El 28 de abril conmemoramos el día internacional de la salud y seguridad en el trabajo. Es una fecha de reivindicación del trabajo decente, y de recuerdo de todas y cada una de las personas trabajadoras que han perdido su salud o su vida como consecuencia de las condiciones en las que realizan su trabajo, así como de sus familiares y compañeros.

Seguimos inmersos en la pandemia provocada por la COVID-19, es importante hacer especial mención a todos y todas las trabajadoras que se encuentran en primera línea de acción trabajando frente al virus, y esforzándose porque el día a día sea más llevadero para la ciudadanía. El personal que trabaja en hospitales y centros de salud, sanitarios y no sanitarios, y servicios esenciales debe ser prestigiado, así como reivindicar la necesidad de unos servicios públicos adecuados, al servicio de los ciudadanos y ciudadanas. Esta crisis producida por el virus SARS-CoV-2 ha puesto a prueba la capacidad y la resiliencia de los sistemas de salud pública y de seguridad y salud en el trabajo.

Y este año es obligado hacer una parada, un balance y algunas reflexiones recordando el 25 aniversario de la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales (LPRL), el pasado 11 de febrero, sobre la situación actual en materia preventiva, la evolución de las condiciones de salud y seguridad en los centros de trabajo y los nuevos retos que actualemente y que en un futuro se nos plantearán.

Tras hacer un breve análisis de la siniestralidad laboral en España, vemos que se mantienen cifras alarmantes. En el año 2020 se produjeron 1.004.344 accidentes de trabajo, de los que 485.365 han causado la baja laboral y 518.979 han sido sin baja.

Del total de los accidentes con baja, 428.474 ocurrieron en jornada de trabajo, provocando trastornos musculo-esqueléticos, la primera causa de baja por accidente laboral. El resto de accidentes con baja, 56.891 han sido accidentes in itinere.

Respecto de los accidentes mortales, desde el año 1996 hasta 2004 las personas trabajadoras fallecidas han aumentado año a año, 1.338 en 1996 frente a 1.459 en 2004. A partir de ese año y hasta la publicación de la Reforma Laboral, Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, vinieron descendiendo sustancialmente, 564 personas trabajadoras en el año 2013. A partir de esta fecha y hasta la actualidad vienen incrementándose cada año hasta las 708 personas trabajadoras fallecidas en 2020. Podemos concluir que el total de accidentes mortales se ha reducido en estos 25 años, pero no podemos bajar la guardia porque desde 2013 se incrementan.

En cuanto a las enfermedades causadas por el trabajo, se notificaron 22.287, de las que 18.400 han sido por enfermedad profesional, y 3.887 patologías no traumáticas causadas o agravadas por el trabajo (PNT). Observamos que esta cifra, 22.287, respecto de los accidentes de trabajo 1.004.344, es insignificante, un 2,2%.

El problema que tenemos con las patologías derivadas del trabajo es su infranoticación e infradiagnóstico. Al no aflorar, no se previenen ni se incorporan en las Estrategias Sanitarias o de Salud Laboral de las diferentes instituciones, lo que provoca desconocimiento y un grave perjuicio para la población trabajadora que ve reducidas sus prestaciones, para la sociedad que las costea a través del sistema sanitario público y para las empresas porque lo que no se declara no existe, y por lo tanto no se previene.

Aunque las estadísticas son elevadas, la realidad es que tanto en el caso de los accidentes y sobre todo en las enfermedades del trabajo, este tipo de daños se multiplica de forma silenciosa.

Un ejemplo de ello es lo sucedido con el “amianto” que ha producido un grave sufrimiento en las personas trabajadoras y sus familias, situación generada por la deficiente cultura preventiva, aún sin resolver.

El mismo caso podría estar sucediendo por el incremento del uso de nano-partículas que es una realidad. El mundo “nano”, nano-materiales, nano-partículas, nano-ciencia, nanotecnología está ya en nuestro día a día. Nos las encontramos en casi todos los sectores productivos (construcción, automoción, textil, cosmética, alimentación, fabricación de envases) pero en general la sociedad no está concienciada sobre lo que es la nanotecnología, ni las repercusiones que está teniendo en nuestras vidas, tanto las ventajas como los posibles inconvenientes. Necesitamos más investigación en este campo y desarrollar estrategias preventivas de mejora de la seguridad y la salud de la población trabajadora en este ámbito.

