Hace cuatro meses, las evidencias de estar asistiendo a una inconsciencia, a lo que Christopher Clark definió como los “sonámbulos”, en su libro del mismo título, sobre los errores que condujeron, en 1914, a la primera guerra mundial en Europa, eran ya tan graves – lo que venía pasando en China y las advertencias de la OMS – como para haber sido atendidas. Sin embargo, muchos responsables políticos europeos, cuando ya la situación sanitaria en Italia era dramática y en España empezaba a serlo, afirmaron, en un acto de desentendimiento, que “la sanidad es una competencia de los Estados miembros”. Lo que es una verdad incompleta a la vez que una muestra de la ceguera política ante el huracán que comenzaba. En un primer momento, varios países, entre ellos Francia y Alemania, prohibieron la exportación de mascarillas y de material sanitario. El 15 de marzo, Alemania cerró sus fronteras con cinco países vecinos, algo nunca visto desde la creación del espacio Schengen. A continuación, una quincena de países, entre ellos España, también recurrieron a la disposición del artículo 28 del código de fronteras para casos de “amenaza grave”. Ello afectó al transporte de mercancías, a la circulación de personas, e, incluso, al funcionamiento de sistemas hospitalarios que, en algunos países europeos limítrofes, dependen de profesionales sanitarios y de otros trabajadores transfronterizos.

Se puso en evidencia la falta de anticipación, de prevención, de coordinación a nivel europeo en un tema esencial como la salud. Ante el miedo, el reflejo egoísta fue automático: que cada cual se las arregle como pueda. El bello principio de “la Europa que protege” quedó en el alero.

Sin embargo, con el rápido y letal avance de la pandemia también sobrevino la toma de conciencia general sobre la incomparable profundidad de esta crisis. También en el terreno político, económico e institucional europeo. A diferencia de lo sucedido en la crisis del 2008, en esta ocasión los viejos tabúes se fueron poniendo rápidamente – en tiempos comunitarios europeos – en entredicho.

La cosa no empezó bien. Tras las equivocadas, y luego rectificadas, declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, C. Lagarde, sobre las competencias del BCE para realizar una política fiscal expansiva, la posterior sentencia del Tribunal constitucional alemán, que resultó ser un auténtico tiro por la culata, y la confrontación directa producida en el Consejo Europeo de finales de marzo – pasará a la historia la consideración de la actitud del gobierno holandés somo “repugnante”, por parte del presidente portugués António Costa- las cosas fueron cambiando de manera inédita.

Por ejemplo, varios mantras de la política de austeridad radical fueron dejados de lado. Así, el Pacto de Estabilidad, cuya función principal es la de reducir el déficit público. O las reglas de la competencia, instando desde la Comisión europea a los Estados miembros a gastar para salvar a las empresas y el empleo. Esto último ha puesto, a su vez, de manifiesto que la crisis no era sólo “simétrica” – todos afectados por algo externo, una pandemia – sino también “asimétrica” – los países más debilitados por la crisis del euro, como España o Italia, han sido también de los más afectados por esta, mientras que los países menos endeudados, como Alemania, son los más beneficiados por la flexibilización de las normas de competencia – lo que implica un riesgo de aumento de los diferenciales de desarrollo y recuperación.

Varios son, a mi entender, los factores que han impulsado este avance, todavía más conceptual que operativo, pero sin duda importante. Sólo puedo, por razones de espacio, enunciarlos.

  • La evidencia de los resultados producidos por las políticas aplicadas para responder a la crisis de 2008. Que se han basado en recortes del Estado social y en el aumento de las desigualdades, entre sectores y entre países. Los países más endeudados hicieron los “deberes” pero ello no fue correspondido con una mayor integración política europea. Nadie puede pensar por lo tanto que era posible volver a los hombres de negro y a la Troika. Ni siquiera a las “recomendaciones” austeritarias del Semestre europeo. Igualmente, la situación económica era muy diferente a la de 2008: los tipos de interés son muy bajos, incluso negativos en países como Alemania; y las necesidades de inversión para responder al cambio de modelo económico, por la imperiosa necesidad de descarbonizar la economía y adaptarse a la tecnología digital, exigen ingentes inversiones.
  • La creación de un bloque de países – nueve, entre ellos Francia, Italia, España y Portugal- favorables a respuestas fiscales mutualizadas frente a esta crisis sobrevenida. Ello ha sido y seguirá siendo fundamental para responder a la crisis y avanzar hacia un modelo federal en la UE.
  • El Brexit. Es difícil pensar que con el Reino Unido (RU) dentro de la UE se hubieran podido producir los avances llevados a cabo.
  • Las urgencias derivadas de un cambio esencial del contexto geoeconómico y geopolítico. Frente a una globalización neoliberal centrada en la libertad, con insuficiente regulación, del comercio y del movimiento de capitales, cada vez menos multilateral y dominada por grandes potencias, como EEUU o China, sólo una UE más unida, integrada, con un proyecto compartido y políticas comunes podrá defender sus propios intereses. Y sólo una Unión más fuerte y más unida podrá contribuir a definir, cuestión esencial de futuro, otro modelo de mundialización.
  • El auge de los movimientos autoritarios y dictatoriales que ponen en cuestión los sistemas democráticos. Y que, al amparo de la pandemia, amenazan con incrementar su desafío a los valores fundacionales de la Unión.
  • La recuperación del eje París-Berlín. Con seguridad, ya no es suficiente, pero ha sido y seguirá siendo imprescindible para realizar ese salto cualitativo en la integración europea.
  • La posición del Parlamento Europeo. Ha jugado un papel importante a la hora de consensuar mayorías en torno a la propuesta del Plan de Reconstrucción y en la exigencia de un nuevo marco presupuestario, en la reclamación de una respuesta fiscal mancomunada y en las demandas de poner a disposición de la salida de la crisis nuevos y suficientes recursos y de establecer, en consecuencia, más fuentes de financiación propias mediante impuestos europeos.

