COP 27 de cambio climático. ¿Algo nuevo?

Cuando uno abre la web de la COP27[1] aparece destacada una frase del Presidente de Egipto Abdel Fattah El-Sisi[2] que reitera mensajes voluntaristas poco efectivos en la práctica real hasta la actualidad: lo imprescindible de una concertación y puesta en práctica sostenida de medidas que aborden el grave reto del calentamiento global sobre el que los últimos datos no invitan al optimismo.

Una segunda consideración cabe hacerla sobre los Objetivos asumidos para esta COP 27:

  1. Pasando del compromiso a la implementación a escala y a tiempo, en función de los flujos de trabajo acordados en París y a la ambición reflejada hasta y durante Glasgow, es hora de acelerar, ampliar, replicar las historias de éxito y cumplir a través de los mecanismos correctos.
  2. Cumpliendo con la adaptación, se necesita una agenda de adaptación transformadora ahora. Una basada en la ciencia y que responda a las necesidades reales de los países y comunidades en situaciones de vulnerabilidad climática, y que proteja las necesidades básicas y las necesidades y objetivos de desarrollo sostenible para todos.
  3. Acción para aclarar el apoyo por pérdidas y daños, con los impactos cada vez mayores de los fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes y la aceleración de los fenómenos de evolución lenta, es hora de responder a las llamadas y necesidades de un mecanismo eficaz que satisfaga las necesidades de acción y apoyo, en particular para aquellos que son más vulnerables a los impactos del cambio climático.
  4. Hacer realidad los flujos financieros. Proporcionar, movilizar y entregar financiamiento climático para los países en desarrollo es una prioridad urgente y necesita una nueva mentalidad, estrategias y políticas actualizadas, especialmente en el contexto de las crisis financieras actuales, los desafíos de la deuda y el aumento de las tasas de interés. Es imperativo generar flujos financieros apropiados que se basen en las necesidades identificadas a través de las NDC y otros vehículos, con un enfoque en instrumentos de financiación concesional y subvenciones según corresponda, al tiempo que se proporciona una revisión clara de la definición de proyectos financiables que tenga en cuenta los beneficios climáticos y no solo riesgos, y lograr impactos transversales.
  5. Garantizar una transición gestionada y justa, basada en los principios acordados en la Convención y su Acuerdo de París, para lograr la transición acordada hacia un modelo económico basado en un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima, tal como se prevé en el Acuerdo de París y la acción mejorada identificada en Glasgow. Es importante que estemos de acuerdo en gestionar la transición de una manera que asegure el cambio necesario y la rápida incorporación gradual de tecnologías de bajas emisiones y la reducción gradual de las de altas emisiones, teniendo en cuenta los impactos de la implementación de medidas de respuesta y asegurando que la Transición Justa satisfaga las necesidades de todos aquellos que se ven afectados, incluso con respecto a la seguridad alimentaria y del agua
  6. Evitar retroceder en los compromisos y promesas a pesar de los múltiples desafíos y crisis, en particular la crisis energética. Todos debemos mostrar liderazgo, donde las promesas y los compromisos se confirman e incluso mejoran mientras se garantiza que no haya retrocesos o retrocesos de ninguna forma. Los tiempos difíciles crean oportunidades para una transición rápida y cumplir con los compromisos, es hora de mostrar liderazgo político y debemos enviar un mensaje claro de que el enfoque colectivo multilateral para enfrentar el desafío del cambio climático es resistente, comprometido, efectivo y entregado.

En síntesis, intentar una respuesta a los diagnósticos de los distintos Informes publicados desde la COP 26, de Glasgow –con el Pacto de Glasgow por el clima- que muestran como la crisis energética asociada a la vuelta de la demanda tras la crisis de la Covid-19 y sus fuertes efectos sobre la oferta, y las consecuencias de la invasión de Ucrania por Rusia, han dado lugar a una reactivación del uso de las energías fósiles, al aumento de los costes de producción, de la inflación y de las tasas de interés que inciden en el coste de nuevas inversiones; y como el Acuerdo de Copenhague de ayuda financiera a los países en desarrollo para combatir el cambio climático está lejos de materializarse.

