El indudable éxito de gestión del Gobierno de coalición ante la Comisión Europea.

El 2 de octubre la Comisión Europea (CE) daba luz verde a la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (PRTRE)[1] habilitando el acceso a 93.500 millones de euros adicionales de los fondos Next Generation EU, que sumados a los 69.500 millones de subvenciones ya aprobados en 2021, implica un volumen total de fondos disponibles para inversión de 163.000 millones de euros a comprometer, inicialmente, en el período 2021-2026[2].

De los 93.500 millones, 83.500 millones son créditos, 7.700 millones son subvenciones adicionales tras la revisión de los efectos de la Covid-19 en España y otros 2.600 millones están vinculados al programa RePowerEU, aprobado tras la guerra de Ucrania, para eliminar la dependencia energética de Rusia, impulsando la desvinculación de los combustibles fósiles para 2030.

Hasta ahora, España es el país con una mejor gestión de los PRTR aprobados por la CE. Ha justificado ante la CE un volumen de inversión de 37.000 millones y es el único país que ha recibido hasta ahora los tres pagos que suman ese importe, una vez comprobado que se ha cumplido lo propuesto en las medidas (regulaciones e inversiones) acordadas. Quedan por justificar 32.500 millones de los primeros 69.500 millones, y, en particular, el cuarto pago -correspondiente a 2023- retrasado por la necesidad de adaptar medidas comprometidas para el cobro de dicho pago, y no llevadas a cabo, a la nueva Hoja de Ruta acordada para la Adenda aprobada.

La Adenda condiciona nuevamente los pagos y la concesión de fondos al cumplimiento del nuevo conjunto de medidas acordadas con la CE. De hecho, las adiciones y modificaciones al PRTRE inicial afectan a 142 medidas (regulaciones e inversiones), a las que sumar las medidas asociadas al REPowerEU[3]. De las 142 anteriores, actualiza 32 medidas, compuestas por 23 inversiones y nueve reformas, para tener en cuenta la mayor contribución financiera (7.700 millones) del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) europeo aprobada para España.

Para la aprobación de la Adenda se ha seguido el mismo procedimiento que en 2021, tras las propuestas iniciales incluidas en la Adenda por el Gobierno de coalición español, que incluía la adaptación de 52 medidas de las 212 (110 actuaciones de inversión y 102 reformas) ya comprometidas en 2021, tanto a la nueva situación socioeconómica y financiera europea (inflación, tipos de interés, coste de la energía, etc.), como a las recomendaciones semestrales realizadas por el Consejo Europeo desde junio de 2021 hasta julio de 2023. En las últimas recomendaciones se incidía, en particular, en la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, la aceleración del despliegue de las energías renovables y de los procedimientos de concesión de sus permisos, la mejora del acceso a la red eléctrica, la inversión en almacenamiento de energía, transmisión y distribución de electricidad, así como en la potenciación de las interconexiones eléctricas transfronterizas. El Consejo de julio de 2023 también recomendaba aumentar la disponibilidad de viviendas sociales y asequibles energéticamente eficientes, potenciando la renovación/rehabilitación del parque existente, acelerar la electrificación de los edificios y la penetración de la electromovilidad o, por último, intensificar los esfuerzos para la provisión y adquisición de las habilidades necesarias en la población para la transición verde.

Y aunque valora el progreso en la implementación de todas las recomendaciones relevantes específicas realizadas para España, la Comisión concluye que ninguna recomendación se implementó completamente[4], aunque se han logrado avances sustanciales con respecto a las recomendaciones sobre inversión pública para las transiciones verde y digital y para la seguridad energética (recomendación 2022.1.2), sobre hidrógeno renovable (recomendación 2022.4.6), sobre apoyo al empleo (recomendación 2020.2.1), sobre medidas para proporcionar liquidez a las pymes y los autónomos (recomendación 2020.3.1), sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones (recomendación 2019.1.4), sobre la transición hacia contratos indefinidos (recomendación 2019.2.3) y sobre cómo abordar las brechas de cobertura en los sistemas regionales de renta mínima (recomendación 2019.2.7).

