Una vez que se conocen los resultados de las elecciones vascas y gallegas, y en los próximos meses las consecuencias de dichos resultados, es hora de pararnos a analizar uno de los hechos más importantes que se han producido en estos procesos electorales y que es necesario darles una respuesta desde el punto de vista práctico y democrático ya.

Me refiero al hecho de que se haya impedido ejercer su derecho al voto a aquellos ciudadanos que eran positivo por COVID-19. En las recientes elecciones vascas, el gobierno autonómico decidió retirar el derecho a voto a las personas que eran positivo por COVID-19.

Una decisión polémica que fue respalda primero por la Junta Electoral del País Vasco, al afirmar que las medidas adoptadas por la administración garantizaban las condiciones adecuadas para votar “con la salvedad de segmentos reducidos de población por motivos sanitarios suficientemente justificados”. Y posteriormente, por la Junta Electoral Central con el argumento de “evitar la indeseada propagación» del coronavirus que, en su opinión, buscan «salvaguardar el derecho a la vida” de la ciudadanía.

Desde mi punto de vista, esta decisión vulnera el derecho fundamental a la participación recogido en el artículo 23 de nuestra constitución, donde señala que “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. Un derecho, que no puede ni debe confrontarse con el derecho a la vida y a la integridad física de las personas. Porque es mezclar churras con merinas.

En ese caso, ha sido un número reducido de personas, pero pudiera darse el caso de que esta medida, una vez legitimada, pueda ser un factor decisivo de distorsión del resultado electoral. E incluso un moderno tipo de gerrimandering electoral, donde excluir del proceso electoral a determinados segmento de la población puede ser decisivo para el resultado electoral. ¿Qué pasaría en EEUU en las elecciones presidenciales si se decidiera adoptar esta medida? Pues que Trump saldría beneficiado al estar siendo más afectados por el COVID-19 las personas con menos recursos y determinadas minorías.

En España el derecho al sufragio es un derecho fundamental. El derecho de sufragio es universal, libre, igual, directo y secreto. Y nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho de sufragio, ni a revelar su voto.

Como señala en su página web la propia Junta Electoral Central, “toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera.”

Esto significa que es un derecho absoluto, que ningún gobierno autonómico puede limitar al carecer de competencias. Pero, en la práctica se ha permitido en estas elecciones con las personas positivas por COVID-19. Un grave atropello democrático que, aunque no haya tenido incidencia en el resultado electoral en esta ocasión, hay que corregir con urgencia.

¿Cómo hacerlo?

En primer lugar, siendo conscientes de que el voto permite la práctica y la realización de los valores centrales de nuestro ordenamiento democrático. Es decir, la libertad, la igualdad y el pluralismo político.

En segundo lugar, asumiendo el error cometido en esta situación excepcional. Porque esta decisión tampoco cumple por ningún lado el principio de proporcionalidad, en virtud del cual los poderes con competencias para hacerlo pueden establecer medidas limitativas del derecho de sufragio con fines constitucionalmente lícitos predeterminados por la ley.

En tercer lugar, modificando la legislación electoral para que, si ocurren situaciones excepcionales parecidas, se permita votar a estos ciudadanos si ese es su deseo y con todas las garantías. ¿Cómo? Dependiendo del tiempo hasta las elecciones se podría flexibilizar el voto por correo, o constituir mesas específicas volantes con todas las garantías legales, electorales y sanitarias que fueran recogiendo el voto de estas personas.

Es cierto que en esta ocasión la decisión de limitar el voto se ha justificado por motivos de preservación de la salud. Pero, aun así, no son suficientes. Porque en otros países, primero en Corea del Sur, y después en Francia, se han puestos los medios para que las personas que han dado positivo por COVID-19 pudieran votar.

Hay que extremar las medidas para garantizar el voto preservando la salud de todos los ciudadanos. Pero sin exclusiones, porque de lo contrario, el gerrimandering de las pandemias estará servido.