La sucesión de tres manifiestos firmados por militares jubilados y el descubrimiento de un chat donde militares igualmente jubilados soltaban todas las barbaridades políticas que pasaban por su cabeza, ha dado lugar a las lógicas reacciones y comentarios que son de natural preocupación por el retorno al “ruido de sables”. Pero más allá de las reacciones de preocupación, merece la pena un comentario sobre; a) el hecho mismo de que algunos militares jubilados lancen manifiestos; b) quienes son los firmantes; c) cuál es el momento elegido; d) quienes pueden ser los beneficiarios de los manifiestos; y e) las conclusiones que podemos sacar. Antes entrar en estos puntos debemos recordar que la Casa del Rey ha remitido los escritos al Ministerio de Defensa, Es práctica usual de la Casa Real cuando recibe una carta o escrito de cualquier ciudadano, remitirlo para su conocimiento al Ministerio que puede parecer competente en relación al contenido del escrito. En este caso, el punto de conexión que podría justificar el envío al Ministerio de  Defensa es la antigua dedicación militar de los firmantes aunque tampoco habría venido mal que se remitieran al Ministerio del Interior porque tres cartas en pocos días denotan una organización previa, ¿para delinquir?

Antes de avanzar hagamos una segunda acotación. Algunos representantes de la extrema izquierda y algún comentarista de prensa (por ejemplo, Luis Mauri, “Psicofonía golpista”, El Periódico, 6 de diciembre de 2020) han pedido que el Rey desautorice los escritos recibidos. Esa petición desconoce la esencia de la Monarquía parlamentaria donde el Rey ha de conservar absoluta neutralidad sin formular declaraciones públicas más allá de las estrictamente institucionales. Sólo circunstancias realmente críticas para el sistema político, como ocurrió en Cataluña entre septiembre y octubre de 2017, justifican una intervención regia que no se habría producido si el Gobierno de Rajoy hubiera sido más diligente en defender al Estado (véase Javier García Fernández: “El momento del Rey”, El País, 26 de diciembre de 2017). Pero tres manifiestos de unos funcionarios jubilados, por muy militares que hayan sido y por mucha organización que denoten, no justifica la intervención pública del Rey ni de su Casa. Por otra parte, si la Casa del Rey o el propio Monarca tuvieran que comentar las cartas y peticiones que reciben estarían asumiendo un cierto compromiso con esas cartas y peticiones.

Aclarados estos puntos, veamos los hechos; unos grupos de militares jubilados, escasamente representativos, pero de cierta entidad numérica como tal, se dirigen al Rey para mostrarle su preocupación por la política del Gobierno “socialcomunista” que está aliado a “filoetarras. El tema es muy serio porque es un llamamiento implícito a la intervención del Rey, intervención vedada por la Constitución y que podría comportar a la larga el final de la Monarquía. Es decir, estos señores están pidiendo al Monarca que se sume a un golpe de Estado y para ello invocan su libertad de expresión. Igual que los independentistas catalanes. Además, no se sabe qué privilegio mental tienen estos funcionarios jubilados para convertirse en defensores de una Constitución en la que no creen, y en defensores de unos valores éticos y políticos que quieren imponer a la sociedad por considerarlos más elevados que los del resto de los ciudadanos.

¿Quiénes son los firmantes? El escrito del 25 de noviembre, por ejemplo, estaba firmado por militares de la XXIII promoción de la Academia General Militar. Esta promoción inició sus estudios en Zaragoza el año 1964, lo que quiere decir que se formaron en la fidelidad al dictador y con la ideología que elaboraba el régimen franquista. No es extraño que en los primeros años fueran en su mayoría unos funcionarios fieles a la dictadura y muy poco críticos con la realidad social implantada en España en 1939. Que un tercio de la promoción siga añorando la dictadura, que beba de las fuentes de la autonomía de las Fuerzas Armadas (autonomía, por cierto, que no existía durante la dictadura) y que estén encantados de participar, a la vejez viruelas y sin el menor riesgo, en una operación de crítica a un Gobierno de izquierdas, es hasta entendible. Denota, eso sí, que el sentimiento democrático de ciertos miembros de las Fuerzas Armadas que se formaron en el franquismo era muy epidérmico, lo justito para seguir trabajando en una Administración democrática, pero en modo alguno con un sentimiento profundo, lo que explica que uno de los manifiestos (el que lleva cuatrocientas firmas sin centrarse en ninguna promoción) esté firmado por el Presidente de la Fundación Francisco Franco, que además de defender en público la autonomía militar fue el máximo Jefe de la Infantería de Marina de este país en tiempos del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Y para que no falte la guinda sumergida en licor golpista, tenemos al Comandante Pardo Zancada que participó en la toma del Congreso el 23-F. Aun así, el manifiesto del 25 de noviembre no ha sido firmado por tres prestigiosos Tenientes Generales, ni por dos tercios de los miembros de la promoción.

Hay, sin embargo, un  dato más preocupante. Entre los militares jubilados que han firmado los manifiestos encontramos personas que han desempeñado responsabilidades político-militares en los Gobiernos de Rodríguez Zapatero. Por lo menos dos importantes colaboradores del General Coll cuando fue Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra con la Ministra Chacón han encabezado los manifiestos. El General Coll es actualmente Portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, y uno de sus antiguos Mandos de  Personal y otro de sus antiguos titulares de la Dirección de Enseñanza en el MADOC (Mando de Adiestramiento y Doctrina) firman los manifiestos. Como hay más militares que ocuparon cargos de responsabilidad en el Ministerio de Defensa, con nombramientos del Consejo de Ministros, cabe preguntarse por el grado de lealtad al Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero con que desempeñaron sus funciones.

