El pasado mes de febrero Ciudadanos anuncio la presentación de una proposición de Ley que han llamado “ley contra la precariedad laboral,” el pasado mes de marzo fue admitida a trámite en el Congreso. Durante el acto de presentación de su iniciativa legislativa Albert Rivera afirmó que “Queremos traer un nuevo marco laboral que cambie los derechos de los trabajadores y empresas, y que incentive a los que quieren generar empleo estable”. Luis Garicano, el responsable de Economía y Empleo de dicha formación política, insistió en dicha presentación: “En nuestro mercado de trabajo hay muchos ciudadanos de segunda. Trabajadores precarios. Sin protección. Esta situación es inaceptable, hay que cambiarla”.

Ciudadanos defendió su propuesta como una “ley innovadora” que “iguale a España con Europa”, aseguró que con su propuesta de contrato único se eliminarán todos los contratos temporales y afirmó que se mantendrían las indemnizaciones por despido: 20 días por año trabajado en caso de un despido objetivo y 33 días por año trabajado si es un despido improcedente. Se pretende crear una “mochila de derechos” a semejanza del modelo austriaco, que se configuraría como una cuenta personal del trabajador en la Seguridad Social donde se integrarían las aportaciones de las empresas, el trabajador podría recibir una indemnización de unos 8 días por año trabajado, cuando se marche voluntariamente de la empresa u optar por acumular la indemnización hasta la jubilación. También se establecería un “bonus a la estabilidad para las empresas”, que consistiría en que las empresas que tengan menos rotación y más estabilidad verían reducidas las cotizaciones a la Seguridad Social.

El mercado laboral español está condicionado por el elevado volumen de desempleo, que actualmente afecta a 3,7 millones personas, lo que representa una tasa de paro del 16,5%, que en 2007 era del 8,6% aún hay 1,3 millones de ocupados menos que antes de la crisis. El empleo que se ha creado desde 2014 se caracteriza por la precariedad, la temporalidad y la parcialidad, como consecuencia directa de la reforma laboral impuesta por el Partido Popular la tasa de temporalidad está rozando el 27% del total de trabajadores ocupados. La precariedad de la contratación es crónica: mes tras mes, invariablemente, nueve de cada diez contratos registrados son temporales, el 25% del total tiene una duración de menos de 7 días, un tercio de los contratos son a tiempo parcial y el 60% de los trabajadores contratados a tiempo parcial, mayoritariamente mujeres, declaran realizarlo de forma involuntaria. Este escenario de abuso de la contratación tampoco ha pasado desapercibida a la Comisión Europea, que alerta sobre el uso “generalizado” de los contratos temporales y de los efectos negativos que supone para la productividad el país.

Desde el inicio de la crisis, el peso de las rentas de los trabajadores ha pasado de representar el 49%, del conjunto de la renta nacional, al 47% actual. Esa reducción ha ido a parar mayoritariamente al excedente bruto empresarial, lo que ha supuesto la pérdida de más de 35.000 millones de euros para los trabajadores. Desde 2009 la renta media por hogar se ha reducido en 3.315 euros por año y la renta media por persona ha caído 610 euros por año, lo que ha provocado un aumento de las desigualdades y la pobreza ya que el 27,9% de la población está en riesgo de exclusión social y el 14,1% de los trabajadores ocupados sufre la pobreza. Pese a denunciar que hay seis millones de trabajadores con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional no se menciona en la proposición de Ley la equiparación del mismo a los 1.000 euros al mes, equivalentes al 60% del salario medio como establece la Carta Social Europea.

Esta situación de precariedad en el empleo y bajos salarios, que originan desigualdad y pobreza, son razones más que suficientes para derogar las reformas laborales de 2010 y 2012. Pero otra circunstancia se ha sumado a la necesidad de cambiar la legislación laboral en nuestro país, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado que el encadenamiento de sucesivos contratos temporales, la falta de indemnización a los contratos de interinos y la desigualdad de las indemnizaciones entre los temporales y los indefinidos va contra la normativa comunitaria, concretamente vulnera la Directiva 1999/70/CE relativa al Acuerdo Marco de la Confederación Europea de Sindicatos y las organizaciones empresariales europeas sobre el trabajo de duración determinada.

