Aprender de la historia.
El 23 de julio nos jugamos mucho más que una legislatura gobernada por la potencial vuelta al filo-franquismo de un gobierno PP-VOX con los riesgos que ello implica para la libertad y, sobre todo, para la reducción de las desigualdades socioeconómicas y promoción de la igualdad de oportunidades en este país, fundamentalmente para mujeres y para los que no se ajustan al patrón mental de la versión socio-católica más reaccionaria. Es la vuelta a un modelo de desarrollo implacablemente “extractivista” que abandona, o “flexibiliza” la defensa del patrimonio de todos (biodiversidad, ecosistemas, espacios protegidos) y de la salud ciudadana (calidad del aire, del agua, del paisaje) en aras de la productividad económica para el capital en sus términos más descarnados.
No es nueva esta situación. Se vivió bajo el Gobierno de Aznar (modificación de la normativa urbanística haciendo todo el suelo no protegido urbanizable[1]) que nos llevó a la destrucción de gran parte del patrimonio territorial bajo un desarrollo urbanístico expansivo de grave incidencia en áreas metropolitanas y el litoral español, y al acompañamiento de EEUU (como también se haría con la ilegal guerra de Irak) en la mayor burbuja inmobiliario-especulativa de la historia, que acabó con la mayor crisis financiero-especulativa –de 2008- global y nacional, cuyas consecuencias socioeconómica todavía estamos sufriendo.
Pero, además, no se puede olvidar que con Aznar se aprobó una Ley del sector eléctrico (Ley 54/1997) claramente beneficiosa para el oligopolio eléctrico, en cuya elaboración la patronal de las multinacionales energéticas no ocultó su participación determinante[2]; y, aunque se firmó el protocolo de Kioto[3], no se hizo absolutamente nada para frenar la dinámica de crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y su incidencia en el calentamiento global, mostrando otras de las peculiaridades de los Gobiernos del PP con respecto a los compromisos internacionales: los firma pero no los cumple si van en contra de sus intereses economicistas más inmediatos, abocando en reiteradas ocasiones al inicio de expedientes de infracción por parte de la UE, o a terminar en los Tribunales de arbitraje, con fuertes costes para España, como en el caso de la modificación, con carácter retroactivo, de la regulación de las renovables, que realizó el Gobierno de Rajoy.
No fue distinta la reacción del Gobierno de Rajoy (responsable de la modificación señalada de la regulación de las renovables) haciendo recaer las consecuencias de la crisis iniciada en el 2008 sobre los más desfavorecidos (reducción de los presupuestos en todos los capítulos sociales), los trabajadores (cambios en la legislación laboral indisimulados a favor de la patronal) o los jubilados (reducción de la actualización de las pensiones al 0,25% anual, aunque se produzca una mayor inflación). La crisis financiero-especulativa se cargó sobre todos los españoles salvando al sistema financiero con fondos públicos y con el “banco malo” (SAREB), cuyas pérdidas y endeudamiento también han repercutido sobre todos los españoles, y favoreciendo que la distribución de la renta global se sesgara hacia las rentas del capital (los salarios pasaron de representar el 48,3% del PIB, en 2011, al 45,9%, en 2019), con un fuerte incremento en la evolución mensual de los precios de la vivienda contra su tradicional propaganda de que sus políticas son las únicas que consiguen abaratarla.
La experiencia de la Agenda 2030.
Desde la perspectiva de la sostenibilidad del modelo de crecimiento desigual establecido, y pese a que el 25 de septiembre de 2015 el Gobierno de Rajoy se sumó, junto a toda la UE y a un total de 193 líderes mundiales, a la ratificación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible –“Transformar el Mundo”-, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 subobjetivos/metas establecidos en desarrollo de los mismos, poco se hizo por el Gobierno del partido popular en España para caminar de forma real en la propuesta modificación de “los patrones de producción, de comercialización y de consumo por otros más sostenibles ecológicamente, menos excluyentes en lo social y que por lo tanto permitan equiparar oportunidades para toda la población mundial”.
