Introducción
En estas páginas nos hemos referido en distintas ocasiones a la dificultad de medir fenómenos socioeconómicos (PIB, empleo, consumo, precios, bienestar,…), ya que las medidas de que se dispone son indicadores, más o menos complejos y fiables de las variables correspondientes, con márgenes de error no siempre definibles (aunque en algunos casos estadísticamente se puedan tipificar y acotar) ni homogéneos. Pero también hemos señalado que, mientras que la metodología y sistemática se mantenga (lo que tampoco suele corresponderse exactamente con la realidad) es factible establecer comparaciones temporales o espaciales que tienen una mayor probabilidad de reflejar más adecuadamente los cambios relativos producidos.
Tampoco podemos olvidar, tal y como hemos apreciado reiteradamente en esta Sección, que la elección de determinados Indicadores y su definición, viene a veces sesgada, generalmente en defensa de unos determinados intereses o “enfoques”, lo que se produce junto al rechazo –u olvido- de otros indicadores complementarios precisos para una interpretación “matizada” de los primeros (ejemplo característico es el uso de medias, como la renta per cápita, sin tener en cuenta medidas de su representatividad, como desigualdades en la distribución del Indicador considerado, como el índice de Gini o los niveles de pobreza[1]); o sesgada por la no consideración conjunta de otros Indicadores directamente contradictorios en sus resultados con los usados. El resultado suele ser explicaciones, justificaciones o “relatos” parciales, o, directamente inexactos, con frecuente utilización política o ideológica (de defensa de intereses determinados).
Es cierto que los “relatos” no han venido necesitando de justificaciones “cuantitativas” desde la noche de los tiempos, en los que los brujos, oráculos o religiones los han usado como medio de dominación y control social, comprobándose que la imaginación y la capacidad de subyugación de las personas con distintas narraciones han sido y son capaces de arrastrar multitudes incluso a la inmolación,
Las ideologías y la política son otros ejemplos de “relatos” con capacidad de convicción de masas, simplificando deseos, intereses y realidades complejas para adecuarlas a futuros más o menos utópicos, que normalmente no han necesitado justificaciones “cuantitativas”; pero que en plena era de revoluciones científico-técnicas y de imperio de los “big data” parece imprescindible adornar con números y gráficas que den la sensación de demostrar las propuestas ideológicas correspondientes.
Desde el campo científico la aproximación a la evolución de la situación de la población, y de su bienestar se ha intentado objetivar desde distintas perspectivas no exentas de un cierto enfoque ideológico, necesariamente implícito en lo que se entiende por bienestar o en los Indicadores que miden la pretendida situación objetiva de la población. Naciones Unidas, con la definición de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos e Desarrollo Sostenible (ODS) es el mejor ejemplo de esta dinámica, a la que nos hemos referido reiteradamente en esta Sección, mostrando sus potencialidades, limitaciones e interpretaciones más o menos interesadas asociadas.
En una situación de fuerte incidencia de procesos manipuladores por partidos y sus medios de comunicación asociados (simplificación de las variables e interpretación sesgada de las mismas en defensa de intereses concretos), tras la intervención del Presidente del Gobierno en las sesiones de exposición del Estado de la Nación, del 12 al 14 de julio, nos parece muy conveniente el considerar la evolución comparada de algunas variables que podrían considerarse fundamentales para reflejar la dinámica de trasformación social de este país, bajo la gestión del partido popular (2012-2018) y de la del gobierno socialista (2018-2022), en la actualidad en coalición con Unidas Podemos.
E, igualmente, realizar una breve reflexión sobre las tendencias previsibles a corto plazo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia vigente para España, y con los condicionantes derivados de las Medidas adoptadas por la UE y España como reacción a las consecuencias de la invasión de Ucrania por Rusia.
La evolución demográfica comparada
Naciones Unidas ha publicado sus nuevas previsiones de Escenarios Demográficos Globales el 11 de julio de 2022[2], incluyendo un análisis previo de la evolución seguida, desde 1950 al 2021 y las previsiones esperables hasta el año 2100.
