BIENESTAR EN LAS CIUDADES. UNA AGENDA URBANA PARA ESPAÑA

Del 21 al 25 de mayo se ha celebrado la Semana Verde de la UE 2018 centrada en los retos para lograr que se produzca una transición sostenible en las ciudades europeas, objetivo que la UE promueve con regulaciones, herramientas y mecanismos de cofinanciación de distinto tipo, buscando incentivar planes para nuestras ciudades que las encaminen hacia la “neutralidad en carbono” y la “sostenibilidad urbana”, a través de iniciativas como, entre otras, las Capitales Verdes de la UE, las ciudades Hoja Verde de la UE o las convocatorias para financiación de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integradas (EDUSI) realizadas a través de la Dirección General de Fondos Europeos.

En esta dirección pretenden ir también actuaciones ligadas a la Agenda Urbana Europea o, en el caso español, a la Agenda Urbana Española en proceso de elaboración. Agendas que tratan de encuadrar e integrar en una visión común las normativas europeas sobre gobernanza, integración social, agua, energía, aire o residuos, entre otras, promoviendo campos concretos como la descarbonización, la eficiencia energética o la economía circular y la desmaterialización de la economía, que pretende que el 55% de los residuos urbanos se recicle para 2025, el 60% para 2030 y el 65% para 2035, asegurando que menos del 10% de los residuos urbanos llegue a los vertederos para 2035, o que sea obligatoria la recogida selectiva de residuos biológicos para 2023.

En definitiva, tratan de abordar los problemas socioeconómicos, territoriales y ambientales que inciden más directamente en el bienestar de los ciudadanos, promoviendo la integración de la sostenibilidad en la base de los imprescindibles procesos de planificación territorial y urbana que los hagan viables. Y, en este sentido, también en esta Semana Verde la UE ha lanzado la “Green City Tool”, conjunto de herramientas que permitirán valorar el rendimiento ecológico relativo de las distintas ciudades, proporcionando a éstas criterios para avanzar en esa dirección con una planificación urbana sostenible.

Ya la semana pasada nos referíamos en esta sección a que el Consejo Asesor para la Transición Energética de la Economía (CAPTE) creado por el PSOE, había elaborado dos documentos: uno sobre Agenda Urbana 2030-2050 (Una propuesta urbana integradora y saludable para las personas y sostenible con el entorno), y otro sobre Política territorial (Territorios rurales, recursos, usos y personas inteligentes), analizando y estableciendo propuestas para luchar contra el cambio climático y para lograr una transición ecológica ambiciosa y socialmente justa en España. Al segundo de ellos nos referimos en el citado artículo, y hoy nos centraremos en la Agenda Urbana, con la que el CAPTE pretende promover políticas para conseguir unas ciudades “eco sostenibles”, que establezcan: una nueva relación entre el entorno rural y el urbano; unas nuevas pautas para la construcción y rehabilitación sostenible y energéticamente eficiente; la implantación de una movilidad sostenible; un modelo energético 100% renovable; y una economía circular.

Si comparamos sus contenidos, Objetivos y principales líneas de acción con los de la Agenda Urbana Española (AUE), en elaboración por el Ministerio de Fomento, necesariamente habremos de recalcar las diferencias ideológicas y de planteamiento que aparecen entre ambos. Los diez Objetivos Estratégicos de la AUE ministerial y los nueve del CAPTE se recogen en el Cuadro siguiente.