Este conjunto de factores ha hecho posible que la Comisión terminara presentando un plan de relanzamiento con perfiles nuevos, de carácter federalista. Un plan, en primer lugar, muy potente: 1 billón 850 mil millones de euros, entre presupuesto y endeudamiento mutualizado, aparte la compra de deuda por parte del BCE. Y que abarca un conjunto de elementos – deuda común, impuestos europeos, subvenciones en una cantidad sin parangón, préstamos a largo plazo y con tipos de interés cercanos a cero, condicionalidades más estructurales que dogmáticas, pilares para una política industrial europea, evitando que varios países produzcan los mismos productos – drones, por ejemplo – o que la investigación no esté coordinada.

Como se ha señalado por diversos autores, en los dos últimos meses en la UE se ha vivido un “impulso hamiltoniano”, así denominado en referencia al compromiso histórico realizado en 1790 entre Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro estadounidense, y los presidentes federales James Madison y Thomas Jefferson, para situar en el gobierno federal la carga de la deuda contraída por los Estados Federados durante la Guerra de independencia.

Pero, ciertamente, todos estos avances pueden ser rebajados y obstaculizados por parte del conjunto de países autodenominados “frugales” (Holanda, Austria, Suecia, Dinamarca; quién nos iba a decir a muchos de nosotros, que hemos tenido a esos países como referentes socialdemócratas en los años setenta y ochenta, que se iban a convertir en referencia de posiciones limitativas del ideal europeo, queriendo reducirlo a un mero mercado común, además a conveniencia) y por las exigencias de los países del Este de no perder fondos estructurales. Algunas de sus propuestas ya las ha anunciado el presidente del Consejo, Michel: una cierta rebaja del marco presupuestario, la exigencia de condicionalidades a los proyectos nacionales financiados con fondos europeos, o la defensa de situaciones de dumping fiscal, como se evidenció en la lucha por la presidencia del Eurogrupo. La harmonización fiscal es un tema central y la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea sobre Apple ha puesto en cuestión la deficiente regulación de la UE al respecto, pero no el tema básico: que habiendo tenido Apple 16.500 quinientos millones de beneficios sólo tributara 50 millones, menos del 1 por ciento.

Más allá de las rebajas en el montante presupuestario, lo preocupante de esas propuestas es que se plantean dos cuestiones de fondo: las transferencias a los Estados pasarían al control del Consejo, es decir al poder intergubernamental y a las decisiones por unanimidad. Fuera, por lo tanto, del procedimiento comunitario, con mayoría cualificada. Pasar a una forma de gobierno económico intergubernamental sería un grave paso atrás. Mas bien lo que se requiere es un cambio en el modelo de gobierno económico comunitario, diferente al establecido en el Pacto de estabilidad y crecimiento.

De salir adelante tales posiciones de forma neta, ello implicaría, así mismo, que el Parlamento Europeo quedaría también fuera de dicho procedimiento de gobierno económico.

Por otra parte, se va a plantear el espinoso, pero esencial, tema de la condicionalidad democrática de las transferencias de fondos a países como Hungría o Polonia, acusados de intentar controlar los medios informativos y el poder judicial.

Los que apoyaron la propuesta de la Comisión no pueden no saber que estas reacciones eran esperables. Y deberán ser coherentes con la senda iniciada. La esperanza está en que una vez que ha dado el paso Alemania – que ejerce la Presidencia temporal de la UE en este semestre – la capacidad de negociación de los reticentes al proyecto propuesto por la Comisión y respaldado por Francia y Alemania, sea inferior. También es muy posible que, en esta ocasión, el Parlamento Europeo, como autoridad presupuestaria, se mantenga firme respecto al montante, a su implementación, al modelo de gobierno de los proyectos financiados y a la duración del plan de reconstrucción. Además de que es del interés de todos que el mercado interior funcione. Todo dependerá de la firmeza en la defensa de los avances pergeñados, por parte de ese conjunto de países que han apoyado e impulsado las propuestas de la Comisión. Un fracaso de la esperanza creada podría ser devastador para la ciudadanía europea y para el futuro de la Unión.