Una muestra del escaso entusiasmo del Gobierno del partido popular por la aplicación de la Agenda 2030 es que España no estaba entre los 65 países que presentaron información sobre el cumplimiento de lo acordado, ni en 2016 ni en 2017, al Foro Político de Alto Nivel de la ONU. Solo cuando la UE, en el Consejo del 20 de junio de 2017, reiteró el firme compromiso de la UE y de sus Estados miembros de aplicar plenamente la Agenda 2030, e instó a la Comisión Europea (CE) a establecer, para mediados de 2018, una estrategia de aplicación, el Gobierno popular se vio obligado a comprometerse ante Naciones Unidas, en julio de 2017, a someterse a examen en julio de 2018, constituyendo, en septiembre de 2017, dos años después de la firma del compromiso inicial, el Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030, por parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, al que se hizo responsable de la coordinación y seguimiento de la Agenda 2030. Un mes después –octubre de 2017- el Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 aprobó el Plan de Trabajo 2017-2018, cuando sólo quedaban siete meses para el cumplimiento del compromiso adquirido ante Naciones Unidas.
Afortunadamente, la moción de censura y la llegada del Gobierno del PSOE a la Moncloa, significó un cambio radical en el enfoque, compromisos y comportamientos respecto a la Agenda 2030. Ya en el Consejo de Ministros del 19 de junio se creó, en el marco de la organización general de la Presidencia de Gobierno, un Alto Comisionado para la Agenda 2030, con rango de subsecretario, bajo la dependencia directa del Presidente del Gobierno, siendo el entonces Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación –Joseph Borrell- el que presentó el primer Informe y compromisos ante el Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030, de 2018, de Naciones Unidas.
Con ello se corregía el cambio de rumbo claramente marcado por el Gobierno del Partido Popular una de cuyas primeras medidas fue suprimir el Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE) creado en la Universidad de Alcalá con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, en cuyo primer Informe, de Primavera de 2005, la entonces Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, señalaba que “el avance hacia la sostenibilidad será asumido por el Gobierno en el máximo nivel de decisión político y será evaluable mediante los oportunos indicadores elaborados por instancias independientes del gobierno”. Indicadores y evaluación del desarrollo sostenible que nunca ha sido interés del partido popular, cuyos objetivos reales siempre se han demostrado estar más al lado de las multinacionales y del crecimiento económico indiferenciado de sus efectos ambientales, cuya realidad solo asume cuando la presión europea lo hace inevitable.
El resultado es que España, en 2019 había empeorado significativamente su posición y valoraciones en el Índice de Desarrollo Humano, publicado anualmente por Naciones Unidas, pasando desde la posición decimoquinta a la vigesimoquinta, y empeorando muy significativamente en los niveles de desigualdad social (baja a la 38ª posición en el ranking global), señalando uno de los problemas más significativos de la dinámica de desarrollo del partido popular en España.
Tras el nuevo Gobierno del PSOE y su posterior Gobierno de coalición, muchos han sido los cambios en el Gobierno, con el establecimiento de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, dentro del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, encargada de la publicación de los Informes de Progreso de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030[4] y en las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales más comprometidas con los ODS de las correspondientes Agendas 2030 y en la evaluación del grado de cumplimiento de los ODS y sus Metas, ahora cuestionadas en muchas de ellas por el resultado de las elecciones del 28 de mayo de 2023.
El Pacto Verde Europeo, de 2019, y las actuaciones normativas y de inversión derivadas de la irrupción de la Covid-19 (NextgenerationEU) y los Presupuestos Europeos 2021-2027, son las piedras angulares para la implementación de los ODS en Europa y conseguir avanzar en el logro de la Agenda 2030, si bien los mismos sólo inciden directamente en 12 de los 17 ODS, ya que muchas dimensiones de los ODS, fundamentalmente las sociales, no se reflejan adecuadamente en el Pacto Verde Europeo[5]. Sobre todo, en lo que se refiere a desvincular el progreso socioeconómico de sus impactos negativos sobre el clima y la biodiversidad, y en lo relativo a las consecuencias de los efectos externos -ambientales y socioeconómicos- del desarrollo europeo sobre otros países de los que se importan bienes y servicios.
