Que nos encontramos en un momento histórico de gran complejidad es algo evidente en las vidas cotidianas de unos ciudadanos que se ven afectados por lo que pasa en otros lugares del mundo. El planeta está interconectado y cada vez los desafíos son más globales, lo que hace necesario la coordinación de todos los estados para poder afrontarlos y superarlos.

Pero la coordinación internacional para superar necesidades y problemas globales tiene su dimensión también a nivel nacional, autonómico y local. Lo que hace urgente la consecución primero de un clima de diálogo permanente, que mediante la negociación leal desemboque después en acuerdos de país, con el objetivo de que España prospere colectivamente las próximas décadas. La lealtad institucional es una obligación, no una opción en cualquier democracia.

Fortalecer el bienestar de los ciudadanos y defender y ampliar los valores democráticos, es prioritario en un contexto de serio riesgo, donde las guerras, el auge de los populismos, la deriva xenófoba y desnacionalizadora en algunos países de la UE, y las acciones antisistema de algunas élites judiciales y políticas dentro de los marcos institucionales de algunas democracias, pueden no solo erosionar sino acabar con la democracia como sistema de convivencia, al no respetar las normas democráticas emanadas de sus constituciones y no asumir los resultados electorales cuando les son desfavorables.

Frente a estas élites políticas y judiciales, que pretenden mantener sus privilegios saltándose la democracia y la Constitución, el gobierno de España debe actuar con serenidad, pero con contundencia al contar con el mandato de la sociedad española para desarrollar un proyecto para la mayoría de los españoles con el que se presentó a las elecciones y las ganó.

Los españoles más que nunca necesitan gobiernos y parlamentos comprometidos con el bienestar de sus ciudadanos y con valores cívicos que visualicen que la política es un instrumento al servicio de la gente que dignifica sus vidas.

Para que España no retroceda hay que decir basta, y recordar que en este país todos tienen que cumplir las reglas de juego y la Constitución, incluso las élites judiciales.

Los españoles no queremos el ruido y la crispación que generan los que no respetan los resultados de las urnas. Los españoles moderados, que somos la mayoría afortunadamente en España queremos más bienestar y progresar junto a nuestro país y nuestros seres queridos.

Por eso, hay que recordar a las élites de este país que vivimos en democracia y que se tienen que respetar la Constitución que han jurado o prometido acatar. Pero además, tienen que escuchar a unos ciudadanos que demandan cosas muy concretas y transformadoras para sus vidas:

  • 9 de cada 10 españoles están muy/bastante de acuerdo con que las administraciones públicas apoyen a la población en situación de riesgo de exclusión social en España, según la encuesta de Prospectiva II realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

  • El 63,8 por ciento de los encuestados está muy/bastante de acuerdo en que el Estado dé una ayuda económica anual a las familias con menores de edad.

  • El 92,4 por ciento de los españoles están muy/bastante de acuerdo con el aumento del gasto público dedicado a personas mayores y dependencia.

  • El 74,8 por ciento de la población, está muy/bastante de acuerdo con agilizar el proceso de legalización de población extranjera en España.

  • El 84,5 por ciento de la población está muy/bastante de acuerdo con ampliar las viviendas públicas de alquiler en España.

Estos deseos cotidianos de los españoles, incluidos un gran número de votantes de los partidos de la oposición, enlazan con la labor que está realizando el gobierno de la nación, y van en sentido contrario a la crispación y ruptura de la convivencia que están generando y propiciando ciertas élites en España, que deberían parar ya su deriva antisistema y respetar la Constitución y las instituciones en las que están.