En este mes de julio se va a dilucidar la primera y básica batalla. Pero lo más importante es tener una estrategia a medio plazo para seguir con ella. Empezando por tener claro, y dejarlo claro, que las medidas que se toman no tienen una vocación coyuntural, sino una lógica y un objetivo estructural: una construcción europea federal acorde con las decisiones de integración ya tomadas, como un mercado único, una moneda única para más de dos tercios de sus miembros, un Banco Central, cuatro libertades de circulación. Como ha señalado recientemente T. Piketty “la libre circulación de capitales, de bienes y servicios, sin regulación colectiva, sin política fiscal o social común, funciona, antes que nada, en beneficio de los más ricos y de los más móviles, y lamina a los más desfavorecidos y a los más frágiles”. Sin duda, ello no es separable de la desconfianza ciudadana hacia la política, del crecimiento del repliegue nacionalista e identitario, o del aumento de los populismos autoritarios en el seno de la UE.

Una estrategia federalista europea implica, igualmente, la promoción de un Contrato Social renovado. Que junto al objetivo de la paz es lo que está en el cimiento de la integración europea. Algo que es necesario situar en el centro de esa estrategia de relanzamiento-renacimiento, de esa Next Generation EU. La transición ecológica es central, pero la misma no será posible sin situar al mismo tiempo y al mismo nivel, ese enunciado Pilar Social, todavía sin desarrollar y sin poner las bases de su financiación. Como ya dijo Delors, no hay futuro europeo sin Contrato Social. Una recuperación de los pilares del Estado social – los derechos laborales, la protección social ante los avatares de la vida, los bienes públicos como la sanidad, la enseñanza, la vivienda, la energía, los transportes – es algo prioritario en ese proyecto sobre el futuro de la UE.

Avanzar en un proyecto federal para la UE requiere, así mismo, la consolidación de un bloque de países, además de las organizaciones de la sociedad civil, que estén por la labor. En el que, sin duda, tienen que estar Francia y Alemania, pero también Italia, España o Portugal. Como dijo Prodi, el mantener la alianza en ese “grupo latino”, que representa la mitad del PIB europeo, es esencial en esa estrategia. También harán falta nuevas alianzas políticas que vayan más allá de las tradicionales entre demócrata cristianos y socialdemócratas, ampliándolas a los verdes, organizaciones de la izquierda socialista, liberales. Entre otras cosas porque algunas de tales reformas “revolucionarias”, además de una potenciación del control parlamentario y democrático de la gobernanza europea, necesitarán de la modificación de los Tratados.

Finalmente, tres consideraciones. La primera, nuestro país va a necesitar preparar muy bien, y con el mayor consenso posible entre las instancias de gobierno estatales, de comunidades autónomas y de ayuntamientos de grandes ciudades, así como de los interlocutores sociales, la aplicación concreta de los fondos que van a llegar de la UE. No vaya a pasar lo sucedido con la Garantía Juvenil, tan mal aplicada en este país nuestro. Más bien tenemos que volver a ser un ejemplo de buena concepción, programación y aplicación de planes de relanzamiento y reforma. Como, en gran medida, hicimos con los fondos estructurales y de cohesión.

La segunda, hacer reformas sin hacer una de las esenciales que necesita nuestro país, la laboral, sería poco eficaz. No son las reformas laborales “de Rajoy”, “de Zapatero”, “de Aznar” o “de González” lo que hay que derogar. Es el modelo laboral que se ha ido cimentando en España, basado en los bajos salarios, la precariedad generalizada, la utilización fraudulenta de la contratación, la facilidad de despido, el deshilachamiento de la negociación colectiva, el que es imprescindible cambiar para poder también fortalecer y cambiar nuestro modelo productivo y aumentar nuestra productividad, competitividad y capacidad de resistencia. No podemos permitirnos que a cada crisis nuestro empleo se desplome como en ningún otro país europeo. Nadie en la UE debería de poner como condición que no se reforme nuestro mercado de trabajo, sino, más bien, plantear que esa es una reforma prioritaria. Si no, que el que lo diga también pida que, si tan bueno es, lo aplique en su país. Lo que no quiere decir que no haya que intentar hacer los cambios necesarios de la forma más concertada posible entre los interlocutores sociales. Y, si no es posible, en parte o en todo, es entonces cuando tendrá que intervenir el poder político democrático.

Tercera, plantear un renacimiento del proyecto europeo en el horizonte de una estructura federal requerirá una gran capacidad de elaboración y de análisis. Que es necesario articular.También de realizaciones concretas ejemplarizantes – como el marco de un salario mínimo europeo, de un seguro de paro europeo, de una directiva sobre el trabajo de plataformas, de medidas contra el dumping salarial e impositivo, la exigencia del respeto a los valores democráticos, el acceso de todos a las tecnologías digitales, etc. – que vuelva a ganar la confianza y el atractivo de la UE para los ciudadanos.

Las organizaciones de la sociedad civil, como los sindicatos y las grandes organizaciones no gubernamentales, así como los partidos políticos de la izquierda europea tendrían que organizar una gran campaña en los Estados miembros de la UE – dentro o al lado de la anunciada “Conferencia sobre el porvenir de Europa”, planteada por la Comisión europea el 22 de enero: COM (2020) 27 final- sobre ese proyecto federal para Europa.