Al margen del gravísimo problema de salud pública que ha causado más de dos millones de muertes en el mundo, la COVID-19 ha puesto también al descubierto los considerables destrozos causados en la economía y en la problemática social, así como la imperiosa necesidad de recuperar el protagonismo que, históricamente, ha tenido la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Además, ha confirmado la gran relevancia que tienen los servicios públicos en general, la cohesión social de la ciudadanía y, desde luego, la importancia de las políticas redistributivas en el discurso socialdemócrata.

Como se sabe, en la lucha contra las desigualdades ocupan un lugar prioritario las políticas fiscales, la protección social, los servicios públicos y el papel central que desempeña el mercado de trabajo. En relación con este último punto destacan los efectos negativos causados por el desempleo, la insoportable precariedad, la duración de la jornada (parcialidad) y, finalmente, el desplome de los salarios, sobre todo de los trabajadores menos cualificados: actualmente algunos perciben salarios que les sitúan por debajo del umbral de la pobreza.

Precisamente, el Informe España 2020 de la Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro, publicado recientemente, desarrolla entre otros capítulos el relativo al “Mercado de Trabajo y Desigualdad” (Luis Ayala Cañón de la UNED y Olga Cantó Sánchez de la Universidad de Alcalá). Sus conclusiones -no por sabidas son menos interesantes- contemplan el diagnóstico de la situación y demuestran la importancia de las políticas que nos proponen para erradicar la desigualdad social.

La magnitud de la última crisis económica y social, que dio comienzo a finales del año 2007 (con la aplicación de fuertes políticas de austeridad) y actualmente los efectos de la Pandemia han deteriorado aún más el Estado de bienestar social y aumentado considerablemente las desigualdades en los países más avanzados (sociedad dual) y, en particular, en España. En este sentido, el desempleo (según la EPA, el 26,02% en el IV Trimestre de 2012 y el 16,26% en el III Trimestre de 2020) viene incidiendo de manera muy especial en el aumento de las desigualdades, afectando -en mayor medida que en los países de nuestro entorno- a los más jóvenes, a las mujeres y a los parados de larga duración, sobre todo cuando no tienen acceso a la prestación por desempleo. Debemos recordar, que en noviembre de 2020 sólo el 63,11% de los parados registrados (3.851.312) percibió algún tipo de prestación.

De la misma manera, la precariedad de nuestro mercado de trabajo ha tenido consecuencias muy adversas en la protección de los trabajadores y, de manera notable, en la brusca caída de los ingresos (contratos temporales, fijos discontinuos, contratos a tiempo parcial no deseados, falsos autónomos, “Riders”…), con el consiguiente aumento de la desigualdad entre los trabajadores que tienen o no tienen un puesto de trabajo fijo y estable, al margen de la subcontratación y de la intolerable economía sumergida que, según la mayoría de los analistas, alcanza el 20% en nuestro país y participa en el considerable desplome de los ingresos, además de poner en grave riesgo la sostenibilidad de la Seguridad Social y por lo tanto nuestras pensiones.

Otro asunto relevante y determinante es la duración de la jornada en el cómputo total de los ingresos. En los últimos años ha aumentado el trabajo a tiempo parcial no deseado, lo que ha significado en la práctica una drástica reducción de los salarios, afectando esta medida sobre todo a las mujeres (brecha salarial de género), a lo que debemos añadir el alargamiento de la jornada y las horas extraordinarias no pagadas por empresarios irresponsables al margen de la legalidad vigente.

Por último, la crisis golpeó a los salarios y los efectos de la COVID-19 los siguen golpeando de nuevo (según la OIT, la masa salarial en España cayó un  12,7% en los dos primeros trimestres del año 2020, sólo por debajo del 13,5% de Portugal en la UE), a pesar de los ERTES, del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y del pasado incremento del SMI. A ello hay que añadir las fuertes diferencias salariales, ampliadas por las políticas neoliberales (desregulación y economía financiera); los cambios tecnológicos (brecha digital); las carencias en educación y cualificación profesional; así como las reformas laborales y la desfavorable relación de fuerzas de los sindicatos en la negociación colectiva, sobre todo en las pequeñas empresas.  Según Alberto Pérez, The Adecco Group España, las empresas de 1 a 5 trabajadores alcanzan el 76% (988.102) y  emplean al 15% de los trabajadores (2.015.855). En estas empresas (3 de cada 4) no se pueden celebrar elecciones sindicales –según determina el Estatuto de los Trabajadores-, por lo que los trabajadores no tienen derecho a participar en la empresa a través de los órganos de representación colectiva, lo que dificulta aún más la organización y actuación de los propios sindicatos.

Sin duda, lo señalado anteriormente explica en buena medida el aumento de las desigualdades, incluso de la pobreza (los trabajadores con empleo calificados como pobres alcanzan el 13% en nuestro país) y de la exclusión social de colectivos particularmente vulnerables (sin techo, refugiados, inmigrantes, parados de larga duración…), que están sufriendo los rigores de la Pandemia y del duro invierno. Sin olvidar, como ha mostrado Piketty, que en casi todos los países se ha registrado también una mayor concentración de las rentas del capital. En todo caso, la contribución de este tipo de rentas a la desigualdad sigue siendo considerablemente inferior a la de las rentas del trabajo. Sin embargo, no debemos nunca olvidar que su peso está aumentando en los últimos años.

