Pocos temas tienen tanta trascendencia para España y su transición hacia una sociedad ambientalmente sostenible como la problemática energética. Y ello, no sólo por la dependencia energética de este país (del orden de un 50% superior a la media europea que, a su vez, es superior al 50% de su consumo) lo que en un mundo convulso como el actual implica tanto potenciales riesgos de desabastecimiento –con las gravísimas consecuencias que ello tendría sobre la economía y bienestar de este país-, como graves problemas socioeconómicos por la incapacidad de incidir significativamente sobre los precios de una oferta muy dependiente de factores geoestratégicos y de mercados oligopolísticos globales, difícilmente controlables desde este país o desde la propia UE.

Por ello, la reducción de la dependencia energética, sustituyendo progresivamente el uso del petróleo, gas, uranio y carbón; el aumento de la seguridad ciudadana, aplicando el principio de precaución con el cierre al final de su vida útil de las nucleares (por su desproporción entre sus aportaciones y los riesgos potenciales y los costes asociados al tratamiento de los residuos nucleares); y la reducción de los costes energéticos para los usuarios (junto a la lucha contra la pobreza energética) son, por este orden, los Objetivos que consideraríamos prioritarios en una Transición Energética en España. Y consideramos la mitigación de emisiones como un Objetivo secundario, sólo condicionado por el estricto cumplimiento de los compromisos europeos. Aspecto en el que diferíamos del Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía (CAPTE), coordinado por la actual ministra para la Transición Ecológica, que centraba las “Bases para una estrategia de transición energética hacia una economía descarbonizada, 2030-2050” en el Objetivo primordial de contribuir a la reducción de emisiones y al freno del calentamiento global. Discrepancia con el CAPTE basada en que este Objetivo, e incluso el similar, muy valorable, de la UE de reducir sus emisiones del orden del 90% para el 2050, tiene efectos marginales en el calentamiento global (reducción total de menos del 9% de las emisiones mundiales actuales) que depende, fundamentalmente, de las emisiones de China, EEUU, India y Rusia.

En este marco, las dos semanas pasadas se cerraron las negociaciones a tres bandas entre la Presidencia búlgara, los ponentes del Parlamento Europeo y la Comisión Europea sobre la política climática y energética de la UE que brevemente podemos concluir en los siguientes aspectos.

El pasado 14 de junio se cerraba un Acuerdo entre el Parlamento y el Consejo Europeo sobre la reforma de la Directiva de Energías Renovables, que entrará en vigor en 2021, donde:

  • Se sitúa el objetivo de renovables en el 32% para el 2030 en el conjunto de la UE, que se revisará -exclusivamente al alza- en 2023. Objetivo que sigue teniendo el problema de que no es vinculante para cada Estado Miembro, y no existen condiciones penalizadoras para los que no lo cumplan.
  • Se establece el loable derecho de que comunidades, cooperativas e individuos puedan producir, consumir, almacenar y vender su propia energía renovable, sin tener por ello que afrontar cargos excesivos ni barreras administrativas. Así, no se podrán aplicar cargos al autoconsumo, como el famoso ‘impuesto al sol’ en España, aunque esta prohibición sólo se extenderá hasta diciembre de 2026. A partir de entonces, la Directiva establece que los Estados miembros podrán gravar: el autoconsumo de instalaciones con potencia instalada superior a los 25 kW; a autoconsumidores que reciban ayudas cuando el impuesto no sea superior al apoyo recibido; o si un estudio concluye que la inexistencia de un impuesto amenaza la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema eléctrico, porque las instalaciones de autoconsumo representan más del 8% de la potencia total instalada de un país.
  • Se definen criterios para el uso de biomasa leñosa con fines energéticos, aunque los objetivos y requisitos son bastante laxos y no garantizan que la biomasa que se produzca implique menos emisiones netas que si se hubiera producido esta energía con combustibles fósiles. A su vez, se establece una eliminación gradual del uso de aceite de palma como biocombustible para 2030;
  • Se garantiza un mínimo del 15% de interconexiones entre países y se crea un fondo para ayudar a las regiones carboníferas a sumarse al «impulso de las renovables».