Sus proyecciones llevan a que el 15 de noviembre de 2022 previsiblemente la población mundial alcance los 8.000 millones de personas como resultado de una dinámica de crecimiento demográfico continuo; pero cuya tasa de crecimiento va descendiendo, por la progresiva reducción de la tasa de crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones), lo que hace esperar que, para 2030, el planeta alcance unos 8.500 millones de personas, unos 9.700 millones para 2050 y del orden de 10.400 millones para el 2100.
La reducción de la mortalidad global y el aumento de la esperanza de vida (estiman que alcanzará los 77,2 años, en 2050, frente a los 72,8 años de 2019) son variables fundamentales para comprender el mantenimiento del crecimiento global de una población cuya tasa de fertilidad estiman que alcanzará la de equilibrio de reproducción (2,1 hijos por mujer) hacia 2050- Y ello, desde los 5 hijos por mujer existente en 1950 y los 2,3 definibles en 2021. En paralelo, la población por encima de los 65 años alcanzará el 16% para 2050 en el conjunto del planeta, frente a un 10% estimado para este año 2022.
Frente al hecho de que la población potencialmente activa global no deja de crecer, sobre todo en el África sub-Sahariana y en ciertas partes de Asia, Latinoamérica y el Caribe, destacan que 61 países presentan decrecimientos demográficos superiores al 1% entre 2022 y 2050, estando además caracterizados muchos de ellos por altas tasas de envejecimiento. Lo que proporciona un rol fundamental al papel de las migraciones como equilibradores demográfico-territoriales históricos, ya actuantes entre 2010 y 2021.
Una última consideración a tener en cuenta sobre el trabajo de la ONU/DESA, hace referencia a la necesidad de tener en cuenta distintos Escenarios de evolución previsible, atendiendo a la variabilidad de dos elementos fundamentales para las proyecciones, como son las tasas de fertilidad (fundamental en su capacidad de modificación) y de mortalidad, que dan lugar a que, para 2050, la población estimada se sitúe entre 9.400 y 10.000 millones, y entre 8.900 millones (con un descenso demográfico desde 2070) y 12.400 millones para 2100.
Para el caso de España, Naciones Unidas estima una tendencia decreciente de la población para el Escenario medio e Inferior, ya desde 2022, que también se registraría en el Escenario Superior (optimista) a partir de 2030, con cifras que, en 2030 y 2050, respectivamente, establecen según los datos recogidos en el Cuadro siguiente:
Confirman así su tendencia registrada en sus proyecciones demográficas realizadas antes de la pandemia, que ya presentaban una situación demográfica muy negativa para España frente al resto del mundo (pérdida de población y rápido envejecimiento) y en menor medida frente a la Europa occidental, con una tasa de crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones) crecientemente negativa para España (-2,546 por mil habitantes, para 2030, y -6,373 por mil habitantes en el 2050) con la única ventaja para España de una elevada esperanza de vida relativa al nacimiento: 84,966 años, en 2030, y 87,454 años, en 2050.
La comparación de los valores del INE correspondientes, entre 2012 y 2018, bajo la gestión del partido popular y la correspondiente al período 2018-2022, bajo la gestión del gobierno socialista, en la actualidad en coalición con Unidas Podemos, se aprecia en el Cuadro siguiente:
Como se aprecia, bajo la gestión del partido popular se produce una pérdida de población, ante la insuficiente recuperación demográfica generada hasta 2018, con un saldo migratorio negativo, desde 2012 a 2016, asociado a la crisis financiero-especulativa de 2008. La recuperación demográfica y la de la población potencialmente activa se producen con la gestión del partido socialista, pese a la crisis asociada a la Covid-19, iniciada en 2020. La reversión de la dinámica de inversión, con una modificación importante en el mercado laboral, cambia la dinámica migratoria de disminución de extranjeros en España (5.236.030, a 1 de enero de 2012, que pasan a 4.562.962 a 1 de enero de 2018, para volver crecer hasta los 5.417.883 para el 1 de enero de 2022, pasándose de una pérdida media anual de población potencialmente activa del 0,47% a una ganancia del 0,45% anual con el Gobierno actual.