 

Las medidas centrales de su propuesta, según Ciudadanos, es suprimir de un “plumazo” la temporalidad e instaurar el contrato único. Esto es muy llamativo, porque en todos los países desarrollados existe contratación de duración determinada y contratación indefinida. Lo que no se produce en los países de nuestro entorno es la utilización abusiva en la contratación temporal como existe en nuestro país, porque la regulación y el control por parte de las autoridades laborales son superiores. Esta “ley contra la precariedad laboral” no recoge para nada ninguna medida para impulsar el crecimiento real de los salarios y la recuperación de la negociación colectiva, debilitada por la reforma laboral impuesta por el Partido Popular al dar prevalencia a los convenios de empresa sobre los ámbitos sectoriales, facilitar a las empresas las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y las inaplicaciones de los convenios colectivos.

 

El presidente de Ciudadanos se encargó de aclarar, por si alguien tenía dudas, que no pensaban derogar las reformas laborales. Parece poco verosímil que este nuevo marco laboral que anuncian se base en equilibrio entre los derechos de los trabajadores y las necesidades de las empresas, si no se restablecen previamente los derechos individuales y colectivos arrebatados a los trabajadores. No se revierte tampoco la desregulación producida en las causas y procedimientos de los despidos, al igual que tampoco se prevé la recuperación de la cuantía de las indemnizaciones.

Cuando se examina la proposición de Ley se ve que la desaparición de la temporalidad no es tal, pues se pretende que permanezca el actual contrato para la formación para los jóvenes trabajadores, la modalidad de contratación más precaria, que no cumple sus fines formativos y no tiene indemnización. También plantean ensanchar el contrato de sustitución para convertirlo en un contenedor de la temporalidad sin casualizar y a la vez que se disfraza el contrato de obra o servicio como un falso indefinido.

 

Ciudadanos ha ocultado su medida estrella, pues el contrato único, “la mochila de derechos” y las reducciones de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social no son en absoluto novedosas. Son otra vuelta de tuerca a sus formulaciones habituales, en esta propuesta han abandonado incluso la que consideraban ellos mismos como la seña de identidad de su contrato único: la indemnización creciente. En la proposición de Ley plantean una ampliación importante de las posibilidades empresariales para despedir alegando causas objetivas, para ello se introduce en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores nuevas causas para la extinción del contrato: el despido por amortización del puesto de trabajo y también amplía las causas productivas por finalización o reducción de una obra o servicio. Estas medidas facilitarían y abaratarían el despido, pues reduce las indemnizaciones de los 33 días a 20 días. A la vez que descubre el intento de disfrazar el contrato de obra y servicio temporal, bajo la apariencia de un contrato indefinido. Las otras medidas, como las políticas activas de empleo o la mochila de derechos, quedan en meros anuncios para desarrollar reglamentariamente un año más tarde o para constituir comisiones de expertos para analizar la realidad laboral de las plataformas digitales.

 

La lucha contra la temporalidad injustificada no se hace con recetas simplistas y tramposas, como el contrato único, que facilitan las causas del despido a los empresarios y pretenden disfrazar la temporalidad con falsos indefinidos. Albert Rivera se jactó, en la presentación de su marco laboral, de que encabezaban las reformas desde la oposición. Antes de realizar esta afirmación debería haber revisado las numerosas iniciativas parlamentarias del Partido Socialista Obrero Español: para impulsar la igualdad, luchar contra el desempleo, mejorar la protección de las personas desempleadas, propuestas de regulación y de control para reducir la temporalidad y fomentar el empleo estable y con derechos. La mayoría ellas están bloqueadas o han sido vetadas por la actitud obstruccionista del Partido Popular, a lo largo de la presente legislatura, con la connivencia de su partido.