En todo caso, aunque pocos de los PNRR aprobados por la CE hacen referencia explícita a los ODS, no es el caso de España, con el actual Gobierno de coalición, que es uno de los tres países (junto a Bélgica y Grecia) que sí considera la relación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTRE) con todos los ODS, analizando cómo inciden cada una de las 212 medidas de reforma e inversión consideradas sobre cada uno de ellos. Por otro lado, en España también se publica el alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado con los respectivos ODS, con el objetivo de ponderar la contribución, cuantitativa y cualitativa, directa e indirecta, de las políticas de gasto y de los programas presupuestarios a la consecución de los ODS, tal y como se aprecia en el Cuadro siguiente para 2021 y 2022.
En este marco, ¿qué podríamos esperar de un próximo Gobierno del partido popular con o sin coalición con VOX? La experiencia histórica es clara y ya ha mostrado cual ha sido el comportamiento escéptico del PP respecto al cumplimiento de la Agenda 2030 y el seguimiento del desarrollo sostenible en España. Por otra parte, en su programa para las elecciones del 23J ya cuestionan la dinámica actual desarrollada por la CE al respecto, señalando que trabajarán “para racionalizar los objetivos y flexibilizar el calendario de aplicación del Pacto Verde Europeo”, elemento fundamental de avance en muchos de los capítulos de la Agenda 2030.
Con ello se unen a la estrategia similar del Partido Popular Europeo, presentada tanto en el Parlamento Europeo, como en su representación en el Consejo Europeo junto a los países más identificados con posturas cortoplacistas y economicistas. Por no hablar de los directamente negacionistas o “relativistas” crecientemente influenciados por el ascenso de la extrema derecha, cuyo máximo exponente en España viene reflejado por el objetivo de VOX de “Impulsar, desde el Consejo de la UE, la suspensión inmediata y revisión de todo el Pacto Verde”. A lo que acompañan la visión “conspiracionista de las élites globales” de querer controlar el mundo a través de instrumentos como la señalada Agenda 2030, que ellos pretenden eliminar. Labor que ya han comenzado en las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en cuyos órganos de gobierno ya se han incorporado gracias a la colaboración y acuerdos con el PP.
De hecho, en los acuerdos de gobierno PP-VOX de algunas Comunidades Autónomas que se han hecho públicos, no se cita el desarrollo sostenible ni el cambio climático, no se plantean medidas para lograr el primero o combatir el segundo, y se asume que las normas medioambientales son perjudiciales para el desarrollo económico, para el encarecimiento y libre elección de medio de transporte y para el sector agrícola. Lo que es particularmente preocupante para un desarrollo rural que el PP ha aceptado sea controlado por VOX, incluyendo en algunas autonomías la responsabilidad sobre el medio ambiente para este partido.
Cambio climático.
La 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático (COP21), celebrada en París en diciembre de 2015, mostró el aparente cambio formal en los Gobiernos del mundo, ya que 188 países, de 195, se comprometían a presentar sus Contribuciones voluntarias para avanzar en la mitigación y adaptación al Cambio Climático, comprometiéndose (voluntaria, pero no vinculantemente) a la consecución de un Objetivo de interés general común: restringir el calentamiento global a menos de 2ºC para finales de siglo, que luego se ampliaría al deseable objetivo de reducirlo a 1,5ºC debido a los graves efectos globales si este límite se superaba, demostrados científicamente por distintos Organismos sin intereses económicos o de otro tipo asociados a sus investigaciones.
La primera condición para la entrada en vigor de este Acuerdo de París era que lo ratificaran 55 países, cosa que se produjo inmediatamente, ya que lo ratificaron los países-islas más afectados e interesados por el proceso, más siete de los países de la UE. Entre ellos no se encontraba España, ya que el Gobierno de Rajoy, en funciones, mostró un interés marginal por este tema, continuando la tónica que ha caracterizado a todos los Gobiernos del PP. Después, tras la ratificación del Acuerdo de París por la Unión Europea (del orden del 10% de las emisiones globales), China (27%), EEUU (18%) e India (10%) se cumplió la segunda de las dos condiciones (que se ratificara por más del 55% de las emisiones globales) y entraron en vigor plenamente los Acuerdos de París.
