En este mismo digital, Rafael Simancas explicaba la semana pasada por qué el Partido Popular no quiere llegar a acuerdos con el Gobierno (“Por qué no acuerda el Partido Popular”, Sistema Digital, 3 de septiembre de 2020). Con su larga experiencia parlamentaria, Simancas adelantó en Sistema Digital como Casado iba a responder al Presidente Sánchez y, como escribe el Diputado madrileño, uno de los motivos por los que el Partido Popular no pacta la renovación de los órganos constitucionales y órganos similares es que sigue sin aceptar que la izquierda gobierne en España. La derecha política y la derecha sociológica española siguen sin asumir que la izquierda puede gobernar, un atavismo de la resistencia monárquica contra la Segunda República que desembocó en la Guerra Civil y en la dictadura franquista. Pero esa resistencia conservadora al principio de realidad (la izquierda ganó las elecciones, como también se veía en estas páginas la semana pasada: José Félix Tezanos: “¿Qué ocurrió en las votaciones del 10 de noviembre de 2019?”, Sistema Digital, 1 de septiembre de 2020) ha llegado a un grado que debilita al sistema constitucional, como veremos a continuación.

Empecemos por una propuesta insólita, que supone un desgarro de la organización política que establece la Constitución. Después de intentar que las instituciones europeas no ofrecieran financiación al Estado español para hacer frente a la pandemia (Javier García Fernández: “El fantasma de Antonio Pérez sigue recorriendo Europa”, Sistema Digital, 19 de junio de 2020), el Partido Popular lleva algún tiempo intentando que esos fondos comunitarios no sean administrados por el Gobierno de la Nación. El Partido Popular propuso primero que los fondos europeos fueran gestionados por algún órgano europeo y cuando el partido comprendió que era una propuesta incompatible con el ordenamiento europeo, Casado llevó a Moncloa una idea extravagante, que El Mundo del 4 de septiembre compendió de la siguiente manera:

Recuperación con Caruana o Solbes. Casado baraja esos perfiles como los únicos posibles para liderar el reparto de la ayuda europea desde la Agencia que le planteó anteayer el presidente”.

Es decir, Casado pretendía que la gestión de los fondos europeos no corra a cargo del Gobierno de España, sino de una Agencia “independiente” ajena a ese Gobierno. Dicho de otra manera, el Partido Popular pretende arrebatar al Gobierno una función constitucional (artículo 97 de la Constitución: “El Gobierno dirige la política interior y exterior”), porque no quiere que el Gobierno legítimo gobierne. La propuesta ha pasado relativamente desapercibida, salvo en la prensa de la derecha, pero es muy grave porque denota la idea que estamos manejando aquí: la derecha no soporta que gobierne la izquierda.  La Constitución, como cualquier Constitución de un sistema parlamentario, es muy clara: corresponde al Gobierno dirigir la política del país y al Parlamento controlar ese Gobierno, pero Casado prefiere romper el principio de separación de poderes y la función directiva del Gobierno con tal de que éste no aparezca ante los ciudadanos como el gestor de los fondos que levantarán la economía española. No cabe más miseria moral y, al tiempo, ingenuidad pues a nadie con dos dedos de frente se le ocurre que el Gobierno va a ceder una operación tan compleja a un órgano “independiente”. ¿Acaso los “independientes” no tienen ideología ni intereses?  El resultado es que, en lugar de apoyar al Gobierno en la operación de administrar los fondos europeos, el Partido Popular quiere excluir al Gobierno de esa gestión.

Lo curioso de esta propuesta extravagante es que en el Partido Popular no son conscientes de lo inútil e inviable de la propuesta y, días después, se quejaba su principal órgano de agit-prop, El Mundo, del poco caso que ha hecho el Gobierno a Casado:

Sánchez ignora el plan de Casado. El Gobierno entierra la agencia independiente que propuso el líder del PP tras decirle que lo estudiaría y comunica a las comunidades autónomas que la gestión de los fondos de la UE se realizará de forma centralizada desde La Moncloa” (El Mundo. 5 de septiembre de 2020)».

El segundo ejemplo de  la resistencia conservadora a aceptar que en España hay un Gobierno de izquierda se compendia muy bien en otro titular de prensa:

“Casado no renovará los órganos constitucionales si sigue Podemos”. (El País, 3 de septiembre de 2020)».

Es decir, aprovechando que la Constitución, no sin ingenuidad, exige un amplísimo acuerdo parlamentario para elegir a los órganos constitucionales (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial), de relevancia constitucional (Defensor del Pueblo) o de gestión pública (Consejo de Administración del Ente Público RTVE), Casado ha decidido no participar en la elección de los miembros de estos órganos. ¿Motivo? La presencia de Unidas Podemos en el Gobierno, la coalición de Unidas Podemos con el PSOE. En realidad, el motivo quizá sea otro (la derecha ocupa mejor posición ahora en todos esos órganos salvo en el Defensor del Pueblo) pero Casado, despreciando a la Constitución prefiere invocar este argumento que es una barbaridad.

Hay que recordar que es la segunda vez en este año de 2020 que Casado, con diversos pretextos, se niega a pactar con el Gobierno la renovación de los órganos constitucionales. El 17 de febrero pasado, muy poco antes de la eclosión de la pandemia, en una reunión que mantuvo el Presidente Sánchez con Pablo Casado, éste ofreció la primera versión del boicot institucional, pues se negó a negociar la renovación de los órganos constitucionales si el Gobierno, previamente, no renunciaba a: a) la mesa de negociación con el Gobierno catalán, b) al nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado; c) cualquier subida de impuestos; y d) la reforma laboral (El País, 18 de febrero de 2020).

