Nuevos procesos de transformación urbana en España.

En pleno mes de agosto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha publicado una primera convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos (de más de 20.000 habitantes), por importe de 1.000 millones de euros, dirigida a descarbonización municipios urbanos, mejorar la calidad del aire y mitigar el ruido, con el establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y con acciones para la transformación digital y sostenible del transporte urbano. Con ello se avanza en los objetivos y medidas establecidos en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, (Ley 7/2021, de 20 de mayo. LCCTE, en lo sucesivo)[1], utilizando una de las líneas de acción aprobada por la UE del PlanEspañaPuede[2].

Esta es una de las medidas, a las que nos referimos en este artículo, que pueden ayudar a cambiar la dinámica de estancamiento-regresión que, desde 2011, muchas ciudades españolas han sufrido, en gran parte como consecuencia de la crisis financiero-especulativa global iniciada en 2008, que hizo explotar la burbuja especulativa inmobiliaria, incidiendo de manera muy significativa sobre las personas residentes en áreas vulnerables y desfavorecidas de las ciudades[3].

Esta dinámica, a partir de marzo de 2020, se ha visto reforzada por los efectos derivados de las medidas adoptadas para salvaguardar la vida y salud de los ciudadanos ante la pandemia del Covid-19. A los que se unen los efectos sobre el funcionamiento de la propia ciudad de los cada vez más frecuentes fenómenos meteorológicos extremos derivados del calentamiento global, con graves consecuencias sobre la salud y el bienestar urbano, con incidencia significativa en muchas ciudades españolas en el momento que se termina este artículo.

Desde marzo de 2020, las principales ciudades han registrado, tanto el abandono de una pequeña parte de la población urbana (fundamentalmente profesionales que pueden teletrabajar, inmigrantes hacia la periferia de las mismas, y jubilados hacia sus lugares de origen en el medio rural, o hacia segundas residencias de montaña o costeras), como el aumento de la demanda de viviendas con características más adecuadas al confinamiento, o al propio teletrabajo (fundamentalmente viviendas unifamiliares, con jardín, o pisos más espaciosos con terrazas amplias).

Por otra parte, la pandemia ha mostrado la necesidad de espacios abiertos públicos, accesibles y seguros, y la importancia de una infraestructura para el transporte individual activo, donde los desplazamientos a pie, en bicicleta o en vehículos eléctricos alternativos (patinetes, motocicletas, etc.) se han convertido en una opción de movilidad urbana eficiente y segura para muchos habitantes de las mismas[4]. Por ello, muchas ciudades han respondido ante la pandemia potenciando cambios en la movilidad, con la instalación de carriles bici protegidos y la peatonalización de parte de su viario, fundamentalmente en las zonas centrales de la ciudad.

Pero también son muchas las ciudades que han continuado su prioridad en el mantenimiento y expansión de la infraestructura para los automóviles, rechazando, o minusvalorando, las estrategias para desincentivar su uso, incluidas las reducciones en el espacio vial para dar paso a la infraestructura para peatones y ciclistas, por la fuerte oposición política y de los lobbies del automóvil a este tipo de medidas. Ello ha favorecido un retorno al uso de vehículos privados en ellas (con el auge de compras de vehículos de segunda mano, no precisamente eficientes en términos energéticos), que dotan de seguridad al usuario ante el contagio, frente a los sistemas de car-sharing (que han sufrido una fuerte merma) o el transporte público, cuya utilización ha quedado relegada para los que no tenían alternativa en sus desplazamientos obligados. El resultado ha sido, para estos últimos, un empeoramiento de las disparidades sociales y del riesgo sobre la salud preexistente.

Un tercer aspecto a destacar es que las oficinas y locales comerciales se han visto muy negativamente afectados por el confinamiento como consecuencia del auge de actividades “a distancia” (teletrabajo, telecomercio, teleocio, telesalud, teledeporte, uso ampliado de las redes sociales, etc.) potenciadas por la pandemia. En particular, desde marzo de 2020, las medidas adoptadas para combatir la pandemia han provocado que muchas personas, obligadas por el confinamiento y el miedo a las aglomeraciones, se hayan iniciado en la compra o el ocio a través de internet, provocando el cierre de un gran número de comercios urbanos, cines, teatros, o establecimientos de restauración.

