La economía española volverá a crecer este año, pero la situación se está complicando debido a las consecuencias que sobre toda Europa está teniendo la invasión de Ucrania, especialmente en el ámbito económico ante la utilización de Rusia de la energía como arma de guerra.
Ante esta situación, donde la incertidumbre de los ciudadanos crece por momentos, hay dos tipos de gobiernos. Los que no hacen nada hasta que las cosas están tan mal que tienen la excusa perfecta para recortar derechos y privatizar servicios públicos. Y los que, desde el primer momento, realizan políticas para minimizar las consecuencias desfavorables, no dejando a nadie atrás y priorizando la reducción de la desigualdad entre la población.
En España, tenemos un gobierno que se ocupa de las personas. Pero no por suerte, como se puede decir coloquialmente, sino porque los ciudadanos en las elecciones decidieron cuales querían que fueran las prioridades del país, a la hora de intentar mejorar sus vidas.
Que no se nos olvide. No votar, puede hacer que cambien los gobiernos y con ellos las prioridades. Es decir, se puede tener un gobierno de los recortes de Rajoy, o se puede tener un gobierno de ampliación de derechos, como el actual. Los dos, parten de la misma legitimidad democrática, los votos de los ciudadanos, aunque la diferencia entre uno y otro a la hora de intentar luchar contra las desigualdades es abismal.
Las políticas económicas, laborales y sociales del gobierno socialista de coalición han conseguido mejorar la vida de muchos españoles y están reduciendo las consecuencias más negativas de la pandemia y de la invasión de Ucrania. Pero los tiempos que vienen no van a ser fáciles y los ciudadanos tendrán que elegir, cuando llegue el momento, que gobierno es mejor para sus vidas y las de sus familiares.
España y los españoles tenemos algunas necesidades. La primera, que parece utópica por la irresponsabilidad de la oposición, especialmente del PP, antes con Casado y ahora con Feijoo, es la urgencia de un gran acuerdo para reducir la desigualdad en España.
La segunda, es aprovechar los fondos europeos para aumentar el progreso y el bienestar de todos los españoles. Y la tercera, es que el gobierno pase de la crispación de las derechas, combata a las élites económicas, continúe sus políticas de no dejar a ningún ciudadano atrás, y consolide la modernización de España sobre la base del bienestar y la equidad en la vida cotidiana de todos los españoles.
Este camino, emprendido por el gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura, debe continuar de manera más persistente si cabe ahora.
La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE (por sus siglas en inglés, At Risk Of Poverty or social Exclusion) se creó en 2010 para medir la pobreza relativa en Europa ampliando el concepto de la tasa de riesgo de pobreza, que solo contemplaba los ingresos.
En 2021 se ha introducido un cambio metodológico que ha afectado a dos de sus tres dimensiones. Así, la tasa AROPE (nueva definición 2021) se define como aquella población que está al menos en alguna de estas tres situaciones: Riesgo de pobreza (no cambia su definición con respecto al indicador antiguo) Carencia material y social severa (antes carencia material severa), y Baja intensidad en el empleo (nueva definición 2021)
La tasa AROPE (nueva definición) en España, con los datos del INE, se situó en el 27,8 por ciento de la población en 2021, frente al 27 por ciento del año anterior.
Además, el aumento se produjo en dos de sus tres componentes. Así, el porcentaje de población en situación de baja intensidad en el empleo subió del 10,0 por ciento al 11,6 por ciento. Y el porcentaje de población en riesgo de pobreza pasó del 21 por ciento al 21,7 por ciento. Por grupo de edad, la tasa de riesgo de pobreza aumentó 1,1 puntos para los menores de 16 años y 1,2 puntos para el grupo de edad de 16 a 64 años. Por el contrario, bajó 1,3 puntos para los mayores de 65 años.
En sentido contrario, el porcentaje de personas residentes en hogares con carencia material y social severa se redujo dos décimas, hasta el 8,3 por ciento.
En cuanto a las personas en situación de carencia material y social severa, es decir, toda persona que declara tener carencia en al menos siete de estos trece elementos: A nivel de hogar: 1. No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. 2. No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. 3. No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. 4. No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 700 euros). 5. Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad…) o en compras a plazos en los últimos 12 meses. 6. No puede permitirse disponer de un automóvil. 7. No puede sustituir muebles estropeados o viejos. Y a nivel de persona: 8. No puede permitirse sustituir ropa estropeada por otra nueva. 9. No puede permitirse tener dos pares de zapatos en buenas condiciones. 10. No puede permitirse reunirse con amigos/familia para comer o tomar algo al menos una vez al mes. 11. No puede permitirse participar regularmente en actividades de ocio. 12. No puede permitirse gastar una pequeña cantidad de dinero en sí mismo. 13. No puede permitirse conexión a internet. En España, el porcentaje bajó en 2021 al 8,3 por ciento frente al 8,5 por ciento del año anterior.
De los siete conceptos definidos a nivel de hogar, los que empeoraron en 2021 fueron: no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, que se sitúa en el 14,3 por ciento frente al anterior 10,9 por ciento; ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos en los últimos 12 meses, que llega al 14,4 por ciento frente a 13,5 por ciento en 2020.
Los porcentajes que han mejorado, en parte gracias a las políticas desarrolladas por el gobierno, como por ejemplo la subida del salario mínimo, el ingreso mínimo vital o la reforma laboral entre otras, está:
- El hecho de que la población que manifiesta llegar a fin de mes con “mucha dificultad” se sitúa en el 8,8 por ciento de la población en el año 2021, 1,2 puntos inferior al registrado el año pasado.
- Desciende el porcentaje de los que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, que pasa del 35,4 por ciento del año pasado al 33,4 por ciento de éste.
- Desciende el porcentaje de población que no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, que pasa del 34,4 por ciento del año anterior al 32,7 de este año.
Son momentos difíciles, y es preciso que estemos unidos para superarlos. Sería muy bueno para los españoles que hubiera acuerdos de estados para combatir la desigualdad y aumentar el bienestar en España. Aunque siendo realistas no veo a la oposición y a determinadas élites económicas y mediáticas en ese camino.
Ante esta realidad, el gobierno tiene la obligación de continuar con las políticas que está realizando para mejorar la vida diaria de los españoles. Lo demás ya vendrá.