En coherencia con ello, es urgente que la UE y los gobiernos aborden prioritariamente y de manera decidida el problema de la desigualdad, tanto en términos morales y de justicia, como económicos y sociales (la desigualdad es corrosiva y pudre las sociedades por dentro). Por eso, a los empresarios y a  los poderes fácticos hay que decirles que ha llegado el momento de repartir (escudo social) y que, también, el reparto se  puede efectuar en un contexto de crisis. Todo depende de la voluntad política del gobierno de turno y no del crecimiento de la economía como defiende el pensamiento neoliberal. No debemos olvidar que, a pesar de que atravesamos momentos muy difíciles, algunos siguen  acumulando privilegios y beneficios mientras se agudiza el empobrecimiento de los más débiles (la desigualdad se ha manifestando siempre tanto en periodos de crisis como de bonanza).

En este sentido, hay que recuperar la política de pleno empleo, abordar urgentemente la precariedad en la contratación laboral, defender la capacidad de compra de los salarios (que el SMI alcance el 60% del salario medio -según establece la Carta Social Europea- y que los convenios sectoriales contemplen un salario mínimo garantizado). Además  de replantear la protección social de los desempleados y de las personas más débiles: aumentando para ello la cobertura de desempleo y garantizando las pensiones, la prestación por dependencia y el IMV. Sin descartar participar en el debate abierto en la UE sobre los complementos salariales para compensar las rentas de los trabajadores peor remunerados e, incluso, sobre la problemática implantación de la renta básica universal por el costo que ello pueda representar.

Financiar el aumento del gasto que esto significa y fortalecer los servicios públicos (sanidad y enseñanza) no será nada fácil, a pesar de la importante ayuda que recibirá España de la UE. Por eso, no tienen ningún sentido las políticas que preconizan las derechas de bajar impuestos, sobre todo en estos momentos especialmente difíciles, ni tampoco las que deliberadamente debilitan los servicios públicos y apuestan por su privatización, como viene ocurriendo de manera sistemática en la Comunidad de Madrid. Esto indica que el combate ideológico resultará inevitable si la socialdemocracia defiende los postulados de siempre y, particularmente, a la gran mayoría de los ciudadanos a los que pretende representar. Muchos de ellos sin ilusión, sin futuro, con la sensación de ser abandonados por la clase política y en grave riesgo de nutrir las filas del populismo y de la derecha más extrema.

Por eso, en relación con la política fiscal, España debe aspirar a converger, cuando menos, con la media de los ingresos fiscales de la UE-15 y, en todo caso, garantizar que paguen más los que más tienen (rendimientos del trabajo y capital), comenzando por luchar de manera muy decidida contra el fraude y la evasión fiscal. Esta será la mejor política para generar ilusión en los más jóvenes, luchar contra las desigualdades, mantener la cohesión social y avanzar en los procesos de modernización que nos exige un mundo globalizado: crecimiento sostenible, servicios públicos eficientes, digitalización, lucha contra el cambio climático y apuesta por la igualdad de género.

Por lo tanto, ha llegado el momento de aplicar con convicción y entusiasmo estas políticas, comprometiendo en esta tarea también a los sindicatos (socialdemocracia con sindicatos). Que nadie se equivoque: con estas ideas se pueden ganar unas elecciones generales, sin necesidad de recurrir a políticas de centro -siempre acomodaticias-, que nunca generan entusiasmo en el electorado ni movilizan a la izquierda sociológica y a los jóvenes. Para ello resulta imprescindible un partido que ejerza un verdadero liderazgo -sin titubeos y actitudes vergonzantes- y explique y aplique el contenido de su programa a todos los niveles. Además de fomentar la participación y el debate interno, desde la honradez, la coherencia y la ética política: los ciudadanos no toleran que se pueda prometer hoy una cosa y mañana incumplir sin rubor el compromiso asumido (sin explicaciones convincentes) por presiones o exigencias de una táctica electoral basada simplemente en el marketing político.

En todo caso, son las ideas más apropiadas para responder a la crisis y a la fuerte ofensiva neoliberal que se está produciendo en el mundo y, por supuesto, las más eficaces para defender los intereses de los más desfavorecidos. Precisamente, a los que se debe dirigir una política de progresista que, evidentemente, debe ser muy diferente de las rancias e interesadas recetas, ya fracasadas, que nos viene ofreciendo la derecha neoliberal y ultramontana. Un reto mayúsculo para Pedro Sánchez y su Gobierno en una sociedad compleja y cambiante que debe aspirar en esta legislatura a corregir el déficit social que, sobre todo, se ha venido generando desde 2008 y, en coherencia con ello, responder a dos preguntas básicas de los sindicatos ante la fuerte oposición de los empresarios y de los poderes fácticos: ¿Por qué es fácil negociar el reparto del costo de las crisis y muy difícil negociar la superación de las desigualdades sociales? ¿Cuándo llegará el momento de distribuir y repartir mejor la riqueza?

 

Fotografía: Carmen Barrios