No sin tensiones, en el Consejo Europeo del pasado 25 de marzo se acordó reconocer la excepcionalidad de los dos Estados de la Península Ibérica, España y Portugal, con medidas ad hoc para que el precio de la energía eléctrica en ambos países no esté condicionado por el precio del gas en Europa, pues el porcentaje de gas que se emplea en España para generar energía eléctrica es pequeño (en torno al 15%). No es habitual que un Jefe de Gobierno se salga de la reunión como medida de presión ante un problema cuya resolución (negociada durante muchas horas en los días previos) no sale adelante.

El acuerdo relativo al precio de la energía eléctrica en España y Portugal no ha salido adelante por el mero hecho de que el Presidente del Gobierno español abandonara la reunión del Consejo Europeo. Sin un esfuerzo muy intenso de la diplomacia española el acuerdo no se habría alcanzado. Pero es inevitable en los medios de comunicación simplificar hasta la caricatura, y cuando se simplifica los matices políticos se pierden. A este respecto, merece la pena reflexionar sobre dos cuestiones que emanan del éxito europeo del Presidente del Gobierno. La primera es el sustrato político que subyace en el comportamiento de muchos políticos europeos y de su verdadera visión de la política y de la reconstrucción europeas. La segunda es la acogida que la oposición y sus medios de comunicación han dado a este acuerdo.

Entre los principios básicos de la Unión Europea están los de respeto a las identidades nacionales y de subsidiariedad y proporcionalidad. En virtud del primero (que recoge el artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea) la Unión respeta las estructuras fundamentales de cada Estado miembro. Y en virtud de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (artículo 5.3 y 5.4 del Tratado de la Unión Europea) la Unión sólo intervendrá directamente cuando los objetivos de la misma no puedan alcanzarse por los Estados miembros, intervención que no podrá exceder de lo necesario para alcanzar esos objetivos [véase S. S. Andersen y K. A. Eliassen (eds.). The European Union: how democratic is it?, Londres, 1996]. Todos estos principios nos dirigen a dos ideas: a) la necesidad de ponderar los problemas y situaciones específicas de cada Estado miembro a la hora de aplicar las políticas comunes, y b) el derecho de cada Estado miembro a defender sus intereses propios cuando las políticas comunes perjudican esos derechos. Por eso llama mucho la atención la posición de Alemania y de los Países Bajos, que hasta el último momento se han resistido a reconocer la especificidad del mercado eléctrico de los Estados de la Península Ibérica.

El 29 de marzo La Vanguardia publicó una entrevista al Embajador de Alemania en Madrid, Wolfgang Dold, y cuando el entrevistador, Enric Juliana, preguntó sobre la negativa alemana a disociar el precio del gas del mecanismo de la tarifa eléctrica a escala europea, el Embajador respondió que hay que tener mucho cuidado con las intervenciones estatales en el mercado porque no creen (no se sabe si el Embajador personalmente o el Gobierno alemán) en una economía energética planificada por el Estado, pues el mercado sigue siendo el mecanismo adecuado para fijar los precios y lograr las inversiones del futuro. Leyendo esta respuesta no se sabe si la respuesta del Embajador alemán oculta la verdadera intención política del Gobierno o trata de echar una cortina de humo sobre una realidad jurídico-económica bastante más compleja. Empecemos por lo segundo. La energía constituye un sector económico que necesita una regulación muy minuciosa [véase Santiago Muñoz Machado, María Serrano González y Mariano Bacigalupo Sassone (dirs.): Derecho de la regulación económica. Sector energético, Madrid, 2009, 2 tomos] por su dimensión internacional, su penetración e incidencia en la vida económica y su influencia sobre los intereses de los ciudadanos. Cuando el sector energético español y portugués posee unas características muy diferentes al sector energético alemán y neerlandés por su escasa dependencia del gas, ¿cómo es posible que dos Estados miembro quieran imponer a otros Estados una fórmula de cálculo que es injusta para esos dos Estados? Y ahí no vale el argumento liberal del Embajador alemán, pues si hay un mercado regulado en la Unión Europea es el de la energía. Hemos, pues, de creer que se está ocultando la verdadera intención política del Gobierno alemán, y esa intención en parte debe ser una cortina de humo sobre la imbricación pro-rusa de la política energética alemana, donde tanta influencia ha tenido el antiguo Canciller Schroeder.

La Unión Europea no puede aplicar con rigidez y hasta con resistencia los principios comunitarios y ahí tiene gran importancia el principio de identidad nacional que se dirige a proteger no sólo los ordenamientos de los Estados, sino las situaciones fácticas, que en este caso es la escasa participación del gas en la generación de la energía eléctrica. En la economía energética no cabe la libertad de mercado, sobre todo cuando éste produce graves distorsiones sociales, ya que el precio de la energía eléctrica repercute en todos los productos y en todos los servicios.

Por otra parte, llama la atención la respuesta de los medios de comunicación de la derecha ante el acuerdo tan beneficioso que obtuvo el Presidente Sánchez en el Consejo Europeo. Desde que José María Aznar llamó pedigüeño al Presidente González estamos acostumbrados a que los éxitos españoles en el ámbito comunitario no sólo no se valoren, sino que se reciban críticamente, con cualquier pretexto. Así el editorial de El Mundo del 27 de marzo se titulaba “Triunfalismo en exceso de Sánchez con el gas”, y la primera plana de ABC del 29 de marzo rezaba: “Sánchez tira de subvenciones y esquiva la rebaja de impuestos”. Aquí vuelve a aparecer en parte el síndrome de Antonio Pérez y en parte el cainismo de la política de las derechas hispanas.

Plantear ahora, con un Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania que va a movilizar 16.000 millones de euros, una bajada de impuestos parece delirante. ¿De dónde quiere el Partido Popular y su futuro Presidente que salgan esos 16.000 millones de euros? Como los dirigentes del Partido Popular siguen aferrados a la desafortunada expresión de Núñez Feijoo que afirmó que el Gobierno se “forraba” con los impuestos, no saben salir de esa falacia y en lugar de mostrar buena disposición a pactar medidas que beneficien a todo la población, siguen deslegitimando al Gobierno con la exigencia irreal de bajadas de impuestos.

La Unión Europea nació en 1957 gracias a la clarividencia y compenetración de grandes políticos europeos, Schumann, Adenauer, Spaak, luego De Gaulle. Y a partir de los noventa, tras la desaparición del comunismo, se reforzó la Unión con otra generación de grandes políticos, como Mitterrand, Kohl y Felipe González. No parece que estemos en un momento similar de grandes políticos europeos, sino de gobernantes de miradas muy cortas, sin capacidad de tomar grandes decisiones y siempre observando las reacciones populistas y antieuropeas que cada vez cobran más fuerza. Y esa mediocridad, de la que se salvan los gobernantes del Sur y también la Presidenta de la Comisión, Ursula von Layen, planea sobre los políticos nacionales que tampoco son capaces de salir de su respectiva madriguera para contribuir a grandes pactos nacionales.