En todo caso, que unos centenares de militares formados en las Academias militares de la dictadura se atrevan a firmar un manifiesto que no tiene riesgo alguno para sus haberes pasivos no sería muy preocupante si no concurriera una circunstancia a tener en cuenta. Como se ha comentado varias veces en la prensa, en una situación política como la actual, es difícil pensar en un manifiesto de este tipo en Italia, en Francia o en el Reino Unido. Es cierto que no hay Fuerzas Armadas europeas del siglo XX que no hayan tenido alguna veleidad golpista: la V República francesa y la actual democracia portuguesa nacen de un Golpe de Estado militar; en Italia, a partir de la Operación Gladio se especuló con Golpes desde los años sesenta; en Grecia la Monarquía desapareció cuando el Rey Constantino se implicó en el “Golpe de los Coroneles” y luego se arrepintió; y hasta en el democrático Reino Unido se planteó un Golpe militar contra el Gobierno laborista de Harold Wilson como se ha encargado de recordarnos la serie The Crown (para las veleidades políticas de las Fuerzas Armadas, véase la clásica obra de Morris Janowitz El soldado profesional, Madrid, 1990). Sin embargo, hoy por hoy, no tenemos noticias de que los militares jubilados de los países de la Unión Europea participen en operaciones de desestabilización de sus Gobiernos. Luego, el hecho de que más quinientos militares jubilados se presten a una operación desestabilizadora es para preocuparse. Lo de menos es el chat descubierto en el que participó un grupo de fanáticos, que hay en todo grupo social, lo preocupante es que centenares de Oficiales y Generales han dirigido las Fuerzas Armadas con una mentalidad muy poco democrática y cuando les llega el momento de actuar sin riesgos para su carrera y para sus retribuciones se lanzan a presionar, nada menos, que al Jefe del Estado, pidiéndole implícitamente que actúe contra un Gobierno legítimo. No digo que todos los militares jubilados sean así, pero ese grupo de firmantes es un  número elevado de profesionales que han tenido responsabilidades importantes en los tres Ejércitos y ahora se comprueba algo que muchos sospechaban, que una parte de los militares españoles tienen una ideología más próxima al fascismo que a la democracia. Y no deja de ser llamativo que estos firmantes, que hace unos años despreciaban al Rey Juan Carlos y despreciaban por igual la Constitución, ahora tienen el mal gusto de invocar una Constitución que nunca ha sido suya.

El momento elegido tampoco es casual. Cuando el Congreso de los Diputados ha aprobado los Presupuestos para 2021, con el nivel de estabilidad gubernamental que esa aprobación comporta, se inicia la enésima operación desestabilizadora del año que se diferencia de las anteriores en que, por una vez, no parece implicado el Partido Popular. Si leyeran los Presupuestos aprobados por el Congreso los firmantes descubrirían que se trata de un programa político socialdemócrata muy moderado y, además, que el apoyo parlamentario de Esquerra o de Bildu no parece implicar la destrucción de España. Pero les da igual porque se trata de derribar al Gobierno.

¿Quién ha movido a esta gente y a quién beneficia esta operación? A primera vista Vox, que alardea de tener entre sus afiliados a algunos de los firmantes. Pero la operación es más compleja y si el Partido Popular no quiere verse mezclado en una nueva operación de derribo del Gobierno debe desvincularse con más fuerza de la que ha mostrado hasta ahora. El problema del principal partido de la derecha es que aún no ha condenado claramente la dictadura franquista ni el Golpe de Estado de 1936, por lo que la sombra de la sospecha siempre está presente. Y aunque no esté detrás de la operación desestabilizadora, el Partido Popular se beneficia de la misma junto con Vox, porque los manifiestos crean una sensación de libertad vigilada. Se crea “ruido de sables” para que el Gobierno y los ciudadanos se asusten y no cumplan, por ejemplo, el programa de investidura del Gobierno de coalición. Hoy por hoy no parece posible un Golpe de Estado al estilo del de julio de 1936, del griego de 1967 o del 23-F, pero la sensación es de que las Fuerzas Armadas están ahí, vigilando y con capacidad de incidir sobre el Monarca, lo cual vicia la funcionalidad democrática en España.

Varias conclusiones podemos sacar. La primera es que la presión desestabilizadora sobre el Gobierno (tan potente durante el estado de alarma) no ha acabado: si durante la pandemia la iniciativa la llevó el Partido Popular, ahora la iniciativa la ha retomado Vox que ha movilizado a sus militares. El Gobierno no puede bajar la guardia porque los disparos desde el flanco derecho no acaban. La segunda conclusión es que la reforma democrática de las Fuerzas Armadas, iniciada por Gutiérrez Mellado, y seguida por Serra y demás Ministros de Defensa de Felipe González, fue un éxito en sentido administrativo y técnico, pero la ideología franquista de muchos Oficiales y Generales no cambió y cuando ya no hay riesgo de expresarla, la vuelven a exhibir con el apoyo de Vox. Hoy no basta con modernizar la enseñanza militar y aproximarla a los estudios universitarios (modernización, por cierto, conscientemente boicoteada por alguno de los firmantes de los manifiestos), Hace falta más: la presencia intensa de los valores democráticos en la formación de los futuros oficiales.

Una cosa es que nuestra democracia no sea una democracia militante y otra que al amparo de la libertad de expresión los enemigos de la democracia participen en operaciones para desestabilizar al Gobierno. Ahora que se habla de reformar los delitos de rebelión y de sedición, no deberíamos perder de vista que el Estado democrático no siempre se hunde con un Golpe de Estado militar. También se puede hundir cuando se crea en la opinión pública un sentimiento deslegitimador de la democracia y se debilita al Estado.