El optimismo de los datos macroeconómicos, con cuatro años de crecimiento y los últimos por encima del tres por ciento, no ha regresado a la mayoría de los cuartos de estar de las familias españolas. El 10 por ciento de los trabajadores no llega a fin de mes. Hay 3.914.300 parados, de los cuales 1.593.000 llevan buscando un empleo más de dos años. La tasa de cobertura de desempleo ha pasado del 78,4 por ciento en 2010 a cerca del 54 por ciento en 2017.

Pero hay más: seis millones de personas pueden caer en la pobreza ante cualquier contratiempo. La reforma laboral del PP ha creado 8 millones de trabajadores pobres. Las personas que comienzan a trabajar lo hacen con un 25 por ciento menos de salario que la que ya están trabajando. Hay 2.893.000 menores en situación de pobreza y riego de exclusión social. Estos motivos, entre otros, hacen que un 53,3 por ciento de los ciudadanos considere que la situación económica general de España es mala o muy mala.

Algo parecido ocurre con la situación política. Después de una mayoría absoluta del PP, con los recortes de derechos y de los servicios públicos como bandera, se ha entrado en un nuevo tiempo caracterizado por un gobierno del PP en minoría, y por una mayoría parlamentaria alternativa en el Congreso, que no fue capaz de cambiar el gobierno de signo político, por el rechazo de Podemos a un Presidente del Gobierno del PSOE.

En estas estábamos, con un el 71,1 por ciento de los españoles considerando la situación política en general en España como mala o muy mala, cuando ha comenzado el golpe de Estado en el Parlamento Catalán contra la legalidad democrática y el Estado de Derecho.

En estos momentos cruciales para España hay que constatar que la democracia española solo se puede defender parando en seco este golpe de Estado, con los instrumentos legales con que nos hemos dotado. Sin dramatismo, con tranquilidad frente a las provocaciones callejeras que las habrá, pero con la contundencia que otorga el Estado de Derecho.

Y ello, aunque algunos destacados tertulianos se pongan la venda y hablen de filibusterismo de los secesionistas. Cuando lo que ha ocurrido es el secuestro del derecho constitucional de participación de unos diputados, tan representantes de los ciudadanos catalanes como los que están dando el golpe a la legalidad y a la democracia.

Frente a la tibieza de algunos, que tendrán que explicar a la sociedad española, tanto en Barcelona como en Madrid, es necesario destacar el apoyo que el PSOE y Ciudadanos han dado al Presidente del Gobierno. No son momentos de partidismos chicos, sino de política de Estado.

Por eso, hay que resaltar las palabras del Secretario de Organización del PSOE cuando ha dicho: “No hay democracia sin respeto al Estado de Derecho”; “Se han tratado de imponer determinadas posiciones políticas por la fuerza y eso hace que pierdan toda razón”; “fuera de la ley solo queda arbitrariedad y hoy lo hemos visto con claridad”. En definitiva, el PSOE, reafirmando que el Estado tiene que garantizar la legalidad, ha dado su apoyo al Gobierno de España: “Apoyamos las iniciativas planteadas por el Gobierno” y “el Gobierno cuanta con el PSOE en defensa Estado de Derecho”.

Una imagen determinante de unidad, que es importante para la sociedad española. Y que se visualiza cuando el Presidente del Gobierno ha comenzado a actuar. En primer lugar, firmando un escrito donde ordena a la Abogacía del Estado que interponga un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional contra la admisión a trámite de la Ley del referéndum en el Parlament de Cataluña.

Con ello, se pretende declarar nulos y sin efecto los acuerdos adoptados, evitar que se vote la propuesta, y que se estudie la responsabilidad penal de la presidenta de la Cámara, de los miembros de la Mesa que han votado a favor, y de cualesquiera otras personas que hayan participado activamente en la decisión.

En segundo lugar, se recurrirá la Ley del referéndum, aprobada por la mayoría secesionista que forman Junts pel Sí y la Cup, ante el Tribunal Constitucional. Después, vendrán todas aquellas acciones que sean necesarias. Y entre ellas, es preciso que el Gobierno elija las más adecuadas, teniendo presente que no tiene que renunciar a ninguna de antemano.

La sociedad española, con todas sus instituciones, tiene la obligación de defender la democracia y las libertades que recoge nuestra Constitución. El Gobierno, con el apoyo mayoritario de los españoles, tiene el deber de hacer cumplir la ley en España.

Ante el golpe a la democracia perpetrado en el Parlament de Cataluña, hay que recordar a Willy Brant cuando dijo que “necesitamos, en el sentido de la propia responsabilidad y de la responsabilidad común, más democracia, no menos”.