El 19 de junio se llegó a acuerdos sobre las otras dos patas: la nueva Directiva de Eficiencia Energética y el Reglamento de Gobernanza Los principales puntos acordados fueron los siguientes:

  • Un objetivo europeo conjunto del 32,5% de eficiencia energética para 2030, que, como en el caso de las renovables tampoco es legalmente vinculante para cada Estado miembro, contrariamente a lo propuesto por la Comisión Europea y apoyado por el Parlamento Europeo, que defendía un ahorro del 35%. No obstante, se establece un ahorro anual del 0.8%, que sí es vinculante, aunque muy insuficiente. El objetivo puede ser revisado en 2023.
  • En cuanto al nuevo Reglamento de Gobernanza, orientado a garantizar la coherencia, la cooperación y la estabilidad de las políticas a largo plazo en el sector climático y energético entre los Estados miembro, se ha quedado en un objetivo de 0 emisiones para Europa “lo antes posible”, debido al Consejo y la Comisión, sin concretar una fecha determinada tal y como se promovía desde el Parlamento Europeo. No obstante, la Comisión deberá presentar una propuesta antes del 1 de abril del 2019, que sirva para diseñar una estrategia más acorde con el Acuerdo de París.
  • En el Reglamento de Gobernanza se establecen los plazos en que los países tienen que presentar sus Planes de Clima y Energía a la CE, debiendo ser entregados los proyectos antes de diciembre de 2018, que recibirán comentarios de la CE antes de junio de 2019, y el Plan final debe ser presentado antes de finales de diciembre de 2019.
  • Se obvia cualquier acción conjunta y vinculante desde la UE para poner fin a la pobreza energética, dejando las políticas necesarias en manos de cada Estado miembro.
  • Quedarían por culminar las negociaciones sobre el mercado de la electricidad.

A principios de abril nos referíamos al antes citado Informe del CAPTE y al de la Comisión de expertos sobre Escenarios de transición energética “Análisis y propuestas para la descarbonización”, entre otros, llegando a las conclusiones de que, en España, para conseguir una mayor independencia energética y disminuir los costes energéticos medios en España, eran necesarias, por orden de prioridad:

a) Medidas activas que permitan cumplir el ahora nuevo objetivo acordado en la UE de alcanzar el 32% de cobertura de demanda final de energía con energías renovables para el 2030, lo que exige una intensiva electrificación de la demanda, y que el 80% de la electricidad en España se genere con renovables para el citado 2030. Es urgente poner en marcha un Plan de sustitución ordenada de la potencia térmica (térmicas y nucleares) por la nueva potencia renovable y la nueva potencia de respaldo exigible, proceso que previsiblemente implicará disminuciones en el precio energético final si continúa la tendencia a la disminución de los costes de las renovables.

b) Ello exige que en el sector eléctrico se produzca un cambio consensuado y estable a largo plazo, estableciendo una regulación que atraiga la inversión hacia las renovables, y hacia las cada vez más baratas baterías de almacenaje (con capacidad de almacenamiento de energía masivo y fiable); y que facilite las inversiones necesarias en centrales de respaldo de las renovables. El mecanismo de subastas periódicas fijando potencia, composición y características de las nuevas inversiones se ha demostrado como un sistema eficiente. En paralelo es prioritaria la retirada paulatina del uso del carbón en el sistema eléctrico, cumpliendo plazos y condiciones establecidas por la UE.

c) La puesta en marcha de una reforma fiscal con objetivos medioambientales que internalice todos los costes ambientales de la energía, particularmente de los derivados del petróleo, que representa más del 40% de la energía primaria en el país; y del gas, utilizado fundamentalmente por el sector industrial y por las necesarias centrales de respaldo de ciclo combinado.

d) La expansión de la energía distribuida y de las redes inteligentes que potencien la producción/consumo en red por cooperativas, administraciones locales o agrupaciones de consumidores, corrigiendo urgentemente la regulación actual del partido popular que no facilita el autoconsumo, ni en los hogares ni en la industria. Se trata de ir desplazando un sistema energético centralizado, basado en la oferta, hacia un modelo descentralizado basado en la gestión de la demanda, con productores autoconsumidores en base a renovables, microrredes energéticas compartidas, almacenamiento local, contadores de balance neto, que se apoyen a su vez en edificios y entornos urbanos optimizados bioclimáticamente, movilidad sostenible, uso del transporte público electrificado y una participación directa de los agentes implicados en la optimización del modelo por su propio beneficio.

