Autor: José María Zufiaur

La prima de riesgo de los “países periféricos” de la zona euro se ha disparado de nuevo hasta sus niveles más altos como consecuencia de la reacción de los mercados a las medidas adoptadas los pasados 28 y 29 de octubre por el Consejo Europeo. En realidad, las condiciones impuestas por Alemania para el pacto alcanzado suponían una invitación a ello.

Una vez más, el Consejo Europeo ha tomado decisiones provisionales, incompletas, remitidas a nuevas decisiones, opacas y poco transparentes que los ciudadanos no entienden. En esto tendrían que tomar ejemplo de la manera en que las autoridades suecas afrontaron su crisis financiera en 1992: el gobierno sueco forzó a los Bancos a una transparencia total e inmediata sobre sus posiciones de riesgo, una autoridad independiente realizó a continuación una separación entre los buenos y los malos activos en posesión de los Bancos, y los que podían ser salvados fueron recapitalizados por los accionistas privados y, si era necesario, por el capital público o nacionalizados. Tal gestión eficaz y transparente permitió que, en 1994, volvieran los créditos y el crecimiento. El Estado aportó el equivalente al 4% del PIB para sostener a los Bancos – de lo que recuperó un 2% gracias a las plusvalías de la participación en la gestión de los Bancos afectados. Un modelo muy diferente al que adoptaron los japoneses y al que están adoptando los europeos, caracterizado por la opacidad (Robert Boyer: “Les financiers détruiron-ils le capitalisme?”, 2011).

La Unión Europea y el Presidente Zapatero no le están ayudando mucho que digamos al candidato Rubalcaba en su tarea de alcanzar en las elecciones generales un resultado bueno, o, al menos, no desastroso.

Pocos ponen ya en duda que la Unión Europea se encuentra al borde del abismo. La respuesta de las instituciones europeas y de los gobiernos que forman parte del Consejo Europeo es, sin embargo, no sólo tardía y escasa sino que los supuestos remedios puestos en marcha basan, en realidad, la solución: 1) en los mercados, es decir en los pirómanos que han creado la crisis; 2) en medidas de austeridad y recorte que hacen imposible cualquier recuperación del crecimiento; y 3) en el aprovechamiento de la crisis para dejar el Estado de bienestar europeo hecho trizas, destrozos que resultan proporcionalmente mucho más graves en aquellos países que lo tenían menos desarrollado.

1.- La conjunción, en un mismo día, del artículo del Consejero Delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, y del editorial del diario del grupo han colocado en otro nivel político la demanda del PP y de sus apoyos mediáticos de adelantar la convocatoria de elecciones generales. Que el diario El País haya irrumpido de una manera tan agresiva en el debate político sorprende por la forma y tampoco son fáciles de interpretar en toda su extensión los objetivos que persigue con ello.

Desde hace un par de años la Unión Europea y los gobiernos nacionales insisten una y otra vez en que la austeridad y los recortes sociales, a los que llaman reformas, son la solución. El Gobierno español alardea de que gracias precisamente a que se han “adelantado” a realizar las reformas que les dictan los mercados, las instituciones financieras internacionales, la Comisión Europea y el Consejo Europeo se ha podido evitar que España haya tenido que recurrir a ningún rescate, al que sí han acudido Grecia, Irlanda y Portugal.

Aunque me hubiera gustado escribir esta columna sobre las propuestas y avatares de la reforma de la negociación colectiva, no se puede escribir de oído. Bueno, se puede, pero no se debe. Ante la imposibilidad material de disponer de tiempo para leer y estudiar los distintos documentos que han producido los sindicatos, las organizaciones empresariales y, ahora, el borrador del anteproyecto de ley del Gobierno sobre la materia, he renunciado a ello y lo dejo para otra próxima ocasión. Veremos si la actualidad no convierte en caduca la materia, o si los análisis producidos entretanto no la hacen superflua.

1.- Aunque los ciudadanos no secundaran con la contundencia requerida las convocatorias de huelgas y de manifestaciones (con motivo del recorte de las retribuciones de los funcionarios o de la reforma laboral) cuando les ha llegado el momento de poder hacerlo han pasado factura al gobierno de Zapatero. Y, como consecuencia, a los socialistas que gobernaban, en muchos casos con acierto, municipios y comunidades autónomas. La pretensión de paliar ese posible castigo y de “reconducir” a una dimensión autonómica y municipal las elecciones, mediante el anuncio del Presidente del Gobierno de no presentarse a la reelección, no ha servido de nada.