Tras ello, el comportamiento del Gobierno de Rajoy siguió priorizando la dimensión predominante economicista de su actuación, tanto en el campo energético como en el climático, con una consideración ambiental y preocupación por las consecuencias del calentamiento global básicamente secundario y derivado. Se ajustaban estrictamente al mínimo de las exigencias europeas o del mínimo exigible en los compromisos asumidos con Naciones Unidas. Como ejemplo, no fue hasta la COP22, de 2016, cuando ratificó el Acuerdo de París habiéndolo mantenido durante casi un año “invernado”, mientras que las emisiones de GEI en España crecían y continuaban las nefastas políticas ambientales mantenidas desde 2012 en contra de las energías renovables y el autoconsumo energético, la subvención a las energías fósiles, la promoción de la motorización individual, la privatización y ocupación de la costa, o la ausencia de una política hídrica y sobre el medio rural, por citar sólo algunas de las más contrarias a los objetivos y exigencias del Acuerdo.
Como consecuencia de este comportamiento, pese a la mayor incidencia de la crisis socioeconómica diferencial en España sobre la UE, las emisiones de GEI se mantuvieron durante toda la legislatura en niveles por encima de ésta (271,8 t CO2 equiv./millón €, para España, frente a 263,4 t CO2 equiv./millón €, para la UE, en 2019, con una disminución respectiva, respecto a 2011, del 21%, tanto para España como para la UE), lo que implicó, en términos absolutos, una evolución un poco mejor de las emisiones de GEI totales, pero todavía en niveles respecto al Índice 100 de 1990, muy por encima de la UE, según se recoge en la Figura siguiente.
En la actualidad la UE mantiene los objetivos de descarbonización establecidos para el 2030 (reducción del 55% neto) y 2050 (reducción del 100% neto), respectivamente, lo que exige que los Estados aceleren el desarrollo de energías renovables, mejoren el ahorro y eficiencia energética, avancen en la seguridad energética y mejoren la competitividad europea, a la vez que reducen radicalmente las emisiones de GEI.
En este marco, el borrador presentado por el Gobierno de coalición español, en junio de este año, a la CE del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030)[6] enviado a la CE[7] y sometido a información pública para establecer su versión definitiva a presentar a la CE el año que viene, sintetizaría las principales medidas a desarrollar por el Gobierno de coalición PSOE-Sumar resultante de las elecciones del 23J. Y muestra, siguiendo las directrices de la UE, una mejora sustancial en los Objetivos establecidos para 2030 respecto a los asumidos en el anterior PNIEC 2021-2030 y en la propia Ley de Cambio Climático y Transición Energética española, tal y como se aprecia en el Cuadro siguiente.
Aunque Sumar incorpora en su Programa medidas que incrementarían los anteriores objetivos de sostenibilidad, descarbonización y justicia energética y ambiental, hay que destacar que las medidas adoptadas por el Gobierno de coalición español han ido en las líneas necesarias desde 2018 y se han visto reforzadas por las adoptadas desde marzo de 2022 y propuestas en el PNIEC 2023-2030. Además, hasta la actualidad, en el marco de la UE, se reconoce que España está siendo ejemplar en la protección del acceso a la energía a los más vulnerables y en la reducción de costes energéticos para familias y empresas, en una coyuntura de especulación energética desbocada, iniciada en 2021, e incrementada por la invasión rusa de Ucrania.
También ha sido ejemplar en la promoción de energías renovables, fundamentalmente tras la declaración de la Emergencia climática, en 2019, siguiendo el objetivo del Pacto Verde Europeo de descarbonizar la economía europea para el 2050. En tan solo cuatro años, ha aumentado la potencia renovable un 36%, y ha multiplicado por cinco veces y media a los prosumidores y el autoconsumo, tras la derogación del conocido como “impuesto al sol” impuesto por el Gobierno de Rajoy y que el PP parece que propone en su programa recuperar como “tasa por hito” para la localización de proyectos renovables, con el supuesto objetivo de disponer de recursos para agilizar la tramitación de las autorizaciones por la Administración, pero con el efecto final de retrasar la incidencia de las renovables para no afectar los intereses de las multinacionales presentes en el actual “mix” eléctrico español que está llevando, cada vez con más frecuencia, a que el precio eléctrico sea nulo, afectando fuertemente a la baja al mercado de futuros eléctricos y a los beneficios de las multinacionales de la producción y distribución energética.
