Los inicios del Estado de Bienestar nos retrotraen al año 1940. En esa fecha, Ernest Bevin, ministro de Trabajo británico, solicita a William Beveridge que elabore un informe con el objetivo de hacer propuestas de cara a la reconstrucción del país, una vez tuviera lugar la finalización de la contienda europea. En 1942 se publicó el informe Social Insurance and Allied Services, en el que se planteaba que todos los ciudadanos en edad laboral debían abonar unas tasas sociales semanales al Estado para disfrutar de prestaciones en caso de enfermedad, desempleo, jubilación etc… En el año 1944 vio la luz un segundo informe Beveridge titulado Full Employment in a Free Society, en el que veía necesario poner en marcha un sistema eficaz de protección social universal. Consideraba que las administraciones públicas estaban obligadas al sostenimiento de los sectores sociales con mayores necesidades, resultando la principal novedad del informe que las ayudas que proclamaba, que ya se concedían en muchos países desde una perspectiva caritativa y de beneficencia, debían ser una responsabilidad del Estado, en la línea de los planteamientos keynesianos.

Tres son los ejes básicos de actuación del Estado de Bienestar, en primer lugar una intervención estatal en la economía con el objetivo de mantener el pleno empleo o garantizar un elevado nivel de ocupación; en segundo lugar la provisión pública de servicios sociales universales y, por último, una responsabilidad estatal en el mantenimiento de un nivel de vida digno para la población conforme a los estándares propios de la sociedad en la que desenvuelva.

El Estado de Bienestar fue efectivo hasta los años setenta-ochenta del siglo XX, vinculado al pleno empleo, pero la crisis económica de aquellos años, el desempleo masivo y la precariedad laboral, trajeron consigo un incremento de la desigualdad social, la pobreza y la exclusión social (de la que ya en aquellos años comienzan a aparecer los primeros estudios de la mano de Rene Renoir). Llevó a Europa a altos niveles de igualdad y solidaridad, durante la llamada Edad Dorada que incluye los años 1945-1975 (Golden Age o trentes glorieuses) y empezó a ser cuestionado en los años ochenta por el neoliberalismo y neoconservadurismo, que estimaban resultaba excesivamente oneroso, era ineficaz e ingobernable, impedía el crecimiento económico y lacraba la autonomía personal y colectiva. Margaret Thacher, Ronald Reagan y Helmut Kohl fueron las figuras más relevantes de esta ideología, una que se concretó en una forma concreta de hacer política, y que hizo de la contención económica bandera y trajo consigo desregulaciones y despidos laborales masivos. La década de los noventa del pasado siglo con continuidad en nuestros días serán recordados en los libros de historia como una fase de la humanidad marcada por la globalización económica y por una revolución científico-tecnológica de profundo alcance. Las empresas se fueron instalando en un capitalismo caracterizado por actividades económicas y comerciales a escala planetaria, una alta flexibilidad del mercado de trabajo y cambios notables en la naturaleza en los sistemas productivos. Todo lo anterior ha llevado a una devaluación de la fuerza de trabajo y a una segmentación entre unos sectores laborales altamente cualificados y tecnificados y una mano de obra descualificada y barata.

En la segunda década del siglo XXI, el Estado de Bienestar ha sido objeto de numerosos quebrantamientos, por una parte, porque la globalización ha despojado de poder de decisión a los propios Estados. Por otro lado a resultas de las  llamadas políticas de austeridad, acometidas en Europa en la última década, que han puesto de relieve cómo y en qué medida el aumento del desempleo, la reducción del déficit público, de la deuda y del gasto público y los recortes de impuestos, han llevado a las sociedades occidentales a una acometida al Estado de Bienestar sin precedentes y a un incremento significativo de la pobreza y la exclusión social. Ha afectado con especial virulencia a los países del sur sustentados, históricamente, en modelos de crecimiento económico cortoplacistas, con empleos precarios y poco resistentes a los periodos de crisis, lo que también ha tenido sus consecuencias sobre los sistemas de protección social.

En un escenario internacional marcado por el auge del neoliberalismo, resulta imprescindible reconducir la actual situación, adoptando políticas públicas, basadas en el principio de solidaridad y de igualdad, que favorezcan la cohesión social e incluyan entre sus principales medidas las siguientes: hacer sostenibles económicamente los Estados de Bienestar que coexisten en el contexto europeo; fomentar y potenciar servicios públicos de carácter universal accesibles para todos los ciudadanos; promover medidas de protección a la familia; constituir sistemas de pensiones sostenibles en el tiempo, salvaguardar los sistemas públicos de pensiones; adoptar medidas que reconduzcan la situación del empleo, buscando como meta su buena calidad y el pleno empleo; potenciar una sanidad pública universal, de alta calidad; afrontar la pobreza y la exclusión social eficazmente; promover políticas de vivienda pública, fomentar políticas inclusivas integrales en relación a los migrantes, refugiados y asilados; potenciar una nueva relación entre la Administración y la sociedad civil, mediante la interrelación entre los tres sujetos básicos de protección (familia, Estado y sociedad civil) y trabajar por una adecuada coordinación de los diversos subsistemas de bienestar. Y sólo será posible si se apuesta por políticas impositivas redistributivas y equitativas.

En conclusión, el futuro del Estado de Bienestar en Europa dependerá de decisiones políticas que permitan que avancemos hacia sociedades que ofrezcan bienestar y seguridad a la ciudadanía, independientemente de donde el azar de la vida nos haya situado por nuestra adscripción familiar.