En su conjunto, la CE sigue valorando muy positivamente la nueva propuesta de Adenda Española[5] señalando que el PRTRE modificado, incluidas las medidas asociadas al capítulo REPowerEU, merecen en gran medida la máxima calificación (calificación A, salvo el epígrafe relativo a “Costing”, que sigue manteniendo la calificación B de la priera evaluación del PRTRE de junio de 2021) como respuesta integral y equilibrada a la actual situación económica y social, contribuyendo así adecuadamente a los seis pilares[6] establecidos por la CE para valorar las propuestas de Planes de Recuperación y Resiliencia (PRR) propuestos por los Estados miembros.

Y, como se aprecia en el Cuadro anterior, destacan el porcentaje de contribución del PRTRE+Adenda al objetivo climático (39,9% de los costes de las actuaciones previstas en las 31 componentes ahora definidas al incorporar a las 30 previas la relativa al REPowerEU) y al objetivo de digitalización (29,9% de los costes de las actuaciones previstas).

Positivos efectos socioeconómicos diferenciales de la gestión del Gobierno de coalición y de la aplicación del PRTRE.

En el Informe del 25 de septiembre de 2023 el Gobierno de coalición señalaba los principales cambios estructurales que se estaban produciendo en la economía española, destacando que España es el país que más crece y menos inflación tiene entre las principales economías europeas, en un contexto de fuerte incertidumbre, fragilidad y ralentización de la economía internacional.

Este crecimiento lo relaciona con el rápido despliegue del PRTRE, que ha facilitado que la inversión haya crecido cerca de un 5%, especialmente en los capítulos relacionados con la transición verde y digital, mientras que la inversión de la zona euro solo supera ligeramente el 1,5%. De hecho, la buena marcha en la ejecución del Presupuesto del Estado, que en 2021 alcanzó los 22.128 millones de euros autorizados, y en 2022 los 25.143 (de los que en el conjunto de los dos años correspondían a unos 23.500 millones asociados al PRTRE) explican en gran parte esa evolución económica.

En este sentido, España ha recibido, hasta ahora, 37.000 millones de euros de fondos europeos del MRR por el cumplimiento demostrado a la CE de hitos y objetivos. Y ya se han adjudicado del orden del 80% de los mismos a través de convocatorias de ayudas y licitaciones, ayudando a mantener la positiva dinámica diferencial respecto a la UE, que sigue produciéndose a lo largo de 2023. De hecho, hasta septiembre de este año se han superado los 30.000 millones en subvenciones y adjudicación de licitaciones del PRTRE, con una asignación cuyo detalle se aprecia en la Figura siguiente, con un destino mayoritario para empresas.


Complementariamente, las inversiones y subvenciones ejecutadas, junto a las reformas desarrolladas en el ámbito laboral (y comprometidas como medidas del PRTRE) han colaborado a que el 60% del empleo creado en la UE en el primer semestre de 2023 se haya creado en España, alcanzándose un volumen histórico de afiliados a la seguridad social (más de 21 millones de trabajadores) con una mejora sustancial en la calidad del empleo (incremento de la ocupación en sectores de alto valor añadido, como los servicios TIC, I+D+I y ciencia, en los que el empleo creció casi un 50% más desde 2018) y en la estabilidad de los empleos (caída de la tasa de temporalidad hasta mínimos del 16%). Lo que ha colaborado a que el nivel de renta real de los hogares, pese al fuerte incremento de la inflación, se haya sostenido, y que el consumo privado haya registrado un incremento superior al 2% interanual, ayudando al crecimiento económico registrado.

Otro sector favorecido por la ejecución presupuestaria estatal ha sido el sector exterior, cuya mejora de la capacidad de financiación, crecimiento, mayor competitividad y ganancia de cuota de mercado ha contribuido sensiblemente al crecimiento del PIB español y a la mejora en el cumplimiento de los objetivos de ratio de deuda pública y déficit (España esté cumpliendo holgadamente los objetivos de reducción de déficit y deuda pública, adelantando a este año el objetivo de reducir la ratio de deuda pública por debajo del 110% del PIB y a 2024 bajar el déficit al 3% del PIB.

Ausencia de cambios sustanciales en el modelo de desarrollo.