Como hemos señalado, con ocasión d la COP 27 se han publicado un amplio conjunto de Informes, a algunos de los cuales ya nos hemos referido en artículos anteriores, que permiten perfilar el diagnóstico y las tendencias en el sector energético, en las emisiones de gases de efecto invernadero y en las tendencias previsibles para el calentamiento global y la catástrofes asociadas al cambio climático derivado, así como en las recomendaciones y previsiones de efectos sobre la humanidad y sobre el planeta.

El Informe del Global Carbon Project –GCP (2022)[3] sobre las emisiones de carbono, estimando las correspondientes a 2022 -que aumentaron un 1% en comparación con 2021, hasta su nivel histórico más alto- destaca, como elemento diferencial, cuánto le queda al mundo en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) potenciales para superar el reto de un calentamiento superior a 1,5ºC -380 GtCO2equiv- o para superar los 2ºC -1.230 GtCO2equiv- cifras equivalentes a las emisiones de nueve y 30 años, respectivamente, a las tasas actuales.

Otro de los últimos Informes -DNV (2022)[4]– sigue la pauta optimista en sus conclusiones, sobre todo en sus tendencias a largo plazo, cuando señala que los altos precios de la energía y un mayor enfoque en la seguridad energética debido a la guerra en Ucrania no retrasarán la transición descarbonizadora a ese largo plazo. Y ello porque Europa mantiene su objetivo de acelerar su desarrollo de energías renovables para lograr la seguridad energética; y porque persiste la caída de los costos de las energías renovables, la electrificación y el aumento de los precios del carbono. No obstante, señala que no se han materializado acciones suficientes para reducir las emisiones y que éstas se mantienen en niveles récord, siendo necesario que cayeran a un ritmo del 8% anual para asegurar el cero neto para 2050, lo que exigiría trasformaciones radicales. Dinámica que, en la actualidad, encuentra el problema de hacer frente a los altos precios de la energía y de los alimentos, lo que puede disminuir la prioridad de la descarbonización, a corto plazo, en las políticas gubernamentales. Establece que los países de la OCDE deben alcanzar unas emisiones netas “cero” para 2043 y netas negativas a partir de entonces; que China necesita reducir las emisiones a “cero” neto para 2050; y que después de 2024 no se debería necesitar petróleo ni gas nuevo en los países de ingresos altos, ni después de 2028 en los países de ingresos medios y bajos.

Un tercer Informe a considerar es el del IEA (2022)[5] en el que se realiza el tradicional repaso de la situación energética, de las emisiones, de su influencia en el calentamiento global y de las medidas precisas para avanzar en la tradicional visión optimista y posibilista que caracteriza a estos informes anuales, pese al también tradicional incumplimiento de sus previsiones. No obstante, destaca que la crisis actual es tanto una crisis energética como de seguridad alimentaria y de riesgo de incremento de los impactos cada vez más visibles del cambio climático. Demuestra la falsedad de las afirmaciones populistas de que estemos ante una crisis derivada de la apuesta por frenar el calentamiento global y lograr más energía limpia, que todavía tiene poca incidencia en el total, siendo más cierto que unas transiciones de energías limpias más rápidas habrían ayudado a moderar el impacto de esta crisis, y que será dicha transición la que represente la mejor manera de salir de ella. Espera que la inflexión hacia un sistema energético más limpio y seguro pueda materializar esa transición gracias a la respuesta sin precedentes de los gobiernos de todo el mundo, incluida la Ley de Reducción de la Inflación en los Estados Unidos, el paquete Fit for 55 y REPowerEU en la Unión Europea, la Transformación Verde de Japón (GX), el objetivo de Corea de aumentar la proporción de energía nuclear y renovable en su combinación energética, y objetivos ambiciosos de energía limpia en China e India. En todo caso, también considera que los actuales principales desafíos energéticos y climáticos globales pueden aumentar el riesgo de fracturas geopolíticas y generar nuevas líneas divisorias internacionales, especialmente entre las economías avanzadas y muchas economías emergentes y en desarrollo, lo que puede dificultar una rápida salida de la crisis. Por último, destaquemos que responsabiliza a la invasión de Rusia por Ucrania del alza del coste de los precios de la energía y de las materias primas y su consecuente influencia en la inflación, alza de tipos de interés y crisis asociadas; olvidando, sin embargo, el papel capital de la especulación financiera asociada a los mercados de futuros, que explican en mayor medida que la guerra y sus efectos sobre la oferta, la evolución de los precios registrados.