También el PP y VOX, con diferentes discursos, en defensa de los señalados intereses de las multinacionales energéticas, se oponen a modificar el proceso marginalista de fijación del precio de la electricidad, que el Gobierno de coalición español cuestiona, porque ha llevado la inflación española y europea a cotas no registradas desde los años ochenta del siglo XX, oponiéndose igualmente a la “excepción ibérica”, que ha ahorrado más de 5.000 millones de euros a los usuarios españoles, reduciendo la inflación que se hubiera registrado sin su aplicación.
También VOX exige la derogación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética española, de 2020, sin una definición expresa del PP sobre si esta Ley está incluida en el “sanchismo” a derogar. Ley que, sin embargo, ha sido un hito en la positiva evolución y políticas seguidas desde entonces en el ahorro de energía, el impulso a la eficiencia energética y a las energías renovables, la intervención directa en el mercado limitando el precio del gas o de la electricidad, acotando los beneficios extraordinarios de las tecnologías inframarginales (todas las tecnologías de generación, exceptuando el gas y el carbón), la minoración de costes energéticos a los más desfavorecidos a través del aumento de la carga fiscal a las empresas energéticas, o la nacionalización o inyección de liquidez a empresas en claro riesgo de quiebra, como ha sido el caso de las comercializadoras energéticas.
Es evidente que los objetivos subyacentes a la propuesta de VOX de derogar la Ley de Cambio Climático están ligados a los también manifestados de incrementar el papel de la explotación de los recursos mineros que, en ese sentido, incluirían el “fracking”, en la actualidad prohibido en España por sus extremos efectos negativos sobre unos recursos hídricos de disponibilidad descendente en España. Propuestas sobre las que existe una clara afinidad en sectores relevantes del PP, al igual que sobre el mantenimiento y expansión de la energía nuclear, inviable económicamente sin la aportación de fuertes subvenciones públicas.
También cabe destacar que parece claro que ni PP ni VOX apuestan por la promoción del autoconsumo (prosumidores) y de las comunidades energéticas renovables, que PSOE y Sumar prometen potenciar para propiciar un sistema energético más democrático y menos dependiente de un sistema energético vertical, dependiente de las multinacionales energéticas. Y de sus programas cabe deducir que tampoco apoyan el aumento de los precios del carbono (también para las importaciones) propiciado por la UE para internalizar sus efectos externos sobre el calentamiento global, en un marco en el que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el calentamiento global siguen aumentando, tal y como apreciamos en la Figura siguiente, que representa las anomalías térmicas mensuales en la temperatura media de la superficie de la tierra, desde 1880 a junio de 2023. Fecha en la que se alcanza un record en esta anomalía, situándose en +2,22ºC de calentamiento.
Algunas reflexiones finales.
Este es el marco en el que las elecciones del 23J implican repensar qué puede pasar con los compromisos internacionales, directos de este país, e indirectos a través de la Unión Europea, en materias integradas en las COP de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), de Biodiversidad, de Lucha contra la Desertificación o de Cambio Climático, todas ellas rechazadas desde VOX –partido político al que el PP le ha cedido las competencias correspondientes en estas materias en aquellas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en los que han formado un Gobierno conjunto- y ahora cuestionadas o relativizadas también públicamente desde el PP[1], no sólo para no enfadar a sus ya actuales socios -en numerosas corporaciones locales y comunidades autónomas- de VOX, sino como respuesta a los intereses particulares que se encuentran afectados por estas políticas, que se enfrentan y priorizan frente a los intereses generales de la población y frente a un desarrollo socioeconómico sostenible no solo para el bienestar de la población actual, sino también para el de las generaciones futuras.
Ya hemos señalado en artículos anteriores que Populares y liberales europeos, junto a la extrema derecha, presionan contra la Agenda Verde de la UE y, particularmente contra la Directiva para Restaurar la Naturaleza, o contra reducir las emisiones de nitrógeno, el endurecimiento de las normas de contaminación de automóviles, o contra la prohibición ya pactada de vender coches nuevos con motor de combustión a partir de 2035 si no se incluía una excepción para los motores de combustibles sintéticos. La justificación que aducen es la de sus negativos efectos electorales, particularmente sobre los agricultores y las comunidades rurales, pidiendo “pausar” la transición ecológica. Lo que, previsiblemente va a generar un retraso en las exigencias asociadas a dicha transición ecológica hasta las nuevas elecciones europeas de 2024, dependiendo cual sea el futuro de esta transición ecológica del resultado correspondiente de las mismas.
