En el actual clima de incertidumbre y polarización política el reconocimiento de la autonomía de las partes y el fortalecimiento de la negociación entre los interlocutores sociales será fundamental para garantizar el éxito de las futuras reformas -que se demandan desde distintos ámbitos económicos y sociales-, de acuerdo con la función que la Constitución Española atribuye a las organizaciones sindicales y empresariales.

Sin embargo, esta afirmación básica y elemental no debe excluir el análisis de la compleja realidad del mundo empresarial, protegido bajo el paraguas de las políticas neoliberales y las decisiones favorables de algunos gobiernos (reformas laborales del PSOE en 2010 y, sobre todo, del PP en 2012, contestadas con sendas huelgas generales), que los sindicatos, con estos antecedentes, tienen la obligación y la responsabilidad de abordar, para evitar que vuelvan a repetirse. Por eso resulta inaceptable que se diga  que los sindicatos deben “adaptarse a la realidad de la empresa”, al “entorno digital” y al “futuro del trabajo” y no se diga absolutamente nada sobre la “responsabilidad” de las empresas en la actualidad. Incluso, determinados analistas y expertos socio laborales centran sus exigencias de modernización exclusivamente en los sindicatos y se olvidan por completo del comportamiento de las empresas.

Esto tiene una relación directa con la crudeza del capitalismo y el carácter depredador de muchas empresas de nuestro tiempo, así como con la impopularidad de muchos ejecutivos empresariales (sobre todo en los países anglosajones) que, incluso, transciende a la opinión pública. Empresas que han estafado a miles de inversores y trabajadores mediante fraudes contables que dejaron a miles de pensionistas en la ruina y a  muchos trabajadores que han tenido que buscar trabajo a la edad en que pensaban jubilarse. La lista de estas empresas en todo el mundo sería interminable.

Ejecutivos que se fijan retribuciones obscenas y a la vez reclaman moderación salarial a los trabajadores. En vez de devaluar drásticamente los salarios deberían poner fin a estas prácticas que conducen a que, en muchos casos, la empresa pierda dinero (por lo tanto lo pierden los accionistas) mientras el consejo de administración se enriquece con retribuciones millonarias. Otros casos se refieren al procedimiento consistente en fijar las retribuciones de los directivos en función de la cotización de las acciones de la empresa en bolsa. Para conseguirlo no dudan en reducir costos laborales, deteriorar las condiciones de trabajo y recurrir a los despidos masivos con el propósito de mejorar los beneficios y, por lo tanto, los ingresos de los altos ejecutivos.

También es práctica habitual que las empresas anuncien beneficios y, simultáneamente, el despido de trabajadores. Otros ejemplos de actualidad se establecen en torno a plataformas digitales, empresas multiservicios y compañías aéreas de bajo costo, que para algunos representan el paradigma de las empresas del siglo XXI. En algunas empresas, los empleados (falsos autónomos) tienen que pagarse su propio vehículo, sus herramientas y sus ropas de trabajo. Incluso, algunas azafatas de empresas aéreas (low cost) limpian el avión, con salarios más bajos y una jornada laboral más larga para competir con las empresas del sector (dumping social).

Esta situación hace ineludible avanzar en “la democracia económica”, término olvidado en los últimos años, como se olvidó antaño la llamada “democracia industrial” y el “control obrero”. La participación plena de los trabajadores y de sus sindicatos, así como la transparencia que debe presidir la actuación de las grandes empresas multinacionales requiere establecer, cuanto antes, el marco legal y los instrumentos necesarios que garanticen el control democrático de los trabajadores y los contrapoderes para establecer el necesario equilibrio entre las partes.

Las medidas que el movimiento sindical reclama con reiteración en el ámbito europeo resultan urgentes: establecer las bases jurídicas que hagan posible una negociación colectiva en este ámbito; garantizar los derechos de información y consulta, cuando menos en las grandes y medianas empresas  que operan en la UE; y constituir el mayor número posible de  comités de empresa europeos reforzando las experiencias actualmente en marcha.

No resultará nada fácil conseguir estos objetivos. Tampoco lo será abordar la reconstrucción del país, a pesar de la gravedad de la situación económica y social y la notable cantidad de dinero público que recibirán las empresas. Cuatro  asuntos destacan por su complejidad y dificultad para lograr acuerdo entre sindicatos y empresarios: trabajar unidos para recabar la colaboración y el apoyo de sindicatos y empresarios en el marco de la UE, abordar la precariedad del mercado de trabajo (derogar la reforma laboral y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores), garantizar la sostenibilidad de las pensiones y su poder adquisitivo y acometer una reforma fiscal en profundidad que soporte el costo de las políticas encaminadas a salir de la crisis sanitaria, económica y social.

Las dificultades enumeradas tienen una relación directa con los planteamientos de las grandes empresas reunidas a petición expresa de la CEOE en los últimos días, para analizar los destrozos de la Pandemia que ha desarmado dialécticamente el discurso neoliberal: “más mercado y menos Estado” y “más empresa y menos sindicato”, en un contexto favorable al incremento de las desigualdades entre ricos y pobres. A todo ello ha contribuido, según Tony Judt, la obsesión por la riqueza, el culto a la privatización de servicios públicos y, sobre todo, la acrítica admiración de los mercados desregulados, el desdén por el sector público y la quimera de un crecimiento sin límites.