Por último, entre los numerosos Informes novedosos debe destacarse el “Emissions Gap Report 2022”, de la UNEP[6], que muestra que los compromisos nacionales actualizados desde la COP26, celebrada en 2021 en Glasgow, marcan una diferencia insignificante en las emisiones previstas para 2030 y que estamos lejos del objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global muy por debajo de 2°C, y preferiblemente en menos de 1,5°C. De hecho, el Informe señala que las políticas actualmente en vigor apuntan a un aumento medio de la temperatura de 2,8°C para finales de siglo; y que la implementación de los compromisos actuales (NDC) solo reduciría este aumento de temperatura hasta 2,4ºC o 2,6°C para fines de siglo, según consideremos los compromisos condicionales e incondicionales, respectivamente. De hecho, los Escenarios hasta 2030 se reflejan en la Figura siguiente.

El Informe destaca que, para lograr limitar el calentamiento global a 1,5°C o a 2ºC, las emisiones globales anuales de GEI deben reducirse en solo ocho años, respectivamente, en un 45% o en un 30%, en comparación con las proyecciones de emisiones según las políticas vigentes; y deberían continuar disminuyendo rápidamente después de 2030, tal y como se apreciaba en la Figura 1. Lo que exige transiciones muy profundas y urgentes –que se recogen en el Informe- en los sectores de suministro de electricidad, industria, transporte y edificios, y en los sistemas alimentario y financiero, en todos los cuales considera que existen muy fuertes potenciales de intervención, pero también graves dificultades de materialización.

De hecho, estima que las emisiones globales totales de GEI, en 2021, serán similares o incluso superarán los niveles récord de 2019, tras una respuesta global a la pandemia de Covid-19 que condujo a una reducción sin precedentes (-4,7% de 2019 a 2020) en las emisiones globales. Señala que seis países (China, la UE27, la India, Indonesia, Brasil, la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América) más el transporte internacional son responsables del orden del 55% de las emisiones mundiales de GEI[7], correspondiendo a los miembros del G20 el 75% de esas emisiones globales. Adicionalmente hay que destacar la fuerte variación de las emisiones per cápita entre países[8] y la desigual participación del consumo de las familias en esa distribución según nivel de renta, apreciándose la fuerte responsabilidad de las familias con rentas más elevadas en las emisiones globales, una vez se tiene en cuenta que los consumidores de los países son saldo neto positivo de importaciones con emisiones de GEI incorporadas, incrementan sus emisiones per cápita (EEUU +6% y UE +14%) reduciéndose éstas en países son saldo neto exportador (India -9% y China -10%)[9].

También conviene destacar un apartado significativo en el nuevo informe de la UNEP (2022), referido a que el sistema alimentario es responsable del orden de un tercio de las emisiones totales, como consecuencia de la producción agrícola (39% de esa contribución), los cambios en el uso de la tierra (32%) y las actividades de la cadena de suministro (comercio minorista, transporte, consumo, producción de combustibles, gestión de residuos, procesos industriales y envases: 29%). Y también destaca que los sistemas alimentarios son los principales responsables de cambios en el uso de la tierra (deforestación) y de la pérdida de biodiversidad, del agotamiento de los recursos de agua dulce y de la contaminación de los ecosistemas acuáticos y terrestres. Lo que incorpora la inevitabilidad de políticas correctoras de la dieta alimentaria para lograr frenar esos efectos a la vez que se avanza en la reducción del calentamiento global, según pautas que la UNEP (2022) recoge en la Figura siguiente.

Prevención, adaptación y resiliencia socioeconómica ante el incremento de riesgos meteorológicos extremos en las ciudades.

Las ciudades albergan porcentajes mundiales de población crecientes que, previsiblemente, llevarán a que más de dos terceras partes de la humanidad resida en ciudades para el año 2050, siendo, en la actualidad, su consumo responsable de alrededor del 70% de las emisiones mundiales de GEI, y sufriendo una parte muy significativa de los efectos derivados del cambio climático –ciclones, tifones, inundaciones, sequías, tempestades, olas de calor- afectando de manera muy desproporcionada a los más vulnerables. En particular, hay que destacar la importancia creciente que está teniendo, en la actualidad, los efectos asociados a golpes de calor producidos, fundamentalmente, en las islas de calor urbanas, a las que se les asignaron hasta 70.000 muertos en Europa, en 2003, o 55.000 fallecimientos en 2010 en Rusia.

