Cuando en muchas economías de la Unión Europea, entre ellas la española, aún colean los efectos de las políticas de ajuste fiscal a ultranza, en Portugal el gobierno socialista de Costa ha subido pensiones y salarios a la vez que ha reducido el déficit público al 2,1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), bien por debajo del límite establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (lo que no ha logrado la derecha en los últimos cinco años en España a pesar de los recortes al Estado del bienestar).

En realidad, lo que ha sucedido en el país vecino no es ninguna paradoja. Al fin y al cabo, desde Keynes los economistas debieran saber que la mejor manera de reducir el déficit público a largo plazo es estimulando la economía a corto plazo, para aumentar la recaudación fiscal, como también ha pasado en Estados Unidos.

En nuestro caso, a partir de 2010 y sobre todo desde 2012, se recurrió a una contracción brutal de los presupuestos públicos, lo que deprimió la economía (causando una segunda recesión) sin contribuir de manera eficiente a la reducción del déficit fiscal ni a la recuperación de la tasa de crecimiento del PIB, lo que se debió fundamentalmente al abaratamiento de las materias primas y del euro, lo que impulsó las exportaciones, además de algunas ganancias de competitividad derivadas del ajuste de las plantillas laborales y de la caída de los salarios.

En cualquier caso el ejemplo de Portugal, país que leva 13 trimestres consecutivos, demuestra que hay políticas económicas bien diseñadas que permiten impulsar el crecimiento y al mismo tiempo progresar en la senda de re-equilibrio de las cuentas públicas, lo que en cualquier caso es necesario en el medio y largo plazo, y sin desmantelar el Estado social ni desregular sin miramientos el mercado de trabajo.

Con todo, el Gobierno de Costa debe seguir lidiando con un stock de deuda pública del 131 por ciento del PIB, aunque la reducción del desequilibrio fiscal supone en sí mismo la principal palanca para absorber progresivamente este volumen.

Al mismo tiempo, Portugal y otros países especialmente endeudados como Italia, España y Grecia se podrían beneficiar de un fondo de redención de la deuda por encima del 60 por ciento del PIB que establece el Tratado organizado por el Mecanismo Europeo de Estabilidad, así como de un ampliado plan Juncker para las inversiones estratégicas.

Los gobiernos de los países europeos llamados acreedores deben entender que una Eurozona que también funciona en beneficio de los países del sur es bueno para todos.

Así, la actual política monetaria expansiva debe seguir acompañándose del margen de flexibilidad en la interpretación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y con el establecimiento de un pilar fiscal en la unión monetaria, que permita apoyar financieramente a los Estados que atraviesan crisis económicas particulares.