“Nos han condenado por poner las urnas”, decía el ex-Presidente catalán, Artur Mas, tras ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a dos años de inhabilitación por desobediencia al Tribunal Supremo, con motivo de la ilegal consulta del 9-N, que él y sus colaboradores ordenaron. A continuación se quejaba de la ínfima calidad democrática del Estado Español. Se unía al coro de quejas el líder de Podemos, Pablo Iglesias, afirmando que “habla mal de nuestra democracia que se juzgue a alguien por poner urnas”. Una de dos: o a estos señores nadie les ha dado un curso elemental de lo que es la democracia, o ejercen descaradamente la demagogia más absoluta. Lo segundo es lo más probable.

Es sabido que la primera batalla que se gana o se pierde en el debate político es la del lenguaje. Si consigues que el adversario admita tu vocabulario, ya has empezado a ganar. Con ese fin, el Partido Popular llamó durante años “reformas estructurales” a sus recortes presupuestarios al Estado del Bienestar, y todavía hoy sigue llamando “movilidad exterior” al exilio económico forzado de nuestros jóvenes titulados.

Por eso sorprende que no se ponga más empeño en desmontar la demagogia constante de los independentistas catalanes y de sus compañeros de viaje, los oportunistas de Podemos, atentos siempre a pescar en río revuelto. Cada vez que estos señores pronuncian la palabra democracia, alguien debería hacer un poco de pedagogía y ponerles en evidencia.

Es obvio para los demócratas que poner las urnas no es sinónimo de democracia. Depende completamente de quién lo haga y para qué. No sería democrático poner las urnas en Cataluña, o en cualquier otra comunidad, para votar no pagar el IRPF; o para que una comunidad decidiera romper relaciones diplomáticas con Marruecos; o para que los españoles votáramos cortarles la mano a los condenados por robo. En los primeros dos casos, se trataría de decisiones cuyo cuerpo electoral no es el apropiado, ya que son asuntos que escapan a su competencia. En el tercero, se violaría una ley superior a la que España está adherida como es la Carta Europea de Derechos.

La democracia es sobre todo un marco legal que nos obliga a todos, precisamente porque nos lo hemos dado entre todos. El marco, por supuesto, se puede reformar, utilizando para ello los propios cauces que la democracia establece, como son los parlamentos de las CC.AA. y el nacional, cada uno dentro de sus respectivas competencias. Parlamentos elegidos todos ellos por sufragio universal, directo y secreto. Las leyes se pueden cambiar. Lo que no es posible es decidir cumplir unas disposiciones sí y otras no. Cumplir aquellas con las que estamos de acuerdo, y no cumplir las que no nos gustan. Si se permitiera eso, convertiríamos la democracia en la ley de la selva. Con la misma legitimidad, unos decidirían no cumplir las normas de tráfico, otros no pagar impuestos, y otros no contratar legalmente a sus trabajadores.

Tampoco es cierto que a los independentistas “se les persiga por sus ideas”, como afirma el Sr. Mas.  Sus ideas son del todo respetables. En España, afortunadamente, se puede ser independentista, o republicano, o anti-autonomista, o defender la salida de España de la Unión Europea. Se puede defender casi cualquier idea. Solo aquellas que fomenten el odio, el racismo, la xenofobia, o la LGTB-fobia no se pueden defender, precisamente porque atentan contra derechos superiores protegidos por nuestras leyes nacionales, y por las supranacionales que hemos suscrito. A los independentistas, como al resto de ciudadanos que así lo hacen, se les persigue por violar las leyes. No hacerlo sería abrir una brecha en la democracia por la que otros también se animarían a no cumplirlas, viendo que resulta impune hacerlo.

También habría que hacerles notar a estos señores que la democracia no se puede parcelar. No es de recibo exigir más democracia al Estado al tiempo que se practica todo lo contrario en la comunidad donde se gobierna. Mas de la mitad de los catalanes no son independentistas, y sin embargo sus opiniones son sistemáticamente silenciadas o denostadas en los medios públicos de comunicación catalanes, que son de todos. Los que se atreven a expresarlas son denigrados y perseguidos en los medios y en las redes sociales con el fin de amedrentarlos y silenciarlos. Se quejan los independentistas de que España quiere imponer en Cataluña su identidad, mientras ellos hacen todos los esfuerzos por borrar esa identidad de los libros de historia y por imponer desde las instituciones una identidad mítica catalana que en realidad nunca existió históricamente como tal. Su concepción de la democracia también les autoriza a imponer la aprobación de un decreto de “desconexión” con España sin debate ni enmienda posibles y con una mayoría parlamentaria mucho menor que el 60% que haría falta, por ejemplo, para modificar su Estatuto de Autonomía.

