El debate suscitado en torno a la postura del PSOE sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA) ha sido instrumentalizado de manera precipitada con la finalidad de arrojar dudas y “denunciar” supuestas inconsistencias en la posición del PSOE ante una cuestión que no es ni mucho menos irrelevante.

El cambio respecto a una posición anterior, en principio favorable al acuerdo pactado, después del cambio que ha supuesto el 39º Congreso del PSOE, es una posición perfectamente legítima en política. Legítima y no aislada o particular, ya que son varios los partidos socialdemócratas europeos que contemplan con recelo este Tratado, y que ha sido objeto de recursos, entre otros, al Tribunal Constitucional alemán. Recelos y resistencias que se han venido manifestando desde hace meses, con posiciones contrarias, especialmente por parte de los sindicatos y de diversos sectores del mundo intelectual y también empresarial.

Por eso, la posición actual del PSOE ha tenido la virtud de propiciar un debate público que hasta ahora había sido prácticamente hurtado a la opinión pública española.

El problema de fondo, que no se puede abordar en el corto espacio de este artículo, es que la actual globalización del comercio y de los intercambios dista mucho de ser una experiencia exitosa y beneficiosa para la humanidad. Como demuestra palmariamente la peligrosa deriva hacia una agudización de las desigualdades internacionales y las asimetrías del comercio y de los flujos financieros que se están dando en este momento en el mundo, y cuyo resultado más evidente es la persistencia de gravísimas situaciones de hambre, de pobreza y de subdesarrollo.

Cualquier analista desprejuiciado y objetivo que tomase en consideración por primera vez los datos de la realidad sobre el actual funcionamiento de la globalización, no podría menos que concluir que estamos ante un modelo fallido, que está produciendo serios costes para una parte de la humanidad y también –y no como lo menos importante− para los equilibrios planetarios en cuestiones cruciales que afectan a la población, a los movimientos migratorios –a veces desesperados− y a la conservación del medio ambiente.

Por lo tanto, los que se escandalizan ante estos debates políticos legítimos y necesarios demuestran una falta de rigor asombrosa y un cinismo político considerable. ¿O acaso no hay que cuestionar aquello que funciona mal y que está produciendo sufrimientos y deterioros? ¿Cómo se justifica la priorización y la defensa a ultranza de principios de libre comercio no regulados adecuadamente, sin atender a los efectos que el actual modelo está produciendo? ¿Acaso se nos toma por tontos a los ciudadanos y a la opinión pública pidiéndonos que asumamos ciegamente aquello con lo que no estamos de acuerdo, o sobre lo que tenemos dudas fundadas? Creo sinceramente que estos tres interrogantes, y las respuestas que puedan darse, demuestran la falta de criterios morales y de horizontes políticos equitativos que dominan nuestro actual panorama político nacional e internacional.

Estamos ante uno de esos casos en los que parece que algunos intentan secuestrar al debate político la posibilidad de pensar en alternativas diferentes a los problemas que nos afectan, y en el que determinados personajes y grupos mediáticos poderosos no dudan en tergiversar y escamotear los datos reales de la situación a sus lectores u oyentes, privándoles sistemáticamente de la información objetiva disponible sobre los asuntos que están en cuestión, y sus posibles y diferentes alternativas.

En este caso, tanto la postura actual del PSOE, como la de otros partidos socialdemócratas europeos, y de los sindicatos se sustenta en razones y análisis bien ponderados que no deben de ser despreciados, y que conciernen a la forma en la que no se protegen –de manera igualitaria y equitativa− los legítimos derechos y garantías no solo de los trabajadores, sino también de muchas empresas y de sectores sociales estratégicos. Y también sobre cómo se atienden (escasamente) los problemas medioambientales, y cómo se priman los derechos de los inversores, frente a las exigencias de equilibrios y derechos que es importante que se mantengan en la Unión Europea. ¿Acaso todo esto no es perfeccionable y puede ser objeto de una negociación y una regulación más afinada y equilibrada?

Al parecer, según algunos pontífices de la verdad absoluta, y ciertos grupos editoriales que intentan que determinados partidos y sindicatos se plieguen ciegamente a sus órdenes y sugerencias, esto no es posible. Y las eventuales bondades del modelo canadiense y de su actual gobierno justificarían cumplidamente la asunción directa y plena de este acuerdo.

Nadie niega que Canadá puede y debe ser en estos momentos un buen socio para la Unión Europa, y que todos podríamos beneficiarnos de un acuerdo justo y equilibrado. Ese es un principio que ahora no se discute, sino que lo que se cuestiona, o aquello sobre lo que nos interrogamos, es sobre la posibilidad de mejorar y equilibrar el texto actualmente sometido a ratificación, así como los que puedan venir a continuación.

Junto a todas estas incongruencias −e incluso maldades argumentativas−, el remate instrumentalizador lo encontramos en la posición de aquellos que sostienen que refrendar ahora este tipo de acuerdo “es fundamental si se quiere ganar elecciones” y ser visto como alguien “respetable”, y que una vez ganadas “ya se verá qué es más conveniente hacer”. ¿Alguien se puede imaginar mayor cinismo argumentativo?

Precisamente contra estas formas de proceder y de actuar en política es contra las que ha tomado postura el PSOE después de las elecciones primarias de mayo y del Congreso de junio. De lo que se trata primordialmente es de recuperar la coherencia política y la concordancia entre lo que se piensa, lo que se dice, lo que se promete y lo que se hace. Y los que se asustan –o simulan que se asustan− ante esta perspectiva demuestran que no han entendido nada de lo que está ocurriendo en nuestras sociedades, ni de los climas de opinión que se están gestando, ni del surgimiento de una nueva ciudadanía activa, ni de la nueva posición que ha adoptado el PSOE en el 39º Congreso. ¿O es que acaso no tenemos derecho los socialistas españoles a ser coherentes y a huir de las dobleces en los comportamientos políticos?