El PP español coincide con esa tendencia retardataria, al sostener en su programa para el 23J que trabajarán “para racionalizar los objetivos y flexibilizar el calendario de aplicación del Pacto Verde Europeo”. Lo que vendría reforzado en un Gobierno de coalición con Vox por el hecho de que este último partido propone “Impulsar desde el Consejo de la UE la suspensión inmediata y revisión de todo el Pacto Verde”.
Esto hace particularmente preocupante lo que puede suceder con las políticas energéticas y de descarbonización que son la base del Pacto Verde Europeo, frente a unos intereses del PP que ya hemos visto que, sistemáticamente, se han unido a los de las multinacionales de la energía. Porque el modelo energético vigente en España encomienda a las redes energéticas y al mercado la satisfacción de las demandas de energía, lo que implica que son las empresas encargadas de las redes de combustibles, gases o electricidad, y las redes de distribución de carburantes y de electricidad, claramente controladas en régimen de oligopolio, así como la agrupación en el sistema eléctrico de la demanda nacional, los que permiten optimizar la generación en grandes plantas y atender requerimientos energéticos crecientes en cantidad y calidad.
Sin embargo, este modelo dificulta la competencia e inviabiliza la utilización de recursos locales, el autoconsumo, las comunidades energéticas locales y un marco de energía distribuida que sería el marco más adecuado para una transición energética y ecológica justa y democrática en España, que es el que, a largo plazo, se propone por PSOE y Sumar.
La pregunta sería hasta qué punto los compromisos con la UE y con las últimas acciones desarrolladas desde la Comisión Europea, con la aprobación en marzo[2] y abril[3] de este año, que establecen obligaciones claras y precisas, incorporadas por el Gobierno de coalición en su última propuesta de PNIEC 2023-2030 y las Estrategias de descarbonización, de la UE o de España, serían viables o se cumplirían sin riesgo de medidas correctivas por la CE bajo un indeseable –ya solo desde esta perspectiva- Gobierno del PP-VOX, el segundo de los cuales promete luchar para que España abandone el Acuerdo de París sobre Cambio Climático.
En ese sentido tampoco podemos olvidar el objetivo de VOX de derogar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, ni el hecho de que eran ocho, hasta ahora, pero previsiblemente en aumento tras los resultados electorales de mayo de 2023, las Comunidades Autónomas –destacando la de Madrid y Cataluña- que proponen que se relajen las normas de calidad del aire de la UE, de obligado cumplimiento. Y que tanto PP como VOX asumen, ante todo interés general, la defensa de la propiedad privada o la libertad de movilidad sin restricciones, pese a que, fundamentalmente, ello genera graves efectos sobre la salud de los ciudadanos y sobre el incremento de la mortalidad por contaminación e incremento de los efectos negativos del cambio climático.
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[1] La regulación del suelo fundamental de la etapa de los Gobiernos de Aznar se centró en el Real Decreto Ley 5/96, de 7 de junio de 1996, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y colegios profesionales; la Ley 6/98, de 13 de abril de 1998, sobre régimen del suelo y valoraciones y el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes, todos ellos centrados en la demostrada, por los hechos, falsa hipótesis de que la liberalización del suelo reduciría los precios de la vivienda y del alquiler, cuando lo que lograron fue el incremento desmesurado del número de viviendas y de sus precios hasta 2006, según mostrábamos en los artículos de esta Sección dedicados a vivienda de marzo a mayo de este año, favoreciendo al sector especulativo inmobiliario, la generación de una nueva burbuja en este sector, con un fuerte apalancamiento del sector privado, y un alto endeudamiento de las familias y del sector bancario que, apoyando la burbuja, acudió a endeudarse a mercados financieros de la Eurozona. Esto disparó a posiciones punteras en el mundo los niveles de endeudamiento exterior privado respecto al PIB de España, sin que se produjeran reacciones correctoras por parte de las autoridades competentes, ni en el ámbito económico ni en el urbanístico-territorial, para racionalizar los procesos de transformación y urbanización del territorio.