Hay que tener en cuenta que en una población envejecida por la tasa negativa de crecimiento vegetativo y el aumento de la esperanza de vida (que, en todo caso, es uno de los indicadores positivos del Índice de Desarrollo Humano, de Naciones Unidas) la única manera de mantener una fuerza de trabajo creciente es la de lograr inmigrantes potencialmente activos en un mercado de trabajo dinámico. Y esta es la reflexión que realiza Naciones Unidas en su último Informe, antes señalado, destacando no sólo el importante papel que ya está jugando la población migrante en el equilibrio demográfico de países de alto nivel de renta (señala que la contribución de la migración al crecimiento demográfico entre 2000 y 2020 ha sido de 80,5 millones de personas, frente a los solo 66,2 millones del crecimiento vegetativo en estos países), sino que, en las próximas décadas, estas migraciones serán el único motor del crecimiento demográfico en estos países de altas rentas, entre los que incluye a España.
Conviene destacar que las proyecciones demográficas del INE para 2030 -de septiembre de 2020[3]– arrojan estimaciones menos pesimistas que las señaladas por la ONU/DESA, con 47,75 millones de personas (justo en el intervalo optimista superior de la ONU, tal y como se aprecia en el Cuadro 1), al prever un incremento en los extranjeros residentes en España, entre 2020 y 2030, de más de 1,4 millones.
La población total, en cuanto demanda, y la activa y su productividad, en cuanto oferta, son la base del desarrollo socioeconómico de un territorio. La población potencialmente activa, entre 15 y 65 años, era de 31,278 millones al 1 de enero de 2022 (65,9% del total), y pasaría a ser, según esas proyecciones del INE, en 2030, del 64,2% (30,667 millones de personas), con una reducción de 611.000 personas potencialmente activas, pese al incremento previsto de unos 1,2 millones de extranjeros entre 2022 y 2030. Esta merma supondría una rémora para el potencial desarrollo sostenible en España frente a un mundo en fuerte expansión demográfica.
El 1 de enero de 2022 el 20% de la población superaba los 65 años y el INE prevé que sea el 24% en 2030, acercándose a los 11,5 millones de personas. El envejecimiento de la población española estaría asociado a una mejora de la esperanza de vida y a una tasa de natalidad muy reducida, afectando de forma desigual al territorio, con mucha mayor tasa en los municipios de menor tamaño de las zonas rurales, incrementando las diferencias entre el mundo rural y el urbano.
Avances muy significativos en el empleo, salarios y condiciones de trabajo de la población
Sin lugar a dudas las mejoras más significativas en la situación de la población española respecto al gobierno del partido popular en el período 2011-2018, se han producido en el ámbito del empleo y en la reducción del paro en España, con unas de las mejores cifras registradas de empleo y las menores de paro en 14 años. E igual cabe señalar respecto a la evolución del salario medio por hora efectiva trabajada, o respecto al volumen de población ocupada en los respectivos períodos, tal y como se aprecia en el Cuadro siguiente.
Como apreciamos, la variación media anual de los Ocupados totales, entre 2011 y 2018, bajo gestión del partido popular, fue del +0,35% y, entre 2018 y 2022, con gestión del Gobierno socialista y de coalición, la media anual asciende a +1,60%, quintuplicando los valores de la gestión del partido popular. La Tasa de actividad correspondiente se reduce en un -0,40% de media anual, con el partido popular, y crece en un +0,02% con el Gobierno socialista+Unidas Podemos. La tasa media anual de empleo respectivas son del +0,36% y +0,95%; y la tasa de paro pasa del -2,94% de reducción media anual, a -4,61%, mostrando la importantísima diferencia en los logros de la gestión de los gobiernos del partido popular respecto a los mucho mejores resultados del Gobierno de los socialistas en coalición actual con Unidas Podemos.
Y algo similar podemos señalar respecto a la evolución media anual en el salario por hora efectiva de trabajo en los sectores secundario y terciario, incluso en un marco en el que los efectos de las medidas adoptadas para combatir la pandemia, en 2020, dificultaban las actividades económicas y tenían una repercusión muy significativa en actividad, empleo y paro.
