El futuro del actual gobierno de Pedro Sánchez- ante el sistemático bloqueo institucional de las derechas y la deriva independentista- va a depender,  en gran medida, de los PGE-2020 y de la política fiscal que pueda desarrollar y aplicar en los próximos meses. En resumen, los ingresos fiscales van a ser determinantes para que el gobierno culmine la legislatura, cumpla con sus compromisos electorales y, finalmente, desarrolle el Programa de Gobierno firmado por el PSOE y Unidas Podemos (UP).

No debemos olvidar que la política fiscal (mejorar los ingresos del Estado) no sólo va a condicionar el cumplimiento de nuestros compromisos de estabilidad con la Unión Europea (UE). También resultará imprescindible para responder eficazmente a los problemas que más preocupan a los ciudadanos: desempleo de los jóvenes (políticas activas de empleo), precariedad de nuestro mercado de trabajo (salarios, retribuciones de los empleados públicos, renta mínima de inserción…), protección social (pensiones, cobertura de desempleo, dependencia de nuestros mayores y copago sanitario), servicios públicos (sanidad y educación), cambio climático, igualdad de género, migraciones…

Por eso, no tiene ningún sentido el planteamiento demagógico de bajar los impuestos como no sea para beneficiar a las rentas más altas y del capital, sobre todo cuando los ciudadanos reclaman aumentar el gasto social para superar la desigualdad, la pobreza y la exclusión social producida por una nefasta política de ajuste en la pasada crisis económica. La oposición frontal a la política fiscal del gobierno de la Nación, desde las derechas en la Comunidad Autónoma de Madrid- además de faltar al respeto institucional-, es un ejemplo muy significativo de lo único que es capaz de prometer, en términos ideológicos, el populismo ultramontano de las derechas: bajar los impuestos.

Dos grandes capítulos marcarán en los próximos meses la bondad de nuestra política fiscal. El primero se refiere- sin necesidad de modificar la legislación vigente- a la lucha contra el fraude fiscal, la corrupción, la elusión y la evasión fiscal (paraísos fiscales), así como la economía sumergida. El segundo debe emprender una reforma fiscal encaminada a legislar con el propósito de mejorar nuestros ingresos y hacerlo de la manera más justa, suficiente, eficiente y progresiva posible. Al margen de la decisión puntual del gobierno de aplicar nuevas figuras impositivas,  las llamadas Tasa Tobin y Tasa Google, si fuera posible en el marco de las resoluciones que debería aprobar la UE en un proceso encaminado hacia la consecución de la armonización fiscal.

En relación con el primer apartado debemos de recordar la realidad de nuestros ingresos en relación con la UE. Según los sindicatos (CCOO y UGT), los ingresos fiscales de España representan el 35,2% del PIB: 6,3 puntos por debajo de la media de la euro zona (41,5%) o, lo que es lo mismo, 75.400 millones menos de ingresos. Por otra parte, y según CCOO, la elusión fiscal de las grandes empresas significa la pérdida de entre 5.000 y 7.000 millones de euros (año 2017). En cuanto a la economía sumergida, Carlos Cruzado, presidente del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), denuncia (Alternativas Económicas número 77) que España soporta una elevadísima economía sumergida que, con cautela y según diversos estudios, oscila entre el 15% y el 25% del PIB (CCOO la establece en el 16,6% del PIB, cerca de 200.000 millones de euros). Por otra parte, según GESTHA, el diferencial negativo de la economía sumergida en España sobre la media europea representa también un porcentaje muy alto (reducirla de 10 puntos nos situaría en la media europea y recaudaría 38.500 millones de euros), lo que resulta intolerable desde la razón, el sentido común  y la justicia distributiva.

Como conclusión, la lucha contra el fraude y la economía sumergida es una imperiosa necesidad. Además resulta sumamente rentable en términos económicos y sociales como reitera con insistencia Carlos Cruzado. En el año 2018 Hacienda ingresó 15.089 millones de euros (15.700 millones en el año pasado) en la lucha contra el fraude fiscal e incurrió en unos gastos de funcionamiento de 1.419 millones. Por lo tanto, recaudó 10,6 euros por cada 1 euro invertido en combatir esta terrible lacra.

Sin embargo, y a pesar de estas cifras, España invierte la mitad de los recursos que dedican los países de la UE y de la OCDE (contabilizados en términos medios) para perseguir delitos fiscales. En este sentido, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) emplea a un trabajador para hacer el seguimiento de 2.836 ciudadanos, mientras la media europea establece que un empleado controla a menos de la mitad, con el agravante de que, hasta ahora, el trabajo de la Inspección Fiscal se ha venido dirigiendo más bien a perseguir a los pequeños contribuyentes cuando más del 70% de la bolsa de fraude corresponde a las grandes empresas, fortunas y rentas muy altas y, como se ha mencionado, la dotación de medios humanos de la AEAT es insuficiente. Hasta ahora nadie ha desmentido públicamente estas escandalosas cifras.

