La movilización del sector primario.

En el artículo anterior iniciábamos el análisis de la problemática del desarrollo rural en el marco de las protestas generadas en los países de la UE, incluida España, por un sector primario que cuestionaba las muchas políticas reguladoras de la UE con incidencia en el sector, aunque, en cada país, se suman protestas específicas contra las administraciones en sus respectivas áreas de responsabilidad en la materia. Y ello, sin olvidar motivaciones fundamentalmente ideológicas, asociadas a que en junio se realizan elecciones europeas y es en Bruselas donde se deciden muchas de las reglas que rigen el trabajo diario de los agricultores, desde las ingentes ayudas que se aportan, a las normas asociadas a las mismas, que condicionan sus formas de producción.

Motivaciones ideológicas que han llevado a la incorporación de partidos específicos –normalmente de extrema derecha, ultranacionalistas o de derecha en los países en que gobierna la izquierda- a la instrumentalización de las reivindicaciones planteadas por los agricultores.

En general, hay que señalar que existen dos ámbitos productivos -los transportistas por carretera y los agricultores- cuya estructura (minifundismo, distribución territorial, número y capacidad de incidencia sobre las vías públicas) les permite movilizaciones de fuerte repercusión social que facilitan su capacidad de presión y negociación. Y el sector primario ha inaugurado el año 2024 con movilizaciones que mantiene en parte tres meses después, que en el caso español pretenden mejorar sus condiciones productivas en cuatro grupos de aspectos fundamentales: distribución del valor añadido en la cadena alimentaria; competencia desleal de importaciones de fuera de la UE; condicionantes ambientales a la producción; y carga burocrática para el acceso a ayudas y trasparencia de la trazabilidad alimentaria. Aunque los cuatro aspectos inciden, al final, en las condiciones de trabajo y en la remuneración/beneficio asociados a las explotaciones.

Porque, como señalábamos en las Consideraciones finales del artículo anterior, desde 2016, la renta media de los agricultores no ha dejado de descender en términos de precios constantes y ha crecido mínimamente en precios corrientes. Y ello, como consecuencia tanto de sobreproducciones como de malas cosechas asociadas a fenómenos meteorológicos adversos (sólo en parte cubiertas por el seguro agrario); por una competencia exterior desleal; o por bajos precios a los productores, e incremento de costes de producción (agua, energía, mano de obra, etc.).

Ello está llevando, en muchas regiones españolas, a un abandono de tierras, resultado de una combinación de factores socioeconómicos, políticos y ambientales que hacen que los cultivos ya no sean viables, particularmente en áreas rurales desfavorecidas y donde las economías locales dependen principalmente de pequeñas explotaciones agrícolas con perspectivas económicas limitadas y baja productividad de escasa resiliencia a circunstancias externas poco controlables.

Entre esas circunstancias externas poco controlables se encuentran los efectos del calentamiento global sobre el sector primario, y las posibles consecuencias de los mismos, a los que nos vamos a referir en esta segunda entrega de consideración del desarrollo rural en España, respondiendo a la reciente publicación del primer Informe de la Agenda Europea de Medio Ambiente (EEA) sobre los riesgos climáticos europeos[1].

Cambios en las expectativas de calentamiento global para Europa y sus efectos previsibles sobre España.

La EEA recoge unos Escenarios de calentamiento para Europa que amplían muy sensiblemente las pautas globales previstas tras la COP29 de 2023, tal como se aprecia en la Figura siguiente.

La media del calentamiento para Europa en el período 2018-2022 ha sido de 2,2ºC sobre los niveles preindustriales, lo que hace comprensible que la gráfica plantee como probable que puedan alcanzarse los 3ºC de calentamiento para los próximos 10 años. Supuesto mucho más probable si consideramos la posibilidad de superación de “tipping points” –T.M. Lenton et alt. (2023)[2] a los que nos hemos referido extensamente en artículos anteriores.