Este auge de actividades “a distancia” -de expansión ampliada por la pandemia- está incrementando el cuestionamiento del modelo de ciudad tradicional, al afectar a la supervivencia del comercio local, centros de ocio y culturales, e incluso a la gran superficie metropolitana, potenciando a las grandes multinacionales (tipo Ámazon, Alibaba, Apple, Microsoft, Facebook, etc.), cuyos intereses y organización distan de los objetivos de la ciudad tradicional mediterránea, con movilidad restringida –se han multiplicado los transportes urbanos de “último kilómetro”-, como exigiría el cumplimiento de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)[5].

Condicionantes urbanos del calentamiento global y cambio climático asociado, y principales líneas de actuación.

En varios artículos de esta Sección se ha hecho referencia a los retos que significan para España los Escenarios derivados del Calentamiento Global –y del Cambio climático asociado- que está incrementando la frecuencia e incidencia de fenómenos climáticos extremos -precipitaciones (gotas frías o DANAs), temporales marítimos, sequías u olas de calor-, con efectos progresivamente más graves, según se va recogiendo en los sucesivos informes científicos que se van publicando[6], donde también se destaca la urgente necesidad de que, desde las administraciones –y particularmente en el ámbito local- se establezcan medidas de adaptación y resiliencia social ante los riesgos previsibles, ya difícilmente evitables, para la próxima década, que deterioran -cuando no las destruyen- las infraestructuras y dotaciones públicas y privadas, con graves efectos añadidos sobre la salud y bienestar de sus ciudadanos[7].

Particular consideración hay que dar al Incremento de los Riesgos urbanos asociados al calentamiento global, previéndose, ya desde 2017[8], que si éste alcanza los 2ºC, unas 150.000 personas podrían morir anualmente en los 28 países de la UE analizados, por olas de calor, de frío, inundaciones costeras, incendios forestales, crecidas de ríos, vientos huracanados y sequías. De la cifra media de unos 3.000 europeos que perdían la vida cada año debido a los desastres climáticos en el período de referencia (1981-2010), se podría llegar a una media de 32.500 muertes/año (rango de incertidumbre entre 10.700 y 59.300 muertes/año) ya para el período 2011-40. Y serían mucho más graves los efectos si el calentamiento supera los 2ºC, siendo en todo caso el sur de la UE, y en particular España, uno de los países más afectados.

The Lancet (2021) [9] recogía, en uno de sus últimos números, un editorial y varios artículos dedicados a la relación entre la salud y el calor extremo en el mundo, en los que se destacan los efectos asociados a las olas de calor e incendios forestales que azotaron el sur de Europa y Estados Unidos este verano, y su mortalidad (del orden de 600 muertes asociadas a estos fenómenos hasta la fecha de su publicación), así como las negativas perspectivas del citado –a pie de página- Sexto Informe de Evaluación del Grupo de Trabajo I del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que predice que estas temperaturas récord serán más frecuentes, intensas y durarán más debido al cambio climático inducido por el hombre.

Burkart, K.C. et alt. (2021)[10] indican que el calor y el frío extremos están asociados con 17 causas de muerte, principalmente enfermedades cardiorrespiratorias o metabólicas, pero también suicidio y varios tipos distintos de lesiones, estimando que 1,7 millones de muertes en todo el mundo, en 2019, (con un intervalo de probabilidad el 95%, de entre 1,5 a 1,8 millones) estuvieron relacionadas con el calor y el frío extremos, de las cuales un 21% se relacionaron con golpes de calor, mostrando la importancia de la temperatura como un factor de riesgo para la salud global[11].

Desde el punto de vista de las actuaciones necesarias para paliar estos efectos sobre la salud de la población, aparece, en primer lugar, la necesidad de considerar, en las nuevas actuaciones urbanísticas de regeneración urbana, la disposición de refugios climáticos públicos urbanos específicos, que permitan la protección de las personas más vulnerables (con atención a los niños y al alto número de mayores de 85 años ya existentes en nuestras ciudades) ante las olas de frio y de calor extremo.

Junto a la tradicional habilitación de estaciones de metro o albergues utilizados hasta la actualidad de forma puntual, se necesita una generalización de los refugios ante la previsible mayor frecuencia y radicalidad de las condiciones climáticas, creando y habilitando espacios públicos con condiciones adecuadas para afrontarlas[12].

