Mal ha empezado su andadura Alberto Núñez Feijoo al frente del “nuevo” PP, permitiendo la entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León. Como queda dicho en una entrada anterior, se trata de una decisión de enorme trascendencia para el futuro y también para la imagen de España en Europa. El Partido Popular Europeo les ha llamado la atención diciéndoles que “han claudicado” ante la extrema derecha. En estos días, dirigentes del PP se afanan en Bruselas tratando de justificar el hecho en base a no desestabilizar un comunidad autónoma en unos momentos delicados debidos a la agresión rusa en Ucrania y a la escalada de precios de la energía. ¿Por qué esta decisión en tan trascendente?

La mayoría de mis amigos de derechas justifican el pacto de gobierno en Castilla y León equiparándole a los del PSOE con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. Es también lo que opinan el ex-ministro del PP García Margallo y el diario ABC: mientras el PSOE esté podemizado —dicen—, el pacto con Vox es tan legítimo como el suyo con UP.

Veamos que tal equiparación esconde una falacia. Para empezar, ERC y Bildu no son socios del Gobierno, sino ocasionales socios parlamentarios para lograr la aprobación de determinadas leyes. Si coinciden con el Gobierno en temas como la eutanasia, la vivienda o el cambio climático, no se entiende por qué este debería prescindir de sus votos.

Pero, incluso ERC y Bildu, y por supuesto UP, no pueden ser equiparados a Vox. Conviene distinguir para ello entre lo que son opiniones que nos pueden disgustar o repeler más o menos —pero que son legítimamente democráticas— y lo que son posiciones abiertamente antidemocráticas. Se supone que lo que nos une a la inmensa mayoría de los españoles es que queremos vivir en una democracia.

Ser republicano o secesionista, o defender —como hace UP— la autodeterminación de las regiones de España—, van en contra de nuestra constitución, pero son opiniones democráticas que se pueden defender legítimamente, siempre que se haga dentro de las leyes vigentes. Nuestra constitución permite que se defiendan posiciones contrarias a ella. En consonancia, también admite ser modificada.

En ese sentido, las posiciones de Vox a favor de suprimir las comunidades autónomas o de reducir al mínimo nuestro Estado del Bienestar también son contrarias a la Constitución, pero perfectamente defendibles, aunque a la mayoría de los españoles nos parezcan aberrantes. También es defendible, e igualmente aberrante, que pretendan excluir a España del proyecto europeo.

Pero, en el ideario de Vox hay posiciones abiertamente antidemocráticas y liberticidas, como lo son su racismo, su homofobia y su determinación en combatir la igualdad de derechos de hombres y mujeres y en negar la violencia específica que sufren las mujeres por razón de su género. Por otro lado, Unidas Podemos y los otros partidos mencionados no pretenden excluir a nadie de participar en las elecciones, pero Vox quiere ilegalizar a dichos partidos y, por lo tanto, excluir de la democracia a un buen porcentaje de españoles. Todo ello va mucho más allá de contradecir la Constitución: se trata directamente de acabar con la democracia tal como la concebimos.

No hay tal contraposición de extremos; el comunismo o el secesionismo no son lo opuesto a las posiciones extremas de Vox. Sus ideas son rebatibles, pero no son una amenaza para la democracia; en cambio, las de Vox sí lo son. Lo peor que se puede hacer con Vox es normalizar su discurso, tratarle como un partido democrático más, que es lo que ha venido haciendo el PP hasta ahora.

Aun peor que utilizar sus votos, como hacen en Andalucía, Murcia y Madrid, es equipararle al resto de partidos democráticos y no combatir su discurso liberticida. Meterle en un gobierno, como acaban de hacer es, desde este punto de vista, un salto cualitativo muy grande, porque supone darle además un presupuesto y un altavoz para que ponga en acción sus propuestas.

Mis amigos de derechas, en un alarde de exquisitez democrática, opinan también que no se puede juzgar a nadie por sus ideas, sino tan solo por sus hechos. Dicen, “dejémosles hacer y luego juzguemos si son tan peligrosos como afirmáis la izquierda”. Aparte de tratarse de un experimento temerario, no hace falta esperar a ver lo que hacen. Basta fijarse —como se ha comentado en estas páginas— en lo que ya han hecho sus partidos homólogos en Hungría y Polonia, para saber que en un gobierno suponen un verdadero peligro para nuestras libertades.

José María Lassalle —ex militante del PP y ex-Secretario de Estado con el Gobierno de Rajoy— es partidario de aislarlos y opina que la reciente agresión de Putin a Ucrania y sus conocidas amplias conexiones con la extrema derecha europea lo hacen aún más necesario. El mayor enemigo de Putin es la democracia y, al igual que la extrema derecha europea, ambos desean acabar con ella.

Conviene también asumir —como indica Sánchez Cuenca en El País (09/03/22)— que establecer un cordón sanitario a Vox no es gratis. Supone establecer un pacto entre todos los partidos democráticos para impedir que Vox alcance cotas de poder y eso implicará, a veces, tener que ceder gobiernos a los adversarios a cambio de que estos no pacten con él. Los franceses, alemanes y suecos lo llevan haciendo desde hace años, es decir, se trata de algo factible.

Se trata ahora de dilucidar si la decisión en Castilla y León es táctica o estratégica, es decir, si se trata de un “pinchazo” coyuntural debido a las especiales circunstancias actuales o si es una apuesta para el futuro que afectaría también a Andalucía y a las futuras elecciones generales. Eso es algo sobre lo que debería pronunciarse con claridad el señor Núñez Feijoo.

Si se tratara de lo segundo, los españoles deben saber que votar al PP en unas elecciones generales supondría aceptar también que Santiago Abascal y sus correligionarios pudieran entrar en el Gobierno de España, si ello fuera “necesario” para conformar una mayoría.