El término “diálogo sin condiciones” se está convirtiendo en un lugar común que mal utilizan algunos sectores de la política a modo de coartada, refugio y subterfugio. Hablamos del escenario catalán tras la sentencia del Tribunal Supremo.

¿Quiénes? En primer lugar, aquellos que no quieren pronunciarse. Que dialoguen, dicen. Es una respuesta elusiva fácil ante cualquier desacuerdo. ¿Sobre qué? ¿Quiénes? ¿Cómo? Ahí mejor no entrar, no vayan a comprometerme. Actitud cobarde.

Hablan también de diálogo sin condiciones aquellos que se colocan en la equidistancia. Es la posición de Pablo Iglesias, que mantiene un equilibrio imposible entre su cabeza de lista por Barcelona, absolutamente secesionista, y la mayoría de su electorado no catalán, absolutamente contrario a la secesión.

Dice Iglesias que no está de acuerdo con los que adoptan medidas unilaterales, pero tampoco con quienes aplican el artículo 155 de la Constitución. Como si fueran equiparables los comportamientos de quienes se saltan sediciosamente las leyes, con los de quienes aplican un artículo de nuestra Constitución para restablecer la legalidad.

Finalmente, utilizan la trampa del diálogo sin condiciones aquellos que pretenden de esta manera legitimar posiciones políticas maximalistas, irreales o directamente ilegítimas, como hace Torra, el inefable presidente de la comunidad autónoma catalana.

¿Quién ha dicho que el diálogo democrático se ha de producir sin condiciones? Desde luego que no. Hay condiciones para que el diálogo sea posible, y también hay condiciones para que el diálogo sea eficaz.

No puede haber diálogo mediante el chantaje de la violencia. No hay diálogo posible con cócteles molotov y adoquines arrojadizos sobre la mesa. No se dan condiciones para dialogar si uno de los interlocutores anima la violencia (“apreteu, apreteu”), no condena a los violentos y fustiga políticamente a los propios servidores públicos del orden que trabajan bajo su mando.

No hay condiciones para el diálogo si no se acepta previamente el marco de la observancia de la ley y el cumplimiento de las sentencias judiciales. Es decir, no hay diálogo democrático sin respeto al Estado de Derecho, consustancial a la propia democracia. ¿Qué diálogo puede haber si una de las partes descalifica como aberración y venganza una sentencia judicial y llama a la desobediencia institucional?

Y no habrá diálogo útil y efectivo si esa misma parte se aferra a posiciones maximalistas e irreales. Se puede dialogar sobre la mejora del autogobierno, sobre las opciones de financiación en las administraciones, sobre infraestructuras, sobre el bienestar social de la población… Se puede dialogar sobre todas las cuestiones que importan a la ciudadanía. Pero no cabe diálogo efectivo sobre el inexistente derecho de autodeterminación o sobre la imposible secesión.

Desde luego también, es preciso desmentir las falsedades con que se acompaña el tramposo requerimiento al diálogo sin condiciones.

Es falso, por ejemplo, que el Gobierno español o el Tribunal Constitucional pretendan ejercer censura alguna sobre el funcionamiento del Parlamento autonómico catalán. Lo que reclama el Gobierno y dictamina el TC es que el Parlamento autonómico se limite a ejercer sus competencias, sin invadir torticera e ilegalmente las competencias ajenas.

Y es mentira, desde luego, que lo practicado durante los últimos días en Cataluña por el secesionismo tenga algo que ver, ni tan siquiera remotamente, con la desobediencia civil. Se empeñan algunos dirigentes independentistas en compararse con los grandes referentes históricos en la defensa de los derechos y las libertades civiles. Comparar a Torra o Puigdemon con Mahatma Gandhi o Martin Luther King resulta tan grosero como ridículo.

La respetable actitud de la desobediencia civil, de Gandhi, de Luther King, y de tantos otros referentes positivos, fue siempre absolutamente pacífica. Es decir, sin cócteles molotov ni adoquinazos. A diferencia de Torra y los suyos, aquellos protagonistas históricos de la desobediencia civil aceptaron siempre juicios, sentencias y sanciones, sin “apreteu”.

Y, lo que es más importante, la desobediencia civil se planteó siempre para reivindicar derechos reconocidos, pero no respetados. Cualquier comparación entre la situación que viven hoy los ciudadanos catalanes, en una democracia como la española, con el sufrimiento padecido por las personas de color en la América de los años 60, con el apartheid en Suráfrica o con la opresión de las castas inferiores en la India de comienzos del siglo XX, es sencillamente insultante.