e) Aumentar las medidas y actuaciones para incentivar el ahorro energético en el sector residencial y en la reconversión energética del parque de viviendas, con una mayor participación de las energías renovables térmicas y de las bombas de calor como tecnologías para la mejora de la eficiencia energética de los edificios.

f) Trasformar el modelo de movilidad y el sector transporte, potenciando el transporte público electrificado y eficiente, adecuando la cuota de biocombustibles y logrando una mayor electrificación global del transporte, aspectos cuya viabilidad es muy dependiente del precio externo del petróleo y de la evolución real de la producción de energía eléctrica, sobre todo si la explosión prevista en la incidencia de la demanda de los vehículos eléctricos y de la energía distribuida se producen.

g) Eliminar los desequilibrios retributivos en la producción eléctrica, corrigiendo las ventajas para los hidroeléctricos y nucleares y las desventajas para las renovables, teniendo en cuenta que las centrales de ciclo combinado venden su electricidad a precios cercanos a sus costes variables, lo que cuestiona su viabilidad financiera al no poder cubrir el coste de amortización de las inversiones realizadas. A su vez, facilitar que la generación eléctrica se lleve a cabo, en cada momento, a través de las tecnologías de menor coste, utilizando el mercado spot vigente en España, que exige cambios menores.

h) Se precisa mejorar la eficiencia energética primaria con la incentivación de ahorros en el consumo energético, El Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) constituido por la Ley 18/2014 debe adecuarse en su funcionamiento para garantizar un funcionamiento efectivo, y reforzarse para potenciar, entre 2020 y 2030, la mejora de la eficiencia energética en ámbitos con pobreza o vulnerabilidad energética, en industria, comercio y servicios. así como la aplicación de estándares mínimos exigibles en la contratación pública y en el incremento progresivo de los estándares exigidos en la normativa técnica relativa a rendimientos de todo tipo de instrumentos y al etiquetado.

i) Combatir mediante políticas públicas eficientes la pobreza/vulnerabilidad energética y potenciar la I+D+i en el campo energético son aspectos complementarios fundamentales.

Las Conclusiones son claras, salvo para los “decrecentistas”, exigiendo una expansión en el papel de las renovables —fundamentalmente, aunque no sólo, eólica y fotovoltaica— por la disminución de sus costes; y de que hay que conseguir una sustancial mejora de la eficiencia del conjunto del sistema energético. Pero no se pueden olvidar los problemas asociados a la amortización de las inversiones y patrimonios instalados de incidencia negativa energética y ambiental a sustituir/regenerar (productoras energéticas, industrias, edificios, parque de automóviles,…) que requiere simultáneas intervenciones multidimensionales complejas, muy difíciles de gestionar sin tensionar precios (se estima que generarán un incremento de costes medios que incrementarán el precio de la electricidad hasta 2025, en euros constantes del 2,5% de incremento medio anual) ni reacciones sociales en un marco en el que cualquier oportunidad va a ser aprovechada por los sectores afectados (la mayoría controlados por multinacionales), el PP o Ciudadanos para indisponer a la opinión pública con el Gobierno.

Los cambios de Gobierno y la asunción por Teresa Ribera del nuevo ministerio de Transición Ecológica ha implicado un cambio radical en las posiciones sobre políticas energéticas, ya manifestado en la UE, con su compromiso de eliminar el denominado “impuesto al sol”, el cierre progresivo de las centrales nucleares españolas, y el elevar el peso de las energías renovables hasta el 34 % en el año 2030, aunque algunos expertos del sector consideran este objetivo como “totalmente inviable”, ya que uno de los principales problemas es que estas medidas requieren inversiones públicas elevadas y políticas públicas de alto coste en términos de pérdida potencial de votos y conflictos sociales, que eran difícilmente previsibles en el Gobierno del PP, y que no van a ser fáciles de aplicar por el Gobierno socialista por su fácil manipulación demagógica y potencial repercusión política.

Los objetivos conjuntos de reducir emisiones, mejorar la competitividad de las empresas sin aumentar sus costes energéticos, y mejorar la situación socioeconómica de las familias sin reducir su renta disponible a medio plazo, son incompatibles entre sí, aquí y ahora, para un país con un déficit público que no puede aumentar si se siguen las pautas impuestas por la UE, y con un endeudamiento público cercano al 100% del PIB. La priorización y equilibrio inteligente entre medidas en el proceso es fundamental. Es posible para el actual equipo ministerial y deseémosles suerte y éxito en su gestión.