En las últimas semanas hemos asistido a un lamentable y bochornoso debate entre los partidos políticos del arco parlamentario, que no tiene nada que ver con la realidad social ni con la preocupación de los más desfavorecidos. La mayoría de los ciudadanos no pueden comprender, ni algunos partidos políticos explicar (PP y Ciudadanos), que la senda de gasto y, por lo tanto, los PGE-2019, no puedan disponer de 6.000 millones de euros- para inversión productiva y políticas sociales- pactados entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la UE. Lo más grave de este importante asunto es que no ha sido posible debatirlo en el pleno del Congreso de los Diputados, al negarse a ello la oposición política- utilizando su mayoría en la Mesa-, a pesar de estar en minoría en la Junta de Portavoces e, incluso, en el Pleno del Congreso. En coherencia con ello, es previsible que  el PP  utilice también su capacidad de veto en el Senado (a la senda de gasto), donde cuenta con mayoría absoluta. Por eso, no es extraño que el gobierno pretenda evitarlo  y se afane en modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, de Mariano Rajoy, que es la que  permite que el Senado se convierta en la Cámara de último recurso en esta materia.

A pesar de esta aberrante decisión política, impropia de partidos que aspiran a formar gobierno, la realidad económica y social prosigue su dinámico camino. En este contexto político, los ciudadanos reclaman alternativas consistentes y duraderas a la reforma de la Constitución, al problema de Catalunya, al fenómeno de la inmigración, a los servicios públicos y, además, exigen al PSOE y Podemos un redoblado esfuerzo para pactar la anunciada y urgente Agenda Social. Por lo tanto, no es extraño que se haya valorado muy positivamente el principio de acuerdo sobre la revalorización de las pensiones ligadas al IPC, a pesar de las primeras declaraciones de la ministra de Trabajo, de su secretario  de Estado y, sobre todo, de las lamentables e inoportunas de la ministra de Economía (preconizando utilizar más indicadores que el IPC para revalorizar las pensiones, lo que abre la puerta a que los pensionistas pierdan poder adquisitivo), así como del escaso avance de las negociaciones para alcanzar un acuerdo global, en el Pacto de Toledo, sobre el futuro de la Seguridad Social (SS). Por estos motivos, y a pesar del principio de acuerdo, los pensionistas de Bilbao (se manifiestan todos los lunes por unas pensiones dignas, por revalorizar las mismas ligadas al IPC, eliminar el Factor de Sostenibilidad y garantizar el futuro de la SS) seguirán impasibles con sus protestas en defensa de sus planteamientos. Esto explica también las manifestaciones que se han celebrado en Madrid y en otras capitales de provincias, en el marco de las celebraciones del Día Internacional de las Personas Mayores.

De entrada, debemos dejar suficientemente claro que es muy difícil que se alcance un acuerdo global sobre la SS -en el Pacto de Toledo-, a no ser que el gobierno renuncie a sus promesas en relación con este importante asunto o haga concesiones inasumibles para los pensionistas. Debemos dar por hecho que el PP y Ciudadanos no tienen ningún interés (ni político ni electoral) en firmar con Pedro Sánchez un Acuerdo que contemple, además de la revalorización de las pensiones ligadas al IPC, unas pensiones dignas, la derogación del Factor de Sostenibilidad y menos la aprobación de un impuesto especial que corrija el actual déficit estructural (en torno a 19.000 millones de euros anuales) y garantice el equilibrio del Sistema para los próximos años.

Eso lo sabe el gobierno y, sobre todo, lo sabe la ministra de Trabajo. Como consecuencia -ante un hipotético fracaso del Pacto de Toledo-, el gobierno debe tomar decisiones (de acuerdo con la Mesa Social y, en el peor de los casos, con los sindicatos); porque, de lo contrario, los pensionistas no tendrán asegurada la revalorización de las pensiones, seguirá vigente el Factor de Sostenibilidad (recorta las nuevas pensiones), el copago farmacéutico y, lo que es más grave, se pondrá en grave riesgo el futuro de la SS. Por eso resulta imprescindible abrir un debate a fondo en la opinión pública sobre un asunto de especial trascendencia: qué dimensión debe tener en el futuro el Estado de Bienestar Social y, más en concreto, la SS y las pensiones.

En este sentido, no estará de más recordar algunas reflexiones efectuadas en esta Web hace unos cuantos meses. De entrada debemos reafirmar que el problema de la SS tiene una relación directa con la falta de ingresos del Sistema y no con los gastos derivados de la cuantía de nuestras pensiones, como viene argumentando el pensamiento neoliberal, la derecha política, el sector financiero y los empresarios. Es rotundamente falso que el culpable del deterioro de la SS y del vaciamiento de su Fondo de Reserva (cerca de 67.000 millones de euros) fuera el gobierno socialista de  Rodríguez Zapatero, como manifiestan reiteradamente los dirigentes del PP. Todos sabemos que la situación financiera de la SS (y de su Fondo de Reserva) se debe a la nefasta política económica y social del gobierno de Mariano Rajoy y, en concreto, a su reforma laboral. Por otra parte, la decisión unilateral de eliminar la revalorización ligada al IPC e imponer el Factor de Sostenibilidad, así como su nula voluntad de consenso en materia de pensiones (como lo demostró el Acuerdo a que llegó Rajoy con el PNV por intereses de partido y al margen del Pacto de Toledo), confirmó y sigue confirmando la escasa credibilidad del PP en esta materia y su decidida apuesta por un raquítico “Sistema de Beneficencia” apoyado por Fondos privados de pensiones.