[2] La legislación de incidencia energética, ligada a la privatización del sector eléctrico y a la definición de tarifas, aprobada desde la Ley 54/1997 del sector eléctrico, durante las etapas de gobierno del partido popular (Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos o cogeneración; metodología para la aprobación o modificación de la tarifa eléctrica media o de referencia, regulada por el Real Decreto 1432/2002, de 27 de diciembre; Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial), unida a la dependencia energética y evolución de los precios mundiales de la energía, generaron un déficit de tarifa muy significativo, e incidieron en el incremento de costes de producción, en la inflación y en la pérdida de competitividad exterior de las empresas de una manera muy negativa, frente a los fuertes incrementos en los beneficios de las multinacionales energéticas, grandes beneficiarios de todo el proceso de cambio.
[3] Aprobado el 11 de diciembre de 1997 por 156 países, incluida España, aunque no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005, por las dificultadas de ratificación por los distintos países signatarios
[4] El último Informe publicado corresponde al año 2022 (https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/IP22_AC.pdf). Y, a instancias del Gobierno, el INE (2021) ha establecido para España los Indicadores y Metodología que se van a utilizar para la consideración del logro de los ODS y sus correspondientes Metas https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm. También Eurostat (EUROSTAT, 2016) elaboró una primera aproximación al logro de los ODS ya en 2016 que ha avanzado sensiblemente en cuanto a número de Indicadores (hasta 153) y armonización de métricas en los países de la UE en la actualidad (EUROSTAT, 2022).
[5] Lafortune G, et alt. (2021). Europe Sustainable Development Report 2021: Transforming the European Union to achieve the Sustainable Development Goals. SDSN, SDSN Europe and IEEP, France: Paris. https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/Europe+Sustainable+Development+Report+2021.pdf
[6] https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=607
[7] El borrador de actualización del PNIEC 2023-2030, debía presentarse a la Comisión Europea antes del 30 de junio de 2023, como establece el artículo 14 del Reglamento de Gobernanza Europeo, incluyendo unos objetivos coherentes con la reducción de emisiones adoptada a nivel europeo. Y, en cumplimiento del artículo 10 del Reglamento de Gobernanza Europeo, que dispone que cada Estado miembro deberá garantizar la participación del público en la preparación del PNIEC, se ha puesto a información pública hasta el 4 de septiembre de 2023, de cara a la elaboración del documento definitivo que, de conformidad con el Reglamento de Gobernanza, ha de ser remitido a la Comisión en junio de 2024.
[8] Una de las personas referentes de lo que puede ser la posición del partido popular – Ana Palacio- viene claramente reflejada en sus manifestaciones del 17 de junio de este año, señalando que por parte de la UE se manifiesta una posición excesivamente rígida frente al calentamiento global, cara a la próxima COP 28 sobre Cambio Climático de este año 2023, destacando que “Aunque a menudo damos esa sensación, no se trata de una verdad revelada. Tampoco compartida”, trasformando una realidad científica, como es el calentamiento global, en una supuesta “verdad revelada no compartida por todos”, coincidiendo en ese sentido con los posicionamientos de VOX.
[9] Directiva RED III que pretende aumentar la capacidad instalada total de energías renovables en la UE, desde el 32% del mix vigente, hasta el 42,5% de aquí a 2030, con una recomendación indicativa de llegar al 45% para ese año e incremento de objetivos sectoriales en transporte, industria, edificios y calefacción y refrigeración urbanas, además de exigir que los Estados aumenten las zonas para la instalación de energías renovables (consideradas de interés público superior) en las que los proyectos de estas energías estarán sujetos a un procedimiento de concesión de permisos simplificado y rápido. https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/03/30/council-and-parliament-reach-provisional-deal-on-renewable-energy-directive/
[10] Dirigidas a reducir emisiones de GEI en los principales sectores de la economía, garantizando al mismo tiempo que los ciudadanos y las microempresas más vulnerables, así como los sectores expuestos a “dumping” en carbono por empresas extranjeras, reciban un apoyo efectivo en la transición climática. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/04/25/fit-for-55-council-adopts-key-pieces-of-legislation-delivering-on-2030-climate-targets/
