En el año 2016, el Banco Mundial se fijó el objetivo “End poverty 2030”, donde decía que para poner fin a la pobreza extrema en 2030 era fundamental abordar el problema de la desigualdad. Más en concreto, era necesario incluir medidas orientadas a reducir el elevado nivel de desigualdad. Su presidente afirmaba que “el mensaje es claro: para poner fin a la pobreza, debemos lograr que el crecimiento beneficie a los más pobres, y una de las medidas más eficaces en ese sentido es reducir el elevado nivel de desigualdad, en particular en los países donde residen muchas personas pobres”.

Para lograr este objetivo, el Banco Mundial identificó seis estrategias de alto impacto, es decir, políticas que han logrado incrementar los ingresos de los pobres, aumentar su acceso a servicios esenciales y mejorar sus perspectivas de desarrollo a largo plazo, sin menoscabar el crecimiento.

Estas seis estrategias eran: 1.- Desarrollo y nutrición en la primera infancia, para evitar que las deficiencias nutricionales y la falta de desarrollo cognitivo durante este período puede ocasionar retrasos en el aprendizaje y menor rendimiento escolar en etapas posteriores de su vida. 2.- Cobertura universal de salud. 3.- Acceso universal a educación de calidad. 4.- Transferencias monetarias a familias pobres, con un ingreso básico que reduce considerablemente la pobreza y crea oportunidades tanto para los padres como para los niños.  5.- Infraestructura rural, en particular caminos y electrificación, que reducen los costos del transporte, conectan a los agricultores rurales con los mercados donde venden sus productos, permiten que los trabajadores se trasladen con más libertad y promueven el acceso a las escuelas y los centros sanitarios. 6.- Tributación progresiva y equitativa, para poder financiar las políticas gubernamentales, transferir recursos a los habitantes más pobres y reducir la desigualdad, al mismo tiempo que se mantienen bajos los costes de eficiencia.

La pandemia que estamos sufriendo hace que parezca muy lejano este objetivo. Pero ahora, más que nunca, es necesario poner más recursos y esfuerzos en eliminar la pobreza, porque según los cálculos del Banco Mundial, en su informe “La pobreza y la prosperidad compartida”, en 2020 han caído en la pobreza extrema entre 88 millones y 115 millones más de personas.

Esto significa, que el total de quienes viven con menos de USD 1,90 al día aumentará a entre 703 millones y 729 millones. Lo que implicará volver a niveles de 2017. Pero, además, con el aumento adicional de entre 23 millones y 35 millones de personas en 2021, la cantidad total de nuevos pobres podría ser de entre 110 millones y 150 millones.

Esto es una catástrofe que hay que combatir y vencer. Una pobreza, que está más cerca de nosotros de lo que nos creemos.

En España hay 16.303.613 personas que no se pueden ir de vacaciones al menos una semana al año, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE). El 34,4 por ciento de la población.

En España, el 5,4 por ciento de la población no se puede permitir una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. Más de dos millones y medio de personas.

En España, el 10,9 por ciento de la población no puede permitirse mantener la vivienda con la temperatura adecuada. Una pobreza energética que afecta tanto en invierno con el frío, como en verano con el calor. Son 5.165.970 personas.

En España, un 35,4 por ciento de la población no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Hablamos de 16.777.555 ciudadanos.

En España, un 12,2 por ciento de la población, es decir, 5. 782.095 personas, han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal en los últimos 12 meses. Ya sea en la hipoteca o el alquiler, o recibos de gas y comunidad entre otros.

En España, un 4,9 por ciento de la población no puede permitirse disponer de un automóvil. Es decir, 2.322.317 personas.

Y en España, un 6,5 por ciento de la población, es decir, 3.080.624 personas no pueden permitirse disponer de un ordenador personal.

Las desigualdades cotidianas que sufren millones de personas en España, entendidas como necesidades no cubiertas que llevan a padecer determinadas carencias vitales, constituyen una violación de los derechos humanos, que causa un gran sufrimiento y dolor.

Pero, sobre todo, impiden a estos ciudadanos lograr un desarrollo humano y vital pleno, que puede dejar huella en ellos el resto de su vida. A la vez, que merman las posibilidades de crecimiento económico de la sociedad, ya que las sociedades más igualitarias son más eficientes económicamente.

Esta inaceptable realidad, es una construcción humana, que supone una regresión en el desarrollo del concepto de ciudadanía, y un freno a la hora de ampliar los espacios de libertad, bienestar y seguridad.

Pero la creciente desigualdad no es inevitable. Estas desigualdades pueden y deben superarse mediante la presión ciudadana, pero sobre todo con políticas públicas encaminadas a la igualdad.