Si no cabe duda que la dinámica generada está implicando un crecimiento económico y en el empleo indiscutible así como una transición energética y descarbonización de la economía española, en línea con los objetivos del Pacto Verde Europeo y de la propia legislación española en materia de Cambio climático y Transición Energética, no lo es tanto que se esté produciendo un cambio apreciable ni en el modelo de crecimiento ni, mucho menos, en lo que se puede considerar una verdadera transición ecosocial.

No cabe duda de que se están registrando cambios estructurales por los importantes volúmenes de recursos dedicados a la transición digital y a sectores productivos tradicionales españoles (automoción, turismo, etc.), que unidos a la fuerte incidencia de las actuaciones en transición energética están dando lugar a cambios en la estructura del empleo y de la producción de la economía española; pero manteniendo invariable la dinámica asociada a una sociedad capitalista de consumo globalizada y a sus fuertes efectos negativos sobre la sostenibilidad y la superación de los límites ecológicos del Planeta a los que hemos hecho referencia en artículos anteriores. Lo que no es independiente de los componentes y principales medidas y prioridades incorporadas en el PRTRE vigente o en la nueva Adenda aprobada por la CE.

Al finalizar septiembre habían transcurrido nueve trimestres desde la aprobación por la CE del PRTRE, en junio de 2021, encontrándonos prácticamente en la mitad del período 2021-2026 de aplicación del mismo. La segunda mitad restante estará presidida por la aplicación de la Adenda aprobada y la previsible llegada del cuarto pago (primero de 2023 por importe de 10.000 millones de euros) con lo que el importe total recibido ascenderá a 47.000 millones, lo que significará el 68% de los 69.500 millones de aportaciones aprobados en 2021 con el PRTRE anterior a la Adenda. Después vendrá el segundo pago –a justificar- de 2023 y los sucesivos asociados al cumplimiento de los nuevos hitos y objetivos que, tras la Adenda, ascenderán a 595, correspondientes al desarrollo de las ahora 31 componentes, al adicionarse a las 30 iniciales el componente del RePowerEU para alcanzar el objetivo de desacoplar la economía de la energía fósil para 2030, con lo que el número total de medidas asciende ahora a 111 reformas y 142 inversiones (frente a las 102 reformas y 110 actuaciones de inversión del PRTRE inicial).

Como hemos señalado, de lo realizado hasta ahora no cabe duda que los cambios en regulaciones y las inversiones y subvenciones comprometidas y ejecutadas han tenido un efecto socioeconómico claro, en el empleo y en el crecimiento económico, tal y como apreciábamos en el epígrafe anterior. La pregunta es si esto está también significando un cambio en el modelo económico y una transición real hacia la sostenibilidad y la cohesión social y territorial, más allá del mero crecimiento económico y en el empleo.

Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta los capítulos y volúmenes aproximados de inversión del PRTRE presupuestados y activados en distintos niveles de ejecución y materialización. En este sentido, la Administración General del Estado (AGE) adjudicó fondos por valor de 42.900 millones entre 2021-2022 (un 81,5% de los fondos presupuestados en el conjunto de los dos ejercicios), de los cuales correspondían a las Comunidades Autónomas, para su gestión en las acciones de las 30 componentes correspondientes[7], los que se recogen en la Figura siguiente.


Para valorar hasta qué punto se ha avanzado en una verdadera transición ecológica hay que tener en cuenta, en primer lugar, la consideración que el PRTRE realiza de dicha transición ecológica –teóricamente concebida con máxima prioridad- que, en síntesis, se resume en la denominada Agenda Verde, cuyo esquema se reproduce en la Figura siguiente, con la consideración de cinco Ejes para “Infraestructuras y ecosistemas resilientes” y otros cinco para la “Transición energética”.


En este marco, en lo que se refiere a las reformas estructurales para la Transición Ecológica, se señalan las recogidas en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC 2021-2023), a cuya propuesta de reforma enviada a la CE (PNIEC 2023-2030) ya nos hemos referido en un artículo anterior de esta Sección, en los Convenios de Transición Justa, en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 y en la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050.

