El diseño de las políticas de formación profesional para el empleo es un elemento esencial de las políticas del mercado de trabajo. Son imprescindibles para mejorar la competitividad empresarial y un elemento esencial para hacer frente a los retos con que las empresas se encuentran todos los días.

Por eso resulta inexplicable el excedente de fondos no ejecutados que se han ido acumulando en los últimos cinco años (más de 4.000 millones de euros) que a partir de la aprobación de la Ley 30/2015, reguladora del sistema de formación profesional para el empleo. Una Ley que se hizo con buenos propósitos, pero sin recursos ni mecanismos ágiles para su desarrollo, y que está produciendo un tapón para la mejora de todo el sistema. Además, la formación a demanda, que se realiza desde la propia empresa, ha ido descendiendo tanto en las grandes empresas como en las pequeñas que son las que más la necesitan.

Este relativo retroceso rompe una dinámica creciente que en nuestro país se impulsó desde el primer Acuerdo Nacional sobre Formación Continua desde finales de 1992, con el que se rompió un largo pasado de cierto desinterés por la formación como materia esencial de la negociación colectiva. La prueba del cambio es que fueron cuatro los acuerdos nacionales alcanzados, y entre todos ellos perfilaron las bases de un sistema capaz de integrar los tres subsistemas (ocupacional, reglada y continúa) dentro de una negociación colectiva tanto interconfederal como federal.

Con aportaciones de fondos procedentes de las cotizaciones de formación profesional se fueron creando comisiones paritarias sectoriales de formación (casi ochenta llegó a haber en 2007) e innumerables cláusulas de formación que se suscribieron en centenares de convenios colectivos, así como en miles de empresas a través de sus acuerdos propios. La experiencia de este proceso fue positiva, y de sus errores, que los tuvo, podemos entresacar numerosas enseñanzas que sin duda servirán para la elaboración de la futura Ley de Formación Profesional en el Trabajo que el Gobierno está elaborando.

Garantizar la eficiencia del sistema debe ser la clave del futuro modelo, y para ello es fundamental la participación de todos los implicados, agentes sociales especialmente, que aseguren un modelo representativo que tenga continuidad en el futuro a través de sus participantes y permita la confluencia de objetivos de sindicatos, empresarios y Administración. Los cambios de normativa o la inflación de órdenes administrativas de todo tipo, son letales para un sistema que precisa de estabilidad.

El carácter público de la cotización de formación profesional, que es obligatoria para todas las empresas y trabajadores, debe mantenerse en la futura ley, con los requisitos de concurrencia competitiva y transparencia en el uso de los recursos adscritos a este fin.

Po otro lado, el tejido empresarial de nuestro país, con 2’9 millones de sociedades con menos de 50 trabajadores y más de seis millones de empleados, obliga a que el sistema garantice, con una oferta formativa eficiente y de calidad, su acceso a toda la población ocupada.

En cualquiera de los casos, la nueva Ley deberá garantizar el derecho individual a la formación de todos los trabajadores, con independencia de la voluntad de sus empresas. Teniendo en cuenta que la formación de oferta es la que mejor resultado tiene en cuanto al impacto de la cualificación de los trabajadores de la pequeñas y medianas empresas, al permitir el acceso de quien lo desee, la propia oferta debería conllevar garantías de poder hacerla ante posibles incomprensiones o trabas de la empresa para realizarse.

Al margen de estas consideraciones, el proyecto planteado por el Gobierno subsana en gran parte los problemas que en la práctica suscitó la mencionada Ley 30/2015, y con debida participación de los implicados y el imprescindible consenso político y social, no sería ilusorio conseguir un modelo formativo que haga de soporte para la mejor cualificación de los trabajadores y sea la punta de lanza para una mayor competitividad y un mejor desarrollo de nuestras empresas.

No podemos dejar pasar esta oportunidad.