Esta exigencia nos llevó a comentar en este mismo digital, que el Partido Popular quería gobernar desde la oposición (Javier García Fernández: “Gobernar desde la oposición”, Sistema Digital, 19 de febrero de 2020) pero vista la nueva versión de la misma extorsión creo que más que gobernar, el Partido Popular quiere que no gobierne la coalición PSOE / Unidas Podemos… y, de paso, gobierna en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional.

Lo que ha cambiado esta vez en relación a la reunión de febrero es que Casado ha elevado el listón doctrinal. Si a principios de año Casado vetaba eventuales medidas que podría adoptar el Gobierno legítimo de España, en septiembre ha elevado la tensión: ¡ahora veta al propio Gobierno de coalición! Es una barbaridad democrática que un partido no quiera asumir sus obligaciones constitucionales (en este caso, participar en la elección de ciertos órganos estatales) en protesta por la composición de un Gobierno. El Gobierno de coalición PSOE/Unidas Podemos es un Gobierno elegido limpiamente por el Congreso de los Diputados. Es un Gobierno legítimo al que se puede hacer oposición pero una oposición igualmente legítima, no una oposición tramposa que condiciona el cumplimiento de funciones constitucionales a rehacer el Gobierno conforme al capricho del candidato perdedor en las elecciones. ¡El perdedor en votos, en escaños y en la posibilidad de formar Gobierno quiere formarle el Gobierno al ganador! ¿Para qué votó entonces el Congreso de los Diputados?

Esto es tal disparate (tan disparate como intentar arrebatar al Gobierno la gestión de los fondos europeos) que hay que pensar qué está intentando esta derecha montaraz, que durante la vigencia del estado de alarma ya intentó desalojar a Pedro Sánchez de la Presidencia del Gobierno. Y además, una derecha jaleada por cierta prensa a la que no importa que se incumpla la Constitución y anima a Casado a arrebatarle la función directiva al Gobierno e impedir al Parlamento que elija a los órganos que la Constitución y varias Leyes le encargan (por ejemplo, el editorial “Un justificado ‘no’ a Sánchez”,  ABC, 3 de septiembre de 2020).

La parte bufa de esta historia tan preocupante es que, según informó El País el 7 de septiembre, el acuerdo de renovación de los órganos constitucionales estaba concluido en agosto: lo había aceptado Casado en un WhatsApp dirigido al Presidente Sánchez y lo había concluido el Ministro de Justicia con el Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, en nombre del Partido Popular. Pero bastó con que la todavía Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Álvarez de Toledo, insinuara en su entrevista en El País que Casado se iba a entregar a Sánchez para que Casado diera marcha atrás y se inventara un pretexto para no llegar a acuerdos. El mismo fenómeno de los independentistas catalanes: nadie quiere ser acusado de tibio, que es lo mismo que traidor.

Y como no parece que la Constitución se pueda reformar para evitar que los órganos constitucionales sean rehenes de un partido que quiere romper la propia Constitución, habría que poner imaginación para cortar en seco la operación de la derecha o, al menos, que le resulte realmente costosa ante los ciudadanos y ante la opinión pública. En un artículo que publicamos hace unos meses proponíamos eliminar en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 1979 la prorrogatio de sus miembros, de modo que cuando concluyera su mandato (cinco años para los Vocales del Consejo General del Poder Judicial y nueve para los Magistrados del Tribunal Constitucional) el Consejo General quedaría inmediatamente disuelto y el Tribunal Constitucional empezaría a estar mermado cada tres años.

Es verdad que la vida judicial es demasiado compleja como para que no haya un órgano que no lo administre. Para tal fin, en mi artículo proponía:

“Además de eliminar la prorogatio, el nuevo artículo 570.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial podría añadir que si transcurre un plazo determinado sin la elección del CGPJ (por ejemplo, seis meses), las funciones administrativas y de personal de este órgano se transferirán transitoriamente al Ministro de Justicia. ¿Quebrantamiento de la separación de poderes? Para nada. El CGPJ no es un órgano judicial, no imparte Justicia. Es un órgano administrativo que la Constitución ha preferido sacar de la Administración del Estado como ha sido tradicional. Luego, si el Ministro de Justicia retoma transitoriamente esas funciones, y siempre por causa de necesidad, para evitar un mal mayor (el caos en la Administración de Justicia, que daña los intereses de los ciudadanos en general y de los Jueces y Magistrados), y ese cambio se efectúa por Ley, no se quebranta el principio de separación de poderes y se refuerza el principio de seguridad jurídica”, (Javier García Fernández: “El Partido Popular obstaculiza la renovación de los órganos constitucionales”, Sistema Digital, 22 de enero de 2020)».

Si el Gobierno obtuviera ciento setenta y seis votos podría reformar las dos grandes Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional y   la oposición de la derecha tendría que entender, que el funcionamiento regular de los órganos constitucionales y demás órganos del Estado es una exigencia democrática que no se debe abandonar.

Sea por el fin de que siga habiendo mayorías conservadoras en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial, sea porque Casado haya optado por el cayetanismo sin Cayatana, sea, en fin, porque la derecha no quiere que la izquierda gobierne, la operación obstruccionista de Casado está deteriorando el sistema democrático español. Lo mismo que intentan la extrema izquierda y los independentistas.