En la misma línea, los señores de Podemos nos ilustran todos los días sobre su alto concepto de la democracia cuando se niegan a condenar la existencia de presos políticos en Venezuela. Curiosamente, unos y otros, independentistas y compañeros de viaje, son firmes partidarios del referendum, la expresión democrática preferida por los dictadores, porque saben que resulta más fácil de manipular desde el poder. Más dificultad de manipulación tendría el sentarse a una mesa con representantes políticos de todos los demás partidos, catalanes y españoles, y acordar entre todos un marco de convivencia aceptable para todas las partes.

Además de poner en evidencia la democracia de hojalata de la que hacen gala los independentistas y sus adláteres, convendría no quedarse solo en criticar sus formas, y entrar en el fondo del debate territorial. De qué nación, país, región, o pueblo se siente cada uno, es un tema resbaladizo en el que nadie debería inmiscuirse, porque se trata de algo muy personal, que se adquiere en un entorno familiar y social determinados, y que no puede cambiarse con argumentos o razonamientos. La pregunta importante no es la identidad, sino cómo se garantizarían mejor los derechos de los ciudadanos. ¿Estarían mejor protegidos los derechos de los catalanes en un estado catalán independiente, de lo que lo están actualmente? Si se produjera la ruptura con el resto de España de la forma en que la están promoviendo los partidos independentistas, claramente no, al menos durante un largo periodo. Cataluña quedaría aislada de Europa, enfrentada con una España más empobrecida, y no muy favorable a comerciar con ella. Claramente perderíamos las dos partes resultantes de la escisión.

Por otra parte, en un mundo globalizado, la defensa de los derechos ciudadanos camina justamente en la dirección contraria. Se necesitan unidades políticas cada vez más amplias para hacer frente a los poderosos poderes globales, como son los grandes inversores financieros y las multinacionales. Los derechos laborales y sociales, y con mas razón, los medioambientales, se defienden mejor desde Europa y desde foros aún más amplios que desde un estado nacional. El nacionalismo es hoy, desde ese punto de vista, una ideología anticuada y conservadora. Conviene reparar en que el nacionalismo lo defienden hoy los que han promovido el Brexit británico, los partidos de la extrema derecha en Francia, Holanda, Alemania y Dinamarca, y el filo-fascista presidente Trump. Para exaltar la identidad propia, las más de las veces el nacionalismo promueve el rechazo y el menosprecio al diferente. Lo hemos visto a menudo en las televisiones vasca y catalana al referirse a “lo español”. Como nos enseña la historia, la ideología nacionalista puede degenerar fácilmente en intolerancia, xenofobia, y racismo. Progresismo y nacionalismo son términos excluyentes.

No es levantando muros como se defienden mejor los intereses catalanes, sino implicándose los partidos catalanes en el gobierno del conjunto de España, y a través de este, en el gobierno de Europa. En ese sentido, los partidos nacionalistas han sido muy desleales: aceptaron la Constitución española con la boca pequeña; aceptaron el estado de las autonomías tan solo como el punto de partida para su proyecto independentista, no como el punto de encuentro con el resto de España. Siempre que han pactado con los partidos en el gobierno, lo han hecho para obtener ventajas comparativas con otras regiones, y nunca se han implicado en el gobierno de España.

En el punto al que hemos llegado, se hace necesario y urgente redefinir el encaje de Cataluña, y del resto de las autonomías, en un nuevo proyecto de España en el que todos podamos sentirnos cómodos. Pero ha de hacerse desde la lealtad al conjunto y desde el convencimiento de que la prosperidad propia no puede basarse en tener ventajas con respecto a los demás, sino en hacer que también prosperen los vecinos. Así se ha entendido desde Europa, en donde los países ricos aportan fondos estructurales para acelerar el desarrollo de los menos ricos. Se trata de hacer que las desigualdades se reduzcan y que todos tengamos los mismos derechos, para que así todos prosperemos más. Lo cual no tiene que ser incompatible con proteger la identidad cultural, lingüística o histórica de cada uno, ni con un tener un amplio margen de autogobierno en la propia comunidad. Ese es el reto que hay que abordar y no el de jugarnos el futuro de todos en el peligroso juego de los referendum, que como ya hemos visto en el Reino Unido, los suele cargar el diablo.