En segundo lugar, los espacios verdes y las superficies de agua (incorporando puntos de hidratación, espacios de sombra y vegetación) producidos como una deseable integración de la infraestructura urbana de la ciudad con la infraestructura urbana territorial, son cruciales para el confort climático en las ciudades ante fenómenos extremos, con beneficios adicionales en la reducción de la exposición a la contaminación del aire, absorción de carbono, reducción del ruido y mejora de la salud por alivio del estrés y por facilitar una mayor actividad física e interacción social.

En tercer lugar, se refuerzan estas exigencias de políticas de adaptación y de resiliencia social en las ciudades españolas en las que se incumplen los límites máximos de contaminación establecidos por la UE y por la propia normativa española, o en las que las elevadas cifras de accidentalidad por el tráfico urbano exigen la adopción de medidas urgentes correctoras.

A este respecto tendremos que considerar lo establecido, tanto en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana[13], como las líneas prioritarias de acción energética de incidencia urbana contenidas en documentos como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030)[14], la Actualización 2020 de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE)[15], o la señalada LCCTE, así como las nuevas propuestas de la Comisión Europea, recogidas en la presentación del 14 de julio de 2021 del nuevo Plan “Fit for 55”[16] con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 en 2030 al menos en un 55% respecto a 1990 y alcanzar la neutralidad climática en 2050.

En esta “Fit for 55” se pretende, entre otros aspectos, que los sectores residencial y del transporte sean marcos fundamentales de intervención, ya que propone la obligación de pagar por el CO2 que emiten las denominadas emisiones difusas de la edificación y el transporte, con la creación de un mercado propio de emisiones, que permita incrementar el coste diferencial de las actividades y usos emisores, contribuyendo a su reducción. Y ello en paralelo a la búsqueda de objetivos más exigentes y obligatorios de mejora de la eficiencia energética para el 2030: del 36-37% para la energía final consumida, y del 39-41% para el consumo de energía primaria total.

La Comisión propone también la reforma de la directiva sobre impuestos energéticos para cambiar la imposición por volumen por un impuesto en función de la carga energética de cada combustible[17], junto a la prohibición, para 2035, de las ventas de coches y furgonetas nuevas con motores de combustión (lo que exigirá coches eléctricos o de pila de hidrógeno) y que, para 2050, quede prohibida su circulación, haciendo prioritaria la obligación del establecimiento de puntos de recarga eléctricos, “hidrogineras” y de gas licuado natural, en las ciudades.

Aunque la Comisión pretende endurecer las condiciones del mercado de emisiones para elevar el precio de la tonelada de CO2, es consciente de que las empresas terminarán trasladando el incremento de costes al consumidor final, como ya sucede en la actualidad, con efectos que ya se están haciendo sentir sobre el conjunto de los consumidores y de la economía (precio actual del orden de 50 €/ton para el CO2) y se sentirán en mayor medida en el futuro.

Es consciente de que para el logro de los objetivos previstos en “Fit for 55” no son sólo necesarias ingentes inversiones (para las que se podrán utilizar los casi dos billones de euros incluidos en el Presupuesto 2021-2027 y en los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia –MRR[18]– asociados al Programa NextGenerationEU), sino marcos regulatorios más estrictos que, entre otros aspectos, aseguren una transición justa.

Para lograrla, la Comisión Europea prevé la creación de un fondo social de 72.000 millones de euros[19], para el período 2025-2032, cuando las nuevas políticas de los estados miembros estén aprobadas, que difícilmente va a poder compensar a una clase media-baja y a la población en riesgo de pobreza, cada vez más numerosa e insatisfecha[20] (residentes en gran parte en las áreas urbanas vulnerables y desfavorecidas) sobre los que los efectos del incremento del precio de la energía, y el mayor peso de los productos encarecidos en su cesta de la compra (problema actual ya en el encarecimiento de la electricidad o de los combustibles fósiles) pueden elevar el descontento y las protestas de grandes grupos de población, como ya ha sucedido en países como Francia, entre otros.

En España, la LCCTE consolida las acciones previstas en el PNIEC 2021-2030, hasta su revisión en 2023, si bien las dificultades y costes de la descarbonización que implica son elevados y no fáciles de conseguir, pretendiendo cambiar la dinámica heredada, tanto para las políticas sectoriales, como para los hábitos de consumo o el tratamiento de residuos, centrándonos en este artículo sólo en su incidencia sobre los procesos de renovación urbana.

