En pocos días comienza un curso escolar que continuará determinado por la evolución de la COVID-19, el porcentaje de vacunación de los estudiantes, las limitaciones en las aulas y las necesidades tanto de los docentes como de los alumnos para desarrollar su tarea en entornos seguros y con distancias adecuadas de seguridad.

Estas preocupaciones existen y generan incertidumbre en las familias y en los profesionales. Pero, en este nuevo curso hay que destacar algunas cuestiones.

La primera es que la vuelta al cole asfixia a muchas familias, que viven como una verdadera pesadilla el tener que hacer frente a un sinfín de gastos que van desde los libros de texto, el material escolar, los uniformes, las cuotas escolares dependiendo del centro educativo, el comedor, actividades extraescolares, y un largo etcétera que termina por rematar muchos presupuestos familiares.

Aunque hay diferencias dependiendo del curso, del lugar de residencia, del tipo de centro educativo, las familias, para empezar, van a tener que desembolsar unos 500 euros por niño solo para equiparles con todo lo necesario, desde ropa y calzado a libros de texto y material.

Según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), uniforme una media de gasto de 176 euros (ropa de deporte, polos, pantalones o faldas, zapatos, abrigos…); material escolar, una media de 88 euros; y libros de texto, una media de 184 euros, aunque hay diferencias entre los tipos de centro, pero sobre todo entre los niveles educativos.

Después, según esos datos, habría que añadir otras cantidades como las cuotas de AMPA u otras asociaciones similares (26 euros de media), y quien pueda permitírselo: las excursiones (unos 79 euros), los seguros y otros gastos por un importe medio de 89 euros, los posibles gastos de comedor una media de 112 euros al mes; las actividades extraescolares, unos 70 euros mensuales; y la ruta, unos 50 euros al mes.

En definitiva, la ruina para muchas familias que tendría que ser aliviada por unas administraciones públicas que deben saber que la educación es un derecho.

La segunda cuestión es la realidad de desigualdad educativa que se vive en la Comunidad de Madrid, más allá de la propaganda y el ataque continuo del PP al gobierno de la nación:

  • Madrid dio 1.104 millones de euros de dinero público, a través de conciertos y subvenciones a centros educativos privados, en el año 2019. Y mientras que el dinero para conciertos educativos aumentó desde 2009 un 26,6 por ciento, el gasto educativo total solo creció en ese periodo un 1,3 por ciento.
  • El gasto por alumno en centros públicos de la Comunidad de Madrid es de 4.727 euros. Mil euros por debajo de la media nacional, que es de 5.779 euros, y casi la mitad de lo que se gasta en el País Vasco, con 9.298 euros, según el informe Sistema Estatal de Indicadores de la Educación del Ministerio de Educación.
  • Solo el 53,8 por ciento de los alumnos estudian en colegios públicos. frente a un 46,2 por ciento que lo hace en centros privados.
  • Los madrileños son los que más dinero gastan en enseñanza. En 2019 el gasto medio por hogar fue de 827 euros, un 72 por ciento más que la media nacional, según la Encuesta de Presupuestos Familiares (INE)
  • Las clases en la Comunidad de Madrid son las segundas más llenas de España. El número medio de alumnos por grupo en Educación Infantil es de 18,4, frente a la media nacional de 17,6. Alumnos. En Educación Primaria, la media de estudiantes está en 24, frente al 21,9 de media a nivel nacional. En FP Básica, esta en 17.6 frente a los 12,3 de media en España.

La tercera cuestión es que, tras la pandemia, hay que seguir invirtiendo más en educación, porque de ello va a depender el progreso económico y social de España a largo plazo. La apuesta por la educación pública que ha realizado nuestro país, en las últimas cuatro décadas, ha cosechado resultados muy importantes en materia educativa y de equidad. España, es hoy uno de los países de la UE donde menos influye el origen socioeconómico en los resultados de aprendizaje.

Pero todavía existen carencias importantes como las elevadas tasas de repetición y abandono escolar, los bajos resultados de aprendizaje, la desigualdad educativa y los altos niveles de segregación escolar, que hay que superar.

Como señala el informe España 2050, “sin reformas de calado, de aquí a 2050, 3,4 millones de estudiantes podrían repetir curso; 2,2 millones podrían abandonar prematuramente la escuela; y España podría verse superada en aprendizaje y calidad educativa por países como Portugal, Hungría o Letonia, con todo lo que ello implica en materia de competitividad e influencia internacional. Evitar este escenario debe ser nuestra máxima prioridad. Si España quiere seguir siendo un país próspero en el futuro, tendrá que alcanzar la vanguardia educativa antes de mediados de siglo.”

Y para lograrlo, todos los ciudadanos en España tienen que poder hacer realidad su derecho a una educación pública de calidad, independientemente de donde vivan. Esto, también incluye a los madrileños, aunque el gobierno del PP se empeñe en lo contrario favoreciendo y regando con muchos recursos la educación privada.

La Comunidad de Madrid debe invertir en educación pública. La Comunidad de Madrid tiene que bajar las ratios de alumnos por aula. La Comunidad de Madrid debe aumentar las plantillas de profesores desde el día que comiencen las clases, e incrementar los profesores especialistas para la atención a la diversidad.

La Comunidad de Madrid tiene que contar con unas infraestructuras terminadas, suficientes y dignas, así como espacios suficientemente dotados. La Comunidad de Madrid tiene que hacer frente a la brecha digital. La Comunidad de Madrid debe aumentar el personal de limpieza y hacer que todos los centros cuenten con personal de enfermería.

La Comunidad de Madrid tiene que hacer realidad la inclusión en los centros educativos, priorizando la atención personalizada al alumnado, con especial hincapié en aquellos con necesidades educativas especiales y dificultades de aprendizaje.

Estas necesidades son las que se demandan en las concentraciones convocadas para los primeros días de septiembre en la Comunidad de Madrid, donde señalan que “con la educación y la salud de la comunidad educativa no se juega.”.

Pues eso, con la educación y la salud de la comunidad educativa no se juega.