Pese a ello, las medidas puestas en práctica por el Gobierno de coalición español con la ayuda de los fondos de la Unión Europea han llevado a que, según los datos de la Encuesta de Población Activa del INE, el número de ocupados, en el primer trimestre de 2022 (último con datos oficiales definitivos) llegara a 20.084 millones, que es la segunda cifra más elevada desde 2008, tras la del cuarto trimestre de 2021. Adicionalmente, los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de junio de 2022, muestran el menor número de parados registrados (2.880.582) desde octubre de 2008, cifra que reduce sensiblemente, en un trimestre, el número de parados (3.174.700 desempleados) registrados por la EPA en el primer trimestre de este 2022, aunque hay que tener en cuenta que lo que mide uno y otro organismo no coincide en metodología y no son comparables las cifras resultantes en términos absolutos.
Condiciones de vida y desigualdades comparadas 2011-2022 en España
El 29 de junio el INE publicaba los datos referidos a los resultados definitivos de la Encuesta anual de Condiciones de Vida, en España, correspondiente a 2021[4], con los últimos datos disponibles[5].
Según los datos de su Encuesta del número de hogares, en 2020 existían, unos 18,692 millones de hogares, con un incremento de unos 129.100 hogares con respecto a 2019 (incremento del 0,7%), y con una media de unas 2,51 personas por hogar (sin variación respecto a 2019). La estimación que realiza el INE respecto a los hogares, a 1 de enero de 2021, sobre los que se realiza la Encuesta de Condiciones de Vida a la que nos referimos en este epígrafe, lo sitúan en 18,737, con una media de 2,50 personas por hogar, lo que implica un incremento de unos 45.000 hogares (+0,2%) con una pequeña reducción de su tamaño medio (-0,4%), respecto a los datos de 2020.
La primera consideración sobre los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida se puede realizar sobre la evolución de la renta media neta por persona, que registra los valores correspondientes al año anterior al de realización de la Encuesta; de manera que afectos de nuestra valoración comparada deberán considerarse los años 2012/2019 y 2019/2021 para reflejar la variación media anual entre 2011 y 2018, bajo gestión del partido popular, y entre 2018 y 2020, con gestión del Gobierno socialista y de coalición.
La Figura siguiente recoge esa evolución, así como la Renta mediana por Unidad de consumo de la distribución (fundamental para el cálculo de la Tasa de Riesgo de Pobreza) y la Renta media neta por persona con imputación del alquiler.
Como apreciamos, la variación media anual de la renta media neta por persona, entre 2011 (10.795 €) y 2018 (11.680 €), bajo gestión del partido popular, fue del +1,17%; y, entre 2018 (11.680 €) y 2020 (12.269 €), con gestión del Gobierno socialista y de coalición, la media anual asciende a +2,52%, más que duplicando los valores del Gobierno del partido popular, pese a la incidencia, en 2020, de las medidas adoptadas para combatir los efectos sobre la salud de la pandemia.
Pero, como hemos señalado, los valores medios son insuficientemente representativos de las condiciones de vida de la población y requieren medidas que registren la dispersión o desigualdades respecto a esa media.
El INE recoge tres Indicadores para aproximarse a la distribución de ingresos y a la evolución de las desigualdades en España, a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida. Son:
- La relación entre la suma de los ingresos del 20% de la población de mayores ingresos con la del 20% de la población con menores ingresos (ratio S80/S20), lo que permite disponer de un Indicador de la evolución de las desigualdades en los ingresos.
- El Índice de Gini, indicador tradicional de medida de desigualdad, que mide la diferencia de la distribución existente respecto a una distribución homogénea a la que cada porcentaje de personas corresponda una igual proporción de ingresos acumulados, situación para la que el Índice de Gini sería cero. En el caso de máxima desigualdad, por corresponder el 100% de la renta a una única persona, el Índice de Gini sería 100.
- la Tasa de Riesgo de Pobreza, definida como el porcentaje de personas que presentan una renta media neta, por persona, inferior al 60% de la mediana (tantas personas con más renta como con menos renta) de la distribución de las rentas personales entre el conjunto de la población, utilizando como referencia la Unidad de consumo familiar, con valores para la mediana recogidos en la Figura 2.