En este marco, la EEA define un total de 36 riesgos climáticos graves para la UE27, integrados en cinco clústeres favorecedores de políticas públicas prioritarias para la acción política de la UE: ecosistemas, alimentación, salud, infraestructuras críticas, y economía y finanzas. Sobre todos ellos señala la necesidad de políticas públicas urgentes, dado el tiempo preciso para poner en práctica las medidas que permitan contrarrestar estos riesgos, teniendo también en cuenta que afectan a la cohesión y la estabilidad social europea, por incidir en mayor medida sobre los grupos sociales y los ecosistemas más vulnerables.

De hecho, tienen en cuenta que las desigualdades y la vulnerabilidad funcionan en un círculo vicioso en el que una empeora a la otra, lo que lleva a incrementar las desigualdades o discriminación social sistémica profundamente arraigada en la UE27. Destacan que estas desigualdades reducen la capacidad de recuperarse de los desastres inducidos por el clima o de adaptarse al clima cambiante para los más vulnerables, incrementando las desigualdades tras las catástrofes e incrementando su vulnerabilidad ante la siguiente. De hecho, destacan que las políticas y planes europeos existentes prestan una atención muy limitada a conseguir una resiliencia justa.

Desde una perspectiva general, sobre más de la mitad de los riesgos recogidos en el Informe (21 de 36) consideran que sus efectos son ya críticos, particularmente en el sur de Europa, destacando que muchos de estos efectos actúan sinérgicamente incrementando sensiblemente sus consecuencias negativas (por ejemplo, temporales marítimos asociados a fuertes lluvias terrestres con efectos catastróficos sobre el litoral podrían llevar las pérdidas económicas por estos motivos a superar el billón de euros al año). Por ello establecen una tabla ilustrativa, que se recoge a continuación, en la que recogen las interrelaciones, sinergias e impactos en cascada sobre los clústeres definidos, de la que, a nuestros efectos, hay que destacar aquellos que consideran “hotspots” para el Sur de Europa.

Efectos críticos derivados del Calentamiento global previsibles para España.

El Informe de la EEA destaca aquellos efectos de particular incidencia y criticidad sobre el sur de Europa y, en particular sobre España, que se sintetizan en el Cuadro siguiente:

Se reafirma lo ya conocido respecto a que España se ve particularmente afectada por riesgos que exigen medidas urgentes de intervención en campos específicos incluso más amplios de los recogidos en el Cuadro anterior, que se extienden a: la creciente aridización/desertificación; el deterioro de las masas de agua; el riesgo de severas sequías con afección a la productividad agrícola; la frecuencia e intensidad de inundaciones y temporales marítimos catastróficos; los grandes incendios forestales; y los excesos de mortalidad asociadas a las olas de calor incidiendo, fundamentalmente, sobre las islas de calor urbanas.

Procesos que, como se destaca en la Figura de riesgos en cascada anterior, es cierto que ponen en cuestión, entre otros, la seguridad hídrica y alimentaria, la seguridad energética y la estabilidad financiera, así como la salud de la población y de los trabajadores. Y ello porque, como señala el Informe, se van a producir mayores temperaturas extremas y su frecuencia en el sur de Europa, afectando directamente a España. E, igualmente, existe una tendencia clara a mayores temperaturas medias, mínimas y máximas, menores precipitaciones y nevadas, junto a mayores sequías, pero creciendo la intensidad de la precipitación extrema registrada en un día.

De hecho, ya los fenómenos meteorológicos extremos en forma de granizo, sequía, lluvias torrenciales, vendavales, temporales costeros y los incendios, han supuesto fuertísimos daños en España, que se reflejan adecuadamente en el número de siniestros declarados y en el coste de las indemnizaciones registradas, que van significando, año tras año, cifras record, entre otros, en el sector primario: en 2023 casi un 50% de incremento respecto a 2022, con más de 1.200 millones de indemnizaciones, de las que del orden del 40% corresponden a las asociadas a la sequía; y más del 20% a un pedrisco que cada vez es más intenso y más destructivo, por el tamaño del granizo y por la duración en el tiempo del fenómeno.

