Las imágenes de la calle Génova, cortada al tráfico por la concentración de entre 3.000 y 4.000 personas pidiendo la dimisión de Pablo Casado y diciendo Ayuso presidenta, la petición de los barones del PP pidiendo la renuncia de Casado, y la intención de éste de resistir como sea, muestran la gravedad de la crisis interna que está viviendo el Partido Popular.

Una crisis, que no se va a resolver tan rápido como desearían en el PP, y necesita nuestra democracia, porque muestra a las claras prácticas muy afianzadas en el funcionamiento interno de ese partido durante décadas.

El diccionario de la lengua española define reputación, en su primera acepción, como “opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo”. La reputación es fundamental en todos los ámbitos de la vida, y también en la política. Por eso, en estos momentos, el PP tendría que estar muy preocupado por su futuro en la política española, después de las graves acusaciones vertidas entre Casado y Ayuso estos días, y de las consecuencias que está trayendo.

Poca gente pensaba que el clima de crispación y la polarización que el PP lleva sembrando desde hace años en la política española le iba a estallar internamente, con un harakiri televisado en directo, que demuestra que todo sigue igual en ese partido, a pesar de sus discursos de regeneración.

Dijeron que iban a cambiar cuando les pillaron con los casos de corrupción, las cajas B, los espionajes, la policía patriótica y demás desmanes. Pero parece que no.

Los hechos son muy graves. Primero, el PP de Casado, acusa a Ayuso de posible corrupción, y Ayudo acusa a Casado de espionaje. El PP implosiona, y abre expediente a Ayuso. Pero después, tras unas acusaciones tan serias por ambas partes, se reúnen en secreto, y donde se hablaba de corrupción ya se han dado las explicaciones oportunas; y donde había un expediente, ahora ya se puede cerrar.

El PP está roto, y no se va a solucionar su ruptura en poco tiempo. Tienen que tomar decisiones, si quieren que la sociedad española no les siga identificando con la crispación, la polarización y la corrupción. Pero, además, hagan lo que hagan, tienen que ser conscientes de que la gravedad de los hechos denunciados exige una investigación institucional, pero también judicial para responder a algunas preguntas: ¿Se ha espiado? ¿Quién ha espiado y quien lo ordenó? ¿Ha existido corrupción? ¿Si se cree que ha habido corrupción, porqué el PP no lo denunció a los tribunales?

No todo vale para intentar acabar con el adversario interno. Pero tampoco se puede permitir ocultar un posible caso de corrupción para sacar ventaja por parte de una dirección. Cuando esto pasa, o está pasando, hay que combatirlo. No caben medias tintas, silencios cómplices o camuflarse en el paisaje. La democracia no puede permitir este tipo de comportamientos, ni en los partidos ni en las instituciones.

Por eso, hay que actuar. A nivel institucional, ante las posibles irregularidades en un contrato público, debe constituirse una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para clarificar lo que ha sucedido. Y en el Ayuntamiento de Madrid, también. A nivel judicial, la fiscalía tiene que investigar tanto las posibles irregularidades en la contratación, como el presunto espionaje realizado.

A nivel político, deben depurarse todas las responsabilidades. Y hay que llegar hasta el final, porque no sirven cortafuegos, como la dimisión de Carromero, para evitar que se continúe investigando.

Esto acaba de empezar, y el escándalo será todavía mayor las próximas semanas. Entre otras cosas, porque hubo gente que parece que no planificó todo el camino hasta el final.

Entre tanto, dos cuestiones. La primera, es que la reputación es fundamental en la política actual. Hasta el punto de que según el informe Th1 Trends, El impacto de la reputación de los líderes políticos en la intención de voto, por cada punto que aumenta la reputación, la intención de voto puede llegar a incrementar hasta en 0,755 puntos. Imaginen a la inversa.

La segunda, es que el PP tiene la responsabilidad de resolver esto cuanto antes y de verdad, por su propio bien y por el bien del sistema democrático en España. Nuestra democracia no se puede permitir que aumente aún más el deterioro que se está produciendo en instituciones y en organizaciones políticas básicas para la democracia.

¿Lo conseguirán? Largo parece el camino