Estas reformas se suponen fundamentales para reorientar el modelo productivo, impulsando la descarbonización, la eficiencia energética, el despliegue e integración de las energías renovables, la electrificación de la economía y el desarrollo del almacenamiento de energía. Y, efectivamente, como hemos señalado en artículos anteriores, las reformas responden y colaboran a una verdadera Transición energética (Hacia la Revolución Energética, se subtitulan los 5 Ejes respectivos) que, indudablemente, están contribuyendo a la descarbonización y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con implicaciones significativas en la reducción de la contaminación. Y hay que destacar el papel de las renovables, y fundamentalmente de las Comunidades Locales Renovales y del autoconsumo (Eje 6) en el avance hacia una verdadera Transición Ecológica que exige la transformación del actual modelo energético centralizado y oligopolístico, aspectos a los que ya nos hemos referido en otros artículos de esta Sección.

Complementariamente, y en la misma dirección favorable a una verdadera Transición ecosocial, cabe señalar muchas de las actuaciones (Eje 9) en materia de movilidad sostenible (Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte). Pero también se incluyen medidas favorecedoras de que el transporte en vehículo privado siga manteniendo una discutible posición predominante, ligadas a la discutible consideración de la movilidad como un derecho, pese a que este derecho se suponga supuestamente condicionado a la supremacía de los intereses generales. Por el contrario, el imprescindible cambio en los modelos de desarrollo territorial y urbano no recibe la prioridad que exigiría una verdadera Transición ecosocial.

Por su parte, en relación el Eje 1, en materia de biodiversidad, se ha aprobado el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la biodiversidad, el Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas o la Estrategia Forestal Española y el Plan Forestal Español.

Con respecto al Eje 4, hay que señalar la singular importancia de las regulaciones y acciones asociadas a la aprobación de Estrategia Española de Economía Circular, en 2020, y de su Primer Plan de Acción, en 2021, junto con la aprobación de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en 2022. Imprescindibles para la urgente desmaterialización de la economía española, que permita una mayor sostenibilidad de la actual sociedad de consumo capitalista globalizada, deberían completarse con regulaciones que permitan conocer y regular las imprescindibles huellas ecológicas y de carbono asociadas al ciclo de vida de los distintos elementos ligados al consumo, e incentivar la reducción de la generación de residuos y su reutilización, reciclado o, en última instancia, su revalorización.

Pero si las regulaciones aprobadas tienen una indudable utilidad para viabilizar una imprescindible Transición Ecológica, lo que indudablemente marca los niveles de prioridad y la capacidad de avanzar hacia dicha transformación ecológica es el volumen de inversiones y su capacidad de realizar verdaderos cambios estructurales en el modelo de crecimiento, transformándolo en modelo de desarrollo sostenible. Y aquí nuevamente nos encontramos con la supremacía de medidas asociadas a las transiciones energéticas y digitales, ligadas prioritariamente a actuaciones de consolidación de sectores productivos tradicionales, con un carácter relativamente marginal de inversiones que realmente contribuyan al avance hacia una transformación ecosocial.

De hecho, las actuaciones en materia de biodiversidad, restauración ecológica y gestión del medio natural, preservación del espacio litoral y los recursos hídricos y reducción de los distintos tipos de contaminación (Ejes 1 a 5) incorporan: unos 850 millones de euros aportados a las Comunidades Autónomas para el desarrollo de actuaciones de conservación y restauración de ecosistemas y gestión forestal sostenible; los 200 millones de euros movilizados para el saneamiento y la depuración de aguas residuales de pequeñas aglomeraciones urbanas, y la reducción de pérdidas y mejora del abastecimiento de pequeños y medianos municipios; o los más de 250 millones de euros previstos para la restauración del ecosistema fluvial y la protección frente a inundaciones. También se citan unos 700 millones de inversiones para la modernización de regadíos gestionadas por la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), aunque ya hemos considerado en otros artículos de esta Sección el carácter discutible de muchas de estas actuaciones que, aunque implican, o pueden implicar ahorros en el uso de agua para regadío, estos ahorros no se trasforman en mayores disponibilidades para otros usos o para mejora de los regímenes de los caudales ecológicos de los ríos. Lo que, en un marco donde el calentamiento global está dando lugar a reducción de los recursos hídricos totales disponibles, mayores superficies regadas, aunque sean con regadíos modernizados, incrementan el problema de las cada vez más frecuentes e intensivas sequías pluviométricas e hidrológicas.