No debe extrañar que, según el CIS, más del 83% de los ciudadanos piensen que los impuestos no se pagan con justicia y, por lo tanto, que los contribuyentes y empresas con mayores ingresos, patrimonio y beneficios no pagan lo que les corresponde. Además, el 90% de los ciudadanos piensan que los niveles de fraude son bastantes o muy elevados y casi el 60% consideran que los gobiernos hacen muy poco por evitarlo.

¿Qué hacer para combatir este gravísimo problema? Carlos Cruzado es terminante y claro. De entrada hay que mejorar sustancialmente la conciencia fiscal de los ciudadanos y situar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida a la cabeza de nuestras prioridades políticas en la actual legislatura. En concreto, es necesario acabar con la utilización de los paraísos fiscales (de acuerdo con la UE), blindar la seguridad jurídica de los denunciantes de delitos fiscales, penalizar la contratación pública de las empresas que no cumplan con las exigencias de una fiscalidad responsable, insistir en la incompatibilidad entre el ejercicio de cualquier cargo público y el uso de instrumentos que posibiliten la elusión y el fraude fiscal y, finalmente, reforzar los medios técnicos y los recursos humanos de la AEAT para cubrir las necesidades de inspección, control y lucha contra el fraude encaminadas a confluir, de manera coordinada y a todas los niveles, con los porcentajes de fraude de la UE.

En relación con el segundo apartado dedicado a emprender una reforma fiscal en profundidad deberíamos de tener en cuenta la necesidad de potenciar los impuestos directos (rentas y patrimonio) sobre los indirectos (el IVA lo pagan todos los ciudadanos por igual al margen de su riqueza y patrimonio) puesto que, entre los años 2012 y 2018, el peso relativo de los impuestos directos se ha reducido del 56% al 52%. De la misma manera, UGT propone equiparar (que paguen lo mismo) las rentas del capital a las del trabajo; aumentar el IRPF a las rentas más altas (CCOO propone, en concreto, subir dos puntos a las rentas superiores a 60.000 euros); establecer un mínimo en el impuesto de sociedades; evitar el dumping social entre CCAA y la confrontación de éstas con el Estado (patrimonio, sucesiones y donaciones); revisar a fondo las bonificaciones, exenciones y deducciones fiscales; analizar la composición del IVA (Coca Cola y los refrescos edulcorantes cotizan a un IVA reducido, lo que resulta inexplicable, sobre todo desde el punto de vista de la salud pública); revisar en profundidad la tributación de las SICAV, SOCIME y ETVE; establecer una ambiciosa fiscalidad verde y medioambiental; impulsar un nuevo impuesto para las viviendas vacías en poder del sector financiero…

Razones poderosas para que el gobierno abra el diálogo con los partidos políticos y con todas las organizaciones representativas encaminado a emprender una reforma fiscal audaz, ambiciosa y coherente con el sentir mayoritario de los ciudadanos. No será nada fácil. Los poderes fácticos se van a oponer con todos los medios a su alcance, que no son pocos: sector financiero, medios de comunicación afines a las derechas, empresarios y grandes multinacionales. Los argumentos serán diversos, cuando no populistas y reaccionarios: desplome de las inversiones, cierre de empresas, boicot internacional a la tecnología y al conocimiento, penalización al ahorro, incremento de los aranceles… Por otra parte, no es previsible que la situación internacional mejore a corto plazo y, por lo tanto, nadie espera que colabore con el crecimiento de la economía y el aumento de los ingresos fiscales en los próximos meses.

Nada de lo dicho debe disuadir al gobierno y menos introducir el miedo en los ciudadanos. Debemos recordar que la política fiscal enumerada sólo pretende equiparar a España con la media europea en ingresos fiscales y, como consecuencia, con las políticas sociales (Estado de Bienestar Social) y medio ambientales. Por eso, los ciudadanos honrados que pagan sus impuestos y los trabajadores en concreto, junto a los sindicatos y las organizaciones progresistas, deben elevar su voz contra la ignominia que representa el fraude, la corrupción, la evasión y la injusticia fiscal.

En coherencia con ello, el gobierno debe apostar por impulsar con urgencia una reforma fiscal progresista en base a las ideas socialdemócratas con la única pretensión de redistribuir mejor la riqueza y contribuir a mejorar la financiación de las CCAA y de los servicios públicos (principalmente en educación y sanidad).  No debemos olvidar que la tarta (la riqueza) se puede repartir siempre, al margen de su tamaño. En todo caso, una decisión de este tipo depende exclusivamente de la voluntad política del gobierno de turno, no del crecimiento de la economía como defiende el pensamiento liberal conservador. Sobre todo en un contexto de desarme fiscal generalizado donde unos pocos siguen acumulando privilegios, beneficios y dividendos mientras se mantiene el empobrecimiento de la mayoría.