En la lucha contra la pandemia de la Covid-19 se han adoptado distintas medidas como el confinamiento de la población, las restricciones a la movilidad y la paralización de la actividad productiva. Estas decisiones necesarias para frenar el virus han originado en la gran mayoría de los países una de las mayores caídas de la actividad económica y del empleo. Las previsiones de los organismos internacionales apuntan a que la recesión de la economía global será superior a la que se alcanzó en la Gran Recesión de 2008, para 2020 el FMI estima una caída del PIB mundial de -4,9%.

Según la OIT el desempleo en el mundo   afectará en 2020 a unos 400 millones de personas, su estimación antes de declararse la pandemia era de 190 millones. Para nuestro país la CE estima un retroceso del PIB del 10,9% en 2020 y una recuperación del 7,1% en 2021, y que la tasa de paro alcance un 18,9% en 2020 y un 17% en 2021. La crisis del coronavirus está teniendo un gran impacto en el mercado laboral de nuestro país. La EPA del segundo semestre recoge la mayor caída de empleo de la historia, se destruyeron más de un millón de empleos coincidiendo con el periodo de confinamiento,

Ante la gravedad de esta situación cada vez hay más voces que defienden que para salir de esta crisis es necesario superar las visiones locales y no repetir las políticas de austeridad aplicadas durante la crisis financiera de 2008.  La UE ha adoptado una decisión histórica en la respuesta solidaria y justa a la crisis, superando las reservas de los sectores neoliberales a una acción económica y financiera común. El BCE ha puesto en funcionamiento un programa masivo, hasta un total de 1,35 billones de euros, de compra de deuda pública  el  Consejo Europeo ha consensuado  una dotación de 750.000 millones de euros para el Plan de Recuperación para Europa (Next Generation UE), que suponen 140.000 millones para nuestro país.

El Gobierno de Coalición del PSOE y UP desde el inicio de la pandemia ha construido “un escudo social”, mediante un conjunto medidas económicas y sociolaborales que han permitido preservar el tejido productivo, el empleo y las rentas familiares. Entre las medidas que han contribuido a mantener el sistema productivo figuran la movilización de 100.000 millones de euros en avales del ICO, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la prestación extraordinaria para los autónomos por cese de actividad o la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital para los colectivos más vulnerables. Los interlocutores sociales y el Gobierno, mediante el diálogo y concertación social, vienen haciendo frente conjuntamente a la crisis del coronavirus y sus pavorosos efectos sanitarios, económicos y sociales protegiendo a las personas para no dejar a nadie atrás.

El Acuerdo para la Reactivación de la Economía y el Empleo, firmado por el Gobierno, la patronal y los sindicatos es un compromiso de país para trabajar con urgencia en el refuerzo de la recuperación económica y del empleo, las medidas que se proponen para la reactivación son de carácter económico y de política industrial, políticas sociales y relaciones laborales. Antes ya habían suscrito los Acuerdos Sociales en Defensa del Empleo (I y II), que son una apuesta estratégica por proteger a las empresas y minimizar los efectos de la crisis en la destrucción de empleo a través de los ERTE por fuerza mayor o por causas objetivas, prorrogando su vigencia hasta el 30 de septiembre, y se prevé dar continuidad a estas medidas en las empresas y sectores que su actividad siga estando afectada por la pandemia.

El Congreso de Diputados ha aprobado las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, estos trabajos se han tenido que desarrollar rodeados del ruido y la confrontación provocados por la derecha y la ultraderecha. Las conclusiones relativas a las medidas sanitarias, europeas, económicas y sociales han resultado aprobadas con el respaldo del PSOE, Unidas Podemos, otras formaciones y   el apoyo parcial de Cs y PP, y con la ausencia por parte de Vox. Los grupos de las derechas han rechazado las propuestas de consenso, el PP no ha apoyado las conclusiones en las materias económicas y sociales y Cs se opuso al dictamen de las medidas sociales.