También podemos considerar dentro de las actuaciones ligadas a la Transición Ecosocial programas asociados al Desarrollo Urbano Sostenible, como el DUS-5000 para el impulso a municipios de pequeño tamaño (reto demográfico) con un presupuesto total de 675 millones de euros que incluye proyectos ligados a la transición energética, movilidad y la economía verde. O algunos de los programas agrupados en el capítulo de Regeneración y reto demográfico para zonas de baja densidad de población, con incidencia en la Gestión forestal sostenible, o en la Transformación del modelo de turismo rural hacia la sostenibilidad.

Pero todas estas actuaciones, incluso con las cantidades asociadas a la modernización de regadíos, implican un volumen total de recursos incluibles en los Ejes de Transición ecológica que se situarían en el entorno de los 2.800 millones de euros, lo que implicaría del orden del 4% de los 69.500 millones iniciales del PRTRE.

Una segunda consideración debe tener en cuenta la importancia dada por el Gobierno de coalición a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), a los que supone un alto potencial de transformación para la economía gracias a su elevada confianza en el éxito de la colaboración público-privada que incorporan. Entre 2021 y 2022 se aplicaron recursos por importe de unos 12.300 millones (del orden del 30% del total de 47.000 millones de euros en proyectos activados en 2021-2022), destacando, tal y como se aprecia en el Cuadro siguiente, los 4.957 millones del PERTE de energías renovables, 2.018 millones en el PERTE del VEC, los 1.840 millones en el PERTE del sector aeroespacial y los 1.063 millones del PERTE agroalimentario.


De forma genérica, el Gobierno de coalición destaca un supuesto “fuerte componente verde de todos los PERTE” y, en particular, en los asociados a la Transición ecológica, señalando la importancia de cuatro PERTE específicos: el de Energías Renovables, Hidrógeno Verde y Almacenamiento (PERTE ERHA), el de Economía Circular, el de la Digitalización del Ciclo del Agua y el de Descarbonización de la Industria (PERTE DECARB), cuyo volumen presupuestario relativo con respecto al conjunto de recursos públicos asociados al conjunto de PERTEs, tal y como apreciamos en el Cuadro anterior, se ha situado, hasta ahora, por debajo del 41% de Presupuesto inicial total de los PERTE, y representa del orden del 45% del total Ejecutado hasta 14/12/2022.

Cifras que destacarían una indudable importancia sobre el total de los recursos asociados en los PERTE a la Transición ecológica pero que, realmente, tienen una adecuación real de muchas de las actuaciones incorporadas a los mismos difícilmente asignables a la transformación para la transición ecológica, como se ha ido viendo en los distintos artículos publicados en esta Sección y se concreta específicamente en los “Milestones, targets, indicators, and timetable for monitoring and implementation for non-repayable financial support” establecidos por la CE para cada una de las 31 Componentes que ahora configuran el PRTRE+Adenda[8].

No obstante, está claro que las medias propuestas y desarrolladas sí inciden directa y muy positivamente en los Indicadores de Transición Ecológica destacados para el PRTRE, que recogen las Emisiones de GEI per cápita y la participación de las renovables en la generación de electricidad, aunque su incidencia relativa en el conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible más ligados a la Transición Ecológica, esté siendo mucho menos significativa, no solo en España sino en el conjunto de la UE, tal y como se aprecia en la Figura siguiente.


Adicionalmente, ya en el Cuadro anterior se ha incorporado el Refuerzo de los PERTE previsto con los 7.700 millones de trasferencias adicionales y los 18.600 millones de euros en créditos previstos en la Adenda al PRTRE aprobada por la CE, y en espera de serlo también por el Consejo Europeo. Con ello, la inversión pública total en los PERTE, entre 2022 y 2026, superará los 40.000 millones de euros.

