La nueva sentencia de la Audiencia Nacional, que condena al Partido Popular por la reforma de la sede nacional del partido a través de dinero “negro” obtenido de sobornos de empresarios que participaban en concursos de obras públicas, constituye un hecho muy preocupante dentro de la dinámica política actual. Y no ha acabado de conocerse la sentencia cuando se filtran más declaraciones en el siguiente sumario que afecta al Partido Popular. Ahora es el antiguo Alcalde de Boadilla del Monte, que ha preferido confesar lo que hacía y la complicidad de personajes relevantes en el partido, como el ya condenado Correa.

Fue precisamente la primera condena al Partido Popular lo que motivó la presentación de la moción de censura, que dio la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez, pues no era éticamente aceptable que gobernara un partido condenado por corrupción. Pero el goteo de sumarios sigue emergiendo y siguen produciéndose condenas. Esto nos debe llevar a un tripe reflexión: I) la naturaleza de un partido que está enfangado en sumarios por corrupción; II) la actitud presente del Presidente nacional del partido, Pablo Casado; y III) la calidad de una democracia donde los ciudadanos apoyan a un partido condenado por corrupción.

Empecemos por el primer punto, la naturaleza de un partido que está enfangado en sumarios por corrupción. En todas las democracias la corrupción está presente y además abarca a todo el horizonte partidista. Hace pocas semanas fue condenado por corrupción el ex Presidente francés Nicolas Sarkozy, como también lo fue tiempo atrás Jacques Chirac. En España la corrupción ha alcanzado a todos los partidos en algún momento, en sus instancias nacional y local, aunque quizá uno de los casos más sonados fue la trama del tres por ciento de Convergència Democràtica de Catalunya, que Pasqual Maragall denunció en un debate parlamentario, pero no se atrevió a investigar. También fue muy sonado, a principios de la década de los noventa en el siglo pasado, el caso Naseiro, donde los dirigentes del Partido Popular que presidía Aznar se libraron por la mínima de una condena por una cuestión procedimental: aquellos lodos, tan prematuros, dieron lugar a los barros que ahora juzga la Audiencia Nacional. Y por si había dudas sobre si las prácticas corruptas eran un elemento estructural en el partido de la derecha, la corrupción valenciana que se llevó por delante a Camps y a Barberá. De casta le viene el galgo… Dicho esto, la situación actual del Partido Popular es muy preocupante porque, tras la reforma penal que contempla los delitos de las personas jurídicas, es el primer partido condenado por sí mismo, y no sólo por sus dirigentes y empleados.

Hay que reflexionar sobre el significado de un hecho tan grave como que el primer partido de la oposición, que ha gobernado dos veces en España, arrastre esta estela de corrupción. ¿Cómo pueden estar sus dirigentes en el Parlamento, en las Comunidades Autónomas o en el Ayuntamiento sin pedir perdón a los ciudadanos? El Partido Popular es un partido contaminado que carece de legitimidad para hacer política sin depurar previamente las responsabilidades en que ha incurrido.

No obstante, la lacra que marca al Partido Popular, que cada vez va a ser más grande, los dirigentes del partido tienen un deber hacia los ciudadanos y hacia los miles de militantes y cargos políticos honestos de distanciarse de las prácticas corruptas y de ofrecer garantías reales de no volver a entrar por la senda de los sobornos empresariales y de los contratos administrativos amañados. Pero Pablo Casado no ha dado ese paso. Se entiende que personalmente a un dirigente político le cueste romper con sus predecesores, pero sólo rompiendo se puede convencer a la opinión pública de que el partido ha superado las prácticas corruptas. Ahí es donde se ve la talla de un dirigente político, cuando es capaz de adoptar medidas que permitan salvar a su partido aun a costa de dirigentes antiguos. Pero Casado no es capaz de separarse del pasado de su partido, quizá porque en el fondo no le repugna esa práctica.

Pero, lo que más nos debe hacer reflexionar es la calidad de una democracia donde los ciudadanos apoyan a un partido condenado por corrupción. Preocupa que las diversas tramas corruptas se hayan ejecutado porque había empresarios dispuestos a comprar al partido. Porque, si es un escándalo que haya gobernantes y políticos corruptos, es igualmente escandaloso que haya empresarios corruptores a cambio de contratos públicos o a cambio de expectativas de futuros contratos. Aquí llama la atención que, ante la evidencia de empresarios corruptos, la CEOE y otras organizaciones empresariales no hayan manifestado su rechazo y su crítica a sus colegas. Pero preocupa también una democracia donde millones de ciudadanos votan a partidos corruptos. En España se da un extraño fenómeno y es que el electorado castiga con razón a los partidos de izquierda si se les descubre un escándalo de corrupción, pero los electores no suelen castigar a los partidos de derecha por esa misma corrupción. Por eso es un buen tema de reflexión, porque el electorado no repudia la corrupción de la derecha, lo que debilita la calidad de la democracia.

Es posible que dentro de unas semanas se dicte una nueva sentencia condenatoria al Partido Popular. ¿Seguirá callando Casado? ¿No ha llegado el momento de llevar a la sociedad un gran debate sobre cómo se degrada la democracia cuando algunos partidos son condenados por corrupción y los ciudadanos no reaccionan contra los corruptos?