias.

El comportamiento de los gobernantes de la Comunidad de Madrid no ha sido aceptable en muchos extremos, ni durante ni después de la crisis. Desde luego, los llamados “protocolos” que impidieron la derivación hospitalaria para estas personas son absolutamente condenables desde cualquier perspectiva social, política y moral. Y está por dilucidar en los Tribunales de Justicia si las responsabilidades han de ir más allá, incluso.

Tapar entonces lo ocurrido estuvo mal. El propio consejero de políticas sociales del gobierno autonómico se vio obligado a denunciar lo ocurrido y acabó saliendo del ejecutivo entre reproches. La presidenta regional mintió al declarar en sede parlamentaria que los “protocolos” no existían, y que las informaciones estaban basadas en la mera “filtración de un borrador”. Aseguró también falsamente que la competencia de la gestión de las residencias correspondía a un vicepresidente del Gobierno nacional y que, en realidad, estas residencias estaban “medicalizadas” y dotadas de suficiente “personal sanitario”.

Reiteradamente, han negado la información que se solicitaba lícitamente a través de las normas de transparencia. Incluso han reformado esas normas en sentido restrictivo. Y han llegado a recurrir a los Tribunales para esconder unas actas policiales que la prensa libre se han encargado de difundir.

El gobierno regional dispuso de recursos de gran magnitud para la gestión de sus competencias a la hora de hacer frente a la pandemia, pero priorizó gastos extraordinarios y muy discutibles en la construcción del hospital Zendal, por ejemplo, de uso limitado entonces y aún ahora. Las autoridades de Madrid tampoco decidieron involucrar debidamente a los hospitales privados en la atención de estas personas necesitadas.

Finalmente, las declaraciones de la presidenta regional en la Asamblea de Madrid durante la última semana han acabado de enfadar justamente a las familias de las personas fallecidas en aquella crisis. Plantear que los mayores “hubieran muerto en cualquier lugar” supone una gran falsedad, además de una falta de sensibilidad hacia el dolor de estas familias absolutamente inaceptable. Es indiscutible que en los hospitales estas personas hubieran tenido más oportunidades para sobrevivir y, desde luego, en caso de fallecer lo hubieran hecho en condiciones muy distintas.

Sorprende que los gobernantes de la Comunidad de Madrid, tan exigentes siempre con las responsabilidades ajenas, se muestren tan remisos a asumir las propias en un asunto tan grave como el de la muerte de más de siete mil madrileños y madrileñas en condiciones poco dignas.

Y sorprende aún más que el PP madrileño, tan carente de escrúpulos a la hora de señalar a los adversarios políticos, comiendo fruta incluso, muestren ahora escándalo ante las críticas fundadas de esos mismos adversarios en un caso de consecuencias tan tremendas.

Estas más de siete mil familias que exigen justamente información y responsabilidades no pueden admitir que su “libertad a la madrileña” se limite a tomar cañas o frutas a la salud de la presidenta.