El sueño de las vacunas nos hizo pensar que rozábamos con los dedos el final de la pandemia, pero la actitud de los laboratorios nos ha destrozado aquella ilusión por mucho tiempo. Con la reducción del 60% de la  distribución acordada por AstraZeneca y la  ralentización de Pfizer, los objetivos de llegar al verano con un 70% de la población europea inmunizada están en cuestión. Ni el sistema económico ni la paciencia de los  ciudadanos podemos  soportar  más  retrasos.

Aún es pronto para saber si las escaramuzas entre las compañías  farmacéuticas productoras de vacunas y la UE son una simple guerra de guerrillas para mejorar precios, o una lucha abierta por imponer sus  beneficios económicos y penalizar a algunos países, retrasando  su salida  de  esta crisis.

Que compañías privadas, altamente subvencionadas con recursos públicos,  o instituciones independientes, mantengan un pulso de estas  características a una institución política  que representa a 450 millones de ciudadanos, con la segunda renta per cápita más alta del mundo, es incomprensible o algo se ha hecho mal.

En la carrera por buscar la  inmunidad y atajar los contagios, no podemos olvidar que las  vacunas son un bien social imprescindible para la vida. Y las  compañías  farmacéuticas, que encarnan el capitalismo y la hegemonía del lucro por encima del bien común, deben ser limitadas, porque entre otras  cosas la investigación la hemos pagado con nuestros  impuestos y la  decisión de  quién y cuándo se deben poner las  vacunas es  competencia de los  Estados.

Si bien es cierto que la estrategia  de la UE de negociar conjuntamente los 27 países con las  seis compañías farmacéuticas ha sido positiva, la debilidad de la UE para exigir unos términos favorables en los acuerdos sobre cantidad, tiempos y plazos, es manifiestamente mejorable. Seguramente porque la pura negociación mercantil, sin considerar las  vacunas como un bien público global sujeto a los  condicionantes que esto supone, nunca  estuvo  sobre la mesa ni en las  cabezas de los  expertos  neoliberales  que han acordado este zancocho.

Sabiendo que la pandemia no terminará en ninguna parte hasta que se  erradique en todos los sitios, y que los países pobres tan solo van a disponer de vacunas para el 20% de la población, pensar en otras alternativas que  superen esta realidad, es imprescindible. Porque no hay suficiente número de vacunas en el mundo para erradicar la pandemia. Entre otras cosas, porque la propiedad intelectual, las patentes, son las  que hacen de cuello de botella en la producción y les permite tener la sartén por el mango en el encarecimiento  de las mismas.

En este  sentido, el pasado 4 de febrero la Organización Mundial de Comercio (OMC) debatió una propuesta liderada por India, Sudáfrica y  algunos otros  países, que planteaba la posibilidad de eximir a los países miembros, de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas, hasta  conseguir la inmunización del 70% de la población mundial. Es decir, mientras  dure la Covid-19. La iniciativa fue ampliamente rechazada por países  como Reino Unido, Canadá, Japón, México, Chile…..A pesar  del rechazo, el hecho de debatirse es un avance importante, puesto que puso un tema, hasta  ahora tabú, en la  agenda de la  discusión futura.

También el propio Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un artículo publicado en la revista norteamericana Foreign Policy el pasado 2 de febrero  decía: “La venta de vacunas  en base  al nacionalismo de vacunas, no es  solo moralmente indefendible sino epidemiológicamente autodestructivo y clínicamente contraproducente.”

Para a continuación añadir: “Los mecanismos del mercado son insuficientes para parar la pandemia a través de la vacunación, hasta lograr la inmunidad de rebaño”. Y entre las  soluciones plantea: “Compartir la tecnología de fabricación, su propiedad intelectual, ampliándola temporalmente y expandiendo la contratación voluntaria de fabricantes”.

La  coalición medicamentos por un precio justo, que agrupa  a decenas de organizaciones, está planteando una iniciativa legislativa popular (ILG) para que el Gobierno de España lleve ante la UE una iniciativa en parecidos  términos.

Si somos  conscientes de que no puede haber  recuperación económica sin  antes controlar la pandemia y que el virus no conoce fronteras, edades, carteras y mercados, el futuro pasa por la inmunización del 70% de la población mundial, y eso exige más producción, menos egoísmos y menos coste.