Por último, aunque las transformaciones asociadas a los cambios introducidos en la Adenda van a depender mucho del Gobierno que exista desde 2024 a 2026, y sus prioridades, Reformas y los Presupuestos que vayan siendo aprobados para cada Ejercicio hasta, como mínimo, 2026, sí hay que señalar que, por ejemplo, el programa RepowerEU casi inmediatamente va a permitir disponer de fondos (1.400 millones de prefinanciación) para el cumplimiento de los Objetivos y acciones, que se sintetizan en la Figura siguiente.

Desde una perspectiva general, la Adenda presentada por el Gobierno de coalición pretende que los fondos y reformas adicionales se concentren en impulsar la industrialización y autonomía estratégica del país, acelerando la transición energética, la descarbonización de la industria, la diversificación del suministro de inputs, la penetración de las energías renovables, el despliegue del hidrógeno verde y el almacenamiento energético, convirtiendo a España en un portal logístico de suministro de energía renovable al conjunto de la Unión Europea. También prioriza incrementar las actuaciones para intensificar la autonomía agroalimentaria, con una gestión eficiente de los recursos naturales y muy especialmente el agua; trata de impulsar la autonomía industrial, mediante una política de descarbonización, digitalización, innovación tecnológica e impulso de la economía circular para reducir la dependencia de materiales y tecnologías clave; pretende reforzar la autonomía tecnológica, para mitigar el riesgo de potenciales rupturas en las cadenas de suministro; y acelerar la digitalización y reforzar la ciberseguridad. Complementariamente, pretende que los nuevos recursos financieros en forma de créditos a largo plazo a bajos tipos de interés[9] permitan apoyar la inversión pública y privada necesaria para abordar la doble transición verde y digital y reforzar la puesta en marcha de infraestructuras sostenibles, lo que es particularmente bien valorado por la CE[10].

Como conclusión, cabe señalar que la CE destaca el potencial del nuevo PRTRE+Adenda para seguir impulsando el crecimiento económico en los próximos años (“tiene potencial para aumentar el nivel del PIB de España entre un 2,7 % y un 3,5 % de aquí a 2025, y ello sin incluir de modo explícito el impacto positivo de las reformas estructurales previstas”), y la creación de empleo y la cohesión territorial y social por las inversiones y reformas dirigidas a impulsar la autonomía estratégica en los ámbitos energético, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital, así como el parque de vivienda para alquiler social o a precio asequible. Y la clave es que se continúa con el modelo de crecimiento de la sociedad de consumo capitalista globalizada, aunque más descarbonizado y algo menos dependiente del exterior, pese a que exportaciones y turismo masivo sigan teniendo un papel fundamental en el señalado crecimiento, lo que sigue colaborando a superar los límites planetarios y a tener una huella ecológica muy por encima de la biocapacidad del país. Procesos que no ayudan a evitar las principales contradicciones de una dinámica planetaria en la que los conflictos geoestratégicos por los recursos y por las consecuencias del calentamiento global (migraciones climáticas incluidas) sean un riesgo creciente a la mermada y frágil estabilidad del Planeta.

_______________________________________

[1] https://commission.europa.eu/publications/commission-proposal-council-implementing-decision-amending-council-implementing-decision-13-july_en

[2] A los 163.000 millones del PRTRE para el periodo 2021-2026, hay que añadir, como aportación de la UE, los 36.700 millones de euros de los Fondos Estructurales del marco financiero plurianual 2021-2027, lo que implica una aportación final de prácticamente 200.000 millones de euros (28.570 millones/año, de media) con una indudable capacidad para avanzar en los objetivos del Pacto Verde Europeo y en la transición ecológica y digital de este país.

[3] El capítulo REPowerEU incluye inversiones y reformas para aumentar la proporción de fuentes de energía renovables que contribuyan a reducir la dependencia de España de los combustibles fósiles (apoyar a las comunidades energéticas, el almacenamiento y el autoconsumo de energía ) y, por tanto, a reducir las vulnerabilidades: una nueva reforma para facilitar el despliegue de fuentes de energía renovables y agilizar la tramitación de las solicitudes de permisos; una inversión del PRTRE ampliada; y siete nuevas inversiones públicas: 1) sistema de apoyo para mejorar el acceso a la financiación en la cadena de valor en el diseño, la fabricación, el almacenamiento, el reciclaje o la investigación y el desarrollo de tecnologías y componentes relevantes para la transición a una economía con cero emisiones netas; 2) plan de apoyo para apoyar el hidrógeno renovable; 3) implementación de una nueva infraestructura de transmisión de electricidad para integrar mayores volúmenes de energía renovable y conectar nuevos sitios industriales netos cero a la red eléctrica; 4) cuatro inversiones para apoyar la descarbonización industrial, dos de ellas en forma de planes de apoyo a la industria.