La principal diferencia entre ambas propuestas, a valorar muy positivamente desde la posición del CAPTE, es el punto de partida de ambos documentos. Mientras que en la AUE se vislumbra un punto de partida predominantemente optimista –diagnóstico con muchas fortalezas y pocas debilidades-, voluntarista, continuista –sin valorar la alta gravedad del cambio global- y que presupone implícitamente la viabilidad de la continuidad del modelo de desarrollo actual, en la CAPTE el punto de partida es fundamentalmente realista. Así, opta por “una ciudad resiliente, preparada para la complejidad creciente del entorno urbano”, y establece unas premisas ligadas a cuatro aspectos fundamentales para viabilizar sus objetivos: visión de futuro; necesidad de pasar a la acción; ciudadanía empoderada y el papel imprescindible de la comunicación. En este marco, se destaca por el CAPTE que es fundamental “informar a nuestros gobernantes y a la ciudadanía sobre el alcance vital de la crisis ecológica y climática, y sobre el papel central de las ciudades en su aminoramiento y solución”, incidiendo en que es fundamental el “reciclaje de profesionales y de la población en general, que han sido educados en el entendimiento de que energía y recursos pueden ser consumidos sin límite”, lo cual está muy lejos del horizonte que se avecina a medio-largo plazo.

La propia dimensión territorial del problema está muy lejos de tener el mismo enfoque en la AUE y en la AE del CAPTE, para la que son elementos fundamentales: la planificación territorial integrada en ámbitos que denomina “orgánicos” atendiendo al metabolismo territorial/urbano; lo que obliga a la consideración de lo que normalmente se denomina “regiones funcionales urbanas” o “áreas metropolitanas” para los grandes conglomerados urbano-rurales; o la consideración de “comarcas rurales” como marco para la planificación de un desarrollo rural sostenible. Sobre todo en un marco –el de la ordenación del territorio- en el que sólo una minoría de Comunidades Autónomas han procedido al establecimiento, desarrollo y gestión de una adecuada planificación territorial que permita el avance hacia modelos sostenibles ambientalmente, cohesionados socioeconómicamente y con un cierto equilibrio espacial.

En el documento del Ministerio esta problemática está insinuada en varias de sus Líneas de Acción (Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial; lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que mejore, también, la gestión) pero no afrontada directamente ni destacada con la importancia necesaria en el marco de cambio global y de sus correspondientes riesgos asociados en el que nos encontramos.

Obviamente en ambas Agendas la mayoría de los Objetivos y Líneas de acción son comunes o similares. Prácticamente muchas de las Líneas de Acción del Ministerio están presentes en las propuestas del CAPTE, pero es preciso señalar lo que son diferencias de profunda raíz ideológica y ambiental en las que las diferencias son notorias. El primer ámbito es el energético, donde la apuesta del CAPTE por las energías renovables, la desnuclearización y la energía distribuida, por ejemplo, dista mucho de la posición reflejada en la AUE, donde dichas líneas son genéricas e inconcretas, como no podría ser de otra forma en el marco de la política energética desarrollada en la actualidad por el Gobierno español. E igual sucede con la concepción de un modelo económico (consumo, producción, papel de la importación de productos de carbono,…) en la que el Ministerio opta por una continuidad difícilmente compatible con la sostenibilidad a medio-largo plazo, mientras que en el CAPTE hay una opción mucho más clara y decidida por el imprescindible cambio de modelo. E igual sucede con la clara opción del CAPTE por la redistribución de población y riqueza o por la urgencia de definir planes de choque y planes de acción para avanzar en la transición hacia una sociedad ecosostenible, con objetivos y acciones concretas para 2025, 2030, 2040 y 2050.

Mayor convergencia se produce en la necesidad de reforzar y apoyar acciones concretas que reproduzcan buenas prácticas que se hayan demostrado eficaces y permitan su aplicación inmediata con resultados visibles, así como la llamada a una mayor implicación ciudadana en el proceso. Lo que obliga a plantear dos cuestiones: la primera, la de si el bienestar o la conciencia y compromiso individual mayoritario coincide con los Objetivos establecidos en las AU –suponiendo que los ciudadanos los conozcan-  y, por lo tanto, cabe esperar una respuesta social si los mismos no se alcanzan; la segunda, es la de si los Indicadores y métricas que se proponen en el caso de la AUE son los más adecuados para informar, concienciar y comprometer a la población con sus votaciones o presión política para su cumplimiento, en el improbable supuesto de que realmente el partido en el Gobierno, en contra de lo que ha sido su práctica histórica habitual, optara por políticas reales para avanzar hacia un modelo de desarrollo ecosostenible.