Y ya destacábamos en el primer artículo de esta serie, publicado el 7 de septiembre de este año, que, en España, este año 2022, AEMET ha destacado una ola de calor de excepcional duración e intensidad entre los días 9 y 26 de julio, y otras dos, debidas a invasiones de aire cálido procedente del norte de África, situada la primera entre los días 12 y 18 de junio, y la segunda, entre el 30 de julio y el 15 de agosto. Olas para las que el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), gestionado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha estimado que han producido algo más de 4.700 muertes relacionadas con el exceso de temperatura entre finales de abril y comienzos de septiembre, de las que unas 3.800 se produjeron entre los meses de julio y agosto. Esto representa en torno al 3,2 % de las muertes observadas por cualquier causa, duplica el registro de defunciones atribuibles al calor más alto para estas fechas —registrado en 2017— y multiplica por tres la media de los últimos cinco años.

Cifras que previsiblemente se incrementarán ante la evolución de temperaturas extremas previstas para el período 2023-2030, que implicarían que, en 2030, este tipo de fenómenos triplicaría a los producidos a principios de este siglo. Lo que nos lleva a que la mejor defensa frente a un crecimiento tendencial de los desastres esperables, es realizar transformaciones para aumentar la resiliencia frente a los mismos, reduciendo la vulnerabilidad, el grado de exposición y la desigualdad en soportar los efectos que impulsan los desastres.

Como ya reiterábamos en los cuatro artículos anteriores referidos a la necesidad de adaptación y de incremento de la resiliencia socioeconómica ante los desastres, la mejor herramienta de que disponen las administraciones para prevenir y minimizar sus efectos son la planificación territorial y urbana, que son las que más directamente pueden incidir en la reducción de los riesgos a medio y largo plazo; y las que, adicionalmente, presentan una mejor relación coste/beneficio y coste/eficacia. En la práctica, en el caso de las ciudades, no cabe duda que el urbanismo es la mejor herramienta que tienen las administraciones municipales para optimizar su adaptación y resiliencia socioeconómica frente a los riesgos asociados al calentamiento global.

Por otra parte, en el artículo anterior hacíamos referencia a las medidas recogidas en  el “Manual para la adaptación al cambio climático de ciudades y regiones europeas”[10], por su sistemática y consideración integrada de herramientas y recomendaciones que permitan adaptarse mejor al calentamiento global, minimizar las vulnerabilidades y desarrollar la resiliencia con el fin de reducir los riesgos de desastres naturales y posibles pérdidas y daños; a la vez que realiza una recopilación de información sobre la ayuda financiera y los instrumentos de asistencia técnica con los que poder buscar e implantar medidas para hacer frente al cambio climático en ciudades.

En todo caso, conviene señalar que el conjunto de medidas que estamos considerando en el bloque de cinco artículos dedicados a la adaptación y resiliencia socioeconómica frente a riesgos asociados al calentamiento global presentan fuertes sinergias que se pueden aprovechar si se hacen de manera integrada y coordinada, hibridando soluciones grises (infraestructurales) con verdes (basadas en la naturaleza) en lo que el planeamiento urbanístico juega un papel insustituible o, en su defecto, deberían formar parte de un plan integrado que las considere de manera conjunta. De hecho, con capacidad de incidir en minimizar los efectos de golpes de calor urbano y en la mejora de la salud y bienestar urbano, las medidas específicas coinciden, en parte, con muchas de las que ya hemos señalado como soluciones basadas en la naturaleza, con el diseño y desarrollo de infraestructuras verdes urbanas integradas en la infraestructura verde territorial, que proporcionen continuidad a espacios verdes, techos verdes o eco-techos sobre edificios o infraestructuras urbanas, fuentes, parques, bosques urbanos y zonas arboladas; que den continuidad y aprovechamiento como equipamiento urbano a ríos y arroyos renaturalizados; que establezcan áreas de bioretención y llanuras de inundación aguas arriba de la ciudad, integrando los humedales en las mismas, y que diseñen biosistemas resistentes a incendios e inundaciones sin exigir recursos hídricos no disponibles en épocas de sequía extrema, o resilientes a estas sequías.