(58) El componente incluye en las próximas temporadas invernales. Estas medidas son la reforma sobre los permisos de energía renovable, la inversión destinada a, y las inversiones que apoyan el hidrógeno renovable, la cadena de valor de la industria neta cero y el desarrollo de la red de transmisión de electricidad.

(59) El capítulo REPowerEU también incluye una medida ampliada basada en dos medidas existentes en el componente 7 (Desarrollo e integración de fuentes de energía renovables) y una medida existente en el componente 8 (Infraestructura eléctrica, redes inteligentes y despliegue de flexibilidad y almacenamiento). . La medida ampliada incluida en el capítulo REPowerEU aumenta el nivel de ambición de las medidas existentes, en particular en relación con el autoconsumo, el almacenamiento de energía y las comunidades energéticas.

(60) La Comisión ha evaluado el PRR modificado, incluido el capítulo REPowerEU, con respecto a los criterios de evaluación establecidos en el artículo 19, apartado 3, del Reglamento 2021/241.

[4] COMMISSION PROPOSAL. Apartado 65. Pág. 16. https://commission.europa.eu/publications/commission-proposal-council-implementing-decision-amending-council-implementing-decision-13-july_en

[5] COMMISSION PROPOSAL. Apartados (61 a 78. Págs. 15 a 19.) En concreto (apartado 62) señala que el PRTRE modificado incluye medidas adicionales para apoyar los pilares de la transición verde, en particular en la descarbonización de la industria, el despliegue de energías renovables e hidrógeno, el transporte sostenible, la eficiencia energética, la gestión del agua, la economía circular, la adaptación al cambio climático y el avance hacia un turismo sostenible, a la vez que incorpora medidas adicionales para apoyar la transición digital, en particular en el desarrollo de tecnologías digitales avanzadas, el aumento de la capacidad de la industria manufacturera y sin fábrica, el fortalecimiento del ecosistema científico y tecnológico, la digitalización de las pymes, la administración pública y la educación, y el impulso del sector del audio, del sector visual y de la digitalización de la información y conectividad de los medios. Además, el PRTRE modificado incluye medidas para mejorar la cohesión social y territorial y el equilibrio de género, en particular mediante el apoyo al proyecto estratégico de economía social y de cuidados. https://commission.europa.eu/publications/commission-proposal-council-implementing-decision-amending-council-implementing-decision-13-july_en

[6] 1. Transición verde. 2. Transición digital. 3. Crecimiento sostenible, inclusivo e inteligente. 4. Cohesión social y territorial. 5. Resiliencia sanitaria, económica, institucional y social. 6. Políticas para las próximas generaciones.

[7] Un detalle por Comunidad Autónoma de las intervenciones por área y su importe correspondiente a la AGE y a cada Comunidad Autónoma hasta diciembre de 2022 puede apreciarse en el Anexo 1 del III Informe de Ejecución del Plan de Recuperación. https://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/noticias/2023/19FEB2023%20III%20Informe%20+%203%20Anexos%20para%20web%204.pdf

[8] ANNEX to the Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION. {SWD(2023) 326 final}. https://commission.europa.eu/publications/commission-proposal-council-implementing-decision-amending-council-implementing-decision-13-july_en

[9] Todos los préstamos del presupuesto comunitario tendrán un plazo de amortización de 30 años, con 10 años iniciales de carencia en el pago de principal, con un tipo de interés que dependerá fundamentalmente del coste de financiación asociado a las emisiones de Next Generation EU durante el semestre en el que se realiza cada desembolso de los préstamos.

[10] COMMISSION PROPOSAL. Apartados 68 y 69. Pág. 17. https://commission.europa.eu/publications/commission-proposal-council-implementing-decision-amending-council-implementing-decision-13-july_en