Los riesgos del calentamiento global sobre la producción alimentaria en España.

El Informe de la EEA (pág. 86 a 98) sitúa las causas climáticas que pueden contribuir a los riesgos sobre la producción agroalimentaria en: la disminución de las precipitaciones, con la reducción de la disponibilidad y calidad de las masas del agua; en el deterioro del estado de los ecosistemas terrestres y marinos; el aumento de la frecuencia de olas de calor y sequías extremas; y el registro de períodos de precipitaciones extremadamente altas. Procesos que afectan los rendimientos de cultivos básicos, frutas y verduras, provoca la introducción y establecimiento de nuevas plagas de plantas, aumenta los riesgos físicos y biológicos para los sistemas de producción animal, y modifica la red alimentaria y la abundancia de especies relevantes para la pesca, sobre la que, en particular, señala que los impactos sobre la pesca y la acuicultura están relacionados con los cambios de hábitat, enfermedades y estrés hídrico.

En este marco, necesariamente hemos de referirnos al trabajo de Feyen L., et alt (2020)[3] donde se muestran los impactos del cambio climático y las posibles medidas de adaptación que permiten reducirlos en cada una de las regiones de la UE, sobre los ecosistemas, las personas y las economías, bajo las hipótesis de 1,5º, 2º y 3ºC de calentamiento medio global, destacando que las regiones del sur de Europa, y particularmente España, se ven mucho más afectadas por los efectos del calor extremo, la escasez de agua, la sequía, los incendios forestales y las pérdidas agrícolas.

Con respecto a temperaturas y precipitaciones, interesa ver el doble diferencial que prevén para Europa y España en función de la localización y del incremento de calentamiento medio:

Naturalmente destacan la mucho mayor incidencia de los efectos en el verano tanto en el incremento de temperaturas como en el descenso de precipitaciones (Pág. 21), nuevamente con situaciones extremas en muchas regiones de España bajo el supuesto de un calentamiento medio de 3ºC.

Íntimamente relacionada con esta tendencia, también se analiza la incidencia de la escasez hídrica en el territorio europeo, entendida como existencia de estrés hídrico, es decir días en que la demanda de agua excede la disponibilidad de recursos hídricos renovables, mostrando el número de días adicionales, respecto a la situación de referencia, en que probablemente se registrarán situaciones de estrés hídrico en las regiones europeas atendiendo a los tres Escenarios de calentamiento señalados. Resultados que se reflejan en la Figura siguiente y que vuelven a destacar la particular negativa situación en lo que corresponde a España:

En este sentido hay que destacar que el trabajo de Feyen L., et alt (2020) corrobora lo señalado por la EEA[4] respecto al Índice de Escasez de Agua (WEI+) que ya en 2019 mostraba un valor de 47,2, lo que reflejaba una situación media insostenible en el uso del recurso hídrico en este país que, indudablemente, tiende a empeorar con las previsiones de calentamiento global, si no se toman urgentemente medidas radicales en el consumo de agua en distintas subcuencas en clara situación de estrés hídrico grave. Situación igualmente destacada para España en el mapa de estrés hídrico de referencia anual publicado por UNWATER (2023)[5]. Y, en lo que se refiere a las previsiones de efectos de un calentamiento de 3ºC sobre el estrés hídrico en España, en el mapa recogido por la EEA (2022) que se aprecia en la Figura siguiente.

Por otro lado, los cambios en precipitaciones y temperatura tienen una especial influencia sobre el estado de las masas de agua, superficiales y subterráneas, sobre las que los datos disponibles –MITECO (febrero de 2024)[6]– permiten señalar que no podemos hablar, en general, de un estado aceptable, según apreciamos para nitratos y plaguicidas en las dos Figuras siguientes.

Evidentemente, sobre esta situación de fuerte estrés hídrico y deterioro del estado de las masas de agua, las sequías meteorológicas se transforman con facilidad en sequías hidrológicas que en la actualidad necesitan tratamientos específicos a través de los Planes de Sequía de las correspondientes Demarcaciones Hidrográficas.