Renovación urbana para la que la digitalización de las redes energéticas, el almacenamiento de la energía renovable excedentaria sobre el consumo puntual y la gestión de la demanda son herramientas fundamentales; al igual que lo es el autoconsumo, la futura energía distribuida, y una planificación creíble que aporte seguridad a las inversiones privadas, imprescindibles en sectores fundamentales para cumplir con los objetivos previstos, así como la estructuración de la gestión del “balance neto energético” para los generadores/autoconsumidores, (o soluciones alternativas) que faciliten la expansión de la producción renovable local (Corporaciones Energéticas Locales Renovables), que debería potenciarse en todos los ámbitos o barrios objeto de intervención de regeneración urbana.

Teniendo en cuenta que, junto a la rehabilitación energética de los edificios, la principal fuente de emisiones de CO2 está ligada al sector transporte[21], la LCCTE regula una serie de aspectos básicos en el capítulo de la movilidad, optando, en primer lugar, por su electrificación y ausencia de emisiones: vehículo eléctrico y que en 2040 no se puedan vender vehículos emisores de GEI para que, en 2050, el parque de vehículos no comerciales ligeros no tenga emisiones de GEI, asegurando puntos de recarga de coches eléctricos en gasolineras, en edificios no residenciales con más de 20 plazas de aparcamiento, y consolidar una red de infraestructura de recarga eléctrica urbana.

Y ello, adicionalmente, a las medidas con que iniciábamos este artículo, de establecer que los municipios de más de 50.000 habitantes deberán adoptar planes de movilidad sostenible que incluyan, entre otras medidas, zonas de baja emisiones, al igual que los de más de 20.000 habitantes, si su calidad del aire no cumple las normativas vigentes.

También el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030[22] busca reducir la vulnerabilidad e incrementar la seguridad y resiliencia a los impactos y riesgos del cambio climático, alineándose con las nuevas políticas planteadas por la Unión Europea, de buscar las sinergias entre esta adaptación y las políticas de recuperación frente a la crisis derivada de la pandemia. Establece 81 líneas de acción, estructuradas en 18 ámbitos de trabajo, si bien su contenido ha de ser considerado insuficiente y muy genérico, como puede apreciarse en su apartado 7.8., relativo a Ciudad, Urbanismo y Edificación.

Situación contraria a los contenidos de la señalada Actualización 2020 de la ERESEE, que incluye un Diagnóstico del parque residencial, terciario y del sector público, de su consumo de energía y su evolución en 2014-2020 en España, así como del seguimiento de las Estrategias y medidas puestas en marcha con anterioridad en el proceso de rehabilitación seguido en este período 2014-2020, derivando del mismo, entre otros, un epígrafe específico (5.11.) sobre Retos Arquitectónicos y Urbanísticos, que incorpora la necesidad de ampliar el enfoque de las intervenciones urbanas desde la escala del edificio a la escala urbanística, enmarcando las actuaciones de rehabilitación en las de regeneración urbana y transformación de la ciudad, con particular consideración de las medidas necesarias de adaptación y resiliencia frente a las consecuencias derivadas del calentamiento global y del cambio climático derivado sobre nuestras ciudades[23].

Un último aspecto importante a destacar en este epígrafe es la incorporación en la LCCTE del “principio de no regresión” que obliga a que “la normativa, la actividad de las Administraciones Públicas y la práctica jurisdiccional no pueden implicar una rebaja o un retroceso cuantitativo ni cualitativo respecto de los niveles de protección ambiental existentes en cada momento, salvo situaciones plenamente justificadas basadas en razones de interés público, y una vez realizado un juicio de ponderación entre los diferentes bienes jurídicos que pudieran entrar en contradicción con el ambiental”. Lo que tiene amplias repercusiones sobre las potenciales normativas ambientales de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, que solo pueden establecer niveles de protección más altos que los establecidos en la legislación básica estatal.

Contenidos del PlanEspañaPuede con incidencia en la trasformación y rehabilitación urbana.

El PlanEspañaPuede consta de 10 Políticas palanca, la primera de las cuales está constituida por la “Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura”, que es la que presenta una mayor incidencia directa en el objeto de este artículo.

