En estos días, de nuevo y de manera más virulenta, el independentismo, ha atacado, entre otros, a los jueces que han dictado la sentencia del procés. Según el Gobierno de Cataluña, la sentencia del Tribunal Supremo es fruto de una “justicia vengativa” que ha enterrado la democracia en España. En palabras de Torra: “El Govern rechaza esta sentencia por injusta y antidemocrática, por ser una causa general contra el independentismo y el derecho a la autodeterminación de Cataluña”.

El antisistema Torra y sus compinches, olvidan que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, como dice el artículo 117 de la Constitución.

Pero, ¿cuál es la opinión sobre la sentencia del proces de los ciudadanos? Según Celeste-Tel, el 49 por ciento de los encuestados considera la sentencia «justa y proporcionada»; un 21,9 por ciento la califica como «demasiado blanda», mientras que un 19,3 por ciento cree que ha sido «demasiado severa».

Independientemente de lo que opine cada ciudadano, algunos en Cataluña creyeron que, con escraches a los jueces, y ataques a las sedes judiciales, iban a conseguir una impunidad que no tiene cabida en democracia. Por mucho que sea instigada por el propio presidente de la Generalitat y protagonizada por los tristemente famosos Comités de Defensa de la República (CDR) que obligaron ya hace tiempo a reforzar la seguridad policial.

Incomprensiblemente lo siguen creyendo, cuando entre barricadas incendiadas en las calles de Barcelona y ataques a los Mossos y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la misma Generalitat que no condenaba la violencia, tenía tiempo para remitir sendas cartas al Gobierno de España y al Rey en las que afirmaba que “la democracia española pierde con esta sentencia del Tribunal Supremo toda su credibilidad”; y a la vez, pedían reunirse con el presidente del gobierno “para encarar el conflicto como lo hacen las democracias: hablando y dando voz a la ciudadanía”

Y persisten en el error, cuando de nuevo, los independentistas desafían al Tribunal Constitucional desde las instituciones, y otra vez defenderán la autodeterminación en el Parlament, sabiendo que hacer eso traerá consecuencias legales, porque como dice el artículo 118 de la Constitución “es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”.

En este punto, los españoles debemos sentirnos orgullosos de la firmeza y la moderación democrática de nuestro sistema político y jurídico. Porque lo que los independentistas llaman venganza del Estado es algo tan hermoso como el imperio de la ley. Es la constatación, para unos iluminados, de que en democracia nadie está por encima de la ley, aunque se acose a los jueces que tienen que instruir la causas y defender el cumplimiento de la ley y el Estado de Derecho.

En España, los ciudadanos confían más en los jueces y en las juezas que en el Parlamento o el Gobierno. Concretamente, un 31,2 por ciento confía más en los jueces, un 16,5 por ciento confían más en el parlamento, y un 11,9 por ciento confía más en el gobierno.

Y frente a la guerrilla urbana que se ha vivido estos días en distintas ciudades de Cataluña, y especialmente en Barcelona, primero hay que felicitar la actuación de la policía frente a los constantes ataques que sufrieron. Pero después, hay que decir claramente que la democracia debe defenderse aplicando la ley a los violentos y a los que poner “barricadas ilegales” en las instituciones.

Los violentos y los que incumplen la ley en las instituciones deben sentir y saber que sus actuaciones no salen gratis. En este sentido, hay que tener presentes dos datos. El primero, es que un 72,4 de los españoles opina que en los casos de delincuentes multirreincidentes, es decir, los que cometen delitos varias veces, deberían cumplir su sentencia íntegramente sin disfrutar de beneficios penitenciarios, como medida de protección de la sociedad, según el barómetro del mes de julio del CIS.

El segundo, es que un 60,9 por ciento de la población cree que las leyes en España son muy blandas con los que cometen delitos de especial gravedad con uso de violencia, frente a un 3,5 por ciento que cree que son muy duras, y un 20,1 por ciento que cree que son lo justo.

Relacionado con lo anterior, y como estamos en periodo electoral, también hay que tener presente que la democracia es un camino de igualdad que debe perfeccionar sus instrumentos para avanzar hacia mayores cotas de libertad y de justicia.

En ese avance, en España se hace necesaria una redefinición y una modernización de la administración de justicia para que cumpla mejor su labor constitucional. Se que es complejo, pero es algo que no puede retrasarse más, ya que cuando se pregunta a los españoles cómo consideran que funciona actualmente la administración de justicia en España, un 30,9 por ciento dicen que mal; un 24,1 por ciento que regular; un 21,4 por ciento que bien; y un 17,1 por ciento que muy mal.