El Informe de UNDRR (2022)[7] analizaba la evolución seguida por las sequías entre 1970 y 2020 y estimaba que para 2030 se registrará un incremento del 30% en el número de sequías. Complementariamente, “Drougth in numbers. 2022”[8] recogía que la frecuencia y duración de las sequías había aumentado en casi un tercio desde 2000, y que la situación empeorará en los próximos años, salvo que se adopten medidas urgentes en la regulación y gestión para adaptación a las sequías meteorológicas, que eviten su trasformación en sequías hidrológicas, porque el cambio climático propiciará que los periodos secos (escasas precipitaciones unidas a olas de calor extremas) sean cada vez más largos e intensos, siendo España y Grecia los países europeos con mayor riesgo de sufrir situaciones extremas.

La EEA (2022)[9], en la última información disponible, de 15 de enero de 2022, mostraba que el impacto de las sequías en Europa, entre los años 2000 y 2019, generaron unas pérdidas de productividad en la vegetación del 3% anual en las áreas afectadas; pérdida mayor en el caso de las zonas forestales, donde llegó al 5% anual. Y que España era el séptimo país en cuanto a la superficie media afectada por la sequía en ese período (del orden de un 10% de su territorio), con una afección relativamente equilibrada sobre cada uno de los tipos de cobertura del suelo.

Y Feyen L. et alt. (2020) muestran que un calentamiento medio de 3°C, y sin medidas de adaptación, llevaría a una caída del rendimiento de los cultivos en más de un 10% en España (en particular trigo y maíz). Y en las áreas de secano estiman caídas en ese rendimiento de hasta el 80% para España. Más concretamente, para Escenarios de calentamiento de 1,5ºC y 2ºC sus previsiones se reflejan en la Figura siguiente.

Estas previsiones implicarían que la producción de maíz en grano puede llegar a no ser viable en España en áreas donde el riego esté restringido debido a la escasez de agua y a la disminución significativa de las precipitaciones, incrementando muy sensiblemente la vulnerabilidad para estas áreas y las desigualdades respecto al resto del territorio. Adicionalmente estima que las pérdidas totales anuales por sequía se podrían multiplicar por cinco, correspondiendo a España cerca del 17% de las pérdidas totales anuales en la UE27+UK, que se estiman en unos 9 billones de euros que afectarán, fundamentalmente, a la agricultura que no se encuentre en regadío ni bajo invernadero. Adicionalmente estiman que la línea climática natural de árboles se desplazaría verticalmente más de 8 metros al año, que los dominios ecológicos en España sufrirán cambios severos, desplazándose los actuales hacia el norte y siendo sustituidos en el sur y sureste por el dominio tropical, haciendo estos espacios, entre otras cosas, más susceptibles a las plagas y enfermedades tropicales. Proceso que, de hecho, ya se está produciendo en España, con el desplazamiento de las zonas agroclimáticas hacia el norte de España y hacia mayores cotas de altitud, por lo que el mantenimiento de la productividad en el sector requerirá cambios adaptativos en todo el sistema de producción agrícola en España.

Exigencias del sector primario y cesiones ambientales de la Comisión Europea y el Gobierno de coalición español.

En este artículo nos centramos en los aspectos relacionados con la dimensión ambiental de las peticiones y concesiones producidas a lo largo del último trimestre a raíz de las protestas del sector agrario comunitario Cesiones producidas en el marco de la grave transformación meteorológica e hídrica que puede significar el calentamiento global en España y su previsible muy grave incidencia sobre el sector primario.

Peticiones y cesiones de relajación en las políticas ambientales con las que algunos Gobiernos europeos, incluido el Ministro del ramo español, han mostrado su relativo acuerdo. Lo que se puede considerar lógico en lo que atañe a las muchas, y en gran parte justificadas propuestas contra la dinámica seguida por la UE en regulaciones con exceso de coste para el ciudadano y una repercusión ambiental global marginal. Pero que están mucho menos justificadas en las que se refieren a capítulos ambientales cuya modificación, en el medio-largo plazo, van a actuar en contra de sus propios intereses, sobre todo de los pequeños y medianos productores del sector primario.

