En un plazo inferior a un mes Mariano Rajoy ha pasado de ser el Presidente del Gobierno de España a uno de los miles de Registradores de la Propiedad que ejercen esa profesión en España. Un cambio tan rápido, tan brusco, que nadie se lo hubiera creído hace sólo dos meses. Es momento de hacer un primer balance del sexto Presidente del Gobierno de la democracia, siendo conscientes de que sólo el tiempo lo pondrá en su sitio y mereciendo en todo caso el respeto que se merece el político derrotado.

Sin pretender competir con el rajoyólogo más conocido (Antón Losada; El código mariano, Barcelona, 2014), una primera valoración del ex – Presidente parece necesaria, justo en el momento en que deja la vida política. Sin entrar en el periodo de la política gallega de Rajoy y sin entrar en la gestión de los diversos Ministerios durante la Presidencia de Aznar, basta examinar su labor como figura máxima de la oposición en la Presidencia de Rodríguez Zapatero o del Gobierno de España.

Como jefe de la oposición, Rajoy no asumió que su partido había perdido las elecciones y, con ello, el Gobierno. Hizo una oposición rabiosa, poco constructiva y trató de ganar en la calle lo que las urnas y las mentiras del Gobierno Aznar le habían hecho perder (véase Javier García Fernández: “La vía callejera para acceder al gobierno”, Temas para el debate, núm. 149, abril 2007, págs. 70-71). Rajoy, quizá presionado por la gran oposición que encontró en la fracción aznarista de su partido, fue poco leal al Gobierno en materias como el terrorismo y se apoyó en algunas de las asociaciones de víctimas para deslegitimar el complejo trabajo que hacían Rodríguez Zapatero y sus Ministros del Interior. Ahí tenemos un Rajoy desleal.

Tampoco se puede decir que, estando en la oposición, saliera incólume en sus apoyos partidistas. También por causa de los apoyos que obtuvo en el XVI Congreso nacional del Partido Popular de Valencia, los días 20 a 22 de junio de 2008 para evitar que lo derrocaran los diversas fracciones aznaristas, Rajoy se apoyó en personas como Camps, que acabarían impregnándole de sus escándalos económicos, allí donde la financiación del partido y el medro personal iban unidos. Y tampoco entró a limpiar (más bien lo fomentó) el entramado corrupto que manejaban los sucesivos tesoreros y administradores de Génova, cuyo ejemplo más señero era el hoy condenado y encarcelado Bárcenas. Rajoy lo apoyó por sí o a través de la Secretaria General, Cospedal, y han quedado para la historia el sms de apoyo de Rajoy a Bárcenas y la sonrojante explicación de Cospedal sobre el despido “en diferido” del tesorero.

Sólo en el último momento Rajoy fue leal al Estado (no tanto como al Gobierno) cuando apoyó la reforma constitucional del verano de 2011 pero no lo fue en mayo de 2010 cuando el Presidente Rodríguez Zapatero tuvo que aprobar las primeras medidas destinadas a evitar la intervención de la Unión Europea. Más matizada debe ser la crítica, frecuente, por la interposición del recurso de inconstitucionalidad frente al nuevo Estatuto de Autonomía. La campaña de firmas callejeras fue un acto gratuito de confrontación aunque también es cierto (y es una enseñanza que no debemos olvidar) que en España no se puede aprobar un Estatuto de Autonomía (sea catalán o extremeño) sin el acuerdo del principal partido de la oposición. Eso sí que es un pacto constitucional implícito y no las fantasías que se difunden sobre un pacto constitucional con la Cataluña catalanista.

