El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy se comprometió durante su debate de investidura, del 26 de octubre, a desarrollar la acción de su gobierno, en base al diálogo con los otros grupos parlamentarios y a impulsar el diálogo social con las organizaciones empresariales y sindicales. También anunció que no estaba dispuesto a renunciar a sus reformas, algo difícil de sostener para el Gobierno del Partido Popular (PP), desde la actual correlación de fuerzas parlamentarias.

Después de más de 300 días de Gobierno en funciones, sin tomar resoluciones ante los distintos problemas políticos, económicos y sociales que tiene nuestro país, se requieren actuaciones urgentes por parte del Gobierno del PP en el marco del diálogo social y de la acción de los grupos parlamentarios. El 24 de noviembre el presidente del Gobierno convocó en Moncloa a los interlocutores sociales para compartir los análisis sobre la situación económica y social y abordar nuevas medidas para fortalecer la creación de empleo y su calidad, la asistencia a los parados de larga duración, la implantación de la garantía juvenil, la sostenibilidad del sistema público de pensiones (Pacto de Toledo), revisión del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el Marco de Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva.

La convocatoria podía augurar una reunión con contenidos para poner el proceso de diálogo social en marcha, pero las interpretaciones trasladadas a la opinión pública por la Ministra de Empleo y Seguridad Social, los presidentes de CEOE y CEPYME y los secretarios generales de UGT y CCOO, distan mucho de esa expectativa. El comunicado conjunto se limita a enumerar los ámbitos arriba citados y no se establecen ni el método, ni agenda para las negociaciones, salvo calificar la urgencia de las medidas. Se echan en falta otras materias, como las referidas a los servicios públicos, políticas industriales o la economía digital. Las organizaciones empresariales y sindicales coincidieron en que, para alcanzar el objetivo de 20 millones de ocupados, que pretende el Gobierno en esta legislatura, se requieren medidas concretas mientras el Gobierno formula declaraciones genéricas.

En el transcurso de la reunión Mariano Rajoy reiteró sus líneas rojas en el presente proceso de negociación social: cumplir sus compromisos con la Unión Europea para reducir el déficit, mediante el ajuste de 5.500 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y reafirmó la posición expresada en su debate de investidura, de no derogar las reformas laborales y de pensiones, salvo los retoques que los interlocutores pudiesen acordar entre sí. Estas restricciones suponen en la práctica reducir la capacidad de inversión en políticas de empleo y de protección social e impedir la recuperación de los derechos laborales y sociales arrebatados.

De la información trasladada por la Ministra de Empleo y Seguridad Social y los interlocutores sociales se desprenden divergencias respecto al diagnóstico de la situación económica y social y diferencias para afrontar con objetivos compartidos los principales problemas que tiene nuestro país. En el mes de noviembre se han hecho públicas distintas estadísticas y encuestas que ponen a la luz la intensidad de la regresión laboral y social producida por los efectos devastadores de la crisis económica y las políticas de austeridad aplicadas en nuestro país, al dictado de la Troika (UE, BCE, y FMI), basadas en ajustes, recortes y contrarreformas.

La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (Eurofound) ha presentado la Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo, que realiza cada cinco años, en la que se evidencia que la precariedad laboral en nuestro país va más allá de la elevada tasa de paro (18, 91%) y la altísima temporalidad (27%), la creación de empleo no ha alejado el temor de perder el puesto de trabajo, ya que en España el 26% de los trabajadores ocupados temen perderlo en los próximos seis meses frente al 17% de la media europea. Nuestros horarios laborales son más deficientes que en Europa, el 49% de los trabajadores españoles declararon que su descanso entre jornadas es inferior a 11 horas, las prolongaciones de jornadas reducen hasta un 9% los trabajadores que tienen posibilidades de adaptar su jornada de forma flexible y de conciliar la vida laboral con la personal y familiar. Este deterioro de las condiciones de trabajo produce efectos negativos sobre la salud y el equilibrio psicológico, pese a ello, según la encuesta, somos uno de los países europeos con menos absentismo laboral.

El Instituto Nacional de Estadística ha hecho público el Índice de Precios del Trabajo (IPT), relativo al periodo 2008–2014, que mide la evolución temporal del coste de la mano de obra, que muestra una pérdida de poder adquisitivo de los salarios del 9,2%, un retroceso mucho mayor del recogido durante esos años por las estadísticas sobre salarios. También ha dado a conocer la Contabilidad Nacional, del tercer trimestre de este año, que refleja una variación de solo un 0,1% de la remuneración media por asalariado frente al crecimiento del 3,5% que obtienen los beneficios empresariales, respecto al mismo período del año anterior. El Banco de España recoge en su estadística de la Central de Balances el aumento de la temporalidad en 2015, esta se elevó un 9,5% en el conjunto de las empresas y la contratación indefinida solo un 2,3%.