La evolución correspondiente se recoge en las Figuras siguientes, procediendo a la valoración respectiva de la comparación de la evolución con cada uno de los dos Gobiernos correspondientes al período 2011-2018 y al 2018-2022 hasta el último año sobre el que se dispone de datos homogéneos.
Como apreciamos, la variación media anual de la Ratio S80/S20, entre 2011 (6,5 veces) y 2018 (5,9 veces), bajo gestión del partido popular, fue del -1,32% y, entre 2018 y 2020 (6,2 veces), con gestión del Gobierno socialista y de coalición, la media anual asciende a +2,54%, rompiéndose la tendencia histórica negativa a la reducción de este Indicador de desigualdad. Los motivos no son ajenos a los efectos derivados de las medidas adoptadas para combatir la pandemia, en 2020, cuyo resultado sobre las desigualdades han sido similares en el conjunto del planeta, tal y como ya analizamos en otros artículos (diciembre de 2021) de esta Sección. En todo caso, sin disponer de datos más actuales que recojan la previsible mejora de este indicador hasta 2022, como consecuencia, principalmente de las señaladas mejoras en el mercado de trabajo, los resultados de gestión del partido popular superan a los del Gobierno socialista hasta 2020.
Con respecto al Índice de Gini, para el período 2010-2020, derivado de los resultados de las Encuestas de Condiciones de Vida, los resultados se recogen en la Figura siguiente.
Como apreciamos, la variación media anual del Índice de Gini, entre 2011 (34,2%) y 2018 (33,0%), bajo gestión del partido popular, fue del -0,50% y, entre 2018 y 2020 (33,0%), con gestión del Gobierno socialista y de coalición, la media anual de variación es nula, rompiéndose la tendencia histórica negativa, desde 2013, a la reducción de este Indicador de desigualdad. Nuevamente los motivos no son ajenos a los efectos derivados de las medidas adoptadas para combatir la pandemia, en 2020, cuyo resultado sobre las desigualdades han sido similares, a nivel global, tal y como hemos comentado para el Indicador S80/S20. Y también en este caso los resultados de gestión del partido popular superan a los del Gobierno socialista hasta 2020.
La tercera medida a considerar se refiere a la población con ingresos reducidos que cabe situar en niveles de pobreza, situación que se aproxima a través de la Tasa de Riesgo de Pobreza, definida como el porcentaje de personas que presentan una renta media neta por persona (cuya evolución se ha recogido en la Figura 2), inferior al 60% de la mediana (cuya evolución se ha recogido en la Figura 2) que representa el valor para el que existen tantas personas/Unidades de consumo con más renta como con menos renta, en el conjunto de la distribución de las rentas personales/Unidades de consumo de la población. Para 2020, la Encuesta de 2021 establece un umbral de pobreza personal de 9.535 €, variando este valor año a año con la distribución personal de las rentas; y, consecuentemente, también la Tasa de Riesgo de Pobreza.
Como apreciamos, la variación media anual de la Tasa de Riesgo de Pobreza, entre 2011 (20,8%) y 2018 (20,7%), bajo gestión del partido popular, fue del -0,07% y, entre 2018 y 2020 (21,7%), con gestión del Gobierno socialista y de coalición, la media anual es del +2,42%, rompiéndose la tendencia a su reducción relativa, desde 2015 a 2018, registrada en el marco general de incremento tendencial del Riesgo de Pobreza para el conjunto del período 2007-2020 para España (media tendencial de incremento de 0,10%/año).
El incremento de la Tasa de Riesgo de Pobreza es dependiente de donde se sitúa la mediana de los ingresos netos medios personales/Unidades de consumo; lo que depende del número de personas con unos determinados ingresos y de la definición y estructura de las Unidades de consumo establecidas según la metodología fijada al respecto por la UE.
En todo caso, nuevamente los resultados de gestión del partido popular superan a los del Gobierno socialista hasta 2020, por motivos que ya hemos comentado no son ajenos a los efectos derivados de las medidas adoptadas para combatir la pandemia, en 2020, cuyo resultado sobre las desigualdades han sido similares, a nivel global.
