La importancia que se asigna al Estado puede considerarse como un indicador bastante significativo a la hora de definir las orientaciones ideológicas generales, o como manifestación de unas determinadas jerarquías de valores.

Frente a la concepción neoliberal de dejar reducido el Estado a la mínima expresión, que lleva primando desde la década de los ochenta del siglo pasado, se está produciendo un cambio de paradigma en las instituciones, tanto internacionales como nacionales que, ante el incremento exponencial de la desigualdad, la concentración de la riqueza en cada vez menos manos, y el peligro de ruptura y estallido social, han decidido tener más en cuenta la equidad a la hora de planificar sus actuaciones.

En este contexto, uno de los errores que más ha dejado al descubierto la pandemia es la deslocalización de sectores básicos, y la debilidad de empresas estratégicas, ante la caída de su valor y la posibilidad real de quedar expuestas a compras de inversores extranjeros.

En este sentido, el gobierno actuó. Y con el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, blindó a los sectores estratégicos frente a potenciales compras por inversores extranjeros, creando un régimen transitorio hasta el 30 de junio del 2021 para la supervisión de dichas inversiones, especialmente aquellas operaciones por valor superior a 500 millones de euros. Pudiendo vetar la operación, y suspendiendo la inversión extranjera en servicios estratégicos como la conectividad.

Este Real Decreto conjugó el libre mercado con el control accionarial de empresas, que operan en mercados estratégicos como puede ser energía, defensa, agua, telecomunicaciones, transporte, eléctricas o hidrocarburos, entre otros. Y todo ello, con medidas que están dentro de los parámetros y principios de la UE, que anima a sus Estados miembros a proteger y monitorizar la propiedad de los operadores de sus sectores estratégicos.

Esto fue un paso decisivo, como se está demostrando con la opa parcial presentada por la gestora australiana de fondos de pensiones IFM, el pasado febrero, sobre Naturgy. O como también lo es el papel del SEPI en el rescate de empresas.

Pero, llegados a este punto, es preciso ir más allá. Hay que aprovechar los fondos europeos para que el Estado tenga una presencia mucho mayor y permanente en la economía y en sectores estratégicos.

España entre 1985 y 2007 vendió más de 120 compañías estatales.

¿Por qué no podemos tener empresas públicas o participaciones mayoritarias en sociedades anónimas, para garantizar sectores estratégicos y básicos, o el avance de nuevas líneas de desarrollo económico relacionadas con las nuevas tecnologías y el medioambiente? Todo ello, con gestión autónoma y capacidad de competir en mercados cada día más globalizados.

En Francia, EDF es la compañía líder en Europa y la segunda a nivel mundial en generación y distribución de electricidad. El primer accionista, y mayoritario, es el Estado y el segundo sus trabajadores.

¿Por qué no se incentiva por ley una mayor participación de los trabajadores en las empresas y en su accionariado, para garantizar el interés general de las empresas y de la sociedad en su conjunto? Alemania tiene una ley de cogestión desde los años 70 del siglo pasado.

En el año 2015, las empresas públicas eran el 12,89 por ciento del PIB en Francia; en Austria, el 18,91 por ciento; en Bélgica, un 25,22 por ciento; en Finlandia, el 43,14 por ciento del PIB. En España eran el 4,43 por ciento. Un abismo, según de la OCDE y Eurostat, que es preciso corregir.

Algunos oráculos seguirán defendiendo un modelo neoliberal ya fracasado. Pero en estos momentos, de tanta incertidumbre, es bueno escuchar a los ciudadanos.

En este sentido, los datos del barómetro del CIS del mes de mayo muestran que existe una demanda social cada vez mayor, que pide un papel activo del Estado en la vida económica. Esta demanda puede hacerse más real en España, sobre todo en sectores estratégicos, con los más de 140.000 millones de euros que vendrán de la UE.

Una amplia mayoría de la opinión pública, el 70,4 por ciento de la población, se declara partidaria de una intervención del Estado en la vida económica. Más concretamente, un 51,7 por ciento está de acuerdo con que el Estado debe intervenir en la vida económica, pero respetando la iniciativa privada, Y un 18,7 por ciento, cree que el Estado debe intervenir en toda la vida económica.

Por el contrario, la proporción de los que creen que el Estado no debe intervenir en la economía es muy baja. Está en el 22,1 por ciento. Un 5 por ciento, opinando que el Estado no debe intervenir en la vida económica y debe dejarla en manos de la iniciativa privada. Y un 17,1 por ciento, con matices, al creer que el Estado no debe intervenir en la vida económica, salvo para corregir posibles desajustes.

Esta radiografía, muestra que la inseguridad y el miedo al futuro, que tienen cada vez más ciudadanos, en unas sociedades tan cambiantes como las actuales, lleva a buscar al Estado como elemento equilibrador frente a un mercado insaciable que provoca cada vez más desigualdades.

Si los ciudadanos piensan de manera mayoritaria que se debería dar más importancia en nuestra sociedad a favorecer la igualdad y, al mismo tiempo, piensan que el Estado debe intervenir en la economía, estas dos afirmaciones tienen que llevar a una reorientación de la agenda para una sociedad más justa y un mayor papel del Estado en la economía tanto en el ámbito nacional como internacional.

Existe un deseo de cambio en las prioridades. En ese cambio de rumbo el papel del Estado en la economía es fundamental. Ahora, además de voluntad hay estrategia y dinero. Hagámoslo.