Estas 10 Políticas palanca se desarrollan a través de 30 Componentes, de las que las más directamente relevantes para este artículo son la 2ª (Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana) y, complementariamente, la 1ª (Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos) si bien prácticamente todas las Componentes inciden más o menos directamente en los objetivos de lo que se considera preciso para abordar un verdadero proceso de regeneración, rehabilitación y resiliencia urbana, en línea con lo establecido por la Agenda Urbana Española, aprobada en 2019, cuyos Objetivos Estratégicos se concretaban en:

  • Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo
  • Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente
  • Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia.
  • Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular.
  • Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible.
  • Fomentar la cohesión social y buscar la equidad.
  • Impulsar y favorecer la Economía Urbana.
  • Garantizar el acceso a la Vivienda.
  • Liderar y fomentar la innovación digital.
  • Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza.

Objetivos estratégicos asociados a la Agenda 2030, de Naciones Unidas, aprobada en 2015, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y muy particularmente con su Objetivo 11: “Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles»; con la Agenda Urbana Europea, o con la Agenda Urbana promovida desde Habitat III, ambas en 2016, que, directa o indirectamente, se relacionan con el conjunto del resto de 28 Componentes del PlanEspañaPuede.

Con las inversiones de la Componente 2ª del PlanEspañaPuede[24] se deberá conseguir la rehabilitación/regeneración urbana, para 2026, de:

  • Al menos 355.000 viviendas como parte de, al menos, 510.000 acciones de rehabilitación, a lograr a más largo plazo, hasta el 2030.
  • Al menos 600 hectáreas de zonas urbanas regeneradas.
  • Al menos 40.000 edificios residenciales y 690.000 m² de edificios no residenciales.
  • Al menos 26.000 edificios residenciales en municipios y zonas urbanas con menos de 5.000 habitantes.
  • Al menos 1.230.000 m² de edificios públicos.

La distribución prevista de la inversión de 6.820 millones de euros, aplicables a los Programas objeto de consideración en la Componente 2ª del PlanEspañaPuede, es la que se recoge en el Cuadro siguiente para el período 2020-2023, si bien hay que tener en cuenta que el importe total directo dedicado a rehabilitación es del orden de unos 7 800 millones, al agregar la rehabilitación de edificios públicos (Componente 11. Administraciones públicas), y la de instalaciones deportivas (Componente 26. Sector del deporte) que pueden tener una incidencia complementaria en algunas actuaciones integradas de regeneración, rehabilitación y resiliencia a las que nos referimos en este artículo. También dentro de la potencial rehabilitación urbana en zonas turísticas podemos considerar la rehabilitación de 50 sitios históricos de aquí a 2023, recogida en la Componente 14 (Plan de modernización y competitividad del sector turístico).

Como se aprecia, el PlanEspañaPuede recoge del orden de un 60% del presupuesto del programa de actuaciones para la rehabilitación a nivel de barrio, y para actuaciones de rehabilitación energética que prioricen el enfoque integral en barriadas de baja eficiencia energética o con muy bajo poder adquisitivo. Y destina el 15% de los recursos dirigidos a rehabilitación de edificios a actuaciones complementarias en línea con lo señalado en los epígrafes anteriores, sobre: peatonalización y ensanchamiento de aceras, carriles bici, caminos naturales y vías verdes, construcción y rehabilitación de parques, renovación del alumbrado exterior más eficiente energéticamente, diseño de microespacios para aumentar la biodiversidad urbana, sistemas de drenaje adecuados a precipitaciones extremas y, en su caso, tanques de tormenta, medidas naturales de defensa contra inundaciones como la previsión de áreas inundables aguas arriba de las ciudades, o actuaciones de producción y autoconsumo renovable local de ámbito superior al edificio.

Estos desarrollos deberían venir complementados con los resultados de la elaboración de los proyectos piloto de Planes de Acción Local de la Agenda Urbana Española, siguiendo la línea de lo que han sido algunas de las aplicaciones de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) -gestionadas desde el Ministerio de Hacienda con la aplicación de los Fondos Europeos de Cohesión[25] y en marcha en la actualidad- que en los casos correctamente aplicadas, están siendo un mecanismo integrado de intervención municipal para el desarrollo de actuaciones de regeneración/rehabilitación urbana de barrios o ámbitos específicos urbanos. De hecho, sus objetivos genéricos son:

  • Promover una ciudad sostenible, favoreciendo el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono.
  • Conservar y proteger el medio ambiente, promoviendo la eficiencia en el uso de los recursos.
  • Promover una ciudad inteligente, mejorando el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación.
  • Mejorar la dimensión económica y la competitividad de la ciudad.
  • Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier discriminación para mejorar la situación social de la ciudad.