Ya en el Gobierno, el balance de Rajoy es muy negativo. Especialmente negativa fue su reacción ante la crisis económica y ante la crisis catalana. Rajoy llegó a la Presidencia del Gobierno en medio de una crisis económica que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no logró encauzar para que no fuera destructiva para las clases populares. Pero Rajoy, prepotente con la mayoría absoluta, decidió romper el contrato social que existía entre los empresarios y los trabajadores y legisló, a gran velocidad, para arrebatar los derechos económicos y laborales a los trabajadores (los mismos que el Gobierno del Presidente Sánchez estudia reimplantar). Rajoy fue un perro fiel del capitalismo internacional que, aprovechando la crisis, decidió romper el pacto social generado después de la Segunda Guerra Mundial (Javier García Fernández: “Y la izquierda se olvidó de la lucha de clases…”, Temas para el debate, núm. 234, mayo 2014, págs. 19-20). Desde ese punto de vista, Rajoy pasará a la Historia como el dinamitero del contrato social que en España se fraguó con los Pactos de la Moncloa de 1977. No es para estar orgulloso pues el daño que han sufrido millones de españoles ha sido tan cruel e innecesario que nada les compensará en el futuro. Era Rajoy tan insensible al sufrimiento de los españoles, tan entregado a las directrices del capitalismo internacional (o de los mercados, que tanto da), que ni siquiera se desmarcó de aquella exclamación de una Diputada popular (hija de un delincuente popular y esposa de un ex –Consejero de la Comunidad de Madrid) que gritó en medio del Pleno del Congreso “¡Que se jodan!” [los parados]. Ese exabrupto no provocó un gesto mínimamente humanitario de Rajoy.

Rajoy también pasará a la Historia por su desastrosa gestión de la crisis catalana. Con una visión en parte corta y en parte oportunista, creyó que la crisis se apagaría por sí sola y, además, mientras durara le daría apoyos y triunfos electorales en el resto de España. No fue capaz de entender el alcance de la crisis ni debió recibir informes que le explicaran la gran capacidad de movilización y de convocatoria del independentismo, gracias al apoyo de la Administración autonómica. Artur Mas engañó a Rajoy con el referéndum de 2014, que tendría que haber impedido mediante la aplicación del artículo 155. Y si no lo hizo entonces, era obligado actuar cuando el Parlamento catalán aprobó las dos Leyes de septiembre de 2017. Se equivocó además al prever que no habría referéndum y al emplear a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Porque si hubiera aplicado el artículo 155 en noviembre de 2014 o en septiembre de 2017, hubiera sido una intervención menos intensa. En otras materias, Rajoy hizo una gestión desastrosa en Cataluña: la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para encargar a éste la persecución de las infracciones cuando era el Gobierno el que se tenía que comprometer en la persecución del golpismo secesionista; la elección de un dirigente del Partido Popular inadecuado para captar votos y apoyos como García Albiol; y la desastrosa gestión de la incidencia exterior de la secesión, que el Ministerio de Asuntos Exteriores no fue capaz de contrarrestar.

Tampoco ha sido brillante la actuación en el campo internacional, quizá por su desconocimiento de idiomas, en el seno de la Unión Europea, en la financiación autonómica y en la educación al permitir que ésta fuera gestionada por un hooligang como Wert al que, además, se le premió con una Embajada cómoda.

Igualmente nefasta fue en la gestión de los casos de corrupción de su partido en sus años de Gobierno. Será difícil que se sepa si el propio Rajoy cobró de su partido y en qué cuantía pero el espectáculo de un Presidente del Gobierno en activo acudiendo como testigo a un juicio por corrupción de su propio partido no es para sentirnos orgullosos. Era por ello obligado que el PSOE presentara una moción de censura, con independencia de sus resultados. El autor del famoso sms a Bárcenas no debía seguir siendo Presidente del Gobierno, una vez condenado su destinatario.

Desde el 19 de junio, Rajoy ocupa un Registro de la Propiedad. ¿Se quedará como Registrador el resto de su vida? ¿Volverá a la política, como ahora amenaza Aznar? En la Historia de España ha habido malos gobernantes como Lerroux, García Prieto o Casares Quiroga. Rajoy ha merecido subir a esa constelación de gobernantes dañinos para España.