Sería conveniente clarificar el concepto de accidente de trabajo y su notificación. Establecer criterios objetivos para la calificación de los mismos, teniendo en cuenta factores como el periodo previsto de baja, la necesidad de ingreso hospitalario, amputaciones o lesiones en órganos, rehabilitación prolongada…Ya que muchos accidentes se califican “sin baja”, otros directamente van a la contingencia común y por tanto no se registran en la estadística; y muchos graves se califican como leves, lo que modifica el cálculo de los índices de siniestralidad.

Necesitamos alejar la cultura “estética” y mejorar la cultura real preventiva, en la que incorporemos más y mejor información y formación, I+D+i, aplicación del principio de prevención incluso en algunos casos el de precaución en lugar de la reparación del daño. Incorporar el concepto de seguridad y salud integral, una dimensión ambiental global.

Además, hay que tener en cuenta la desconexión con el sistema de Seguridad Social, cuando el máximo problema actual de salud laboral, las enfermedades relacionadas con el trabajo, se tramitan, reconocen y gestionan en este ámbito. Son las entidades colaboradoras con la Seguridad Social las que gestionan, la prestación de actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social siendo necesaria la coordinación y el consenso con las instituciones laborales y las Comunidades Autónomas. El actual modelo preventivo precisa un nuevo impulso que lo dote de los instrumentos necesarios para la mejora de la seguridad y la salud. Hay una desconexión entre la LPRL y el listado de enfermedades profesionales sobre la que hay que actuar con urgencia, ya que son “invisibles”, como ya dije, lo que no se conoce no se previene.

Ejemplo de ello son los cánceres profesionales y la regulación de los productos químicos peligrosos. Se calcula que en la UE entre 91500 y 150500 personas fueron diagnosticadas como nuevos casos de cáncer en 2012 debido a su anterior exposición a carcinógenos en el trabajo. En nuestro país en 2020 se declararon 44 cánceres de origen profesional, prácticamente “no existen”.

Es necesario un mayor conocimiento de los valores límite de exposición ocupacional. Las empresas aún tienen serias dificultades para hacer frente a los riesgos que plantean estas sustancias. Tenemos que estar alerta, identificar y abordar la prevención de estos riesgos.

En nuestro país los trastornos musculo-esqueléticos son la primera causa de accidente de trabajo y de enfermedad profesional. Es necesaria una apuesta clara por la adaptación del trabajo a la persona, por una correcta organización del trabajo.

Analizar si realmente son eficaces los modelos de organización preventiva de las empresas, es indispensable en la defensa del derecho a la protección de la salud. El 90,7% de las empresas recurre a un Servicio de Prevención Ajeno (SPA), según la encuesta europea ESENER-2 que pone de manifiesto cómo España es uno de los países donde apenas un 11% de las empresas hacen sus evaluaciones de riesgos con medios propios, una absoluta anomalía respecto de la experiencia europea. El modelo preventivo por el que se ha optado en nuestro país ha mercantilizado la actividad preventiva de manera que el pequeño empresario está obligado a comprar, pero sin asegurar la calidad del producto que compra.

Se dejó a libertad de elección empresarial, y se ha producido una extrema externalización. No era ese el espíritu de la Directiva Marco de Seguridad y Salud que otorgaba preferencia a la creación de recursos propios, con la posibilidad de acudir al SPA, opción subsidiaria. La imprecisión de la norma ha dado lugar a que la elección preferente sea la externa. No como ha sucedido en la mayoría de los países europeos que han priorizado los servicios de prevención propios, otorgando a los SPA un carácter complementario. En definitiva, se hace necesaria la racionalización/regulación del mercado de actividades de prevención –servicios, formación…

Clarificar el tratamiento y la prevención de los denominados “nuevos riesgos o riesgos emergentes”. La LPRL creó la obligación legal de la protección a los trabajadores contra todos los riesgos en el lugar de trabajo. Los riesgos psicosociales, el estrés laboral van en aumento y aún están por abordar. Afectan a la salud, a las empresas y a la economía del país. Sin embargo, hoy en día siguen siendo inexistentes en las evaluaciones de estos riesgos laborales.