Como última aproximación a las Condiciones de Vida de la población española se evalúa la evolución de “La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social” (At Risk Of Poverty or social Exclusion: AROPE), que se creó en la UE, en 2010, completando la medida tradicional del riesgo de pobreza en base a los ingresos recibidos[6], con la evolución del grupo de personas con carencias materiales, o con baja intensidad en el empleo. Dicha evolución se recoge en la Figura siguiente, si bien es importante señalar que tanto el Riesgo de Pobreza como la Baja Intensidad en el empleo se refieren a valores correspondientes al año anterior al de la Encuesta.
Como se aprecia en la Figura anterior, en 2019 se rompe la tendencia descendente registrada entre 2014 y 2019, volviéndose a la tendencia lineal creciente de 2008 a 2021, en línea con la tendencia paralela en la Tasa de Riesgo de Pobreza, antes señalada, que es uno de los elementos de AROPE con incidencia más significativa en su evolución.
En todo caso, comparativamente, la tasa AROPE evolucionaría con un descenso medio anual del -0,32%, entre 2011 (valor de 26,7%) y 2018 (valor de 26,1%), bajo un Gobierno del partido popular, y con un aumento medio anual del +1,92%, entre 2018 y 2021 (valor de 27,6%). Y también son mejores los resultados del período 2011-2018 (partido popular) que los del período 2018-2021 (Gobierno de coalición) tanto para el porcentaje de población en carencia material severa, como para la que vive en hogares con baja intensidad en el trabajo (de 0 a 59 años) según la definición previa a los cambios establecidos en 2021, la Carencia recordando que tanto el Riesgos de pobreza como la intensidad en el trabajo recogen valores correspondientes al año anterior al de la Encuesta. Con las mismas consideraciones se incorporan también la evolución asociada a las nuevas definiciones, de 2021, para las que el primer valor correspondería a 2014, en el caso de la Carencia material y social severa, y a 2013 la nueva Baja intensidad en el empleo, para la que también el último dato se referiría a 2020.
Las valoraciones comparadas se sintetizan en el Cuadro siguiente:
Sustancialmente apreciamos que las principales diferencias aparecen en los valores asociados a la incidencia de la población con Carencia material severa, al pasar a la consideración de Carencia material y social severa que, por otra parte, es el único indicador para el que los valores se corresponden con 2014 y 2021, años respectivos de realización de la Encuesta.
Para los datos de Riesgo de pobreza y Baja intensidad en el trabajo, o Baja intensidad en el empleo (nueva definición) los valores respectivos se corresponden con datos para el año anterior a la Encuesta, por lo que el último dato se corresponde con los valores de 2020, lo que explica gran parte de la evolución establecida para el último periodo.
El fuerte incremento de la tasa AROPE, como el de la población en riesgo de pobreza, el porcentaje de población con carencia material severa, y, sobre todo, el de la población viviendo en hogares con baja intensidad en el trabajo (de 0 a 59 años), ponen de manifiesto la gravedad de los efectos de la pandemia, sobre todo por el aumento de las personas en peores condiciones materiales, que lleva a que continúe la situación relativa negativa de la tasa AROPE, en España, que se sigue situando bastante por encima de la media de la UE, con más de una de cada cuatro personas en España dentro del umbral de riesgo de pobreza o exclusión social.
Hay que señalar que los datos de AROPE para 2021 muestran que la tasa más que se duplica para los parados (58,6%), y era también muy superior para los inactivos por otros motivos (40,3%), mientras permanece en niveles muy reducidos para los jubilados (16,2%) y ocupados (17,9%), que quedan por debajo de la media total (27,8%). También hay que señalar que el Riesgo de Pobreza y /o Exclusión Social (AROPE) es máximo para los Extranjeros no comunitarios (65,2%) y es superior para las mujeres (28,3%) que para hombres (27%) siendo de destacar que los jubilados (mayores de 65 años) muestran una tasa que señala que poseen, en media, una mayor protección que los inactivos, parados o jóvenes.
