Si quiere usted enterarse de lo que es un «aforamiento» (eso de lo que se habla entre políticos de vez en cuando), acudiendo al diccionario de la RAE, evítese el viaje. Ninguna de las siete acepciones que recoge para «aforar» le sacará de dudas. Si acaso la que, en el ámbito del teatro, significa “Ocultar los lados o partes del escenario que no deben quedar a la vista del público”.

Porque, efectivamente, parece que los aforamientos de la elite política, judicial y militar de nuestro país tratan de ocultar al público la depuración de sus presuntas faltas y delitos, haciendo que ese ejercicio se haga, en su caso, en tribunales distintos de los que juzgan a sus congéneres. O, dicho de otra manera, que sus jueces naturales son, naturalmente, distintos de los jueces naturales de los españoles.

Por economía descriptiva no enumeraré los cargos que merecen tal privilegio en España, pero hay quien los ha contado y, a día de hoy, parece que superan los 250.000. Cuando, en 2014, los contó Ruiz Gallardón había 17.601, por lo que la cifra anterior debe incluir los diversos tipos de aforamiento que, haberlos, haylos.

Esto, desde que la igualdad entre todos los hombres y mujeres se ha impuesto como un desiderata, suena a anacronismo, ya que el resto de los españoles que estamos en el régimen general somos juzgados, en su caso, de distinta forma a ese cuarto de millón de privilegiados. Y, quizás por ello, en diversas ocasiones se ha tratado, o al menos se ha propuesto, resolver esta situación.

La última, en días pasados, cuando el gobierno socialista ha hecho una propuesta de retirar el aforamiento de ministros, diputados y senadores para asuntos que no tengan que ver con el ejercicio de sus funciones. La propuesta, que afectará a unos pocos cientos de personas, suena a modesta pero, al menos, apunta un camino para se vaya resolviendo poco a poco la justicia a la medida.
La incorporación de una persona a ese estatus de aforado está regulada por diversas leyes y, de ahí, la dificultad en desandar el camino. La actual propuesta podría hacerse efectiva con una reforma, incluso «exprés» de la Constitución y podría servir de cauce para que otras leyes, incluidos todos los Estatutos de Autonomía (excepto Murcia que ya anuló sus aforados) siguieran la misma hoja de ruta, por lo que la modestia del alcance de esa propuesta podría estar compensada en el futuro con logros de mayor envergadura.

Pero, claro, renunciar a un privilegio es algo que, a veces, alcanza la categoría de heroico y el resto de los grupos políticos están exhibiendo un auténtico catálogo de excusas para no respaldar esa propuesta y seguir disfrutando de esa licencia para delinquir, en su caso, sin ser juzgados por un juez ordinario. Hay que entenderlos.

Para mí que la verdadera razón de la existencia de los aforamientos es la desconfianza en el sistema judicial español: los políticos no se fían de los jueces «naturales» y, al parecer, los que parecen tener más desconfianza son los propios jueces que no quieren ser juzgados por sus iguales. Por eso, quieren ser juzgados por tribunales especiales o, por lo menos, no tan naturales como los otros.

Bueno, esto, si fuera así, como digo antes, habría que entenderlo. Al fin y al cabo, ellos, los actuales aforados, son los que mejor conocen el paño y, si así piensan, sus razones tendrán. Pero ¿Y los demás?, ¿en qué situación quedamos si estamos en manos de tribunales incompetentes o, simplemente, injustos?

Por eso, en momentos de debate como el actual, quiero dejar clara mi opinión que, en este caso, es un deseo: Yo quiero ser aforado, pero, como no voy a poder acceder a ello desde ningún cargo de los que, ahora, lo son de forma reglada, propongo un régimen de aforamiento universal en la misma forma que la sanidad o la educación. Porque, si estas dos últimas son prestaciones relativamente recientes del Estado a sus ciudadanos y son universales, ¿por qué la justicia, esa función que nació en la Babilonia de hace 40 siglos no lo puede ser?

La igualdad ante la Ley sería el primer argumento para defender esta propuesta, pero no el único. La facilidad de implementarlo sería otra razón para ello, ya que, si suprimir los aforamientos es tan complicado, no creo que lo fuera el ampliarlos. Bastaría que todos los tribunales españoles se convirtieran en Tribunal Supremo con lo que, a lo mejor, con un simple Decreto Ley se resolvía el tema.

Así, como en el asunto ese de Mahoma y la montaña, si hay 250.000 españoles que no se quieren bajar de la montaña del aforamiento, escalemos los demás a ella.

Y, por cierto, el que unas cosas se digan más en serio que otras no las hace más respetables.