Así, las regulaciones establecidas en las normas de incidencia agraria o entre las exigencias que lleva aparejada la estrategia “De la Granja a la Mesa” figuran, fundamentalmente las obligaciones de que, para 2030:

  • Ante unas masas de agua en alto deterioro, se haya reducido un 20% el uso de fertilizantes y en un 50% el uso de pesticidas o, en esa misma proporción, las ventas de antimicrobianos para los animales de granja y en acuicultura.
  • Al menos el 25% de la superficie agraria europea sea de agricultura ecológica.
  • Se proceda, ya desde 2024, a una rotación de los cultivos, la obligación de dejar en reposo los pastos permanentes, la no quema de rastrojos, dejar los márgenes suficientes junto a los ríos para evitar vertidos, la prohibición de no labrar en pendiente, las superficies de abandono obligatorio del 4%; la protección de los humedales o la no destrucción de elementos del paisaje como los setos.

Frente a estas obligaciones, se constata que la UE ya ha rebajado su ambición en la transición verde a la vista de las protestas de los agricultores y de la presión de los conservadores, que temen que la ultraderecha capitalice el descontento a pocos meses de las elecciones al Parlamento Europeo.

Y también la CE está avanzando en las medidas para simplificar (plenamente justificada para los pequeños productores) y dar una mayor flexibilidad (más discutible) a las medidas sobre la condicionalidad reforzada —es decir, a las señaladas obligaciones— previstas en algunas de las denominadas Buenas Prácticas Medioambientales. En ellas se aborda, como hemos visto, entre otros aspectos, la gestión agrícola, la cobertura mínima de los suelos, las rotaciones de cultivos o la obligatoriedad de dejar una superficie abandonada en cada explotación para actividades no productivas, o el necesario creciente papel de los ecorregímenes, cuya flexibilidad ha sido objeto de cesión[10]. En concreto se aparca la normativa de reducción de pesticidas, con fuerte incidencia sobre la salud de la población, y se pretende reorientar las ayudas para incentivar la transición ecológica, abriendo la puerta a nuevos subsidios para el campo que se podrían ampliar al margen de la Política Agrícola Común (PAC), ya en desarrollo hasta 2027 con más de una tercera parte de los presupuestos europeos (400.000 millones de euros).

Las posibilidades de considerar nuevos fondos para el desarrollo rural o adaptar los asociados a situaciones de emergencia (como ya se hizo con la pandemia) o permitir las subvenciones nacionales en casos concretos (lo que sería un enorme paso atrás en un capítulo que se ha logrado homogeneizar en la UE) son otras tantas alternativas encima de la mesa.

Y ello como respuesta a las protestas del sector primario que también se centran en las obligaciones que se derivan de las regulaciones de reducción de emisiones, que les generan incrementos de costes sin –según señalan- ningún tipo de compensaciones; o sobre las regulaciones derivadas de la Ley de la Restauración de la Naturaleza donde valoran que se priorizan las medidas medioambientales con subordinación y encarecimiento de la actividad agraria. De hecho, la CE ha presentado su recomendación al Consejo de que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% para 2040 respecto a 1990, pero sin compromisos específicos para el sector agrícola, aunque éste, en la práctica, si va a sufrir un incremento de costes de segunda derivada a través del encarecimiento de sus inputs.

Por último, señalemos que en la política de seguros agrarios, el sector valora su necesidad y el comportamiento de las administraciones, pero solicitan aumentar los fondos para subvencionar las primas que abonan, cara a expandir las producciones aseguradas; y, al mismo tiempo, que se adapten las franquicias a las características del volumen y producto bajo cobertura. Igualmente solicitan que los fenómenos climáticos extraordinarios se cubran por el Consorcio de Compensación de Seguros, lo cual puede ser coherente en situaciones excepcionales que sean declaradas en tal sentido por el Gobierno.