Entre las demandas empresariales destacan el mantener la regresiva reforma laboral de Rajoy (devaluación salarial); reducir las cotizaciones sociales, desligar las pensiones del IPC, mantener el factor de sostenibilidad; y no subir los impuestos (sociedades, patrimonio y altos ingresos). Razones y medidas que las empresas y la CEOE-CEPYME vienen reiterando desde hace muchos años, al margen de la Pandemia, sin que ello haya resuelto el problema del desempleo, la precariedad y la baja productividad de muchas empresas. Por lo tanto, es hora de que la CEOE-CEPYME asuma la responsabilidad social que le corresponde en una economía social de mercado y aborde una renovación cultural en profundidad, que obligue a las empresas a hacer compatible el beneficio y la sostenibilidad: cumplir con las leyes (fiscales y laborales), respetar los convenios colectivos y asumir un comportamiento responsable con los trabajadores, accionistas, consumidores y sociedad en general.

En cuanto al mercado de trabajo, los sindicatos insisten en derogar las últimas reformas laborales y garantizar el equilibrio de fuerzas entre los interlocutores sociales. Sobre todo exigen reforzar la negociación colectiva y facilitar su articulación a todos los niveles, así como su extensión, con el propósito de que todos los trabajadores estén cubiertos por un convenio. En este sentido, el convenio estatal de sector debe ser la referencia obligada para fijar los marcos de negociación, así como los contenidos a introducir en los ámbitos inferiores y en las empresas. Además de abordar, de una vez por todas, la brutal precariedad de nuestro mercado de trabajo, lo que exige recuperar la causalidad en la contratación, perseguir decididamente el abuso y el fraude empresarial y fortalecer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dotándola de los medios técnicos, económicos y humanos necesarios. En este sentido, la prórroga de los ERTES y las conversaciones para regular el teletrabajo están generando serias expectativas en la búsqueda de acuerdos más amplios.

En relación con la sostenibilidad de la Seguridad Social (SS) y el poder adquisitivo de las pensiones, los sindicatos plantean activar el Pacto de Toledo para revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC, eliminar el factor de sostenibilidad, revisar las subvenciones a la contratación, racionalizar el gasto y estudiar la búsqueda de ingresos alternativos: recurso a ingresos fiscales que garanticen la sostenibilidad de la SS. Los trabajadores y los pensionistas lo exigen -a través de repetidas movilizaciones- y los sindicatos lo reivindican con mucha insistencia para superar las actuales incertidumbres.

Finalmente, la política fiscal es el nudo gordiano de cualquiera acuerdo relevante. El objetivo es situar los ingresos fiscales en la media europea. Para ello proponen mejorar sustancialmente la conciencia fiscal de los ciudadanos y situar la lucha contra la fuerte elusión, el fraude fiscal y la economía sumergida a la cabeza de las prioridades políticas en la actual legislatura. En concreto, pretenden acabar con la utilización de los paraísos fiscales (de acuerdo con la UE), blindar la seguridad jurídica de los denunciantes de delitos fiscales, penalizar la contratación pública de las empresas que no cumplan con las exigencias de una fiscalidad responsable, insistir en la incompatibilidad entre el ejercicio de cualquier cargo público y el uso de instrumentos que posibiliten la elusión y el fraude fiscal y, finalmente, reforzar los medios técnicos y los recursos humanos de la AEAT para cubrir las necesidades de inspección, control y lucha contra el fraude encaminadas a confluir, de manera coordinada y a todas los niveles, con los porcentajes de fraude de la UE.

Por otra parte, insisten en potenciar los impuestos directos (rentas y patrimonio) sobre los indirectos (el IVA lo pagan todos los ciudadanos por igual al margen de su riqueza y patrimonio) puesto que, entre los años 2012 y 2018, el peso relativo de los impuestos directos se ha reducido del 56% al 52%. De la misma manera, UGT propone equiparar (que paguen lo mismo) las rentas del capital a las del trabajo; aumentar el IRPF a las rentas más altas (CCOO propone, en concreto, subir dos puntos a las rentas superiores a 60.000 euros); establecer un mínimo en el impuesto de sociedades (15%); evitar el dumping fiscal entre CCAA y la confrontación de éstas con el Estado (imponer una tasa mínima en patrimonio, sucesiones y donaciones); revisar a fondo las bonificaciones, exenciones y deducciones fiscales; analizar la composición del IVA (penalizar el lujo y elevar el impuesto a las bebidas con alto contenido de azúcar); revisar en profundidad la tributación de las SICAV, SOCIMI y ETVE; establecer una ambiciosa fiscalidad verde y medioambiental; aplicar la tasa Google; imponer tasas a las transferencias financieras…

El hecho de que los interlocutores sociales logren avances en estos importantes asuntos facilitará el conseguir las ayudas pendientes de la UE, los acuerdos en el Parlamento y la aprobación de los PGE-2021. Además, dotaría de un fuerte protagonismo a sindicatos y empresarios en el enrarecido clima político y social. Todo dependerá, en buena medida, de la actitud que asuma la CEOE-CEPYME, a pesar de que el Gobierno y el Parlamento siempre tienen la última palabra…