Como sociedad, los españoles salimos de la larga dictadura franquista con muchos lastres. Uno, no menor, fue el arrastrar durante largo tiempo un profundo complejo de inferioridad en relación a los países de nuestro entorno natural, o sea, de Europa. Bastaba con viajar fuera y comparar cómo funcionaban allí las ciudades, los transportes, las empresas y las universidades con respecto a las de nuestro país para volver sumidos en una depresión.

Poco a poco, fuimos demostrándonos a nosotros mismos que no había ninguna tara genética en nuestro atraso e incompetencia, sino que más bien la causa estaba en la falta de oportunidades y en una pésima gestión de las instituciones por parte de nuestros gobernantes pasados. Así, hoy podemos enorgullecernos del buen hacer de muchos profesionales, que se han ganado entre nosotros un merecido prestigio. En primera fila están los médicos y el resto del personal sanitario de nuestra sanidad, que tienen una altísima calidad profesional. Nuestro modelo de trasplantes, por ejemplo, es la envidia de muchos países. Pero también nuestros ingenieros, arquitectos, científicos, la mayoría de los enseñantes y una buena proporción de empresarios innovadores. Los profesionales y emprendedores españoles se relacionan hoy en un plano de igualdad con sus equivalentes europeos. También nuestros jueces, en términos generales, han demostrado una competencia e independencia notables a la hora de juzgar a políticos corruptos y no se han detenido ante ministros, presidentes autonómicos, ni integrantes de la familia real. Nuestras Policía Nacional y Guardia Civil han sido extraordinariamente eficaces en la investigación de los delitos y decisivas para la desarticulación de la banda terrorista ETA y de muchas tramas islamistas. También contamos con magníficos escritores y periodistas independientes —por desgracia, también con muchos que no lo son— y con dignísimos profesionales del resto de la cultura, tales como directores de cine, actores y músicos. Finalmente, nuestros militares en activo han superado la oscura etapa del golpismo de los años 80 y hoy son  homologables —en términos democráticos y técnicos— a cualquier ejército occidental. Su buen desempeño en las misiones internacionales es reconocido por el resto de las potencias.

¿Y nuestros gestores públicos? ¿Son competentes al nivel que se espera en una sociedad desarrollada? Sería temerario generalizar, porque tenemos una amplia variedad. Pero hay demasiados casos de gestores que se especializan en confrontar antes que en gestionar. La pandemia y la reciente borrasca Filomena han puesto a prueba las capacidades de gestión de nuestros cargos públicos. Veamos algunos de sus resultados, en muchos casos totalmente inaceptables.

Ante la inminente gran nevada que se iba a cernir sobre Madrid los días 8 y 9 de enero, el Alcalde Martínez Almeida y la Presidenta Díaz Ayuso afirmaban estar preparados. Los hechos demostraron lo contrario: nadie impidió que los ciudadanos acudieran a sus trabajos la tarde del día 8 y varios  miles quedaron atrapados en sus vehículos al intentar volver a casa; el transporte de superficie quedó bloqueado tras recibir varias ordenes contradictorias; la ciudad estuvo 10 días con las basuras sin recoger y con cientos de calles convertidas en pistas de hielo; y los pueblos de la región no recibieron apenas asistencia. Luego hemos sabido que muchos camiones de bomberos no pudieron actuar por no tener sus reglamentarias cadenas y que al menos nueve quitanieves de la Consejería de Transportes de la Comunidad estuvieron ociosas en sus aparcamientos de la sierra. También, que el cuerpo de Agentes Forestales —según sus sindicatos— estuvo infrautilizado durante la nevada por falta de planificación.

Estas deficiencias de gestión no han sido obstáculo para que ambos regidores hayan confrontado con el Gobierno nacional a propósito de la limpieza del aeropuerto de Barajas, del uso de la UME o de la declaración de Madrid como zona catastrófica. Son ya muchas las veces que estos dirigentes eligen la confrontación para ocultar sus déficits.

Pero, donde están apareciendo muy preocupantes incompetencias de gestión en toda España es en el proceso de vacunación contra la Covid-19. El plan fue preparado a partir de septiembre por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas y en él se incluía el orden de prioridad de los diferentes colectivos. El primero lo forman las residencias de mayores, los sanitarios y los dependientes. La potestad de sancionar los incumplimientos recae en las comunidades, salvo para el personal que depende directamente del Gobierno de la Nación. Pues bien, son demasiado abundantes —y también demasiado indignantes— los casos de responsables políticos y de gestores que se han saltado dicho orden. Especialmente notorios han sido los del Consejero de Sanidad de Murcia, del de Ceuta —ambos del PP—, algunos alcaldes y alcaldesas de Murcia, Zaragoza, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña —tanto del PP, como del PSOE y de Junts per Catalunya—, los directores y jubilados de algunos hospitales y hasta familiares de residentes o de sanitarios. Los incumplimientos que han salido a la luz suman ya varios miles. Lo que significa que varios miles de residentes mayores, de sanitarios de primera fila y de dependientes —colectivos aún no completamente vacunados— recibirán su vacuna más tarde de lo que tenían derecho y que algunos de ellos puede incluso que mueran durante la espera.

Y, lo peor, es la poca importancia que parecen darle a estos hechos algunos dirigentes políticos. Los incumplidores del PSOE han sido inmediatamente suspendidos de militancia. El caso del Jefe del Estado Mayor, dependiente del Ministerio de Defensa, también se ha saldado con su dimisión forzada. En cambio, en el PP se lo toman con calma. A fecha de hoy, el Consejero de Ceuta sigue en su puesto y el de Murcia no fue cesado, sino que dimitió debido a la presión social. Debería haber habido severas sanciones e inhabilitaciones por parte de las comunidades y de los partidos políticos para los cargos públicos que se han saltado el orden establecido.

También en estos casos, los gestores que peor han cumplido su obligación de vigilancia suelen coincidir con los que más han confrontado con el Gobierno a propósito de la distribución de los viales entre las distintas comunidades autónomas.

Para completar los ejemplos de mala gestión, está el asunto de las jeringuillas. Algunas comunidades no se aprovisionaron de las que se sabía eran las adecuadas para aprovechar todas las dosis contenidas en los viales. La consecuencia de ello es que se desperdicia un sexto de las vacunas disponibles, en unos momentos en que los cada minuto cuenta en la lucha contra los contagios del virus. Acelerar la vacunación debería ser la prioridad máxima en estos momentos y aprovechar todas las dosis es parte de ello.

La gestión y la planificación de los recursos es un tema muy serio al que no parece haber llegado la modernización y la mejora de competencias que han mostrado otras profesiones. La pandemia —con su actual plan de vacunación— y la reciente gran nevada que ha caído en buena parte de España, han demostrado que hay todavía demasiadas ineficiencias y que en este terreno aún nos queda mucho por mejorar. En cambio, en confrontación política y en echar la culpa al de al lado, algunos de nuestros políticos son verdaderos campeones de Europa.