En todo caso es preocupante la generalización de los ataques a las políticas ambientales, cuando las consecuencias de su abandono serán mucho más graves y generalizadas que los costes diferenciales que puedan implicar a los distintos sectores productivos.

No habrá sostenibilidad del sector primario ni seguridad alimentaria no dependiente del exterior si no se tienen en cuenta las dinámicas climáticas, los riesgos que implica el calentamiento global y no se adoptan las medidas necesarias de prevención, adaptación y potenciación de la resiliencia socioeconómica del medio rural.

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[1] EEA (2024). European climate risk assessment. EEA Report 01/2024 https://www.eea.europa.eu/publications/european-climate-risk-assessment

[2] T. M. Lenton, D.I. Armstrong McKay, S. Loriani, J.F. Abrams, S.J. Lade, J.F. Donges, M. Milkoreit, T. Powell, S.R. Smith, C. Zimm, J.E. Buxton, E. Bailey, L. Laybourn, A. Ghadiali, J.G. Dyke (eds), 2023, The Global Tipping Points Report 2023. University of Exeter, Exeter, UK.

[3] En general nos referiremos al Programa de la JRC PESETA IV del que esta obra “Climate change impacts and adaptation in Europe” es el Informe final. https://op.europa.eu/en/search-results?p_p_id=eu_europa_publications_portlet_search_executor_SearchExecutorPortlet_INSTANCE_q8EzsBteHybf&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&queryText=peseta+iv&facet.collection=EULex%2CEUPub%2CEUDir%2CEUWebPage%2CEUSummariesOfLegislation&startRow=1&resultsPerPage=10&SEARCH_TYPE=SIMPLE

[4] El índice de explotación de agua plus (WEI+) mide el consumo de agua como porcentaje de los recursos renovables de agua dulce disponibles a nivel de subcuenca fluvial, para cada uno de los cuatro trimestres del año (3 meses consecutivos). Valores de WEI+ superiores al 20% indican que los recursos hídricos están bajo estrés y por lo tanto prevalecen condiciones de escasez de agua; valores superiores al 40% indican que el estrés es severo y el uso de agua dulce es insostenible. https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/use-of-freshwater-resources-in-europe-1

[5] Véase la Figura P.4 sobre estrés hídrico básico de referencia anual, publicada por United Nations, The United Nations World Water Development Report 2023: Partnerships and Cooperation for Water. UNESCO, Paris. https://www.unesco.org/reports/wwdr/2023/en/download Pág. 15.

[6] En el Anexo 2 se recogen los Mapas con los respectivos elementos considerados para cada punto de control en aguas superficiales y subterráneas, con detalle del origen agrario, en su caso, de los distintos contaminantes. https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/informes-calidad-de-las-aguas/Informe-Calidad-Aguas-2010-2022.pdf

[7] UNDRR (2022) “GAR 2022-Our World in Risk” https://www.undrr.org/gar2022-our-world-risk#container-downloads Pág. 6.

[8] ONU (2022). COP- 15 sobre Desertificación. Cöte d’Ivoire. “Drougth in numbers. 2022”. https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-06/Drought%20in%20Numbers%20%28English%29.pdf

[9] AEMA (2022). Indicadores ambientales. https://www.eea.europa.eu/ims

[10] La Presidenta de la CE ha asegurado que se derogará la exigencia de un porcentaje mínimo de barbecho y se hará una propuesta alternativa sobre pesticidas. En concreto se ha propuesto derogar por un año, en los países que lo quieran, una de las medidas de la PAC en vigor que debía aplicarse ya en 2024, con la obligación de que al menos el 4% del terreno agrícola no se destine al uso productivo, es decir, que se deje en barbecho o se dedique a instalaciones, setos, estanques u otro tipo de usos que permitan recuperar biodiversidad, con la condición de que se planten un 7% de cultivos reparadores para poder seguir teniendo derecho a los fondos de la PAC.