Los cambios económicos junto a los efectos de la globalización o las crisis, están produciendo gran presión en la Seguridad y Salud en el Trabajo. La modificación de la organización del trabajo y cómo está afectando a las condiciones de empleo: contratos de corta duración principalmente en los más jóvenes, mayor intensificación del trabajo (carga, ritmos) precariedad, teletrabajo… provoca un aumento de las demandas emocionales, y por tanto riesgos psicosociales.

Ansiedad, violencia, depresión, estrés en el lugar de trabajo tienen graves efectos sobre la salud y la productividad. Pueden generar, entre otras, enfermedades del aparato locomotor y crean grandes costes para las personas, las empresas y el conjunto de la sociedad. Sin embargo, no están contempladas como enfermedades profesionales, en el mejor de los casos se notificarán como accidente de trabajo, siempre que la persona trabajadora pruebe que es derivado del mismo.

Es necesario que se hagan visibles y dejen de permanecer ocultos, se gestionen y prevengan como cualquier otro riesgo para la salud laboral. Hay que abordarlos con rigor y desarrollar un plan específico para su erradicación.

Aspectos también a priorizar son la salud y la seguridad de las personas trabajadoras autónomas, las que realizan labores domésticas en hogares privados, los colectivos vulnerables y las lagunas normativas que existen: jóvenes, temporales, de mayor edad, embarazadas, personal especialmente sensible, envejecimiento activo y prolongación de la vida laboral, género…. Se necesitan actuaciones dirigidas hacia estos colectivos, el trabajo puede desarrollarse bajo condiciones dignas o por el contrario traumáticas para la población trabajadora. Promover el trabajo sostenible y saludable desde el inicio de la vida laboral es un reto para las empresas y para la sociedad.

Cada vez más personas trabajan ocasionalmente o habitualmente fuera de las instalaciones de la empresa. Teletrabajo, tiempo de trabajo, flexibilidad, disponibilidad constante, hiperconectividad y la posibilidad de realizar el trabajo en cualquier momento y lugar gracias al uso de TIC (tecnologías de la información y comunicación), son habituales hoy en día. Se prevé la aparición de efectos derivados del nuevo mercado laboral. Las tendencias apuntan que en 2025 las tecnologías basadas en las TIC () habrán cambiado los equipos, las herramientas, y los sistemas empleados para organizar, gestionar y ofrecer productos, servicios y conocimiento. Desde el punto de vista preventivo es necesario hacer propuestas sobre estos nuevos riesgos, que principalmente están generando enfermedades mentales vinculadas al trabajo.

Nuevos sectores como la “economía verde” constituyen otro reto preventivo. La protección medioambiental, el cambio climático, la emisión de gases de efecto invernadero, la contaminación producida por la energía generada por los combustibles fósiles… El impacto del cambio climático sobre la SST, es una realidad. La OIT prevé que la evolución de los empleos relacionada con un cambio de modelo económico y energético puede provocar una pérdida aproximada de 6 millones de puestos de trabajo, pero a la vez va a crear unos 24 millones de nuevos oficios.

Los empleos «verdes» tienen que ofrecer unas condiciones seguras, saludables y dignas al objeto de contribuir a un crecimiento sensato (OSHA). Deben ser sostenibles, ofrecer condiciones de seguridad y salud adecuadas. Lo bueno para el medio ambiente debe serlo para la salud, también en el ámbito laboral.

De esta reflexión podemos deducir la necesidad de inversión en Seguridad y Salud, de realizar evaluaciones de riesgo, de dotar de seguridad los procesos, de una educación y formación adecuada de los profesionales y de los trabajadores, más sensibilización, facilitar la información, avanzar en el uso de las nuevas tecnologías, mayor investigación y desarrollo. Son algunas de las medidas a desarrollar en la formulación de nuevas políticas y normas que se ajusten a la realidad y a la evolución,

La idea gira en torno al desarrollo de un nuevo modelo preventivo que se adapte a las necesidades actuales de las relaciones laborales y que dé soluciones a las dificultades que están generando a las personas trabajadoras. Se trataría de ajustar el actual sistema preventivo a un nuevo marco normativo.

Estos son algunos de los principales desafíos que en materia de Salud Laboral deberemos abordar. El impulso y el compromiso político, empresarial, y social es necesario para integrarlo en nuestras vidas y evitar que la lacra de las muertes y enfermedades en el trabajo continúe creciendo.