Las causas de las crisis son objeto de debate y de investigación para los economistas. Identificarlas supone un avance en el conocimiento económico y, sobre todo, proporciona herramientas para entender –y atajar– nuevos procesos recesivos. La Gran Recesión, la última gran crisis económica antes de la explosionada por la COVID-19, aporta lecciones de gran interés que, de hecho, están sirviendo a políticos y agentes económicos y sociales para la aplicación de medidas concretas sobre la experiencia ya conocida. A su vez, la crisis vírica infiere otro factor determinante: la revisión de reglas y preceptos de la economía convencional, de manera que se han abierto perspectivas distintas que están obligando a repensar recetas consideradas como inamovibles. El fenómeno se extiende a reconsiderar el propio pensamiento económico.

En la Gran Recesión, las políticas económicas impulsadas, de carácter pro-cíclico, no hicieron más que agravar la situación: recortes y medidas de contracción para resolver el tema del déficit. Es muy cierto que la mayor parte de los gobiernos, de las universidades y de los gabinetes de estudios económicos no fueron capaces de prever lo que se venía encima. Pero no es menos verdad que las primeras medidas que se pusieron en marcha a partir de a caída de Lehman Brothers (incluso algo antes) contribuyeron a que la recesión no se tradujera en depresión. Medidas, recuérdense, de corte keynesiano, impulsoras de la demanda agregada y de despreocupación por la evolución de las deudas y los déficits. Aquéllas y éstos son consecuencias de la crisis; no son su causa. Si se pierde de vista esto, se yerra en el diagnóstico y en las actuaciones a desarrollar.

Ahora bien, vamos a recordar aquí uno de los factores importantes de la Gran Recesión: el incremento de la deuda privada. La crisis financiera conforma una de las piezas de la crisis: de alguna forma, como nos enseña la historia económica, ese suele ser un detonante central. De las finanzas, la tormenta pasa a las economías privadas con el aumento de la desconfianza, la reducción del crédito, la ralentización de la actividad productiva, el cierre gradual de empresas, la caída por tanto de pedidos y el aumento del paro. La consecuencia sobre las economías públicas es que sus ingresos se desmoronan, y sus capacidades para encarar la atonía privada devienen cada vez menores.

El proceso ha enganchado un volumen ingente de deuda privada, muy superior a la pública. Pero el resuello se aplica sobre el sector público: debe reducirse, adelgazarse, mejorarse, racionalizarse, póngase el verbo que se quiera. En todos sus tiempos, la síntesis parece evidente: lo público debe recortarse porque, al hacerlo –se piensa–, todo será más eficiente y, por consiguiente, la recuperación será próxima. Pero los orígenes del problema están en el ámbito privado, a partir de desencadenar una enorme burbuja de exuberancia irracional, tal y como demuestran los trabajos más recientes de Steve Keen (La economía desenmascarada, Capitán Swing, Madrid, 2015; ¿Podemos evitar otra crisis financiera?, Capitán Swing, Madrid, 2021). Ese y no otro es el punto de partida de la catástrofe; no la economía pública. El caso español es ilustrativo, como se recoge en la tabla 1 y en el gráfico 1.

La deuda pública tuvo una tendencia claramente a la baja desde 1995 hasta 2007; mientras que la privada conoce un proceso inverso: aumenta hasta el punto de pasar del 54 por ciento del total en 1995 al 70 por ciento en 2012, en una evolución ascendente. El año 2007 marca el punto de inflexión: la deuda pública avanza, mientras que la privada retrocede: las administraciones incrementan sus débitos acuciadas por las consecuencias de la Gran Recesión, en un escenario de contracción de ingresos. En España, además, las cifras son claras: los ingresos fiscales de las administraciones públicas se encuentran siete puntos por debajo de la media de la Unión Europea de los 27, de forma que al desplome de las entradas en la hacienda pública debe añadirse su ineficiencia recaudatoria. Dicho de otra manera: existía –y existe– en España un “margen tributario” todavía destacable, en relación a la media comunitaria; falta, empero, una reforma fiscal que corrija bases imponibles y que repiense una cesta de impuestos distinta.

La expansión de la deuda pública no obedece a despilfarros generalizados ni a excesos implementados desde el sector público: las administraciones reducían sus pasivos mientras que familias y empresas los aumentaban. Pero el golpe letal de la crisis promovió enjuagues de deuda desde la esfera privada –con contracciones notables en el consumo y en la inversión– y la necesidad del sector público de cubrir inversiones –parcas en el ámbito empresarial y doméstico– y gastos sociales. En este contexto, y a partir de una perspectiva más general, la Gran Recesión sirvió de pretexto para apuntalar premisas ideológicas ultraconservadoras. Lo vimos en Estados Unidos, con un Partido Republicano dominado por la derecha extrema. Lo apreciamos en Europa, con una ideología presidida, durante la Gran Recesión, por un calvinismo de austeridad mal entendida.

Pero resulta difícil explicar a la gente que es despedida, o a la que se recortan sus prestaciones en dependencia, o se le alarga una operación por falta de recursos, o se le masifican las aulas, que todos esos sacrificios son para cuadrar un indicador, el déficit, que se ha convertido en un tótem. Si la economía como disciplina no piensa en el bien común, será también muy común que las personas se acaben alejando no de la economía, sino de la política.