Como complemento a la resiliencia frente a olas de calor o de frio urbanas, los refugios (edificios, locales, o áreas urbanas con diseño específico) adaptados para soportar estos episodios, fundamentalmente por los más desfavorecidos, o por las personas que no disponen de condiciones adecuadas en sus viviendas, son una medida básica a integrar en el funcionamiento urbano normal

Debemos concluir esta serie de artículos dedicados a la adaptación y resiliencia socioeconómica de los efectos del calentamiento global recordando que los costos reales de los riesgos asociados a fenómenos climáticos extremos están especialmente infravalorados a la hora de su consideración frente a los costes de las medidas necesarias; y que esta infravaloración se está ampliando a medida que los principales efectos del cambio climático se multiplican. Que, adicionalmente, la práctica real territorial y urbana muchas veces incrementa los riesgos, y que el volumen presupuestario previsto anualmente, total y relativo, para la adaptación y resiliencia es manifiestamente insuficiente y con una posterior eficacia de aplicación lejana al óptimo. Que estas actuaciones exigen una coordinación y colaboración estrecha entre las tres administraciones, que sigue faltando en la política territorial y de adaptación/resiliencia socioeconómica a los riesgos derivados del calentamiento global. Y ello pese a la indudable mejora registrada en España respecto a la prevención, gestión y respuesta ante los riesgos, pero falta una adecuada integración de los riesgos y su prevención y minimización de efectos potenciales en la planificación territorial y urbana.

En todo caso, se mantiene la importancia de incentivar la ejecución de las medidas consideradas en estos artículos con la mayor urgencia posible. Conviene recordar que ciudades consideradas “verdes” y menos contaminadas tuvieron menos contagios por Covid-19. Y que las medidas precisas requieren niveles adecuados de financiación, sobre todo en lo que hace referencia a la adaptación, teniendo en cuenta que de los compromisos asumidos por los países (NDC) sólo asignan un 10% de las inversiones existentes en la financiación climática para la adaptación y la resiliencia a la administración local. Y que, el total de la financiación para adaptación sólo representa el 21% de la financiación climática total[11].

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[1] https://cop27.eg/#/

[2] “I deeply believe that COP27 is an opportunity to showcase unity against an existential threat that we can only overcome through concerted action and effective implementation”.

[3] https://essd.copernicus.org/articles/14/4811/2022/essd-14-4811-2022.pdf

[4] DNV (2022).- “Energy Transition Outlook 2022”. https://www.dnv.com/energy-transition-outlook/

[5] IEA (2022).- World Energy Outlook 2022. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022

[6] https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022

[7] Hay que destacar que los cuatro principales emisores China (30% de las emisiones totales), EEUU (14% de las emisiones totales), la India (8% de las emisiones totales), y la UE27 (7% de las emisiones totales) representan del orden de un 60% de todas las emisiones, si se incluyen el conjunto de fuentes emisoras, según el GCP (2022): https://essd.copernicus.org/articles/14/4811/2022/essd-14-4811-2022.pdf

[8] El promedio mundial de emisiones de GEI per cápita fue de 6,3 tCO2equiv en 2020. EEUU se mantiene muy por encima de este nivel con 14 tCO2equiv (222% de la media mundial); seguidos por 13 tCO2equiv (206% de la media mundial) en la Federación Rusa; 9,7 tCO2equiv (154% de la media mundial), en China; unas 7,5 tCO2equiv (119% de la media mundial), en Brasil e Indonesia; 7,2 tCO2equiv (114% de la media mundial) en la Unión Europea; 2,4 tCO2equiv (38% de la media mundial) en India; y un promedio, en los países menos adelantados, de 2,3 tCO2equiv (37% de la media mundial) per cápita al año.

[9] UNEP (2022) señala que el comercio mundial de productos viene a representar cambios del orden del 25% de las emisiones globales de GEI, desde los países exportadores a los importadores. De hecho, aproximadamente un 22% de las tierras agrícolas se utilizan para la producción de productos que se exportan a los países ricos más China.

[10] https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/Green%20deal%20handbook/20220712_Handbook_Adaptation%20String_SPAIN.pdf

[11] Alrededor de 11.500 gobiernos locales se han comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático a través del Pacto Mundial de los Alcaldes. Y las más de 1000 ciudades y gobiernos locales que firmaron Race to Zero representan a 722 millones de personas. Pro la financiación total local disponible para adaptación y resiliencia socioeconómica es manifiestamente insuficiente: https://unhabitat.org/un-habitat-at-cop27