Estos datos vienen a reforzar los planteamientos de CCOO y UGT, que exigen que la recuperación económica se acompañe de políticas de redistribución, impulsar el empleo de calidad, mejorar los salarios, recuperar los derechos laborales y sociales y erradicar las desigualdades y la pobreza. Por eso exige respuestas inmediatas al Gobierno sobre la subida del SMI, que en 2017 debería ser de 800 euros al mes, en la senda de llegar los 1.000 euros al mes al final de la legislatura, de acuerdo con lo que establece la Carta Social Europea, garantizar el poder adquisitivo de las pensiones (el 0,25% de subida que prevé el Gobierno supone pérdida de poder adquisitivo) y mejorar el empleo y los salarios en el sector público.

El presidente del Gobierno plantea como línea roja la derogación de la reforma laboral, a la que atribuye la creación de empleo, si bien afirma que se podrían asumir algunos retoques en la regulación laboral, siempre que los pactaran los interlocutores sociales. Las materias susceptibles de alguna modificación serían, según la Ministra de Empleo y Seguridad Social, las relacionadas con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), relativa a la indemnización de los contratos temporales y de los interinos (actualmente está siendo estudiada por un grupo de expertos); la formación; la conciliación laboral; la lucha contra el fraude laboral y la seguridad laboral en el trabajo.

Las organizaciones empresariales plantean que la aplicación en nuestra legislación de la sentencia del TJUE, relativa a la contratación temporal solo afecta a los interinos de las Administraciones Públicas y los posibles cambios en la regulación laboral se reducirían a facilitar la interpretación judicial de la reforma laboral. Los juzgados han enmendado la reforma de 2012 en materias tan sensibles como la ultraactividad, empresas de servicios y despidos colectivos, entre otras sentencias. En el ámbito de la negociación colectiva la propuesta sindical de elevar los salarios entre 1,8% y 3% para 2017, no ha tenido aun respuesta de las organizaciones empresariales, aunque se muestran reacias y apuntan a mantener el 1,5% de 2016.

Los Secretarios Generales UGT y CCOO han expresado sus diferencias con los planteamientos del Gobierno y de las organizaciones empresariales, pues no ven posible solucionar los problemas de la mala calidad del empleo, reducir el desempleo, las desigualdades y la pobreza, con las líneas rojas que plantea el Gobierno. Hay que tener en cuenta que el Gobierno del PP, que presidía Mariano Rajoy, en 2012 impuso su reforma laboral sin diálogo social. Vulneró el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (II AENC), suscrito por los interlocutores sociales de forma libre y responsable, negociado en una situación de recesión económica y el altísimo volumen de desempleo, acordando una evolución moderada de los salarios y la reinversión de los beneficios empresariales para crear empleo y recuperar la economía, junto con el marco de negociación colectiva vertebrada por la articulación de los convenios colectivos de trabajo desde los ámbitos sectoriales. Por eso, en el actual proceso de diálogo social es fundamental, para la confianza entre las partes, que se respete la autonomía colectiva por los poderes públicos. La negociación colectiva es uno de los pilares básicos para un sistema democrático de relaciones laborales, por eso se deben revertir las medidas impuestas en la reforma de 2012, que imponen a los interlocutores sociales la estructura y las reglas de la negociación colectiva contra lo pactado en el II AENC.

Los interlocutores sociales tienen el reconocimiento constitucional del papel que les corresponde desempeñar de representación y promoción de los intereses de sus representados, empresarios y trabajadores. Pero los procedimientos de diálogo y concertación social no están regulados institucionalmente, la experiencia acumulada en nuestra democracia nos evidencia que el diálogo social es un valor de cohesión social, eficiencia económica y equilibrio en las relaciones laborales, que se ve condicionado por el contexto político, la situación económica y también por el respeto o desprecio que los poderes públicos tengan a la autonomía colectiva. El Gobierno del PP facilitará el actual proceso de diálogo si supera las restricciones que pretende imponer a las negociaciones y avanza hacia la  construcción de diagnósticos y objetivos compartidos, que se orienten por los intereses generales y la justicia social.

Las Confederaciones Sindicales de CCOO y UGT han decidido convocar movilizaciones los próximos días 15 y 18 de diciembre, para favorecer las negociaciones con el Gobierno y las organizaciones empresariales. Distintas organizaciones sociales y la izquierda parlamentaria, representada por el Partido  Socialista Obrero Español y Unidos Podemos, han manifestado su apoyo a las reivindicaciones sindicales y al proceso de movilización. Con el ejercicio democrático y responsable de la negociación y la movilización, UGT y CCOO persiguen conformar y reforzar el espacio de dialogo social para recuperar los derechos arrebatados, mejorar los salarios y las pensiones, suprimir las medidas regresivas para las libertades e implantar una prestación de ingresos mínimos para erradicar las desigualdades y la pobreza.