Hace ya tanto tiempo, que se puede haber olvidado: Pedro Sánchez llegó al poder tras una ilegítima moción de censura apoyada por los populistas, los independentistas, los «amigos de ETA» y, lo que es peor de todo, por los socialistas. Un auténtico golpe de Estado.

Bueno, esta es la versión oficial del PP, de Ciudadanos y la que ha calado en una parte de la población española que, con ser alta, debe ser lógicamente minoritaria respecto de la que está representada por la mayoría del Congreso que respaldó a Pedro Sánchez.

La realidad es que, el Congreso de Diputados, y Diputadas, eligió un nuevo Presidente de Gobierno tras censurar al anterior, todo ello como prescribe el artículo 113 de la Constitución Española de 1978. Y, claro, los partidarios de que siguiera Rajoy y los que creían que estaban en un momento óptimo para mejorar sus resultados electorales si se llamaba a la población a las urnas, han puesto el grito en el cielo denunciando, por ilegítimo, el nuevo gobierno. Ambos, coinciden en que esa ilegitimidad viene dada porque el PSOE no fue el partido más votado en las últimas elecciones.

Y, a mí, me ha venido a la memoria el caso de la primera moción de censura que derribó el primer gobierno de una administración relevante en España. Se trataba del Ayuntamiento de Madrid y de su gobierno socialista, encabezado por Juan Barranco, que en mayo de 1989 fue sustituido por una moción de censura presentada por el CDS y apoyada por el PP. Gracias a eso, el Alcalde Juan Barranco, del PSOE, que había sido el partido más votado, fue sustituido por Agustín Rodríguez Sahagún, del CDS, que había sido el partido menos votado.

Bueno, pues a pesar de ello, nadie dijo en aquellos momentos, y menos que nadie el propio PSOE, que se trataba de algo ilegítimo, un golpe de Estado o algo parecido. Entre otras cosas, porque el inspirador de ese voto de censura, y de otros nueve simultáneos en otras tantas ciudades españolas, había sido el mismísimo Adolfo Suarez, presidente del CDS y uno de los protagonistas de la implantación de la democracia en España.

Hasta ahora, porque, si resulta que la moción de censura contra Rajoy, y la investidura subsiguiente de Pedro Sánchez, son ilegítimas, habrá que reivindicar que, por las mismas, la censura contra Barranco también lo fue. A no ser que se considere que Barranco es de peor condición que Rajoy.

La democracia es una idea, una doctrina política, una forma de gobierno y un procedimiento de organización. En el caso de España, se habla de «la democracia española» para referirse a nuestra sociedad y está definida en la Constitución de 1978. Concretamente prescribe que, la elección de Presidente de Gobierno por ejemplo, deben hacerla los Diputados del Congreso. No es la forma más democrática, es la única forma democrática que marca la Constitución. Por ello, hay quien puede tener la «idea» de que el Presidente de Gobierno sea el que encabece la lista más votada o que haya que celebrar elecciones cada vez que se censura al Presidente vigente. Pero con ser respetables esas ideas, no son constitucionales si no son respaldadas por los Diputados del Congreso en una proporción suficiente y votadas posteriormente por un referéndum entre la población.

Pedro Sánchez, al igual que Mariano Rajoy anteriormente, fue elegido por el Congreso de los Diputados, con la única diferencia de que Sánchez obtuvo más votos de los que había tenido Rajoy en su momento.

En los Ayuntamientos españoles pasa algo parecido: una ley de rango inferior a la Constitución pero amparada en esta, prescribe que son los concejales que forman la Corporación municipal quienes eligen al Alcalde, y quienes lo cesan mediante un voto de censura eligiendo a otro. No es, tampoco, lo más democrático, es lo único democrático.

Y, en ambos casos, en el de Rajoy y en el de Barranco, funcionaron las instituciones, se cumplió la legalidad y se eligieron democráticamente ambos mandatarios. Pero si alguien considera que en el primer caso ha habido ilegitimidad, debería considerar lo mismo para el antiguo cese del Alcalde Juan Barranco.

El hecho de que, hasta ahora y salvo este modesto comentario en este no menos modesto medio, nadie haya reivindicado la misma ilegitimidad de 1989, me lleva a pensar dos cosas, alternativamente: o bien el ex Alcalde no ha tenido, como el coronel de García Márquez, quien le escriba, o bien los repartidores de legitimidad lo hacen con extrema parcialidad y escasa vergüenza.