En los últimos días se ha conocido que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León está impulsando una “Ley de concordia” que pretende neutralizar la Ley de Memoria Democrática de 2022. También se ha sabido que el Gobierno valenciano prepara varios proyectos de ley sobre libertad educativa y “concordia”. El tema es inquietante, porque sobre el mismo convergen dos cuestiones distintas que caracterizan a las derechas españolas y que impiden que éstas puedan desempeñar un papel de consenso en la política de este país.

Empecemos por el problema más general, más amplio. Hace unos meses, en el pasado enero, se supo que las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular (con o sin VOX) estaban preparando una regulación de la EBAU, la antigua selectividad universitaria, que podría dejar sin efecto la legislación del Estado o crear un contramodelo de ésta (“El PP reta al Gobierno con una Selectividad única en las comunidades donde gobierna”, La Vanguardia, 25 de enero de 2024: “EL PP impulsa una EBAU única para sus once comunidades”, ABC, 25 de enero de 2024). La intención era desplazar la legislación del Estado y, como escribió un editorial de El País, la iniciativa de la derecha era mucho más que una provocación política, pues se trataba de condicionar la política educativa del Gobierno y del resto de las Comunidades Autónomas (“La EBAU inviable”, El País, 27 de enero de 2024). Al final, dado lo complejo de la propuesta y tras una advertencia de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), el partido de Núñez Feijóo renunció a sus planes.

Al cabo de tres meses vuelve a darse el mismo fenómeno de desplazamiento ilegítimo de la legislación del Estado, la legislación aprobada por las Cortes Generales. Por una parte, en Castilla y León están preparando una denominada “ley de concordia”, que pretende desplazar la Ley de Memoria Democrática desde supuestos ideológicos contrapuestos, esto es, la equiparación de ambos bandos de la Guerra Civil (el agresor y el agredido) y el “blanqueo” de la dictadura de Franco. Y en la Comunidad Valenciana el plan es más ambicioso porque, según El País del pasado 28 de marzo, el Gobierno de coalición Partido Popular-VOX está preparando cinco proyectos de ley entre los que habría uno sobre “concordia” y otro sobre reforma educativa. Además, la Comunidad Autónoma de Aragón acaba de derogar la Ley de Memoria Democrática de 2018.

Como decíamos más arriba, en esta noticia confluyen dos cuestiones distintas que afectan por igual a la estabilidad democrática de España. Por un lado, la incapacidad de las derechas españolas de romper con su pasado autoritario y dictatorial. Por otro lado, la falacia de la defensa de la unidad de España, porque la derecha sólo defiende la unidad de España de forma retórica, no real. Veamos ambos fenómenos.

En primer lugar, es bien triste que las derechas españolas sigan teniendo una visión histórica que emana del franquismo. El Partido Popular nunca ha condenado (ni condenará) el franquismo, porque sus fundadores sirvieron a la dictadura y contribuyeron a su mantenimiento. Pero la generación del Partido Popular que sirvió al franquismo ya ha desaparecido, de modo que sus dirigentes jóvenes podían ser más abiertos, condenar la dictadura y apostar por la democracia, no sólo la actual sino la del pasado. Nada de esto ocurre, porque además se juntan el hambre y las ganas de comer y su aliado, Vox, es inequívocamente franquista, por lo que el Partido Popular va detrás de Vox en cuestiones de pasado histórico. Y si es lamentable que la derecha siga identificando su pasado con un pasado dictatorial o con una Monarquía que acabó siendo igualmente dictatorial, nada democrática, más criticable es que esos Gobiernos de coalición de la derecha quieran menospreciar a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura (véase “Humillar a las víctimas”, editorial de El País, 2 de abril de 2024).

En segundo lugar, llama la atención que una derecha que pone la unidad nacional por encima de todo en su discurso intente varias veces romper la unidad nacional y desplegar políticas públicas que obstaculizan la política del Gobierno de la Nación y, con ello, rompen la unidad de España. ¿Es que la política del Gobierno, la política que va dirigida a todos los españoles y a todos los territorios, no se debe obedecer ni ejecutar porque no es su Gobierno? ¿Con un Gobierno de izquierdas ya no es válida la unidad nacional?

Porque ya no es sólo que la defensa de la unidad de España por parte de la derecha sea falaz y no sincera. Además, pone en riesgo la democracia, porque pretende invalidar la obra del Parlamento español, al que quieren sustituir por los Parlamentos autonómicos. Si la izquierda hubiera hecho algo similar veríamos a las plañideras de la derecha (con su pequeño grupo de tránsfugas de la izquierda) rasgarse las vestiduras y hasta la propia piel. Pero lo hace la derecha que defiende retóricamente la unidad nacional.

Bien pensado, tampoco debemos extrañarnos. Esos son los rasgos de la política de la derecha española, unidad nacional retórica y falsa, y ruptura real y efectiva del país y del consenso democrático.