Efectivamente, el gasto actual en pensiones no representa un problema serio para España, puesto que dedica el 11,6% del PIB (algunos países de la UE gastan por encima del 14% del PIB); un porcentaje ligeramente por debajo de la media europea. Por otra parte, el 48% de los pensionistas no alcanzan los 655 euros. Una cifra claramente insuficiente, que se considera aún más escandalosa al constatar que la presión fiscal  en nuestro país está, cuando menos, a 7 puntos por debajo de la media europea. Por eso resultan intolerables las declaraciones de Carlos Solchaga y de titulares de grandes ingresos, fortunas y patrimonios, que apuestan porque los actuales y futuros pensionistas cobren menos, trabajen más años y ahorren e inviertan más en fondos complementarios de pensiones. De la misma manera, se ha puesto de manifiesto que la tasa de sustitución de las pensiones se sitúa por encima del 80%, olvidando, de una manera interesada, el paulatino empobrecimiento de las pensiones, a raíz de la reforma del gobierno de Mariano Rajoy, en 2.013, que, si nadie lo remedia,  reducirá drásticamente la tasa de sustitución al 48%, en el año 2.060. Además, si se tienen en cuenta todas las prestaciones sociales asociadas a la vejez (sanidad, gasto en farmacia, pensiones, dependencia…), las rentas de los pensionistas en España se reducen al 63% de la media de la UE-15, lo que en paridad de compra nos sitúa en el 13 lugar de los 15 países, según un estudio de UGT basado en  datos de Eurostat.

Por el contrario, como se ha señalado anteriormente, el capítulo de ingresos se ha reducido considerablemente en los últimos diez años por los efectos de la crisis, al verse muy afectados negativamente por el desempleo, la precariedad (temporalidad, contratos a tiempo parcial, falsos autónomos, plataformas digitales…) y los bajos salarios. A ello han contribuido, decisivamente, las nefastas reformas laborales y el abuso reiterado de los empresarios en materia de contratación laboral (temporalidad). En segundo lugar, las subvenciones y bonificaciones a la contratación, además de las tarifas planas. En tercer lugar, la economía sumergida y el fraude en las cotizaciones. Y, en cuarto lugar, los bajos porcentajes de cotización y los topes establecidos a los salarios más altos.

En coherencia con ello, lo primero que exigen los sindicatos es avanzar hacia una política de pleno empleo y superar la fuerte precariedad de nuestro mercado de trabajo, lo que sólo será posible derogando las reformas laborales, sobre todo la nefasta reforma de Mariano Rajoy, que afecta particularmente a los jóvenes y al futuro de las pensiones. No debemos olvidar que la primera consecuencia, y la más importante de la última reforma laboral, tiene relación con el brutal desplome de los salarios (devaluación salarial extrema), lo que ha conducido a una fuerte transferencia de rentas del trabajo  a las rentas del capital, que ha repercutido muy negativamente en las cotizaciones (ingresos) a la SS.

En segundo lugar, los pensionistas exigen suprimir las tarifas planas, las subvenciones a la contratación y la financiación de las políticas activas de empleo a cargo de la SS, sobre todo cuando se ha demostrado que no crean empleo. En tercer lugar, proponen estudiar el destope de las bases de cotización y aumentar moderadamente las cotizaciones  empresariales, a pesar de su posible  repercusión (negativa) en el empleo, así como reformar las cotizaciones de los trabajadores autónomos para garantizar que coticen por sus ingresos reales. En cuarto lugar, se reclama trasladar a los PGE los gastos de administración y gestión de la SS, incluyendo los salarios y el costo del personal a su servicio. En quinto lugar, proponen fortalecer la inspección de la SS para atajar el fraude en las cotizaciones y combatir la economía sumergida. En sexto lugar, insisten en el cambio de nuestro modelo productivo y en la aplicación de políticas de educación y formación profesional adaptadas a un mundo digitalizado.

Por último, CCOO y UGT exigen recurrir a la fiscalidad, como ingreso complementario- y mientras sea necesario-, para responder a un fenómeno real y creciente: el envejecimiento. Lo que nos exigirá articular un impuesto general, directo, progresivo y finalista, como por ejemplo el existente, desde hace años, en Francia: la  “Contribución Social Generalizada”. En todo caso, el propósito de los pensionistas es que el gobierno cumpla el artículo 50 de la Constitución Española: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad”. Por eso, las pensiones contributivas (revalorizadas) son un derecho reconocido, al que han contribuido y siguen contribuyendo los trabajadores. En todo caso, debemos recordar que los distintos gobiernos han gastado 140.000 millones de euros del Sistema en los últimos 18 años en asuntos ajenos a las pensiones y que, en la actualidad, según la Asociación de Defensa de las Pensiones Públicas, el gobierno está invirtiendo 11.000 millones de euros anuales en actuaciones que no deberían imputarse a la SS.

Por todo ello, el PSOE y Podemos, en este clima de incertidumbre, de “acoso y derribo”  y de “todo vale”, deben retomar la iniciativa política encaminada sobre todo a superar las fuertes desigualdades creadas por la dañina gestión de la crisis  y, por lo tanto, deben sentarse a negociar urgentemente los PGE-2019 y la Agenda Social: el empleo, la reforma laboral, los salarios (el SMI), la protección social (pensiones, desempleo y dependencia), los servicios públicos y una política fiscal progresista que, además, dimensione las plantillas de la Inspección Fiscal, para luchar contra el fraude fiscal, sin olvidar revisar las actuales desgravaciones fiscales y eliminarlas si procede. Como ha manifestado el secretario general de CCOO: “Se ha terminado el periodo de las declaraciones y toca abrir el periodo de los hechos”. Por intentarlo que no quede…