Hay momentos en la historia en los que el destino nos alcanza, por mucho que lo hayamos estado rehuyendo hasta entonces. En esa situación se encuentra el Partido Popular tras las elecciones de Castilla y León. En Murcia, Andalucía y Madrid ha podido ir esquivándolo bajo la fórmula de no incluir a Vox en los gobiernos, aunque sí recabar su apoyo parlamentario cada vez que ha sido necesario para aprobar presupuestos o leyes importantes. Pero, ahora, el sí de Vox es imprescindible para investir un gobierno de derechas en Castilla y León y Vox exige a cambio formar parte de él.

De momento, la dirección del PP manifiesta su rechazo a esa fórmula, porque la foto de un gobierno de coalición con Vox comprometería el camino a la Moncloa que el señor Casado tenía trazado. Ya veremos cuánto dura esa firmeza y cuánto dura la exigencia de Vox. Si ambos mantienen sus posiciones, solo hay dos alternativas: o un pacto con el PSOE, o nuevas elecciones. A lo primero, ya ha puesto precio Pedro Sánchez: sí a un cordón sanitario a la ultraderecha, pero en todo tiempo y lugar. Es decir, también en Murcia, Andalucía y Madrid y también en el futuro. Lo segundo, conduciría con gran probabilidad a un descenso del PP, a un ascenso del PSOE y a un gobierno alternativo de este con las plataformas territoriales.

Difícil encrucijada para el PP, encrucijada que proviene, sobre todo, de no haber enfrentado correctamente el problema de la ultraderecha desde un principio. Si, en lugar del puro tacticismo que ha exhibido hasta ahora en sus pactos con ella, hubiera hecho gala de unas convicciones democráticas más sólidas, el problema de Castilla y León tendría un mejor arreglo.

El crecimiento de los partidos de ultraderecha —partidos de carácter neofascista y liberticida, tal como hemos argumentado en otra entrada de esta revista— es un fenómeno global, que se da tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos y en Latinoamérica y obedece, sobre todo, a las situaciones de crisis prolongadas en que vivimos las sociedades desarrolladas y a la insuficiencia de las instituciones democráticas y de los partidos tradicionales para enfrentarlas adecuadamente.

La desigualdad creciente, el paro y la pobreza afectan a grandes masas de población y coexisten con el enriquecimiento exponencial del 1% más pudiente. Los movimientos migratorios desregulados desde países mucho más pobres son vividos como una amenaza por las capas de población más vulnerables. El cambio climático y la transición energética para enfrentarlo exigen grandes transformaciones y provocan tensiones en los precios, contribuyendo a aumentar los colectivos expulsados de la zona de confort.

Todos estos retos, cuando no amenazas, generan incertidumbre, miedo y desconfianza en las instituciones entre las capas más vulnerables, desconfianza que, muchas veces, se convierte en resentimiento. Los partidos de la ultraderecha huelen a distancia el resentimiento y son muy eficaces en explotarlo en su beneficio. Hurgan en las heridas de la pobreza y del miedo, las achacan al sistema vigente, prometen soluciones mágicas para conjurarlas y ofrecen su fuerza y su firmeza como garantía. En definitiva, prometen lo que siempre han prometido los dictadores antes de hacerse con el poder. Una vez en él, sus “soluciones” consisten en cercenar las libertades de todos, perseguir a los colectivos más vulnerables y proteger a los más ricos. Lo vimos en España y Alemania en los años treinta y lo vemos ahora en Brasil, Hungría y Polonia.

Si el Partido Popular viera todo esto claro y tuviera unas convicciones democráticas más sólidas haría lo posible —como hacen otros partidos conservadores en Europa— por mantener a Vox fuera de las instituciones, sin ningún poder real de influir en ellas directa o indirectamente. Lo que ha hecho hasta ahora con su política errática —hoy te acepto, mañana te rechazo, pasado te copio el discurso— ha sido expulsar a una parte de sus votantes hacia Vox.

Formar un cordón sanitario hacia este exigiría, por supuesto, entenderse con otros partidos y transaccionar con ellos, es decir, ceder en algunas de sus políticas a cambio de recabar su apoyo o su abstención. Y viceversa, es decir, cuando otro partido fuera la fuerza más votada y el PP renunciara a sumar con Vox para desbancarla, podría exigir a cambio transacciones programáticas a dicha fuerza. Esto es lo que se hace en Europa para aislar a los partidos antidemocráticos.

Pero, no basta con esto. Hay que ir a enfrentar el problema de fondo y este es que Vox ha alcanzado una base electoral muy notable, con una tendencia probable a seguir creciendo. Un 15,2% en las elecciones generales de 2019 —que ha subido a un 17,6% en Castilla y León— suponen 3,6 millones de votantes, cuando es obvio que en España no hay 3,6 millones de neofascistas.

Lo que deben hacer los partidos que gobiernan, tanto en las comunidades autónomas como en la nación, es socavar esa base electoral eliminando las fuentes de desconfianza y de resentimiento hacia las instituciones. Y eso se logra con mayor justicia e igualdad, es decir, invirtiendo en acabar con la pobreza, aumentando el empleo, subiendo los salarios y mejorando los servicios públicos.

Las sociedades más igualitarias y más inclusivas son menos vulnerables a los cantos de sirena de los populismos de todo signo. Combatir la desigualdad, en definitiva, es el mejor modo de preservar la democracia de sus enemigos.