Todo apunta a que los neoliberales harán de los costes laborales una de las principales variables de ajuste que permita recuperar la rentabilidad empresarial, se corre el riesgo de que se pretenda relanzar la economía reduciendo al máximo el empleo, y por lo tanto la masa salarial. No se debería olvidar la situación previa a la crisis del coronavirus: la recuperación de la Gran Recesión de 2008 se basó mayoritariamente en descargar sobre la clase trabajadora el déficit y la deuda contraídas con recortes del gasto público e imponiendo bajos salarios y empleos precarios, que han generado el aumento de las desigualdades y del riesgo de pobreza.

Se ha descubierto, o redescubierto, que las actividades esenciales, como la sanidad, para mantener la vida económica y social ocupan mayoritariamente a trabajadores precarios y con bajos salarios, no hay una relación justa entre los salarios que perciben las personas trabajadoras y el “valor del trabajo” que desempeñan. Es urgente dotar correctamente las plantillas de los servicios públicos y dignificar el empleo público y privado, potenciando la contratación estable y con derechos mediante la modernización de nuestro sistema de relaciones laborales. Regular la protección de los derechos ante las nuevas necesidades sociales y la creciente digitalización y descarbonización de la economía, con la derogación de las medidas lesivas de la reforma laboral de 2012 y la negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

La crisis ha agudizado las desigualdades económicas y sociales que sufren las mujeres en el mercado laboral, pese a que han estado trabajando durante el coronavirus en primera línea en las actividades esenciales o procurando los cuidados necesarios a las familias. En los planes de recuperación se debe garantizar que los avances alcanzados hasta ahora en materia de igualdad no tengan retrocesos, fomentando empleos de calidad con salarios dignos para las mujeres, con el objetivo de reducir la brecha de género y mejorar su protección social.

Es necesario establecer un plan global de empleo, que integré y amplié los actuales planes específicos para jóvenes, parados de larga duración, etc. Habría aumentar los recursos destinados a las políticas de empleo, los servicios públicos de empleo y para mejorar la protección por desempleo. Habría que reformular las políticas activas de empleo e impulsar una agenda por el empleo centrada en el cambio de modelo productivo desarrollando una gobernanza compartida por todas administraciones públicas, potenciando los itinerarios personalizados para facilitar la orientación, la formación para el empleo y la inserción laboral de las personas desempleadas. Ante el aumento del desempleo impulsar el reparto del empleo mediante la reducción de la jornada de trabajo, junto con otras fórmulas de flexibilidad negociada. Se debe garantizar el trabajo con derechos de las personas migrantes, y reforzar la lucha contra la explotación laboral aumentando los medios contra la economía sumergida, el fraude laboral y los falsos autónomos.

La política industrial debería ser el eje central de la transición a un modelo económico digital y bajo en carbono, como se plantea el Green New Deal, para la mejora de la sostenibilidad, productividad y la eficiencia de nuestra economía. La estrategia industrial debe desarrollar medidas específicas de impulso en los ámbitos del sector primario, industrial y de servicios. Invertir en los procesos de transición, y apoyar la economía social, el trabajo autónomo y a las PYMES. El Pilar Europeo de Derechos Sociales y la Agenda 2030 (ODS) deberían de ser las referencias para establecer transiciones socialmente justas, basadas en los principios del Trabajo Decente. Ampliar las medidas de apoyo al tejido productivo mediante el impulso de la inversión y reforzar la solvencia de las empresas, y aquellas que se beneficien de planes de rescate deberían garantizar el empleo y las condiciones de trabajo.

Las políticas públicas deben orientarse a proteger la salud y reactivar la demanda para recuperar la actividad económica y la creación de empleo. También es imprescindible la mejora de los servicios públicos, garantizar el sistema público de pensiones y reforzar el Estado del bienestar. Para todo ello se requiere reformar nuestro sistema fiscal, para que sea más justo y progresivo, junto con la erradicación del fraude y la evasión fiscal, y garantizar la suficiencia de ingresos para afrontar las necesidades de la reconstrucción económica y social.