En el fondo, sea con las Agendas Locales Urbanas, o con las EDUSI, lo que se trata es de conseguir un Plan Estratégico, integral y participativo, del que cuelguen todas las actuaciones a desarrollar con los fondos europeos disponibles (PlanEspañaPuede o Fondos de cohesión europeos) que permitan la elaboración y desarrollo, para ámbitos específicos, de Planes especiales de Reforma Interior (PERI), y de las acciones específicas urbanísticas, ambientales, energéticas o sectoriales contempladas en el citado Plan Estratégico, que debería incluir la correspondiente programación y financiación.

Con esta configuración, no cabe duda que el PlanEspañaPuede y sus medidas centradas en el desarrollo de la Agenda Urbana Española, y en sus políticas –fundamentalmente rehabilitación y regeneración urbana y movilidad sostenible, en lo que atañe a este artículo- supone una oportunidad histórica que, junto a la rehabilitación de un parque de viviendas envejecido y poco eficiente desde el punto de vista energético y el establecimiento de un parque público de viviendas en alquiler para resolver el problema de acceso a una vivienda digna de los jóvenes y de la población más vulnerable, puede contribuir significativamente a los objetivos de transición ecosocial en nuestras ciudades.

Ahora, el problema es de eficiencia en la gestión. Aspecto al que dedicaremos el próximo artículo.

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[1] https://www.boe.es/eli/es/l/2021/05/20/7/con

[2] Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 30 de abril de 2021.  https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf

[3] Sobre el establecimiento de áreas urbanas desfavorecidas y vulnerables pueden considerarse los trabajos de Ruá, M.J. et alt. (2018).- “A simplified model to assess vulnerable areas for urban regeneration”. https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101440 y, para la situación en España, los trabajos para el antiguo Ministerio de Fomento, de Hernández Aja et alt. (2015).- “Atlas de Barrios Vulnerables en España”, recogidos en el Catálogo de Barrios Vulnerables del actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/observatorio-de-la-vulnerabilidad-urbana/analisis-urbanistico-de-barrios-vulnerables/catalogos_bv

[4] La carga mundial de la inactividad física es inaceptablemente alta, ya que representa más del 7% de las muertes prematuras por año, cuesta a los sistemas de salud más de 53.000 millones de dólares anuales y es responsable de 13.4 millones de años de vida ajustados por discapacidad cada año. Son múltiples los beneficios de la promoción de la actividad física ligada a los desplazamientos a pie y en bicicleta sobre la salud, por las reducciones de enfermedades crónicas, accidentes de tráfico, congestión, contaminación del aire y emisiones de carbono, como recogen Jáuregui, A., et alt. (2021).- “Scaling up urban infrastructure for physical activity in the COVID-19 pandemic and beyond”. https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2901599-3 Pág. 372.

[5] El telecomercio potencia la globalización de la oferta y la demanda, a la vez que potencia los pagos digitales –imprescindibles en este tipo de transacciones-, y las plataformas digitales, exigiendo una logística internacional, necesariamente dependiente de sistemas de transportes baratos y eficientes, pero que, de forma creciente, se deberían ver impelidos a incorporar en sus costes las externalidades que generan (emisiones de gases de efecto invernadero, ruido, accidentes, …) sobre todo en lo que afecta a la distribución de productos en el “último kilómetro”.

[6] El 6º Informe del Grupo de trabajo 1 del IPCC presentado el 9 de agosto de 2021, ratifica, tanto las indudables causas antropogénicas del calentamiento, como que las consecuencias ya registradas en la producción de temperaturas, precipitaciones o sequías extremas, están superando, negativamente, los efectos contemplaos en su anterior 5º Informe. IPCC (2021).- “Summary for Policymakers”. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf

[7] Tenemos ejemplos numerosos, en 2021, de la sucesión de fenómenos extremos en el mundo: Filomena, en España, temporales en EEUU, y Canadá, lluvias extremas (julio de 2021) provocadas por una DANA de periodo de retorno superior a los 100 años, que han generado inundaciones en Europa occidental, y lo están haciendo ahora (1 de septiembre de 2021) en España, arrasando casas y otros edificios, con más de 90 muertes y más de 1,000 personas desaparecidas en total. O los ya tradicionales incendios anuales de consecuencias desastrosas crecientes en el este de EEUU (California, Oregón, …), o en el este mediterráneo (Grecia, Turquía, Ávila, en España, …).