En todo caso, y como síntesis global, hay que señalar la grave tendencia a la evolución creciente de las desigualdades en España, con el incremento tendencial en el Riesgo de pobreza y exclusión social, incrementado muy sensiblemente entre 2008 y 2014, como consecuencia de la crisis financiero-especulativa global iniciada en ese año, con graves repercusiones también para España. Dinámica se corrigió en parte, entre 2014 y 2019, bajo una época de gestión del partido popular, aunque manteniéndose en este 2019 el Riesgo por encima de los valores de 2008. Pero la crisis asociada al Covid-19 ha vuelto a recuperar la tendencia alcista en este Riesgo, no pudiéndose apreciar, todavía, los efectos de una gestión del Gobierno de coalición que ha mejorado muy sustancialmente la situación en el empleo y salarios, porque los datos se refieren, fundamentalmente, a la situación en 2020.
Algunas tendencias y conclusiones finales
Como hemos señalado reiteradamente en estas páginas, el bienestar de la población no sólo depende de los Indicadores tenidos en cuenta en este artículo. Los equipamientos y servicios públicos que inciden en la salud, igualdad de oportunidades y calidad de vida de las personas son igualmente fundamentales como componentes del Estado de bienestar. Al igual que también lo son el entorno ambiental y el patrimonio territorial (natural, cultural y de capital fijo artificial productivo) en el que la población desarrolla su vida. Sin embargo, el hecho de que una gran parte de la gestión de estos elementos correspondan a las comunidades autónomas y a las administraciones locales, obliga a que su análisis deba considerarse en otro artículo de manera diferenciada.
Sí hemos constatado a lo largo de los artículos de esta Sección dedicados al tema de las desigualdades, y se tiene en cuanta en este artículo, que éstas están asociadas tanto a las diferencias en la distribución de la renta (capital-trabajo), como a las desigualdades salariales, a la situación en las condiciones de trabajo, o a la falta del mismo, que conducen a muchos trabajadores y parados al umbral de pobreza, así como a ingresos de jubilados o excluidos sociales que les sitúan en la marginalidad social.
La mayor parte de la clase media, formada en gran parte por pequeños empresarios y profesionales, muchos de ellos “autónomos”, ha visto empeorar su situación como efecto de la crisis asociada al Covid-19. En artículos anteriores de esta Sección hemos mostrado que sólo el 20% de mayores ingresos –y en particular el 1% de ingresos superiores- ha seguido aumentando estos y acumulando mayor proporción de riqueza, en gran parte como consecuencia de las mejoras en cotizaciones y beneficios/ingresos de las grandes multinacionales y empresas, pero también por las mayores remuneraciones relativas de los gerentes, funcionarios y profesionales de la clase media alta, que han experimentado una crisis relativamente leve, manteniendo en muchos casos sus salarios mediante el teletrabajo. Si bien la invasión de Ucrania por Rusia, el 24 de febrero de 2022, ha significado un cambio cualitativo que inicia un período de crisis y turbulencias, fundamentalmente –aunque no solo- para la UE.
Hay que destacar los muy positivos efectos de la política de la UE implantada tras la Covid-19, de mutualización de deuda para afrontar un Presupuesto y una acción europea inéditas para el período 2021-2027, posibilitadoras de las acciones de los Planes de Recuperación (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en España: PRTRE) que han permitido amortiguar los efectos derivados de la pandemia sobre gran parte de la población, aunque, como hemos apreciado en las páginas anteriores, no han conseguido revertir las fuertes desigualdades prexistentes, que se han incrementado tras los efectos de la Covid-19. En todo caso, el Gobierno de coalición ha demostrado que es posible una política económica y social comprometida en repartir la carga y evitar graves daños sobre las rentas medias y bajas, que son las perdedoras tradicionales de todas las crisis.