[8] Forzieri, G. et alt. (2017).- “Increasing risk over time of weather-related hazards to the European population: a data-driven prognostic study”. Joint Research Centre, Directorate for Sustainable Resources de la UE. Vol 1. August 2017. . www.thelancet.com/planetary-health.

[9] The Lancet. Vol 398. August 21, 2021. Págs. 641-724. Editorial. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01860-2/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email

[10] Burkart, K.C. et alt. (2021).- “Estimating the cause-specific relative risks of non-optimal temperature on daily mortality: a two-part modelling approach applied to the Global Burden of Disease Study”. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01700-1/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email

[11] En España destaca la importancia de las muertes por frio sobre las muertes por calor en el citado período analizado, de 1980 a 2016.

[12] En ese sentido cabe citar que, en 2021, el Ayuntamiento de Barcelona está decidido a habilitar un entramado de refugios climáticos repartidos por toda la ciudad, de manera que todos los vecinos tengan, a una distancia máxima de 10 minutos, espacios y refugios donde la población pueda refrescarse y ser atendidos ante posibles golpes de calor u olas de frio y, en particular a las personas que viven en la calle o que no cuentan con una vivienda óptima que cumpla con un mínimo de condiciones climatológicas adecuadas.

[13] https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11723. La incidencia de esta Ley y de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (Ley 3R) sobre la rehabilitación urbana y la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes en España fueron objeto de consideración, por mi parte, en su desarrollo hasta 2017, en el capítulo 7 (Regeneración, rehabilitación y renovación urbana sostenible en España como bases de un desarrollo sostenible) del Informe de Sostenibilidad 2017 de la Fundación Alternativas (https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/7d5ba832ae988e9a8e1aa9ef32cbc840.pdf) , mostrando su fracaso en la consecución de sus objetivos, por la reducida incidencia que habían tenido, hasta entonces, las actuaciones asociadas al desarrollo y aplicación de las mismas.

[14] https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx. Hay que señalar que el PNIEC estima que se necesitarán del orden de unos 40.000 millones de euros para lograr los objetivos de ahorro y eficiencia energética en el sector edificatorio, por lo que será fundamental contar con la colaboración público-privada para su ejecución. El PNIEC proyecta movilizar fondos privados por un volumen equivalente al triple del de los fondos públicos.

[15] https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/es_ltrs_2020.pdf

[16] https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/simson/announcements/speech-commissioner-simson-itre-committee-meeting-fit-55_en

[17] Lo que tendrá una incidencia muy significativa sobre los combustibles fósiles (la gasolina y el diésel tendrían un impuesto del orden de 10,75 euros/gigajulio y la electricidad de 0,15 euros/gigajulio).

[18] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN

[19] Propuesto por la Comisión para paliar el impacto que el encarecimiento del suministro energético puede tener por los mayores costes en el transporte y por la mayor factura del consumo en los hogares.

[20] La Comisión estima que, en la actualidad, unos 34 millones de europeos están incluidos en el riesgo de pobreza energética.

[21] El 29% de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) en España se asocian al transporte que. mientras el conjunto de sectores ha reducido su aportación de emisiones de GEI en un 20%, desde 1990, el transporte las ha incrementado en un 30%

[22] https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc-2021-2030_tcm30-512163.pdf

[23] Epígrafe 5.11.2. Págs. 188 a 190. https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/es_ltrs_2020.pdf

[24] Gobierno de España. Componente 2: Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. 16 de junio de 2021. https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-2-plan-de-rehabilitacion-de-vivienda-y-regeneracion-urbana

[25] Las EDUSI se establecieron en línea con el objetivo de la Unión Europea de reforzar el papel de las ciudades como motores de la economía, buscando un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, en línea con los objetivos, entonces vigentes, de la Estrategia Europa 2020.

 

Fotografía: Carmen Barrios