Aunque el año 2022 comenzó de forma positiva gracias a las políticas europeas y del Gobierno de coalición, con la ayuda de los fondos del PRTRE y una situación sanitaria más controlada, la ejecución del PRTRE está siendo más lenta de lo deseable, y seguimos conviviendo con la Covid-19 y sus efectos globales. Como resultado, la situación en julio de 2022 es frágil, incierta y con graves riesgos en el campo energético, ambiental y socioeconómico. En éste, las dificultades de elaborar predicciones sobre el porvenir a corto (2022-2023) medio (2026/2027) y largo plazo (2030), en relación a lo que puede pasar en la UE y en España, son crecientes. La economía global, todavía se ve seriamente afectada como consecuencia de la Covid-19 (principalmente en China, con su traslación de problemas logísticos y de abastecimiento a las economías globales) y por los efectos de la invasión rusa de Ucrania, enfrentándose el planeta a unos Escenarios cada vez más sombríos e inciertos, en los que se intensifican los riesgos de una inflación superior a la esperada, especialmente en EEUU y en las principales economías europeas, incluida España, con un endurecimiento de las condiciones financieras mundiales que pueden llegar a generar procesos de estancamiento con inflación (estanflación) en varias de las grandes economías mundiales.
Pero a la guerra de Ucrania y todas sus consecuencias, hay que añadir unas olas de calor históricas, incendios y sequías –y probablemente gotas frías en otoño- que evidencian, de nuevo, la gravedad y efectos del calentamiento global, tendencialmente creciente por el resurgir global de las emisiones, que hacen perentorias medidas de adaptación a ese calentamiento de toda la sociedad española, que no están presentes en las Medidas de respuesta europea y de los distintos Estados miembros a la invasión de Ucrania.
Medidas aprobadas, en el caso de España, en marzo y julio de 2022, complementando la materialización de unos Presupuestos Generales del Estado, para 2022, en los que se promueve la protección socioeconómica de las clases medias y más desfavorecidas, manteniendo la transición digital, y tratando de minimizar, aunque de forma mejorable, los efectos negativos sobre emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y transición ecológica, que muchas Medidas adoptadas en el conjunto de la UE y sus Estados miembros para reducir la dependencia energética y de materias primas de Rusia, están revertiendo de manera no deseable.
La protección socioeconómica de las clases medias y más desfavorecidas, junto a las transiciones ecológicas y digital han sido los objetivos marcados por el actual Gobierno de coalición, en boca de su Presidente en las sesiones del Estado de la Nación. Su efectividad y resultados los iremos considerando en esta Sección.
Feliz verano.
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[1] Conviene recordar que si una persona se come dos pollos y otra no come nada, como media cada una se ha comido un pollo, lo que muestra la falta de reflejo del uso exclusivo de medias para representar la realidad.
[2] https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf
[3] https://www.ine.es/prensa/pp_2020_2070.pdf
[4] https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
[5] https://www.ine.es/buscar/searchResults.do?Menu_botonBuscador=&searchType=DEF_SEARCH&startat=0&L=0&searchString=%22Encuesta%20Continua%20de%20Hogares%22
[6] El INE destaca que, en 2021 se ha introducido un cambio metodológico en la AROPE que ha afectado a dos de sus tres dimensiones, ya que ahora se define como el porcentaje de población que está, al menos, en alguna de las tres situaciones de presentar: Riesgo de pobreza (60% de la mediana de los ingresos medios), Carencia material y social severa (definida por registrar, al menos, siete carencias de las 13 limitaciones totales, siete asociadas a la situación en el hogar: 1, No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. 2. No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. 3. No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. 4. No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. 5. Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad…) o en compras a plazos en los últimos 12 meses. 6. No puede permitirse disponer de un automóvil. 7. No puede sustituir muebles estropeados o viejos), y 6 ligadas a carencias personales: 8. No puede permitirse sustituir ropa estropeada por otra nueva. 9. No puede permitirse tener dos pares de zapatos en buenas condiciones. 10. No puede permitirse reunirse con amigos/familia para comer o tomar algo al menos una vez al mes. 11. No puede permitirse participar regularmente en actividades de ocio. 12. No puede permitirse gastar una pequeña cantidad de dinero en sí mismo. 13. No puede permitirse conexión a internet. La tercera situación que enmarca AROPE es tener Baja intensidad en el empleo, que ahora se define aplicada a los hogares en los que sus miembros en edad de trabajar (personas de 18 a 64 años, excluyendo los estudiantes de 18 a 24 años, los jubilados o retirados, así como las personas inactivas entre 60 y 64 cuya fuente principal de ingresos del hogar sean las pensiones) lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia.
